Publicación Acción

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lunes, 29 de abril de 2013

LA FUNCIÓN POLÍTICA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 29 de abril de 2013.

Parafraseando a los ex Presidentes de la Corte Suprema de justicia,  Marco Tulio Sagastume Duarte y Jorge Eduardo Tenorio, diré que, la Corte Suprema de Justicia, tiene una función política, por sobre una mera función judicial y que, la Sala de lo Constitucional posee atribuciones legislativas, en sentido negativo, o sea que puede excluir del mundo jurídico vigente, una determinada disposición.

Lo expresado por estos dos eximios juristas salvadoreños, significa que, cada uno de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tiene la facultad de interpretar la Constitución, conjuntamente o, por separado, en sus respectivas Salas,  para poder armonizar los preceptos constitucionales con el  “ser” que se les presenta dentro de sus expedientes judiciales, buscando en ello, la armonía social y no, una mera aplicación de la ley, como corresponde, a los Tribunales de inferior jerarquía, sin menoscabo de la aplicación, por parte de éstos, del control difuso de la constitucionalidad. Lo afirmado aquí, queda plenamente probado cuando vemos que, las líneas jurisprudenciales, sólo pueden ser dadas por las resoluciones similares de la misma Sala, o de Corte Plena, en aquellos casos, en los que les es de su competencia.

La función política de la Corte Suprema de Justicia,  no le es exclusiva, pues también la poseen la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República en conjunto con su consejo de Ministros. Esta función política se puede resumir así: tienen la facultad de establecer el “interés general”, de una forma difusa, por medio del establecimiento de políticas dentro de sus instituciones,  las que se desarrollarán en sus diferentes actos o, en una forma específica, mediante la declaración de la “utilidad pública”, en los casos en los que deba afectar los derechos de un particular. Esto se debe a que los órganos fundamentales (Art. 86 inc 2° Cn.) poseen el “imperium”, el poder del Estado,  mientras que los otros órganos ejercen la “potestas” o potestad, la cual mana del poder del Estado.

Para regresar al tema, hay que afirmar que, una sentencia, de cualquier tribunal, debe cumplirse obligatoriamente y, que ésta, sólo puede ser modificada por un tribunal superior. Sin embargo, todas las instancias llegan a su fin, mediante los diferentes recursos, a las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, pero la única con potestad, para dirimir conflictos entre órganos y conocer de Inconstitucionalidades, Amparos y Habeas Corpus, es la Sala de lo Constitucional. Y es aquí, en lo que me asalta una duda, duda que no es de estricto derecho, sino de orden político en sentido amplio y no, de partido: ¿son claras las líneas jurisprudenciales y doctrinarias de la Sala de lo Constitucional y  van  éstas acordes con la realidad nacional o son una quimera doctrinaria?

Si tomamos como referencia las distintas resoluciones, en materia electoral, vemos que se ha legalizado la candidatura independiente y que, la manifestación soberana, no sólo se reconoce mediante la elección, sino que también abre la puerta al referéndum, es lo permite presentar dos hechos: algunas resoluciones de la Sala, son legislación, en sentido positivo y van dirigiendo ciertos aspectos de la vida nacional. Agrego que, esta forma de interpretar la Constitución, es muy similar a la empleada por la Suprema Corte de los Estados Unidos, pero, el sistema constitucional  de ese país, es muy distinto del nuestro, así como lo es también su realidad social.

Mi pregunta es en este sentido: ¿hasta dónde la visión innovadora de la Sala de lo Constitucional, irá acorde con la realidad y evolución natural de El Salvador? Formulo esta pregunta por el criterio jurídico y anímico de los Magistrados y no, por la autoridad de su investidura. Pues si consideré en su oportunidad, su interpretación del Art. 85 de la Cn., como un acierto, no tuvo dicha interpretación, los efectos prácticos esperados,  pues las candidaturas independientes, fueron pocas y no alcanzaron la preferencia electoral. El voto por rostro, permitió que la representación recayese directamente, sobre el candidato y no, sobre el partido, lo cual es perfectamente congruente, con los principios democráticos, pero en la práctica, ha legitimado la declaratoria de diputados independientes y, hasta la creación de una nueva fracción legislativa, transformando, de hecho, un resultado electoral;  si somos  congruentes con el criterio original de la Sala de lo Constitucional, la proclamación de independencia de los Diputados, fuera de la corriente política proclamada inicialmente, es Constitucional, y tenemos que aceptarla.

Hoy, los medios de comunicación, traen a debate público, la aplicación de la “indemnización universal”,  principio plasmado en el Art. 38 n° 12 Cn., según Sentencia de la Sala de lo Constitucional, en la que dan un plazo, hasta el 31 de diciembre del corriente año, para que la Asamblea Legislativa promulgue la ley para la aplicación de este precepto constitucional. Hay que dejar claro , si es un precepto constitucional, debe ser cumplido y aún, por vía de amparo, la Sala de lo Constitucional puede hacer efectivo este precepto, según sean los que se sientan lesionados en su derecho; sin embargo, mi cuestionamiento práctico y de orden político es el siguiente: ¿Qué pasará si la Asamblea Legislativa, no cumple este plazo? ¿Habrá desacato y, quien podrá obligarla? Y por otra parte, podrán las empresas ajustar sus balances a esta nueva realidad, con un pasivo incrementado, lo  cual afectará su ratio de solvencia, aumentando su riesgo frente a sus fuentes de fondeo bancario. Una Sentencia se  cumple,  no hay duda de ello;  pero, en este caso, intervendrá el sentido político,  o sean los efectos bienhechores, que persigue el Derecho.

Esto obliga también, a otras consideraciones de estricto Derecho Constitucional: si el mandato  de la Sala de lo Constitucional es legislar, en determinado sentido general, para armonizar la Constitución con la ley secundaria, implica, esa armonización, el actuar soberano, por medio de la voluntad de la Asamblea Legislativa y, siendo éste, un cuerpo colegiado, que armoniza todas las corrientes ideológico - políticas del país, ¿hasta que punto, podrá  forzarse un entendimiento de la voluntad soberana, sin violarse la misma?, es decir sin que exista conmoción social o la voluntad soberana, sea forzada por la condición personal del legislador ante una sanción penal y que, el fuero que les ampara, depende de ellos mismos.

Nos plantea  esta situación únicamente, cuatro  posibilidades: se ignoran las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y se rompe la institucionalidad del país; la Asamblea Legislativa  y el Ejecutivo, van al ritmo de las transformaciones sociales y políticas planteadas por la Sala de lo Constitucional,  lo cual, seguramente, desembocaría en una revolución,  que nos llevaría irremisiblemente, a un nuevo orden constitucional;  la Sala de lo Constitucional, ve el sentido político de sus resoluciones, evitando un trauma social o, la Corte Plena, en una solución poco ortodoxa, para nuestro medio, da grandes líneas jurídicas, basándose en su poder de interpretar el “interés general”.

Las soluciones políticas de los distintos Órganos del Estado y las Sentencias judiciales de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, deben ir tendientes a armonizar la convivencia nacional y no, a romperla, pues de ser así, no sólo fallamos en el fin último del Derecho: la justicia,  sino que, utilizamos el Derecho como un arma política,  lo cual se vuelve  justificación del uso de la fuerza, para un fin ideológico.

domingo, 28 de abril de 2013

LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLCA, CONFLICTO A PUNTO DE DESBORDARSE



Por     
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de abril de 2013.

El nombramiento de Magistrados a la Corte de Cuentas de la República, es un conflicto que se inicia por que los miembros electos carecen de la necesaria idoneidad. Este conflicto se inició hace ya año y medio; ahora, tras fallida segunda elección, se han agudizado las posiciones de la Asamblea Legislativa y de la Sala de lo Constitucional: es éste,  un conflicto de poder y no, ideológico,  el cual amenaza desbordarse y alcanzar a otras entidades de Gobierno, y hasta de propiciar un debate nacional, sobre las competencias legislativas y judiciales, la cual, seguramente, harán punto de honor los criterios ideológicos, afectando con tal proceder, la institucionalidad del país.

