ACCIONES Y REACCIONES

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Las acciones del Gobierno, aunque transgrediendo la Constitución, han pasado sin ninguna protesta: no así, sus acciones a nivel internacional y su actuación, en sus funciones de protección, ordenamiento y, subsidiariedad, que son cada vez más descuidadas, generando creciente rechazo.

 

Al inicio de su Gobierno, Nayib Bukele planteo, por medio de sus allegados, la reelección presidencial. Este hecho, debió encender las alarmas institucionales, pues tal acción, trae como consecuencia, la pérdida de los derechos de ciudadanía, conforme al Artículo 75 inc. 4° Cn., y si la institucionalidad no lo aplica, procede el Artículo 88 Cn., da paso, al derecho de insurrección, para deponerlo.

 

Al no actuar la institucionalidad, han venido acumulándose las violaciones constitucionales: la remoción de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, quienes deberían primeramente, señalar, este tipo de violaciones a la Constitución: al no hacerlo, perdieron  fuerza política, para hacer cumplir la Ley y hoy, son instituciones que no cumplen su misión constitucional, en lo referente a la contraloría de poderes y, a lo que interese al Gobierno.       

 

La pérdida sin consecuencias, de la función política, de la Fuerza Armada: cumplir y hacer cumplir la Constitución, ha permitido que se pierda, el control territorial del país, siendo ejercido por las pandillas, hasta poder determinarse en mapas, con claridad, las zonas que usufructúa cada pandilla.

 

Admitir por un diputado oficialista, que cada salvadoreño debe cuidarse, para no ser “desaparecido”, es reconocimiento a dicha realidad. La captura de droga en España, Nicaragua y Costa Rica, en una semana, implica que el control territorial de las pandillas, ya está al servicio del narcotráfico y, que nuestro país, se ha convertido en centro logístico de la droga, prueba es de la ineficacia, de los mandos de la PNC.

 

Todos estos problemas que se presentan en nuestro Estado, vuelven invivible el país, por ello, se da la emigración a las ciudades: 120,000 al año, para luego, emigrar a Estados Unidos, por no tener este país, las condiciones necesarias, para la vida en sociedad. Nuestro Gobierno ve, en dicha emigración, una posibilidad de futuras remesas y, un instrumento de presión política. En ambos casos, son erradas sus visiones, con la finalidad del Estado: dar a sus ciudadanos lo necesario, para su desarrollo, en el país.

 

Esto se aprecia claramente en el exterior, por ello se le exige al gobierno, respeto al Estado de Derecho y, al ver que nuestra economía se deteriora, por las acciones del mismo Gobierno, se pierde la confianza en El Salvador y, se vuelve isla, que se hunde cada vez más.

 

Lo vemos palpablemente con el reciente pacto, entre Honduras y Nicaragua; nuestras acciones excluyen a El Salvador, con grave perjuicio de su soberanía: el Gobierno ya no puede defenderla. Mientras este sueña con la unión centroamericana y que Belice renunciase a la mancomunidad británica y Panamá, a su dominio del canal, en beneficio de Centroamérica y, que los Gobiernos del área, depositasen su soberanía en Bukele.

 

Hoy el Gobierno promueve la contratación en el sector privado, pero subsidiando el 50% de los salarios. Esta medida induce a la pregunta ¿de dónde lo pagará el Estado, si tiene que cubrir ya una brecha fiscal de 1,200 millones? ¿Será para crear una crisis de liquidez, en beneficio del Bitcoin u otra criptomoneda asociada al Gobierno y la familia Bukele?

 

El Gobierno, inicia nueva fase de crisis política, responsabilizando de todos los males políticos y económicos a Estados Unidos, para poder realizar una nueva purga interna y de sus opositores, en aras de un mayor poder dictatorial.

ERRORES DE BUKELE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Está Nayib Bukele, siendo víctima de sus pasados errores, a los que acumula, los presentes. Por su ansia de poder, no ha previsto el futuro, acumulando enemigos, sin la consolidación necesaria para su régimen. Su error craso, es la falta de ideología clara: todo gira según su conveniencia, en derredor de la propaganda y el asistencialismo.

 

No previo Bukele, que la estrategia de denuncia y señalamiento de corrupción, iniciada por el FMLN - utilizada luego en su contra, por Bukele- se revertiría contra su Gobierno, debido a una corrupción mayor: procura minimizarla, restringiendo la información pública. Algunos aseguran que tal estrategia, nació de su agencia publicitaria y, al revertirse en su contra, está dando cohesión interna al FMLN.

