CONSTITUCIÓN VRS PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO

 

por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACION ACCION 

 

Las recientes declaraciones del Sr. Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas y del vicepresidente, Félix Ulloa, parecen ser coincidentes, en su apoyo a la reelección presidencial, aunque realmente, los motivos son muy diferentes: lo cierto es que oponen el poder constituir originario, a la Constitución misma, por lo que tenemos que analizar el verdadero origen de las ideas, que adquirieron forma, en las últimas acciones de la vida nacional.

 

La Constitución, como cuerpo normativo, nacido de la voluntad soberana, expresada  legítimamente en las urnas y, en oposición al conflicto armado internacionalizado, de principios de los años 80´s, modificada (pactada) por los Acuerdos de Paz de 1992, constituye el acomodo pacífico de las libertades individuales, frente al poder del Estado: poder regulado en la parte orgánica de la Constitución, por lo que es el cuerpo que garantiza la formación y existencia del Estado, bajo el concepto de  República democrática, con el objeto de beneficiario al ciudadano, en su forma individual y colectiva.

 

El Arzobispo y el vicepresidente, plantean la validez y autoridad del poder popular, impulsaron en las redes sociales y proclamado, por los medios oficialistas, por sobre las reglas jurídicas decretadas previamente, por lo que se crea un antagonismo, entre la Constitución y el poder constituyente originario, así está vigente en Venezuela, sustentado por el chavismo en la democracia participativa.

 

Monseñor, sigue las nuevas tendencias, de la Teología de la Liberación, que imponen el bienestar material del ser humano, haciéndolo centro del catolicismo, por lo que favorece toda iniciativa, proveniente del populismo, aunque con ello, contradiga las normas jurídicas preestablecidas. Esta posición política, también fue tomada por la Iglesia en Venezuela y Nicaragua, pero al final, la Iglesia se ha visto fracturada y, el Gobierno ha utilizado la religión, para consolidar su poder autocrático.

 

El populismo, sólo es una forma de manipulación y no garantiza la estabilidad social, pues nace de los intereses del gobernante, que infunde sus anhelos en el ciudadano, utilizando medios artificiales, o sea, el marketing político; por lo que a la larga, el ciudadano es víctima del Estado y, lo es también la Iglesia, que no puede cumplir con su papel terrenal:   medio para cumplir su función extraterrenal.

 

La peculiaridad salvadoreña, es que la sociedad, mayoritariamente cristiana, está dividida entre protestantes y católicos, frente a un Presidente musulmán, que considera que el Islam, es la base de la cordialidad humana y puede, por su medio, lograr la unidad política, de sus “hermanos menores” (así llaman a los latinoamericanos conversos al Islam): véase en el extranjero, la propaganda musulmana sobre El Salvador, difundida desde el Gobierno salvadoreño, en el mundo musulmán.

 

El Vicepresidente, ve la posibilidad de ejercer momentáneamente la presidencia y, ser congruente, con sus ideas de izquierda, satisfaciendo sus viejos anhelos, de un Gobierno de Izquierda revolucionaria en el poder (su trayectoria nace en los movimientos revolucionarios de la Universidad de El Salvador (AGEUS), luego, como parte del Frente Popular para la Liberación Nacional (FPL) y del movimiento sindical del Seguro Social, por lo cual sigue ideológicamente, los principios de la democracia participativa del chavismo, base del populismo venezolano y congruente, con las ideas del Foro de Sao Pablo.

 

Hoy, el dilema es: se defiende la Constitución y la vigencia de los artículos pétreos, o se sucumbe ante el ejercicio de la fuerza, justificado por el populismo. El camino de la libertad siempre es espinoso y puede vencer la tiranía, cuyo camino es fácil de seguir,  pero difícil sufrirla y condena a la miseria, a las generaciones futuras.

¿QUE ES LA INSURRECCIÓN?