Ningún ciudadano o ciudadana, desea un inútil enfrentamiento de los poderes del Estado, pero, las circunstancias, pueden provocarlo. En este momento, el rostro de la Asamblea Legislativa, descansa en Sigfrido Reyes, su Presidente, pero este conflicto, deteriora su imagen y consecuentemente, la del FMLN. Por otra parte, si ARENA se muestra, públicamente, contraria a la posición generalizada, de la Asamblea Legislativa, tal vez tenga algún rédito político,  pero podría  éste, revertírsele,  pues toda su bancada, dio el apoyo al Magistrado Presidente, Gregorio Sánchez Trejo,  en grado tal,  que la Diputada Claudia Ramírez, hoy independiente, cuestionó internamente, la  candidatura de este magistrado, por su falta de idoneidad y sobre todo, por su filiación a la democracia cristiana: todos sus cargos públicos anteriores fueron por tal filiación y por consiguiente, su elección, implicaba de hecho, dar su voto, no sólo por el candidato del bloque sino también de su principal  contendor: UNIDAD.

En este juego político,  los Magistrados Rovira y Aguilar, al ser señalados por la Sala de lo Constitucional, en relación a su idoneidad como óbice a su elección, muy prudentemente, renunciaron a dicho nombramiento y declinaron entrar en una nueva elección,  para no provocar  un innecesario costo político  a su partido GANA  y  como consecuencia al proyecto político UNIDAD.

La opinión pública esta pendiente de esta elección, pues el excesivo gasto del Estado, en su gestión pública, supera en mucho sus ingresos y,  este hecho, preocupa a quien paga los impuestos: la sociedad, pues será ella; es ella  quien, en definitiva, tendrá que pagar y, un despilfarro de tal magnitud,  tendrá consecuencias generacionales. FUSADES, como fuente del pensamiento de la sociedad civil, elaboró el perfil de quien debe de presidir la Corte de Cuentas de la República.  Dicho perfil esta conforme con la legislación mexicana,  que es sobre tal particular, la más avanzada y realista de Latinoamérica: El funcionario debe  ser técnico, con experiencia dentro de la Corte de Cuentas y, no ser un funcionario comodín de los políticos;  es decir, un individuo, que hoy está en un puesto y, mañana, en otro, de conformidad con los intereses de los partidos políticos o que, su profesión sea “ser funcionario público, sin importar  el cargo a desempeñar”. Es imposible separar de la persona, el derecho de elegir y de ser electo,  por lo que, sólo se exige que su filiación política, sea de bajo perfil y no, como jefatura de una cúpula partidaria.

El perfil técnico, es fundamental en la elección de Magistrados de la CCR, pues es éste al único Magistrado a quien se le exige, por rango constitucional, “idoneidad”.  Este concepto, la Sala de lo Constitucional lo ha aplicado muy convenientemente. Veamos la razón con este ejemplo: al inicio de su gestión, como Presidente de la CCR, el Lic. Sánchez Trejo, pretendió que la institución, bajo su cargo, fuese un ente Contralor del Estado, y no sólo del gasto público, acorde con el Presupuesto General de la Nación, deduciendo, por consiguiente, responsabilidades de omisión a los funcionarios de Medio Ambiente, presentes y a los pasados,  responsabilidad que tendría que rebasar al Ejecutivo y llegar hasta la Asamblea Legislativa, la presente y las pasadas, sin poder determinar,  hasta donde terminaría esta deducción de responsabilidades. La función de la CCR es un ente contralor del gasto público, realizado por un funcionario, conforme su mandato. En nuestro medio, esta función,  carece de un alcance  tal como el que se le pretendió dar. Esta pretensión de deducción de responsabilidades, bien pudo  ser, por ignorancia de las funciones de la CCR, por la pretensión de relevancia y notoriedad o, por adquirir más poder político: eso, sólo lo sabrá, el funcionario antes mencionado.

El ejemplo anterior permite considerar lo que significa el interés partidario,  en la CCR. Desde hace muchos años, esta institución, ha sido un arma política,  por lo cual, el nombramiento de sus Magistrados,  ha constituido una cuota de poder, que se deja a un aliado menor del partido mayoritario y que controle el Ejecutivo. Tiene este proceder dos motivos: el primero, que es una de las instituciones públicas que posee  menor número de empleados, cerca de 800 y que, su gestión puede generar un costo político grande, si se maneja poco convenientemente ante la opinión pública. La CCR es una institución que ha servido para ocultar los manejos de fondos públicos poco transparentes,  los cuales no siempre implica casos de corrupción, sino las necesidades, siempre frecuentes de dinero en el Ejecutivo,  las cuales son obstaculizadas por la oposición, con el propósito de  obtener algún beneficio político electoral. Otra función de la CCR, es ser arma política, pues puede señalar u obstaculizar las candidaturas de los opositores.

Ninguna de las funciones  de la CCR antes descritas van  acordes con su verdadera función constitucional y mucho menos, con lo que espera la sociedad civil, expresada por medio de la opinión pública.  Y esta realidad obliga,  a poner un alto en el camino de ésta institución pública y meditar sobre   lo que exige la gobernabilidad: que la CCR no sea, ni un arma,  ni un camuflaje  de manejos de fondos públicos. Se puede esto lograr   fácilmente, si se nombra como Magistrado Presidente, a una persona cuyo perfil público sea de “independiente”,  y llene los requisitos de idoneidad, expresados por la Sala de lo Constitucional y por FUSADES. En la primera lista  de los entrevistados por la Asamblea Legislativa (setenta personas) para dicho cargo, hay muchas  que satisfacen el perfil deseado y aún se encuentran en la antepenúltima lista de quince personas. En este sentido hay que dejar en claro, que no es posible que una persona no tenga un sentimiento político, el cual se muestre mediante una filiación política o, por lo menos, por una preferencia particular hacia tal, o cual partido. Un ejemplo de esta situación política, es la del Magistrado Bernal, quien, siendo militante del FMLN, no tiene un perfil notorio y no ha traído señalamientos de la sociedad civil, o de la opinión pública en general por tal razón.

El otro factor a considerar, en la CCR es que, desde hace  muchos años, para mantener un mayor poder dentro de la misma, la Asamblea Legislativa dejo de nombrar a los dos Magistrados suplentes, no cumpliendo con el Art. 18 de la Ley de la CCR,  que tienen una función muy particular dentro del funcionamiento de la CCR: evitar ciertos conflictos de interés,  en los que se pueda ver el Magistrado Presidente, que posee funciones administrativas y jurisdiccionales, y hoy es el momento  para el nombramiento de esos dos magistrados y evitar una concentración ilegal de poder.

La presente crisis puede ser superada  por el nombramiento de los Magistrados de la CCR,  de perfil de “independiente” con experiencia en la CCR y no es conveniente una persona que  ya tenga una larga data en otros cargos públicos, o que ya haya desempeñado el cargo de Magistrado de la CCR,  pues, en tal caso no podríamos esperar cambios fundamentales en dicho Órgano del Estado. Así se evitaría la utilización como arma política o de encubrimiento la CCR,  Los nuevos funcionarios deben  presentar alguna solución, acorde con la legislación ya existente, para ponerle fin a los miles de expedientes engavetados en dicha institución,  pues es necesario que todo aquel que haya sido funcionario público y haya finalizado su gestión,  obtenga su finiquito, si sus manejos de los fondos públicos han sido probos.

martes, 23 de abril de 2013

EL CHAVISMO BAJA Y LA DERECHA SE CONSOLIDA



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 23 de abril de 2013.

Tomando en cuenta la cercanía del último triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela y, sobre todo, el férreo control estatal que se ejerce sobre el aparato electoral, más el control territorial forjado por la dependencia de la ayuda estatal, por empleo directo o subsidiariedad, era previsible el triunfo del Chavismo. También, era de prever, que no habría un cambio en el discurso de Maduro, en relación con el sostenido por Chaves,  pero sí, un cambio de actitud hacia la oposición y, sobre todo, en sus relaciones internacionales, mostrando más tolerancia, con el fin de obtener plena legitimidad y, sobre todo, gobernabilidad,  para enfrentar una presidencia con graves problemas económicos internos y, con una creciente oposición.

Sin embargo, los resultados electorales, fueron sorprendentes: un triunfo de Nicolás Maduro muy estrecho, lo cual demuestra que, el triunfo  pasado de Chávez, fue resultado de los factores antes mencionados, más su propia popularidad,  hoy irrelevante,  pese a los intentos de mantenerlo vivo en el sentimiento de la población. Las elecciones venezolanas del 2012, forjaron, a Enrique Capriles con un fino sentido de la prudencia política, como un  verdadero líder de  la Derecha Venezolana.