 

Las manifestaciones de calle, han revelado que los apoyos de su Gobierno, no son absolutos y que el descontento, crece. Situación expuesta a la diplomacia de países demócratas que, reportan lo que ven.

 

La cooperación que recibe El Salvador, viene de esos países, pues el sistema democrático, garantiza una fuerte economía, asentada en la globalización de bienes y servicios, que le permite, ayudar a los países en vías de desarrollo, cuyos intereses, van en tal línea: desarrollo del libre comercio internacional. Esto no es posible, en países con sistemas totalitarios, pues restringen la actividad económica, siendo sus recursos, consumidos por la propaganda o, el sometimiento de su población.

 

Políticamente Bukele nació en el FMLN, con sus principios y se promovió como un neo-revolucionario, celoso de los principios de izquierda; así, ataco a la cúpula de dicho partido, pero no a sus bases, uso a los grupos purgados del FMLN. No conservo esa línea ideológica, tomó únicamente, lo que convino a su populismo y, se proyectó en el extranjero, como Derecha progresista; fue Derecha conservadora, para el alto empresariado nacional, ofreciendo beneficios para sus negocios.

 

Por este su proceder, hoy está en su contra, toda la izquierda latinoamericana: ha traicionado sus principios; y, al criticar a Estados Unidos, como decano que es, de los gobiernos democráticos y, plantear un gobierno que, a futuro se sostendrá, en base a expropiaciones e impuestos confiscatorios, está ya en su contra, la mayoría de la Derecha.

 

La economía de servicios, desarrollada en El Salvador, depende del libre comercio y de las remesas que llegan. El encarecimiento de la energía eléctrica, las dificultades comerciales internacionales, más la imposición del Bitcoin, colocan al país en situación a corto plazo, muy inestable.

 

La estrategia de Bukele, para luchar contra esta perspectiva, es crear una desestabilización centroamericana, para que se le den, los préstamos internacionales que necesita (más de 1,200 millones) por ello, impulsa la fundación de Nuevas Ideas en Guatemala y, a sabiendas, que la emigración ilegal de Centroamérica, es para Estados Unidos, cuestión de Seguridad Nacional. También es causa, de no combatir a las pandillas, reconociendo que su control territorial es causa de emigración.

 

Honduras ya reacciono a las acciones de Bukele, con sus pretensiones sobre el Golfo de Fonseca. Hay que esperar ahora, cuál será la reacción de Guatemala. Esta forma, de crear problemas para luego exigir beneficios, como los que pretende Bukele, es muy similar a la estrategia utilizada por Corea del Norte, durante sus crisis.

 

La respuesta de Bukele a Juan González – asesor de la Casa Blanca para América Latina- esboza la amenaza de que, si se continúa criticándole, podría correrse en Centroamérica, suerte igual a la sufrida en Afganistán. Coincidente, Félix Ulloa, en Europa, llama “desorientado” al Gobierno de Estados Unidos.

 

Bukele disimula sus errores, con propaganda engañosa: cada vez son más las personas conscientes, del mal camino que lleva el país, acumulandose opositores.

DEMOCRACIA: CONCEPTO OSCURO PARA BUKELE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

No son propias del Presidente de la República, los procederes de Nayib Bukele:  actúa con absoluta ignorancia, del concepto de Democracia y del cargo que ostenta. Desempeña dicho cargo, ignorando absolutamente, las consecuencias internacionales de sus acciones.

 

Democracia es el sistema en el cual, el cambio de Gobierno, se hace por medio de votación popular; una vez efectuada, el Gobierno queda sujeto a la contraloría, del equilibrio de poderes; su función, es crear condiciones por las cuales, la actividad diaria, se desarrolle convenientemente (economía), sin alterar los derechos anteriores y superiores al hombre: el Derecho Natural. Razón es, por la que, en una sociedad, se da la integración económica horizontal y vertical y, se encuentran entrelazadas, la economía y la política.

 

El protocolo establecido y aplicado para Bukele, en Casa Presidencial, es propio de un rey, con tratamiento de realeza, para su familia. El Alto Mando, muy celoso de los protocolos, lo sabe; la oficialidad y tropa, moldeados bajo la disciplina, lo siguen, lo cual no les exime de responsabilidad, por sujetarse ante tal protocolo. Esta sumisión a los intereses personales y no, a los de la República, pone en entredicho dentro del Estado, la función de la Fuerza Armada.