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La insurrección, es e movimiento espontáneo de protesta: reacción contra un hecho que es contrario a los intereses de los afectados; los mecanismos de solución de tales conflictos, son ineficaces o, ya se han cerrado los espacios políticos, de expresión pacífica.

 

La Constitución permite la insurrección: expresión de fuerza y movimiento de hecho, para preservar su vigencia, en un extremado ejercicio de la soberanía, que recae en el ciudadano, y que éste, hace valer por sí mismo. Así que cuando se manifiesta contra las autoridades que han alterado el orden constitucional, puede deponerlas y nombrar funcionarios transitorios, hasta que sean substituidos legalmente, conforme a lo establecido por la Constitución.

 

En el presente, se ha deteriorado el Orden Constitucional, iniciándose con la pérdida de la independencia de los poderes del Estado y, la contraloría pública. Luego viene la restricción a la libre expresión, iniciándose por el espionaje ilegal, para llegar a la amenaza o expatriación de periodistas. Luego viene la manipulación de los medios de comunicación y el control del ciberespacio, por troles oficialistas (en su mayoría, extranjeros). Y la creación en este país, de un gobierno paralelo de asesores venezolanos, movidos por intereses extracontinentales y del crimen organizado. Al final, se pone en riesgo el sistema financiero y se despliega a la Fuerza Armada, como ejecutora de las medidas del Régimen de Excepción. A todo esto, deben sumarse las reformas procesales penales, que permitiran juzgar y perseguir económicamente a opositores, aunque estos, no se encuentren en el país.

 

Toda esta represión social, es acompañada con 50,000 reos no procesados válidamente, por la existencia del Régimen de Excepción, que impide el de Habeas Corpus efectivo y,  las mínimas garantías procesales. Por esta razón, hemos visto el 15 de septiembre, manifestaciones, hasta de 7 kilómetros, en las marchas antigubernamentales, pese a los bloqueos policiales, a los que se suman los comunicados de la ANEP y CAMARASAL, en contra de la reelección presidencial.

 

La expresión política en la calle, es típica de la Izquierda, pues en esa forma, se hace sentir socialmente en sus pretensiones de derechos, “a futuro”. Por el contrario, las expresiones provenientes de ANEP y las gremiales empresariales, se dan cuando ya existe un daño en el sistema económico y político, por lo que, dado, los sectores que aglutina, un comunicado es tan significativo, como una marcha multitudinaria.

 

Marchas, no sólo de izquierda, sino de un descontento generalizado y del pronunciamiento de los sectores empresariales, debería ser suficiente, para que el Gobierno diese un giro, en su actuación, pero por el contrario, se aleja más del marco constitucional: y prepara una mayor represión, desafiando a la comunidad internacional, pretendiendo anteponer la soberanía nacional, cuando está ya le dijo: basta.

 

El Gobierno espera que el período electoral, permita dar un escape a la presión social acumulada, sin dar a la sociedad, el cambio que espera y que, serviría de medio, para legitimar la reelección presidencial de Bukele. Por eso, pensar en elecciones, debe abandonarse, hasta que éstas puedan ser realizadas, en igualdad de condiciones y conforme a la Constitución.

 

El derecho de ser electo o de elegir libremente, debe ser la razón de la lucha actual, pero no bajo un sistema que sólo garantiza el triunfo del oficialismo. Por esta razón, es necesario un cambio de autoridades y, cumplir con la Constitución. El objetivo inmediato, es volver al orden Constitucional y evitar la reelección presidencial, luego, deducir responsabilidades hacia aquellos que intencionalmente, han violado la Constitución.

 

La oposición como tal, ha desaparecido, ahora sólo existen quienes defienden la Constitución y quienes pretenden derogarla.

REELECCION PRESIDENCIAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

 

Sustentase la reelección presidencial, en tres ficciones: su legalidad, la aceptación popular y el sistema electoral imparcial: para que esto funcione, es necesario la participación en las elecciones, de actores diferentes al oficialismo, logrando así, su legitimidad, producto de la quieta y pacífica continuidad del Gobierno en la función pública.