Últimamente se ha querido comparar estas elecciones de Venezuela con las efectuadas en dicho país  en diciembre de 1968, en las que obtuvo el triunfo electoral,  Rafael Caldera (COPEI) frente a Gonzalo Barrios (AD), en las cuales hubo una diferencia, de tan sólo un 0.84%, mientras que ahora, la diferencia fue de 1.77% a favor de Maduro. En 1969, asume la Presidencia de Venezuela, Rafael Caldera, en una situación política muy complicada, pues no controlaba el Congreso y, su triunfo, había sido muy reñido y, sus contendores más alejados en votación, La Unión Republicana Democrática (URD) y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) sumaron el 42.66% de la votación total, la cual llegó a un 96.73% de votación de las personas registradas en Venezuela, para la emisión del sufragio, que era de cuatro millones de personas.


La habilidad de aglutinar personas en derredor de una idea común, fue el sino de Rafael Caldera,  lo cual quedó demostrado en su mandato. Sin embargo, la realidad venezolana actual, es otra, pues existe una polarización total, lo cual queda demostrado mediante la votación de terceros,  que fue de tal solo un 0.24%. Esto se debe a que, lo que se está hoy  debatiendo en Venezuela, es un modelo nacional y no puramente, meras propuestas de gobierno o, la propia imagen de un candidato.

El discurso de Maduro, el día de las elecciones, fue muy revelador: una profundización en la política, de la economía y, en las relaciones internacionales, de las ideas de Chávez. Ese día, tales proposiciones fueron tomadas como pura retórica electoral,  pero claro está que no será así: las amenazas  directas hacia la oposición y, sobre todo, la interpretación de toda mención sobre el problema venezolano, como un ataque directo a su régimen, denota una afán de imitar a su predecesor Hugo Chávez.

Enrique Capriles, en un mensaje a Maduro, le dice: “Hagas lo que hagas, la ilegitimidad no te la quita nadie”. Y, precisamente, en ese hecho, radica el mayor problema de Maduro: tiene en su contra, a una comunidad internacional que observa a un Presidente intolerante y, con un muy débil  reconocimiento interno, que pretende gobernar por medio del miedo y su guía, es la intolerancia ideológica y no, la solución practica de los conflictos, que es lo que se espera de un gobernante, en tales condiciones. Por ejemplo, el haber señalado al Diputado Roberto d´aubuisson, responsable de una conspiración en su contra y, no haberlo detenido cuando pisó suelo venezolano, para pedir explicaciones por tal difamación con él y  la derecha salvadoreña,  restó credibilidad al Gobierno de Maduro y más aún, al FMLN y al Presidente Funes, que se hicieron eco de la verdad de tal conspiración. Así mismo, el anunciar la  posible detención de Enrique Capriles y Leopoldo López, demuestra la supeditación a la política, de la institucionalidad venezolana.
                      
Ante las amenazas de Maduro, de impedir la marcha sobre Caracas, Enrique Capriles, con visión política, la suspende, pero no renuncia a la protesta pública, pues si la marcha se hubiese realizado,  muy probablemente hubiese  generado un hecho sangriento, sin que produgese beneficio a la causa democrática venezolana. La decisión de apegarse a la Constitución y no confrontar innecesariamente, denota la capacidad de mando y unidad, dentro de la Derecha venezolana, una unidad forjada por el mismo chavismo. El total apego a la legislación electoral venezolana,   por parte de la oposición, no modificará el resultado de la elección, declarada ya, en firme, con la toma de posesión, pero tiene otro efecto demoledor para Maduro: ha sido evidente que, el chavismo tiene necesidad de destruir los comprobantes físicos de la voluntad ciudadana, para evitar una auditoría de la votación. Esta acción del chavismo, resta legitimidad al Gobierno de Maduro.

La caída del régimen de Maduro parece ser, sólo cuestión de tiempo, pues la radicalización de su posición, réstale reconocimiento internacional y, la crisis económica, rompe la cohesión del régimen. Mientras que, por  otro lado, la oposición crece por derecho propio y no sólo, por la insostenibilidad de la izquierda.

La persistencia  de un régimen socialista sin recursos, es imposible, dura mientras consume los recursos generados por la empresa privada y los del Estado. Venezuela, sólo ha sido una prueba más de esta realidad. Hoy,  Centroamérica con la  ayuda venezolana disminuida, muy probablemente veremos un surgimiento de la Derecha en Nicaragua y El Salvador, pues hay posibilidad de un endurecimiento de las políticas públicas en estos países, sumado  al descontento generalizado por el incumplimiento de los programas de subsidio estatal,  lo cual generará  políticas públicas contrarias al desarrollo de la actividad privada, en beneficio de las empresas dependientes del Estado o de los funcionarios públicos. Es  seguro, ante tal situación, el aglutinamiento de la Derecha; ahora bien,  el tiempo en que estos hechos se darán, estará determinado por  la medida en que se resuelvan sus diferencias de poder interno, en beneficio de una causa común, frente al modelo socialista.


domingo, 21 de abril de 2013

SE DECLARA SUPRA CONSTITUCIONAL, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 21 de abril de 2013.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Salomón Padilla, en un informe preceptivo, a solicitud de la Asamblea Legislativa, sobre la legalidad, o ilegalidad de la Resolución de la Sala de Constitucional, del 21 de marzo de 2013 y, en relación con la reciente elección de Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, realiza un Acto Recepticio Atípico (un acto en que la eficacia del mismo, no va dirigida a alguien en particular y, es atípico, porque, no se encuentra contemplado en la nomenclatura de los actos jurídicos previstos, pero que sí, son utilizados en la Unión Europea, por el Derecho Comunitario, para tener un alcance más general, que afecte ámbitos políticos concretos), pues pretende invalidar una Resolución firmada por cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional, lo cual, es un Acto Procesal, negando así, a la Sala de lo Constitucional, la potestad de emitir el mismo,  por defecto de forma y de fondo, mediante el reconocimiento  de la falta de potestad de la Sala de lo Constitucional, para resolver sobre asuntos de constitucionalidad, relativos a los Actos de otro Órgano del Estado; esto amplía, o deja sin control constitucional, los Actos de la Asamblea legislativa, induciendo a ésta, a realizar un desacato, rompiendo la independencia de poderes y la potestad de la Sala de lo Constitucional.

Este Acto Recepticio, adquiere relevancia, cuando el Presidente de la Asamblea Legislativa afirma seguir el criterio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, arriba expuesto, por lo cual, las consecuencias del Acto del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el mundo jurídico y político, ameritarán, en el futuro inmediato, una deducción de responsabilidad, como funcionario público.

Esta respuesta del Lic. Salomón Padilla, a la Asamblea Legislativa, es imposible de calificar como apegada a Derecho y, si su opinión jurídica, hubiese sido dada por algún estudiante de Teoría del Estado, Derecho Administrativo o Constitucional, en un caso de laboratorio, bien se hubiese valido la reconvención habitual del Dr. José Enrique Silva, antiguo catedrático de todos los  juristas que ahora se involucran en el problema de la Corte de Cuentas de la República: “…. Por favor…. Sean lógicos… el Derecho es lógico.” Pero en este caso, tomando en cuenta, la Magistratura de donde proviene esta opinión y, que lo menos que se puede decir, es que no existe ignorancia  del Derecho, por lo que tenemos que verlo, en un contexto diferente: se está creando una nueva doctrina jurídica, sobre la organización del Estado.

Es indudable la potestad de la Sala de lo Constitucional, al emitir una resolución, en la que previene, a la Asamblea Legislativa, sobre un desacato a una Sentencia, pero sí es cuestionable, la celeridad de la respuesta de la Sala, en comparación a otros casos con nula relevancia política y que duermen el sueño de los justos en los escritorios de los asesores, y por otra parte, estos mismos cuatro Magistrados, de la Sala de lo Constitucional, fueron electos dos veces, por la misma Asamblea Legislativa, que hoy se queja de sus resoluciones.

Pero si bien mencioné al principio, el informe preceptivo  del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, impresiona aún más,  el informe del Equipo Técnico Jurídico de la Asamblea Legislativa, en cuanto a la premisa que sustenta todo el informe y la calificación del Acto de la Asamblea Legislativa, en cuanto a su potestad para la elección del Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, efectuada el 21 de marzo de 2013.