 

La destitución de Magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, sin el debido proceso, antesala fue, de lo que hoy vivimos: destitución de los jueces y, sometimiento de la PNC, a los intereses de Bukele. Dos Magistrados de Corte Plena, se han pronunciado en contra, señalando la cometida ilegalidad. Vemos así, la relación del número, contra la legalidad. ¿Quién tiene razón, el número o el Estado de Derecho?

 

El número, en que se basa Bukele, es el de más escaso entendimiento y, por ello le apoya; el más necesitado de asistencialismo y de favoritismos, sin él, sería imposible tener un número a su favor, mostrándolo como carta de aprobación sin límites: tal, no es Democracia.

 

Tampoco es Democracia, invitar al Cuerpo Diplomático para regañarlo o, desafiar a Estados Unidos por twitter, para mostrar a sus seguidores, que tiene poder para oponerse al Congreso y al Departamento de Estado y a China, que es su aliado. Eso no es Democracia.

 

Honduras ha visto en las actuaciones de Bukele, oportunidad favorable a su expansión y que daña a nuestra economía y, a la población, en el extranjero. Eso no es Democracia.

 

Ocultar el verdadero Presupuesto General de la Nación, en el cual existe una brecha fiscal, de 1,200 millones: y para llenarla, se usarán los fondos de pensiones; ocultar los gastos realizados a la fecha, declarándolos “bajo reserva por 7 años”, no es Democracia.

 

Pretender mediante confiscación de bienes inmuebles, continuar con el asistencialismo del Gobierno, abre la puerta, a la confiscación, de los bienes de sus opositores, agotados, los bienes del Estado. Inevitablemente, irá luego, contra aquellos empresarios que hoy son sus aliados y, por último, contra sus mismos colaboradores:  todo, cuestión de tiempo. Tales acciones, no son Democracia.

 

Si el Presidente Bukele confía en que China o Rusia, sustentarán su Gobierno, en juego Geopolítico, contra Estados Unidos, muy equivocado está, pero la oposición, debe entender que ni Estados Unidos ni la Unión Europea vendrán a salvarnos. La lucha es de salvadoreños por su libertad: parece que quien gobierna ahora es la familia Bukele, con sus asesores venezolanos. Los salvadoreños que le rodean, son actores de segundo orden o, presta nombres y, la masa inconsciente que le apoya, es justificante de su autoritarismo. Eso no es Democracia.

FUERZA VRS. CIUDADANIA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

La reciente Ley: prohibición de marchas y protestas contra el Gobierno, plantea claramente ésta situación: colisión entre ciudadanía y fuerza; ejercida por una dictadura. Dicha situación, no será dirimida por el Órgano Judicial o, por instancia internacional: lo hará, la capacidad, persistencia y convicción de las partes.

 

La actividad natural del Estado se basa, en el respeto a los derechos individuales y en la solución pacífica, de los problemas sociales, mediante el cambio político, en respeto a la independencia de los poderes públicos: actualmente, esto se ha roto; la fuerza del autoritarismo, agrede a la ciudadanía y, como hoy lo vemos, ésta se revela.

 

La razón, de que no se vea, una sola línea ideológica contra el Gobierno, sino diferentes grupos de diversa ideología; todos, por causas diferentes, realizando llamamientos a la resistencia, se debe a que la oposición, está conformada por ciudadanos, no por tendencias políticas. Debemos pues, diferenciar la forma de actuar: sea de Derecha o de Izquierda.

 

Generalmente, la Derecha es pasiva: su elemento natural, es el orden dentro del Estado; reacciona, cuando ese orden se altera. Se manifiesta, mediante los partidos políticos de igual tendencia, pero difícilmente ira a la calle, como forma de expresión política ordinaria. Actúa en la formación de opinión, mediante los gremios y son sus intereses principales, la economía, la libertad y la familia.

 

La Izquierda se manifiesta y actúa generalmente, en las calles, haciéndose sentir como grupo disconforme con el orden establecido y, con los mecanismos evolutivos sociales, para propiciar la revolución, que es su meta. En derredor de esa actuación, surgen sus líderes y se organizan sus cuadros, teniendo a los diferentes grupos de la izquierda mundial, como caja de resonancia.