 

Es ficción, simulación de la realidad, presentando al receptor, un mundo imaginario. Por lo cual la ficción de legalidad, se deriva de la interpretación errónea o falsa, de la resolución sobre pérdida de derechos de ciudadanía: bajo referencia, PDC  01-2021 iniciado contra la Sra. Nancy Marichel Días de Martínez, en base al Artículo 75, ordinal 4. Cn. En dicha resolución, la presente Sala de lo Constitucional, reconoce un quiebre Constitucional, con respecto a la Sala anterior (depuesta por la Asamblea Legislativa) y que la Constitución, puede ser modificada, de acuerdo a la Jurisprudencia de la Sala, porque ésta, posee capacidad de interpretación, en sentido positivo, o sea, de reformar la Constitución por interpretación (jurisprudencia, según la Sala) y, ordenar nuevas disposiciones: lo que sería un exceso en su función: interpretar la Constitución, en sentido negativo o sea, señalar el límite al que pueden llegar el Estado o, un particular.

 

Sin embargo, la Sala se refirió al tema de la reelección, en un sentido tangencial y “Ultra petitia” pues solo sugirió (en su razonamiento), que la situación del Presidente, podría ser similar a la de otro funcionario, por lo que si renuncia a su cargo, con anterioridad, no ve problema para su inscripción como candidato: no se razona, que el Presidente, posee una parte del “imperium” del Estado y, es cabeza de un Órgano, mientras que cualquier otro funcionario de elección popular, posee únicamente, la “potestas”, lo cual implica una diferencia muy clara, que ha sido principio del constitucionalismo salvadoreño, desde nuestra separación de la República Mayor de Centroamérica.

 

El Régimen de Excepción, no permite las manifestaciones públicas, contra los funcionarios de hecho o, las arbitrariedades del Ejecutivo, pues serían tomadas como alteración del orden público: así son mínimas las expresiones de protesta, pero la insatisfacción social, crea un malestar oculto, que se manifiesta, con la emigración constante, por falta de condiciones de vida favorables. La política y economía, reflejanse, en una sola entidad: la vida cotidiana, por lo que, a menos condiciones económicas favorables, mayor represión política y a mejores condiciones económicas, más amplia libertad económica, que ha sido el secreto de la fortaleza de las mayores economías en Occidente.

 

La Sentencia de la Sala de lo Constitucional, antes relacionada, tiene efectos concretos y limitados, pero se le ha querido dar a su parte argumentativa, fuerza de ley o, de sentencia, lo cual es un engaño. La aceptación general, es también un engaño, pues si verdad fuese, sería innecesario, que más de tres mil quinientos troles en el extranjero, se dedicasen a una propaganda constante, e innecesario el espionaje, en una suspensión de garantías.

 

El oficialismo cuenta con que el desgaste de sus autoridades municipales, estimule a candidatos distintos, en áreas locales, para que hagan funcionar el aparato eleccionario, y así, legitimar la reelección.

 

Se plantea el problema siguiente: se derrota electoralmente al oficialismo, mediante la unidad de la oposición o, se equiparará la oportunidad electoral, antes de la elección, para que la población elija realmente, su destino: ambos caminos son excluyentes entre sí.

 

El oficialismo, estimula la fragmentación de la oposición, pues así obtiene mayoría y su poder factico, se multiplica. La denuncia de la dictadura y, el rechazo a un sistema electoral manipulado, son las únicas vías, contra el autoritarismo.

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES OPORTUNAS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Los diferentes acontecimientos nacionales, generados por las acciones del Gobierno, merecen ciertas consideraciones no críticas, sino para presentar alternativas que favorezcan la vida nacional y que, desde la totalidad, deriven hacia el individuo, en sus intereses particulares.