Las premisas sostenida son  las siguientes: “La Asamblea Legislativa ha sostenido la falta de jurisdicción de la Sala de lo Constitucional para conocer actos concretos de naturaleza político-administrativa, como son las elecciones de Segundo Grado de funcionarios públicos, atribuidos por la Constitución a la Asamblea Legislativa, cuyos decretos, por la naturaleza del acto y por disponerlo también así la Constitución,  no siguen el proceso formal de formación de las leyes secundarias,  ya que por ser privativo de la Asamblea Legislativa,  no requieren la sanción del Presidente de la República, terminando el proceso con la publicación en el Diario Oficial,  que remite, para esa finalidad, directamente a la Asamblea Legislativa”. Y, posteriormente, valora la naturaleza y fuerza legal  de la Resolución de la Sala de lo Constitucional, se abroga el Equipo Técnico Jurídico, la potestad de ejercer un control supra Constitucional, que recae en la Asamblea Legislativa, por la dependencia administrativa de la misma, hacia ese Órgano de Estado y la cual, ellos reconocen tácitamente, al tomar para si, lo dicho por la Asamblea Legislativa, sin razonamiento jurídico alguno. Afirmase esto, por  la naturaleza del informe del Equipo Técnico Jurídico, pues partiendo de que es un informe,  a solicitud de la Asamblea Legislativa y, de que no son abogados todos los legisladores y que actúan colegiadamente, el informe del Equipo Técnico, es preceptivo y de obligatorio cumplimiento para la Asamblea Legislativa.

Establecida la naturaleza y fuerza del informe del Equipo Técnico Jurídico de la Asamblea, pasemos a analizar un concepto jurídico novedoso: el del Acto político-administrativo, el cual no existe en la doctrina del Derecho, pues los actos son de Gobierno o administrativos. Los actos de Gobierno también suelen llamarse políticos pero son dos categorías jurídicas plenamente  diferenciadas en el mundo jurídico,  aunque en la práctica, suelen confundirse, pero en el caso de la elección de los Magistrados  de la Corte de Cuentas de la República, no existe tal confusión ni puede existir en las elecciones de segundo grado.

Pues bien, regresando al concepto del Acto Político-Administrativo como tal, no lo encontramos en los tratadistas, Prosper Weil, Eduardo Soto Kloss, Enrique Silva Cimma, Gabino Fraga, Luis Marrell Acuña, Enrique Caso, Juan Ramirez Marín, Manuel María Diez ni en Miguel Marienhoff. Por lo que tenemos que basarnos en el alcance de su nombre y en la posición general de la Asamblea Legislativa,  para poder determinar su alcance, pues los juristas de dicho Órgano de Estado no nos dan muchas luces al respecto.

Los adjetivos calificativos “político” y “administrativo”, no pueden ir juntos, pues hace falta el sustantivo al que deben calificar, por lo cual, débese entender que, siendo un “Acto Político”,  el término político, débese tomar como un sustantivo, aunque rompa las reglas de la gramática  castellana, ya que precede o, se le quiere dar mayor relevancia sobre el término “administrativo”,  el cual deberá de entenderse, como el sustantivo. Por lo que cuando decimos un “Acto”, debe de entenderse como una acción humana, que va tendiente a la búsqueda del bien común, según el concepto de  “político”, y administrativo, como la voluntad política, expresada formalmente por la voluntad administrativa. Aunque si seguimos el principio universal del Estado Moderno o el de Bienestar, todo Acto está sujeto a la constitucionalidad, pero si la constitucionalidad, deja de ser potestad del Órgano, al que le compete constitucionalmente, y ésta potestad, recae sobre el mismo Órgano que realiza el Acto, éste se convertirá en una entidad supra constitucional.

Sustentando  este poder en la interpretación parcial de la Constitución, sin atender a la lógica del desarrollo tautológico de la misma y, la necesidad de aplicar el principio de integralidad en su interpretación, se esta sustentando el autoritarismo, sin un rompimiento manifiesto de la Constitución, sino por la elaboración de nuevas teorías jurídicas que la afectan. Todos los tratadistas anteriormente mencionados, ven el Derecho Administrativo como la evolución de las revoluciones liberales (siglo XVIII) que terminaron por derrocar al denominado Antiguo Régimen. Los nuevos sistemas políticos, contemplaron la existencia de normas jurídicas abstractas, generales y permanentes, para regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Por otra parte, el nuevo orden, supuso el desarrollo de instituciones para el control del Estado, que ya no estaba en manos de un monarca absolutista,  razón por la cual, ninguno de los tratadistas antes mencionados, considerarían como “legítima”, “democrática” o “apegada a derecho”,  una posición jurídica como la manifestada por el Equipo Técnico Jurídico de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, si vemos que la Constitución  existe formalmente, y lo que se pretende es consolidar un autoritarismo legislativo, sí podemos encontrar antecedentes en los principios jurídicos del fascismo, sobre todo, si estudiamos a los juristas antifascistas de la época: Silvio Trentin y Francesco Ruffini. Y si entendemos que se pretende crear un fundamento para la elaboración de categorías de “bien jurídico”,  podemos caer en la aberración del jurista Alfredo Rocco, al anteponer, ante todo, el interés del Estado, por sobre los derechos fundamentales de la persona y los controles administrativos se nulifican, pues hay una visión única del bien común del Estado, expresados mediante los Actos Administrativos del Estado,  los que siempre son de naturaleza “política”.

Es imperativo que la sociedad civil, comprenda que no es un mero capricho legislativo o de los grupos de poder partidario que justifiquen sus acciones, torciendo el Derecho, sino que es una nueva forma política de pensar,  la cual, se basa en la creencia de que una vez, emitido el voto, se ejerce la soberanía por derecho propio y no, por delegación, razón por la cual, la cosa pública, es vista por los políticos como patrimonio particular. Sólo la sociedad civil, con su saber y su firme voluntad de oponerse, puede hacer cambiar la forma de pensar  e intenciones de nuestros gobernantes.



jueves, 18 de abril de 2013

LA EMPRESA PRIVADA, FUNDAMENTO DEL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 18 de abril de 2013.

En estos días de inestabilidad política, hay confusión en cuanto al significado de los términos y valores jurídicos y sociales, de tal manera que la sociedad, expresa significados diferentes, con los mismos términos, pero de conformidad con sus intereses particulares o su filiación política. Creo pues, necesario y oportuno, aclarar ciertos conceptos cuyo significado es fundamental para entender el sistema democrático y liberal, evitando así, confusión de términos ambiguos con los cuales se sustentan distintas formas de socialismo, en materia económica.

Adquieren una mayor importancia, estas aclaraciones, en cuanto al significado de los términos,  cuando,  de diferentes sectores,  se escuchan voces que dicen: es necesario una constituyente para que pueda adecuar la Constitución a una “nueva realidad nacional”. El interés por ésta “adecuación” no tienen todos ni la misma causa,  ni el mismo propósito: cada grupo tiene su propio particular interés: para que los mandatos electorales sean más largos, otros,  para evitar el funcionamiento y desgaste de una campaña electoral tras otra, o por acrecentar los controles gubernamentales hasta el punto  de volverlos inoperantes, que facilitaría las maniobras políticas en beneficio propio o de sus sustentantes (no digo “representados”) otros, para lograr las transformaciones económicas, planteadas durante el conflicto armado y, finalmente,  permitir que el derecho se vuelva un instrumento de venganza contra quienes combatieron el terrorismo durante el pasado conflicto armado.

Es pues oportuno referirse al concepto de empresa,  por la función que dicha institución social, desempeña en la vida nacional.

Por definición, empresa es la asociación de personas naturales o jurídicas que se dedican a la obtención,  fabricación o venta de productos tangibles o intangibles o, a la explotación de un recurso natural.

Esta actividad humana, es la más antigua del mundo, está organizada como todo cuerpo social, sujeta su existencia, a la demanda y evolución natural de las necesidades sociales y las del Estado, como ente aglutinador del conglomerado humano. Es tan amplia e importante la función de la empresa, que es necesario considerarla, desde diferentes puntos de vista: como unidad de producción y en su función social y económica.