 

Para poder detener la dictadura y, retornar al orden o Estado de Derecho, se necesitan, tanto la actuación de la Izquierda, como de la Derecha, en acciones separadas, pero coincidentes en sus fines, pues la lucha común, es contra el dictador Bukele, quien confía en la rivalidad de la oposición.

 

Aberración jurídica es la propuesta de ley, para que el Estado pueda realizar expropiaciones o ventas forzosas, mediante procedimiento abreviado, de naturaleza mercantil y, lo es primero, por la errónea interpretación del Artículo 103 Cn., que expresa la excepción a la garantía de la propiedad privada, expresada en el Art. 102 Cn., y que es la regla a aplicar. Segundo, esta interpretación, anula las garantías de igualdad y de defensa: Arts. 3 y 11 Cn.

 

Dicha propuesta de Ley, toca a la Derecha, en su ser más íntimo: el derecho de propiedad privada, facultando al Gobierno, para adquirir cualquier inmueble, al precio que desee, abriendo la puerta, a la confiscación de otros bienes privados.

 

La libertad de expresión, coartada por la Ley que prohíbe las marchas o concentraciones, no gubernamentales, lesiona por igual, a Derecha e Izquierda; se encuentra su garantía en los Artículos 6 y 7 de la Constitución; explican la diversidad en las marchas y las diferentes protestas.

 

Es pura ilusión creer que puede lucharse contra la dictadura, desde un partido político: nula será su acción, si no existe el sistema que le permita, acceder al poder, bajo un Estado de Derecho. Actualmente, todo parece indicar que las elecciones no serán libres o que no se realizarán: el momento ha llegado para el “movimiento político”.

 

Sólo la unión y resistencia nacional, contra un gobierno opresor, puede garantizar nuestra libertad y con ella, nuestros derechos. Por eso, quien pueda manifestarse en la marcha, que marche y, quien no pueda hacerlo, que realice cualquier otra forma posible de resistencia: todos somos ciudadanos con derecho a expresarnos en la forma que podemos.

LA GERONTOFOBIA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Numerosos rasgos y decisiones del presente Gobierno, son gerontofóbicos: odio a los mayores, que no entienden este cambio tecnológico ni la actuación, bajo el modernismo, que faltando a la ética y la moral, pretende el Gobierno imponer, creando el mal social, que ahonda las desigualdades ya existentes.

 

La estatización planificada de las pensiones y, el retiro de ayuda a los asilos de ancianos, reflejan dicha tendencia, aunque no sean lo único. Las pensiones y la tendencia de limitar a los mayores, su derecho al trabajo, provocando un forzado relevo generacional, va contra la antropología, crea una serie de disposiciones que, en conjunto, desbaratan el funcionamiento del Estado.

 

Los fondos de pensiones tienen sus propietarios: los cuenta-ahorrantes; según su aporte, las AFP, asignan las pensiones, conforme a lo estipulado por la Ley, aprobada por la Asamblea Legislativa: no es fruto, de criterio antojadizo. Otro factor a considerar, es que su bajo rendimiento, se debe a los préstamos forzosos que, a dicho fondo, ha realizado el Gobierno, tomándolo como propio y casi siempre, pagando un interés, que no cubre ni el factor de devaluación: una Sentencia de la Sala de lo Constitucional, pretendió corregir tal aberración.

 

El desprecio con el que los troles del Gobierno se expresan, sobre quienes son mayores y no tienen la habilidad, o los recursos para entender la tecnología, lo cual es fácil para los “Millennials” (jóvenes nacidos a partir de los años 80´s y que se caracterizan, como generación digital, hiperconectada y con tendencias gerascofobicas – miedo a envejecer-), que lo expresan, mediante la gerontofobia.

 

Pretender justificar la estatización de las pensiones, mediante sindicatos oficialistas, es conceder el derecho de un particular, a otro, lo cual es habitual, sólo en un sistema comunista o autoritario que, con posterioridad, permitirá al Estado, realizar cualquier confiscación o robo de bienes privados.

 

Junto a la gerontofobia, hay  por parte del Gobierno, incomprensión generalizada,  de la prioridad, de los problemas nacionales, pareciendo que surge una taquipsiquia (aceleración patológica de la actividad psíquica):  que se presenta, en algunas enfermedades mentales y trastornos psíquicos, en aquellos que cursan episodios de crisis delirantes, como la psicosis y la manía, pues reaccionan furibundamente, contra la lista Engel, la falta de dinero para su uso y, bajo reserva, se declara toda información habitualmente de uso público, abandonando todo interés nacional, como la pérdida de nuestro territorio y nuestras relaciones internacionales.