 

La “recompra” de deuda externa, representa un intento de estafa a los acreedores internacionales, pues de $ 800 millones de deuda, se ofrecen sólo $ 350 millones, sin comisiones ni intereses: si fuese aceptado, provocaría una pérdida en su inversión. Si no se aceptase ésta negociación, quedaría a criterio del Gobierno, pagar o no, lo cual, nos llevaría a una controversia judicial internacional,  que pondría en riesgo el sistema bancario y, cuyo mínimo efecto, sería el alza en las tasas de interés y, el endurecimiento de los requisitos para la obtención de créditos. Por esta razón, la deuda debe de renegociarse en base a la realidad nacional, aceptando las recomendaciones de ajuste fiscal, recorte presupuestario, transparencia y contraloría eficaz.

 

El Gobierno trata de crear las condiciones políticas y de aceptación social, para la nacionalización de las AFP, para así, por medio de una confusión (forma de extinguir una obligación), no pagar lo adeudado a las previsionales, dinero de los trabajadores, para así, poder manejar los fondos que sí rinden y, que están colocados en el exterior. No se observa que la baja rentabilidad, se debe a lo no pagado por el Estado y que, los intereses devengados, apenas cubren la tasa de devaluación, a diferencia de lo colocado en el mercado internacional. Por lo que, si el gobierno pagase el interés comercial, o devolviese dichos fondos a las AFP, sería suficiente para elevar el pago de las pensiones y dar el justo crecimiento a las cuentas individuales. Todo está en manos de la Asamblea Legislativa, pero esta, no persigue  solución para los cotizantes, sino solventar un problema del Gobierno.

 

El régimen de excepción y la participación de la Fuerza Armada en tareas de Seguridad Pública, serían innecesarios, si se adecuaran el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la PNC en sus unidades de investigación, pero el interés del Gobernó, es mantener un sensacionalismo a base del ejercicio de la fuerza y no tocar, a las estructuras que les son afines. La colaboración internacional, para el mejoramiento de estas instituciones, está disponible, pero si se hace, el Gobierno no podría favorecerse del crimen organizado que contamina a varios de sus funcionarios y allegados políticos.

 

La tendencia a crear negocios estatales paralelos, atenta contra la empresa privada: la normal entre competidores, y la de doble calidad:  particular y soberano. Hoy por hoy, sólo se ha hecho público entre el transporte público de pasajeros, los importadores de fertilizantes agrícolas, y los importadores de granos, que al final, crearán monopolios, controladores del mercado. La solución sería que el Gobierno impusiese las reglas, pero sin participar en el mercado, pues lo distorsionaría, convirtiendo a cada empresa estatal, en medios de control social.

 

La obligación de las telefónicas de almacenar lo hablado y enviado por los usuarios, tendrá que elevar el precio de la telefonía, por los costos de almacenamiento y hará que los privados, sean los que paguen directamente el espionaje del Gobierno, contra los mismos usuarios, lo que atentará contra los principios que protege el habeas data, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia, consagrados en los artículos 2, 6, 19 y 24 de la Constitución.

 

Cada uno de los problemas nacionales, tiene una solución acorde a los intereses de todos, el Gobierno no debe primero pensar  en su conveniencia. En el siguiente articulo se abordara la inconstitucionalidad de la reelección Presidencial.

INICIANDO EL TERCER SIGLO

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Hace 201 años, el actual territorio del Estado de El Salvador, estaba constituido por el extremo Sur Suroeste de la provincia de Guatemala, el partido de Santa Ana, la provincia de San Salvador, los partidos de San Miguel, Usuluán, San Alejo y el Sur Sureste, del partido de Tegucigalpa;  no sólo hemos evolucionado territorialmente:  hemos formado un Estado, que también ha sufrido transformaciones, que no siempre han sido favorables a la democracia y a las ideas republicanas que dieron origen, a nuestra independencia, por lo que es necesario analizar tales circunstancias.