Desde el inicio de los tiempos históricos, toda actividad que genera recursos para la vida humana ha sido gravada, directa o indirectamente,  para contribuir al sostenimiento del conglomerado social, sea éste, ciudad-Estado, Civitas, Estado o, su más reciente evolución, el Estado Moderno. Los recursos que así obtiene el Estado, provienen de una serie de actividades diversas que generan y distribuyen riquezas,  mediante la natural cooperación humana en la producción. Esta producción,  debe ser la suficiente para satisfacer tres necesidades: la de la producción,  la del que produce y la del Estado y,  además debe seguir el equilibrio natural del incentivo al trabajo,  las leyes del mercado y la necesidad racional de los servicios y subsidiariedad del Estado.

El socialista tradicional, ve los medios de producción como  de su propiedad y, sobre todo, ve al Estado, como el director y conductor de la sociedad, por medio de la producción. La iniciativa individual, está limitada por los criterios estatales. La meta, para el Estado, es la producción, siguiendo las teorías del economista ucraniano Jrijorovch Liberman, que proponía que la rentabilidad de las empresas estatales, vendría de un aumento de la productividad,  lo cual redundaría, en un mayor salario y beneficios para el trabajador. En la práctica, la imposición de metas de producción, dictadas por los requerimientos económicos estatales, dio como resultado, un descenso de la calidad, con la insatisfacción del consumidor local y, un rechazo del producto, sujeto a la libre competencia, en un mercado exterior, teniendo estos factores como resultado: un descenso en la economía centralizada y, lo cual, al final, fue una de las causas del desmoronamiento de la Unión Soviética y sus satélites. Todo este descalabro económico, se puede resumir en “la falta de incentivo privado en la producción, sin la influencia natural de la oferta y la demanda”.

La evolución de la economía socialista, fue presentada por Deng Xiaoping el 9 de abril de 1974, en su discurso en la sede de las Naciones Unidas, cuando expresó  la frase “Dos Mundos, una China”. Su visión económica, sólo era el instrumento de una nueva concepción del mundo, frente a su enemigo natural: la Unión Soviética. Razón por la cual, desarrolló la Teoría de los Tres Mundos, la cual ya no supone una colisión ideológica y de poder con occidente, sino que, la utiliza, para fortalecerse económicamente y desarrollar su industria. La clave de todo su desarrollo, es la iniciativa privada en China, la cual se ha ido abriendo poco a poco, pero sujeta a un inquebrantable régimen político, lo cual  ha hecho de la globalización, el medio indiscutible para la expansión de la iniciativa privada, con una restricción política interna. Como consecuencia, sí se logra bienestar económico, pero a la larga, crece la insatisfacción política, pues la libertad económica sin libertad de pensamiento y expresión del mismo, es imposible de sostener a un largo plazo,  pues la una es estimulante de la otra.

Y tenemos aquí la concepción latinoamericana del socialismo, la cual establece la iniciativa privada en las empresas públicas, utilizando para ello, una relación muy particular: el Estado favorece a la empresa privada, dirigida por los dirigentes políticos (de partido político), que a su vez, son los funcionarios públicos quienes ejercen la dirección del Estado, utilizando  en la empresa, una mezcla de dineros públicos, con dineros partidarios. Esta empresa privada con capital estatal, si bien puede, en cierto sentido, ser formalmente empresa privada, no lo es en la realidad, pues el mismo criterio del Gobernante, es el que impera en este tipo de empresas, por lo cual, tenemos el criterio estatal en la empresa y no, la normal regulación estatal. Por otra parte, los recursos generados por ésta, son utilizados en beneficio partidario,  lo cual causa dos distorsiones: la de la naturaleza y fines de la empresa y la del financiamiento partidario.

Volviendo a la empresa en general,  las personas y las agrupaciones de las mismas (empresas), por naturaleza humana, siempre tienden a buscar su bienestar, pero cuando se les convence de la necesidad de un aporte, para una causa o bienestar común, lo hacen voluntariamente, por la necesidad del bien común. Esta idea del bienestar colectivo, nace, precisamente en los albores de la Democracia y la República, cuando Temístocles en el año 483 a de C, convence a los atenienses que las utilidades de las minas de Laurión, que pertenecían a la ciudad de Atenas, fuesen empleadas para la construcción de dos cientos trirremes para el desarrollo comercial y la defensa de Atenas. El dinero fue entregado a los atenienses más ricos, para que con el construyeran la flota, que tres años después sería la salvación de Atenas, frente a la invasión Persa. La utilización de fondos públicos, en vez de ser empleados en el consumo de la población, fue el inicio del concepto de bien común, y la ejecución de una obra del Estado, en manos de la empresa privada.

La persona, en lo particular, jamás se niega a dar ayuda al desvalido, ni se resiste a pagar un porcentaje de sus utilidades, para el bien común, en la ejecución de obras de desarrollo o de ayuda a la población en riesgo, pero  sí, cuando comprende que sus impuestos son utilizados para el bienestar exclusivo de los políticos, o que se les exige,  para que sus riquezas, ganadas con esfuerzo, sean para el pago de “deudas generacionales” o para buscar  una distribución de la riqueza, según los criterios del Estado, y no, de la distribución natural, producto del trabajo y del ahorro,  entonces sí, habrá  resistencia y ésta,  muy justificada. A esto es lo que Frédéric Bastiat llama “expoliación del Estado”, como una forma de robo de la propiedad privada.

Si los Gobernantes actuales, no comprenden esta realidad, nublados por la ideología socialista, la situación económica, se complicará más para los salvadoreños.  Manifestó  Roberto Cañas, del FMLN, en un programa de entrevistas, refiriéndose al capital de ALBA en El Salvador, que tienen acumulados “doscientos millones de dólares”, los cuales serán usados en su campaña electoral del 2014. Cabe preguntarse ¿Qué esperará a la sociedad salvadoreña cuando, en los proyectos de ALBA se acabe ese dinero? Y,  sobre todo, cuando el Gobierno pretende firmar su ingreso a PETROCARIBE,  y convirtiendo en deuda pública lo que ahora es deuda privada de las empras ALBA. Sólo quedará la empresa privada, nacional y extranjera, radicada en el país, para sostener la economía nacional, junto a las remesas de amor que vienen de los Estados Unidos,  en las más precarias condiciones.

lunes, 15 de abril de 2013

LA VENEZOLANIZACIÓN SALVADOREÑA Y LAS ELECCIONES EN VENEZUELA


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 15 de abril de 2013.

El Gobierno venezolano ha hecho declaraciones de que  salvadoreños, están involucrados en la desestabilización de su sistema electoral y éstas declaraciones, obedecen a las razones siguientes: la acusación española de dar cobijo a miembros de ETA, la evidencia de su cercanía con otros grupos terroristas europeos y palestinos, la necesidad de un pretexto para la movilización de sus fuerzas bolivarianas y crear un estado de alerta máxima, que permita el control territorial, muy necesario, para toda una manipulación electoral y, sobre todo,  para dar una demostración de fuerza a sus opositores; por último, aducir  justificación para fortalecer lazos (ayuda económica, inteligencia y contrainteligencia)  con las izquierdas salvadoreñas: FMLN, el MDP y la alianza Funes-Saca,  a pesar de los problemas económicos internos venezolanos.

La injerencia venezolana en Centroamérica y el Caribe, no es nueva: Caracas, provisionó  de pertrechos a Fidel Castro y le dio ayuda política;  sucedió lo mismo con el sandinismo y, dio cobijo a Napoleón Duarte, cuando salió exiliado, a consecuencia de un Golpe de Estado fallido y, también, cuando Duarte formó parte de un nuevo Triunvirato. La Policía Nacional en El Salvador,  durante  este último suceso, estuvo  en manos de venezolanos, así como también,  la inteligencia del Estado. Sirvió de “mediador oculto”,  en el conflicto armado salvadoreño, facilitando para ello, tanto su territorio, como su influencia diplomática. En consecuencia, la injerencia venezolana en estas tierras, no es nueva; sólo cambia la orientación política de la misma, según sea el Gobierno de turno en Caracas, en coincidencia con las fuerzas políticas salvadoreñas.

Venezuela tiene un interés geopolítico en el área, pero es contrarrestado, por las fuerzas políticas nacionales; sin embargo, se crean “ráfagas” de influencia, que no son permanentes, pero que son peligrosas   si  se toma, como propio, el modelo político venezolano , modelo que va mas allá de los aspectos político-doctrinarios, que pretenden abarcar la economía, la política, la religión y las Fuerzas Armadas, siendo diferentes las características nacionales y políticas.