 

A estas horas, hubiese sido la prioridad, que Cancillería enviase nota de protesta, a las Naciones Unidas, reiterando nuestro reclamo, sobre la Isla Conejo, desde que se dieron los primeros hechos, ofreciendo las pruebas que no habían sido admitidas, al momento de establecer los límites terrestres, pero que prueban nuestro derecho sobre las islas y, sobre el Golfo. Pero el Gobierno pretende que, el Departamento de Estado, revierta una investigación sobre la corrupción en Centroamérica. proyectando demandar al Congreso de los Estados Unidos y al Departamento de Estado, sobre sus decisiones de política exterior, ante tribunales comunes norteamericanos. Tales propósitos, revelan el delirante estado, sobre la comprensión alterada de la realidad.

 

Toda persona que se sienta lesionada en sus Derechos, debe marchar en las protestas; y de no poder hacerlo, realizar acciones, para crear conciencia de la realidad nacional y de defensa de la propiedad privada, de lo nocivo del autoritarismo. Desde los años 80´s, cuando iniciaronse las reformas, que culminaron con las expropiaciones de la tierra y, del sistema bancario, ha existido la seguridad jurídica y, respeto a la propiedad privada. Debe tenerse claro, que una nacionalización de las pensiones, sería ataque directo a los mayores que no pueden emigrar y que necesitan sus ahorros.

¿PREGUERRA?

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

La declaración hondureña de soberanía, sobre parte del territorio salvadoreño (Isla Conejo y mar territorial), es afirmación que exige movilización nacional y, planteamiento internacional de agresión hacia El Salvador: tal. no ha sucedido; es tomado como propaganda electoral hondureña, siendo en realidad, culminación de la política expansionista de Honduras, luego de 1969 y, aprovechando las condiciones geopolíticas internacionales actuales. Situación que conviene analizar.

 

El triunfo militar salvadoreño en 1969, en defensa de sus conciudadanos radicados en Honduras, fue desbaratado diplomáticamente, por la nación hondureña, en grado de ser altamente lesivo a los intereses salvadoreños: la pérdida de los bolsones, que dejó abierta la puerta, para una nueva delimitación, en el Golfo de Fonseca. Es situación, para la que no estamos hoy preparados militarmente, anímicamente ni diplomáticamente, para defenderla.

 

Al proponer nosotros, la custodia conjunta de la Isla Conejo, a inicios de 1982, para luego dejar tal tarea al ejército hondureño, pues en ese momento, el problema era evitar el paso de abastecimientos militares desde Nicaragua y, la persistencia guerrillera en tierra firme; es decir, que de hecho, cedimos la Isla Conejo, sin preocuparnos de recuperarla ni de prever el conflicto que se cerniría.

 

El anuncio de la construcción de mega-proyectos, desde La Libertad hasta Cutuco, con intereses geopolíticos chinos (en su tercer intento por ingresar a Centroamérica), acelera los planes hondureños, perdiendo El Salvador, su potencial Geopolítico y logístico.

 

El dicho interés geopolítico chino en Latinoamérica, quedó claro en el discurso del Presidente Xi Jinping, en la VI Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños), lo cual provoca tensión económica, entre potencias, creando nuevas alianzas militares en el Pacífico, con perjuicio de las antiguas.

 

Estados Unidos no ve amenaza, en la presencia comercial china, si ésta es desarrollada en plano de igualdad y, bajo las leyes del comercio internacional, pero sí, si lo es, con interés geopolítico (interés hegemónico). La expansión china es amenaza, cuando su interés hegemónico, va en conjunto con el militar.

 

Los troles oficialistas salvadoreños, argumentan que Nayib Bukele, debería ser Presidente de Centroamérica. Las distintas maniobras propagandísticas en Honduras, para buscar la desestabilización del Presidente Hernández, pretenden tener carta de presión, en las pretensiones de un canal seco, entre el Pacífico y el Atlántico, según intereses Chinos y, como alternativa, al Canal de Panamá; estas amenazas, aceleran los planes de expansión hondureños, que ahora van a mantener una estabilidad geopolítica en el área, a costa de los intereses salvadoreños y, buscando nuestra desventaja diplomática.