 

El distanciamiento de la influencia geopolítica francesa, de la autoridad administrativa española y, el rechazo al Imperio mexicano, fueron origen de nuestra independencia, bajo los principios liberales democráticos y republicanos, consagrados en la Constitución y simbolizados en nuestro pabellón nacional.

 

Pero al iniciarse este tercer centenario, en su celebración, el pabellón nacional, sufre humillación al no ser objeto de los honores protocolarios a su ingreso y retiro. al Acto Cívico. Preside el Presidente junto a su familia, como la familia Presidencial, título que no puede ostentarse dentro de la República: formalidad que se reserva exclusivamente, para la Realeza. En dicho acto, se ratifica la violación a los preceptos constitucionales, relativos al sistema político y se afirma el poder originario del populismo, una teoría propia de la democracia participativa, utilizada por las dictaduras populistas latinoamericanas.

 

La posición política de Nayíb Bukele ha sido posible, sólo por el deterioro del sistema político partidario salvadoreño, luego de años de constantes ataques: primero entre partidos y luego de Bukele, contra todos los partidos que, sin fuerza, no pudieron oponerse a la destrucción sistemática de las instituciones de contraloría, dentro del Estado, hasta no poder garantizar la independencia de poderes. Al pronunciar su saludo, Bukele, se refirió al Ministerio Público (Fiscalía y Procuradurías) y Corte de Cuentas, como parte de su Gabinete, al igual que los Alcaldes presentes.

 

El anuncio de su reelección, sumado a las trasformaciones de las entidades públicas, indican una clara violación al orden constitucional y el Estado de Sitio, innecesario y permanente por sus efectos, en mas de 50,000 personas detenidas, no permitiéndoles una defensa efectiva según la legislación nacional, es violatorio de los Derechos Humanos.

 

La alteración del sistema republicano y, la violación a los Derechos Humanos, se ajustan al presupuesto del Artículo 87 de la Constitución: el derecho de insurrección. para el propósito de restaurar el orden constitucional, mediante funcionarios transitorios. Una situación de este tipo, vuelve a El Salvador, un Estado de fuerza o de facto, pues tendrá la razón, quien tenga un mayor poder o capacidad de dominio, sobre la vida nacional. Este artículo tiene una aplicación inmediata por el principio de aplicación directa.

 

Habiendo jurado la Fuerza Armada lealtad al Presidente y no, a la institucionalidad garantizada por la constitución, la aplicación del Artículo 87, corresponde a cualquier organización de naturaleza cívica, que considere que posee la fuerza suficiente para hacer valer la Constitución.

 

Considerar ir a elecciones y competir limpiamente con Bukele, será un hecho imposible, pues domina el Tribunal Supremo Electoral y los padrones electorales; por lo que se legitimaría su acción inconstitucional. De igual manera lo legitimaría, acudir a elecciones de diputados y alcaldes, convocadas por un tribunal electoral que acepta una candidatura inconstitucional y, favorece a los candidatos oficialistas.

 

Un llamamiento unificado a la insurrección, con una oposición fragmentada, no tiene futuro, pero sí, la denuncia de un Estado de facto, hasta que  haya unidad nacional contra el Gobierno. Esto se dará cuando la empresa privada sienta que el Gobierno no se quedará, con el monopolio del transporte de pasajeros, de la importación de fertilizantes y la industria farmacéutica, sino que irá por cada uno de los negocios privados, ya sea para el Gobierno o para miembros o llegados a la familia presidencial.

 

Sólo la unidad nacional y la comprensión de que el Gobierno pretende controlar toda la vida nacional, para su lucro, podrá entrar en aplicación práctica el Artículo 87, pues tendrá que enfrentarse directamente contra la Fuerza Armada y ésta, tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos presentes, pues las consecuencias institucionales vendrán de organismos internacionales, defensores de los Derechos Humanos.