Las características del Gobierno venezolano,  en su búsqueda del poder total, son las siguientes: generar pequeños cambios políticos, para que éstos, subrepticiamente, generen grandes cambios. Confrontar con la empresa privada para fraccionarla y debilitarla por la inclusión de nuevos agentes económicos, provenientes de empresas estatales en manos de la clase política, éstos  favorecidos con fondos del ALBA; el dominio de todas las entidades de comunicación masiva, la deidificación de sus líderes y de sus símbolos,  el cambio en la doctrina de la Fuerza Armada y por último: infundir miedo a sus opositores políticos.

Desde la llegada al poder de Mauricio Funes, hemos visto en El Salvador, muchas de esas situaciones: la confrontación directa con la empresa privada, hasta llegar al punto de que en una reunión del gremio farmacéutico, al hacer uno de los invitados una pregunta, cuestionando lo dicho por el funcionario, éste, ordeno el retiro  de la sala, de quien consideraba un impertinente, manifestando “esto no es una discusión, sólo les hemos convocado para informarles, porque aquí se va a hacer lo que el Gobierno diga”. Las empresas de ALBA, ya han ingresado a todos los rubros claves  de la economía nacional y que tradicionalmente son considerados como de “seguridad nacional”, tales como el petróleo,  electricidad, banca, transporte, medicinas, producción agropecuaria, importación alimenticia y telecomunicaciones; el único rubro, no tocado por ALBA, es la distribución de agua, pero ésta, es estatal. Ahora se rumora la instalación y apertura de doscientas farmacias, bajo la marca ALBA, cuya dirección y presidencia, como empresa privada, recaerá en una pariente de quien ostenta la más alta magistratura del país, sin oposición alguna por parte de la Superintendencia de Competencia.

Si nuestros políticos de izquierda ven su faro, en Venezuela, nosotros veamos en la oposición de dicho país, un ejemplo: pues sólo en un frente unido, es posible combatir el aparato creado por el Socialismo. La tendencia del Estado de garantizar subsidios, crea dependencia con el Estado y con el partido oficialista, una dependencia muy difícil de romper en el futuro, pues se ha enseñado al beneficiario del subsidio, a ver a la empresa privada, como  vaca que tiene que alimentarlos, por “derecho propio” y, a quienes ejercen el poder y viven de él, a considerar sus siervos a quienes producen y, cuyo derecho, no va más allá que el de obedecer al amo, por “por derecho popular”.

El modelo chavista es inviable en el tiempo, el triunfo de Maduro en las elecciones del 14 de abril, es un triunfo insostenible, pues una relación de 50.66% contra un 49.07, es insostenible, según el sistema de participación ciudadana. Con seguridad, la oposición utilizará los mismos mecanismos constitucionales, para propiciar un nuevo “Referéndum Revocatorio”,  el cual, de darse, seguramente pondría fin al Gobierno de Maduro, pues los problemas económicos, que son los que afligen más al votante, son insolubles,  mientras se continúe con el modelo de subsidiariedad del Estado, aunque se suspenda el proyecto GRAMNACIONAL.

En El Salvador, nos encontramos en una fase media - alta del chavismo, pues falta aún que  se cambie la Constitución y la doctrina de la Fuerza Armada, para que ésta pueda servir a una ideología; sin embargo, ya se dio inicio a la persecución y, a  infundir miedo político: es la fase siguiente del miedo empresarial y económico, utilizando para ello, las fuerzas del Estado. Basta escuchar las propuestas de la izquierda, para que se realice un enjuiciamiento de quienes supuestamente, estuvieron involucrados en el caso del golpe de Estado contra Mel Zelaya y contra Maduro; se retomen los casos de las matanzas de la Fuerza Armada durante el conflicto armado, o estén relacionados con ellas. Todo lo cual, es suficiente para poder advertir una etapa de persecución política, la primera, después de los Acuerdos de Paz.

Dependerá de la sociedad salvadoreña, aprender de los errores de otros y, evitar que se den en suelo patrio. La izquierda cuenta con ir paso a paso, aprovechándose de las divisiones entre la Derecha, tomando a cada sector individualmente, obedeciendo a un muy cuidadoso plan. Mientras que, la Derecha política, ve únicamente, la parte electoral, se destruyen los fundamentos de nuestro sistema: el sistema de libre empresa y los valores propios que sustentan el trabajo, la laboriosidad y la honradez, por otros que sólo estimulan, la subsidiariedad, la política como una forma de vida y la corrupción.


martes, 9 de abril de 2013

LA NUEVA REALIDAD LEGISLATIVA Y EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN


LA NUEVA REALIDAD LEGISLATIVA Y EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN
Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 9 de abril de 2013.

La Diputada Claudia Ramírez García, ha renunciado a su partido ARENA, y, esta renuncia ha tenido tres efectos en la política nacional: legislativo, político y dentro de  ARENA.

Su renuncia ha sido la gota que ha inclinado la balanza legislativa,  la cual poco a poco se había ido inclinando en contra de la oposición, hasta nulificar la capacidad de negociación política de la oposición, como unidad política (fracción legislativa y autoridades partidarias). Y digo capacidad de negociación, pues se ha visto que, el freno del voto calificado, es un mito, pues en última instancia, siempre se le ha concedido lo solicitado al ejecutivo o a las pretensiones del bloque oficialista, pues este tipo de negociación, constituye la base de la gobernabilidad. Lo que sí, puede ser cuestionable, es lo negociado.

El poder político  que se ha formado hoy en el país: Asamblea, Ejecutivo, Corte Suprema, Consejo Nacional de la Judicatura, Fiscalía, Procuradurías y además, es seguro que la Corte de Cuentas también quede bajo esta línea, crea malestar y preocupación en la sociedad civil, pues queda sujeto el país a las autoridades, no del Gobierno, sino de las cúpulas partidarias que han realizado una gran alianza, por sobre sus propias ideologías, en su afán de consolidación de su poder.

Para explicarse esta situación, debemos estudiar tres fenómenos que han tenido que confluir: El primero de ellos, es la capacidad de las cúpulas partidarias para llegar a acuerdos, de gobernabilidad, lo cual, no hubiese sido posible, sin la capacidad  del FMLN para ser práctico,  pues posee  una visión política muy a largo plazo y, la capacidad del Ex Presidente Saca, de identificar las necesidades de cada uno de los principales actores políticos: codicia, poder o venganza; satisfaciendo a cada uno su necesidad, a cambio de una lealtad relativa.

En segundo lugar, está la incapacidad de ARENA para poder mantener la lealtad de sus miembros, pues la lealtad en la política democrática, se forja por medio de la identificación de principios ideológicos comunes, alianzas internas, trabajo intrapartidario y sobre todo, tolerancia a las opiniones discordantes, que no traspasen aspectos ideológicos. Se hace esta observación, pues durante la Edad Media, la lealtad al Rey y al señor feudal, se daba por gracia divina, pero el liberalismo, rompió esa justificación de poder, siendo substituida por  el consenso,  lo cual implica que el liderazgo viene de la aceptación general y no, de una imposición superior. Esto también tiene que ser reconocido por los grandes financiadores de los partidos políticos, a riesgo de que su aporte económico, sea un despilfarro.

La tercera es la incapacidad de acción de la sociedad civil, de expresar su malestar a los partidos políticos: sus acciones de denuncia,  han sido siempre  espontáneas, sentidas  y de corta duración, lo cual, frente a la institucionalidad de los partidos, sólo produce un “dejar pasar” el descontento, para que sus decisiones, traducidas en Actos de Gobierno, queden en firme.

Considerando lo dicho, se advierte que es necesario, hacer el siguiente planteamiento: El poder partidario en el Gobierno es sólido, las cúpulas partidarias, han cerrado filas entre sí, para defender sus intereses. Ningún partido político, será una oposición a este nuevo sistema, ya sea por conveniencia o por que carece de la capacidad legislativa para oponerse. Esta situación, en que hay una aplanadora legislativa, sin contralorías gubernamentales, plantea una institucionalidad muy deficiente, que va a afectar la inversión extranjera, la nacional y forzará, dentro de muy poco tiempo, a una nueva reforma impositiva, la cual es claramente contrario al desarrollo económico nacional.