 

Cualquier cambio, en la soberanía actual del golfo de Fonseca, podría volver inútil el puerto de Cutuco, el aeropuerto en la Unión y, el desarrollo ferroviario centroamericano y cualquier Zona Económica en el Pacífico.

 

Si el nacionalismo acuerpa a Bukele, estaremos apoyando el imperialismo chino en Centroamérica, y si defendemos la soberanía nacional y nuestros intereses geográficos, nuevamente entraremos a un conflicto mundial.

 

Si toleramos las pretensiones hondureñas, perderemos nuestra soberanía, en el Golfo de Fonseca y, en una extensión de mar, superior a la terrestre. El mar, es nuestra única riqueza sin explotar y, la única esperanza, para nuestra población hacinada en tan reducido territorio. Ante la debilidad de nuestro Gobierno, pudieran extenderse las pretensiones hondureñas en otros sentidos, pero siempre con desmedro de nuestra soberanía.

 

La disyuntiva actual, es responsabilidad de Nayib Bukele, quien pretende para cimentar su poder interno, atraer fuerzas que no podrá controlar. Todo desarrollo centroamericano, debe ser conjunto y con neutralidad Geopolítica; no buscando ser el más “cool” o menospreciando las soberanías de los otros. Si logra Bukele mantenerse en el poder, no habrá destino halagüeño en el país, ni paz en Centroamérica.

CIUDADANO O TLAMEME

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Tlameme es palabra que proviene del náhuatl: “tlamama”: significa cargar; nomina a la persona cuyo trabajo es llevar las cargas de otros. Puede aplicarse a las intenciones del presente Gobierno y, a la lucha política, que se desarrolla ya, en las calles.

 

La anulación de la separación de poderes y el dominio del partido oficial, en la Asamblea Legislativa, destruyen el sistema republicano; la contraloría pública ya no existe y peor aún, si se plantea la disolución de la Corte de Cuentas y del Ministerio Público.

 

La supresión del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), destruyen la función social del municipio y del Estado:  razón de la existencia de estos, es el bienestar inmediato del individuo; tal está expresado en el “ARTICULO 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.

 

En El Salvador, el municipalismo tiene dos vertientes; la española, que se origina en el siglo IX, de las necesidades locales, y la francesa (nacida del socialismo del siglo IXX), que tiene como objetivo, proporcionar una mayor autonomía a los municipios, centrándose en la organización y las prerrogativas de las ciudades, a través de una descentralización de la administración pública, con el fin de lograr, con la participación ciudadana, la mayor estabilidad social.

 

Destruyendo el municipalismo en El Salvador, el individuo pierde la calidad de ciudadano, pues carece de la posibilidad de decisión, en los asuntos locales y nacionales; se forma un grupo gobernante, que acapara las funciones públicas, quedando el individuo, limitado a su servicio al Estado: pago de impuestos, justificación para el populismo del Estado, u otra forma de utilización, en el ejercicio de sus intereses o poder.

 

Es ejemplo, la justificación en los intereses difusos de la masa, el autoritarismo del Ejecutivo o, la creación de la empresa “Chivo”, para la imposición del Bitcoin. Los desfalcos a la economía pública, se hacen justificando obras a sobreprecio y, para intereses del grupo gobernante.

 

 

Si el Gobierno esconde sus gastos, declarándolos “reservados”, para sus dueños (los ciudadanos), es porque considera que estos, ya no son los verdaderos dueños: considera que el dueño, es el Gobernante, estableciendo separación entre la masa de habitantes y el Gobierno. Esta separación establece que quien no tiene poder de decisión, pero si, obligaciones, es un Tlameme, útil sólo, en la medida que lo sea, al Gobernante.

 

El anuncio de la rehabilitación de las líneas férreas en desuso, que hoy han sido titularizadas por las Alcaldías, para viviendas, a personas de escasos recursos, significa que tendrán que ser desalojadas y reubicadas donde el Gobierno decida; posiblemente, en tierras que hoy son de propietarios privados, pero que, bajo la nueva Constitución, serán designadas de “utilidad pública”.

 

Toda persona asistente a cada una de las marchas contra del Gobierno, es porque le afectan las acciones del Gobierno y son ciudadanos que luchan por sus derechos. El Gobierno, pretende fundar su legitimidad en la masa, pero ésta no votó, por la destrucción del sistema democrático, ni para renunciar a su libertad y convertirse en un Tlameme (esclavo de la era precolombina), ni para que el gobierno le use a su criterio, como de su propiedad; las marchas son expresión de libertad y soberanía. Cada marcha prueba de naturaleza ciudadana, que se resiste a ser Tlameme, bajo el yugo del Gobierno, ratificando que la soberanía reside en el pueblo y no, en el Gobierno.