Si se insiste en llevar a la práctica la retórica de arenga partidaria, de emprender demandas contra lo que no conviene, ya sea Diputados declarados independientes, Sala de lo Constitucional e incluso, contra los analistas y periodistas independientes, sólo se conseguirá crear una inestabilidad aún mayor de la que ya tenemos, pues esos recursos y acciones, sólo crearan un fuego efímero sobre el problema, sin resolverlo.
Es hora  de que la sociedad civil, juegue su verdadero papel de contralor democrático y constitucional, sin caer en la tentación de la Democracia Participativa, pues tal  solución, sólo  ayudaría a que el poder sea ejercido por quien controle las masas, organizadas en barrios y cantones. La presión de la sociedad civil, tiene que ser constante, sin atacar a ningún punto en particular sino, al estado de CORRUPCIÓN POLÍTICA a que ha llegado nuestro país. Debe denunciar cada acto que salga a la vista,  de forma continua, pues de lo contrario, si las cúpulas partidarias, no ven así, en peligro su poder, en las próximas elecciones y posteriormente en las de Diputados y Alcaldes, no habrá una reacción favorable a los intereses nacionales.

Mucho se ha hablado del maletín negro, los que lo han tenido en sus manos, no lo denunciarán y los que lo han visto, no lo denuncian por considerarse con techo de vidrio y los que lo han visto pasar y no les ha llegado, no lo denunciarán, pues esperan su turno. Los Diputados, son los llamados a esa denuncia pública, pero no lo hacen; lo hacen cobardemente, en privado, aduciendo no tener pruebas, pero a estos diputados que así actúan, los elegimos y les dimos fuero, para que, en base a este fuero, ejerzan nuestra representación política y no, que sirva como protección para casos de embriaguez o de trafico de droga o de disparo de arma de fuego.

Nuestro sistema  político, ha dejado de ser democrático, ahora es una oclocracia cleptocrática, y sólo la sociedad civil, mediante la presión social, ejercida por ella, es la única que puede enderezar a buen rumbo este país. 

lunes, 8 de abril de 2013

VENEZUELA, ETA Y LA ÉTICA PERIODÍSTICA



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 8 de abril de 2013.

Las cuatro reglas de oro del periodismo son la “duda epistémica”, “la democracia”, la “auto crítica” y la “impersonalidad”. Estas cuatro reglas, están siendo violadas por algunos periodistas,  que atacan personarme, por sus ideas contrarias a la izquierda. Este proceder  traspasa el ámbito personal y,  trasciende a la estrategia de la lucha partidaria interna, aunque sea sólo, parte de un entorno generalizado.

En este momento, en el cual está por decidirse una elección trascendental en Venezuela, la cual decidirá si Venezuela continúa siendo el centro del Socialismo del Siglo XXI o, éste  pasará a Ecuador;  se hacen, por parte de Venezuela y el FMLN, acusaciones de conspiraciones y maniobras encubiertas en contra del régimen de Maduro, que son muy improbables, por lo que es conveniente  analizarlas en su verdadero contexto.

El FMLN, es un movimiento insurgente, transformado en partido político por los Acuerdos de Paz, y  se ha acomodado al sistema democrático, por el peso del sistema mismo; pero hoy ve la posibilidad de alcanzar mediante el dinero venezolano, aportado por las empresas ALBA, de la cual ellos son socios, las metas política no logradas todavía, ni en la guerra, ni en el juego democrático, razón por la que tienen  doble interés, en apoyar la candidatura de Nicolás Maduro. Desgraciadamente, en El Salvador, la derecha ya no es oposición política y solamente queda la oposición ciudadana, proveniente de la sociedad civil. Por esta  razón, se pretende dar a la derecha salvadoreña, un peso conspirativo que no posee, pero que sirva de catalizador para las masas bolivarianas y, sobre todo, granjearse el apoyo de la cúpula venezolana, que se está inclinando por defender posiciones más fáciles y redituables, como es la de Nicaragua y Cuba.

Pasemos a observar lo que es realmente objetivo: El Socialismo del Siglo XXI es favorable a cualesquiera sea la forma de socialismo, por lo cual, da apoyo a todo el que pretenda la realización práctica de estas teorías, por cualquier medio, o que sea el “enemigo de mi enemigo”, lo cual le hace favorecer a toda organización terrorista: hoy esa ayuda se ha hecho patente y denunciada, pues ahora Venezuela es cobijo de medio centenar de terroristas, pertenecientes a la ETA, que son responsables por las muertes y mutilaciones de mas de cuarenta personas. Esta denuncia pública, hecha por  el Colectivo de Victimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), presento a continuación:

 “ Estimado Ban Ki Moon, secretario general de Naciones Unidas.

Escribo estas líneas como presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, en España, y como hermana de un dirigente político español asesinado por la organización terrorista ETA que, como yo, nació en Caracas. Escribo también presa de la impotencia de quien ya no sabe a quién acudir para evitar que la actitud de Venezuela siga pisoteando la dignidad de los más de 800 muertos que pesan sobre la espalda de ETA.

El proyecto totalitario de la banda languidece tras su comunicado de “cese definitivo” del pasado octubre de 2011. No obstante, ETA ha conseguido en Venezuela lo que no ha logrado en España tras tres décadas de asesinatos selectivos: establecerse en un territorio-santuario para eludir pagar por sus brutales crímenes.

Usted mismo recalcó el 27 de septiembre de 2010 que “ninguna causa y ninguna reivindicación pueden justificar el terrorismo”. Incidió además en “la determinación de las Naciones Unidas de responder a un desafío mundial transfronterizo que trata de causar tanto daño a todos”. Cuando se pronunciaron esas palabras, ETA aún mataba. Ya no lo hace, pero coincidirá conmigo en que tan importante es luchar contra el terrorismo en ciernes como contra la deslegitimación de ese horror mediante la memoria una vez la organización ha dejado de asesinar. Y sin justicia no hay memoria. Precisamente por eso me dirijo a usted, para pedirle ayuda días antes de unas elecciones cruciales que decidirán en Venezuela el devenir de asesinos que hoy son considerados por ese país como exiliados políticos.

Venezuela es hoy uno de los mayores santuarios terroristas del mundo. Informaciones contrastadas evidencian que al menos 50 terroristas de ETA viven cómodamente al amparo del régimen bolivariano que busca perpetuar Nicolás Maduro en caso de ganar las elecciones del 14 de abril. Allí algunos miembros de la organización han aprovechado su estancia para estrechar vínculos con organizaciones terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A mi hermano Gregorio, miembro del partido que gobierna en España, ETA le dio un tiro en la cabeza mientras comía en un restaurante, en 1992. Nadie me lo devolverá jamás, pero al menos mi familia tuvo la oportunidad de ver cómo sus tres asesinos eran condenados por la Justicia.

Esa suerte es la que no tienen cerca de 40 familias; padres, hermanos e hijos de 40 personas que fueron ejecutadas por el medio centenar de etarras que hoy disfrutan de estatus de refugiado político en Venezuela. Esos casos están aún sin resolver por culpa de la connivencia del régimen bolivariano que Nicolás Maduro busca perpetuar tras la muerte de Hugo Chávez, amigo de terroristas y enemigo del Derecho Internacional que lucha contra el monstruo del terrorismo en el mundo.

La Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados excluye de toda forma de asilo o acogimiento internacional a quienes han participado en crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El texto matiza que no es necesario que estas personas hayan sido implicadas en procesos nacionales o internacionales; sino que para que un país no les dé asilo basta con que “existan motivos fundados para considerar que han podido participar en la comisión de delitos contra la humanidad”.

Sólo le remito un ejemplo. Arturo Cubillas Fontán, jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras en Venezuela y requerido por la justicia española desde 2010, se ha encargado de adiestrar a etarras en suelo venezolano haciendo uso de su cargo público. Participó al menos en tres asesinatos, en las ejecuciones terroristas del empresario Joseph Couchot en 1984, del empresario Ángel Facal Soto en 1985 y del policía Máximo García Kleinte en 1985. En marzo de 2010, la Audiencia Nacional de España señaló que había diligencias que ponían de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA, cuyo enlace en Venezuela es Arturo Cubillas Fontán. ¿Es acaso un exiliado político quien acribilla a balazos a alguien por no compartir su mismo ideario? ¿No merecen las víctimas que ese criminal responda por sus crímenes?

Las autoridades venezolanas, desde el ascenso de Chávez al poder, han desoído los insistentes requerimientos de la Justicia española. Y tampoco ayuda que el Gobierno español de Mariano Rajoy, presa sin duda de la asfixia económica de la crisis, se empeñe en abrazarse a la discreción, inconveniente a todas luces para promover críticas contra la postura de Venezuela por parte de la comunidad internacional.

Por todo esto, sería de gran ayuda para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco que Organización de Naciones Unidas de la que usted es secretario general nos ayudase a presionar a la comunidad internacional para que esta se posicione firmemente contra el asilo de terroristas de ETA en Venezuela.Muchas gracias por la atención prestada.Reciba un afectuoso saludo, Consuelo Ordóñez Fenollar

Esperemos que la izquierda salvadoreña, que pretende acallar la voz de los  periodistas independientes, y que siguen la lógica de limitar la libertad de expresión, según lo plantean los países que forman el GRAMNACIONAL  del ALBA,  no pasen de una mera verborrea, pues tanto son terroristas los miembros de la ETA como los políticos de izquierda en El Salvador, que dan su apoyo y se rasgan las vestiduras por los petrodólares venezolanos.



domingo, 7 de abril de 2013

BALTAZAR GARZÓN, LAS VICTIMAS, EL TERRORISMO Y LOS TERRORISTAS



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 7 de abril de 2013.

En días recientes, llegó a nuestro  país, Baltasar Garzón, el muy célebre juez que por Auto de detención emitido en su Tribunal,  logró la detención del General Augusto Pinochet en el Reino Unido, por “crímenes de lesa humanidad” contra los simpatizantes del régimen de Salvador Allende. Pero su celebridad también es grande por los Actos de corrupción, cohecho y manipulación de la justicia, para la obtención de lucro personal, vertidos en un Auto de poco más de setenta páginas, en donde al final de una abundante exposición de pruebas, se le condena  y se le suspende para el ejercicio de la profesión, razón por la cual, también es destituido de su cargo como Juez de la Real Audiencia.

Ahora, Garzón una vez más, realiza una gira por Latinoamérica, promoviendo una tesis poco ortodoxa: La continuación de las luchas políticas en el campo estrictamente del Derecho. Una tesis, que Almudena Bernabéu, su discípula y antigua colaboradora,  ha desarrollado en múltiples querellas en Latinoamérica. Su colega, el Juez Eloy Velazco Núñez, también desarrollo esta idea, en su Tribunal, a instancia de los querellantes patrocinados por la Universidad Centroamericana UCA, pero las leyes salvadoreñas, resolvieron, en tal momento, la improcedencia de la extradición de militares salvadoreños a España.

La intención de Garzón, es abrir heridas  ya cicatrizadas en Latinoamérica, pero sus “amigos Latinoamericanos”, pretenden, en cierto modo, tener influencia en la política interior española, exponiendo una línea ideológica muy clara. Por lo que, aplicaremos el viejo adagio: “mira con quien andas y, te diré quien eres”.

La Universidad Centroamericana UCA, como el polo jesuita de pensamiento de izquierda y de la Teología de la Liberación, en Latinoamérica, promueve ocultamente, en El Salvador, el Golpe de Estado de 1979, pero, al comprobar que la oficialidad, no era de pensamiento de izquierda revolucionaria, sino que eran simplemente militares que anhelaban un mejor El Salvador, políticamente,  no siguieron esa línea, sino la combatieron y, años después, en 1989, planean, una nueva conspiración contra los mismos oficiales a quienes ellos habían inducido a la rebelión, sólo que esta vez, en plena ofensiva insurgente, para favorecer y definir el impase militar existente.

Algunos de estos instigadores, mal lo pagaron, pues mueren en estas tierras, después de haber renunciado a su tierra natal, España; en ellos privo más, la idea de revolución que su propia nacionalidad.  Todo su trabajo doctrinario motivó  acciones contra militares salvadoreños, en diferentes procesos, pero no con  el  fin   único  de “la verdad histórica”, sino que en la reclamación de daños económicos, que, en definitiva, tendrá que pagar el Estado de El Salvador y, una buena parte del dinero obtenido, tendrá que ir a manos de los querellantes, en concepto de honorarios y viáticos. Por el momento, por el Caso del Mozote, están por ser reclamados, treinta y tres millones de dólares. En el caso iniciado en España, contra militares salvadoreños, había una, por cada uno, de los veinte imputados, de cinco millones de dólares. La posición de la UCA, en relación a la política interna española, siempre ha sido muy reservada, pero siempre ha sido favorable a Batasuna, por el origen vasco de algunas de sus autoridades y, su formación antifranquista.

Por otra parte, tenemos un ala del movimiento “Madres de la Plaza de Mayo” en Argentina, en donde su líder histórica, Hebe de   Bonafini,  en un acto público, en presencia de Baltasar Garzón, hace público su apoyo a la organización terrorista ETA,  resaltando que el Estado Español, esta en guerra contra los vascos y, que el verdadero terrorismo es el que se ejerce desde el Estado y que, los presos etarras “son para el mundo un ejemplo de dignidad y de resistencia”. Lo cual generó un descontento y repudio de otras facciones de las Madres de Mayo y, aún en España, contra tales antidemocráticas afirmaciones. También en días recientes, la hija de Hebe de Bonafini, Alejandra y Sergio Schokender, apoderado de la Fundación Madres de Mayo, están siendo procesados por actos de corrupción, que implican el desvío de 8.6 millones de Euros, dados por la presidencia argentina, para obras sociales, en donde la organización presidida por Hebe de Bonafini, sería receptora de los fondos y la ejecutante del proyecto. Lo cual ha sido un rudo golpe para la credibilidad de una organización que nació en defensa de los desaparecidos por la última dictadura militar. Hebe de Bonafini, propició la división de este movimiento, por su intransigencia y radicalismo político y por sobre todo por la falta de democracia interna dentro de la organización.

Dejando de lado la corrupción y el ánimo de lucro que envuelve a estas personas y organizaciones, me centraré en los aspectos meramente políticos: La ETA es una de las nueve organizaciones terroristas que operan en Europa (España y Francia),  y se han incluido, como colaboradores del terrorismo a las organizaciones españolas  Acción Nacionalista  Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), las otras organizaciones operan en Irlanda e Irlanda del Norte y, la organización Stichting Al Agsa,  que opera en los Países Bajos, en apoyo de la causa Palestina.

Las negociaciones con ETA y su brazo político BATAZUNA, para lograr beneficios para sus presos y recuperar cierto poder político perdido, ofreciendo una “paz” o disminución de sus acciones, son muy peligrosas, pues son el inicio del camino para considerar lícitas las acciones del terrorismo en España. Aquí en Latinoamérica, las heridas que quiere abrir Garzón con el apoyo de sus “amigos latinoamericanos” es revertir el proceso histórico: los vencidos por el Estado de Derecho, que se conviertan en vencedores, al considerar lícita sus acciones terroristas de antaño, e ilícita la legítima defensa de los Gobiernos legítimamente electos.

El terrorismo ha sido derrotado en toda Europa,  pues sus actos son irrelevantes políticamente, pero generan zozobra en sus victimas, lo cual es su arma de negociación. Pero al negociar en tal sentido, se desprotege a la sociedad, pues se desprotege a la victima y se le da poder político al victimario.

En el caso concreto de El Salvador, al querer enjuiciar a militares de alta durante el conflicto armado, es un insulto a las diez mil bajas de la Fuerza Armada, de los miles de lisiados, las cuarenta mil civiles asesinados por la insurgencia y el millón de desplazados, pues un conflicto de tal magnitud, en un reducido territorio, de veinte mil kilómetros cuadrados, los efectos de una insurgencia, alimentada desde el exterior, fueron devastadores.

Querer poner hoy a los victimarios como las victimas en El Salvador, es el mismo método que hoy pretende ETA en España.

Para finalizar, citaré  un artículo del periodista y escritor español Alfonso Ussia, intitulado “la prensa Española habla de Hebe de Bonafini”, publicado en FullBlog el 28 de junio de 2011, del que he tomado un párrafo, el cual dice: “A estas alturas de nuestra tragedia, del dolor, de las lágrimas, con mil muertos asesinados de disparos en la nuca y explosiones de bombas, con la desesperanza y la amargura de las familias de los inocentes masacrados, con la opinión internacional ya y al fin, convencida de que la ETA es simplemente terrorista y Batasuna es la ETA , con decenas de tumbas de cadáveres de niños destrozados por el gélido odio del terror, no es tolerable que venga la gorda y nos abra, aún más, nuestras heridas.