PENSIONES Y ECONOMÍA PÚBLICA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

De forma integral, deben analizarse la reforma de pensiones y la economía pública, pues la separación existente, entre ambas entidades, desaparecerá en muy poco tiempo: la economía pública amenaza absorber la privada, como consecuencia de la iliquidez del gobierno y sus gastos, en creciente aumento.

 

Cuatro mensajes envía el anuncio de que los depósitos públicos, ya fueron retirados de la banca privada: 1) el Gobierno no tiene intenciones de honrar sus compromisos de corto plazo, con la banca nacional, 2) el Gobierno, enfrenta crisis de liquidez, ante la imposibilidad de acuerdos con las entidades internacionales y, la falta de claridad y orden en los gastos fiscales para el 2022, 3) existe la posibilidad de una forma de estatización del sistema financiero, a mediano plazo, para favorecer el uso del Bitcoin y 4) la reforma de pensiones tiene por objeto, permitir al Gobierno, utilizar fondos privados, por lo que ya no existe seguridad sobre la propiedad privada, ni la libre contratación.

 

La primera cuestión a dilucidar en la nueva Ley de pensiones, es la edad para la jubilación, que será de 70 años. ¿Cómo quedan los derechos de los pensionados actuales, menores a esa edad? El derecho a la pensión, es derecho personalísimo (intuito personae) que no puede ser alienado, pero al desaparecer, en el proyecto de Constitución, las garantías individuales, quedará a discrecionalidad del Estado, el derecho a la pensión y su cumplimiento.

 

La segunda pregunta es sobre la pensión mínima, equiparada con el salario mínimo, sin importar la cantidad ahora asignada o, la aportación hecha, durante la vida laboral, la cual guarda relación con los gastos y forma de vida del pensionado. Así, si la pensión de una persona resulta actualmente superior a la mínima, ¿será disminuida al mínimo, por el principio de solidaridad del nuevo sistema?

 

La tercera pregunta es: ¿El Estado puede liquidar las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero, para repatriar dichos fondos y utilizarlos en los gastos corrientes del Estado? ¿Cuánta será la perdida en dicha venta y, cómo responderá a futuro, a las obligaciones previsionales? ¿Cuál será el impacto económico de la “confusión” (acreedor y deudor se confunden) entre las deudas del Estado, con la banca nacional?

 

La cuarta pregunta es: ¿Es sostenible en el tiempo, este nuevo sistema de pensiones, si no hay crecimiento de la economía nacional, con una creciente población adulta por jubilarse? ¿Será de 80 años, la jubilación en el futuro?

 

Todo esto nos lleva a una siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo puede resistir una economía que pretende subsidiar la inflación, de manera populista? Sólo dependiendo de los ingresos de la actividad privada, en decrecimiento. ¿Se espera que nos financien otros?

 

La inversión en Bitcoin, solo favorece a una empresa privada, la cual es subsidiada por el Estado con fondos públicos. La falta de transparencia y corrupción, están llevando al colapso del sistema financiero y al robo, por parte del Estado, de los fondos privados de los pensionados.

 

Al haber, por falta de liquidez, un colapso de la economía, forzará a aceptar el Bitcoin (o cualquier otra criptomoneda, para evitar el trueque) con el que pagara el Estado, luego de haber drenado los dólares físicos, pues por ahora ya se plantea, el uso del dólar sintético (electrónico), que obligará a la convertibilidad en moneda física, con costo financiero.

 

Para evitar que el Gobierno del Estado, domine a la población, por medio de la economía, es necesario la manifestación, no de forma cuantitativa, sino cualitativa; solo así, podrá imponerse ante la masa en la cual, funda el Gobierno, la legitimidad de su dictadura.

PENSIONES Y DESCARTE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

El proyecto: nuevo Sistema Nacional de Pensiones, filtrado ayer, refleja el pensamiento actual del Gobierno, fundado en la “Cultura del Descarte”, cuya base es la publicidad y la obsolescencia programada: todo vuélvese obsoleto, para buscar lo más conveniente al Estado, que es representado, no por la ciudadanía, sino por los intereses del Gobierno.

 

Las teorías de Robert Malthus, economista británico del siglo XVIII, que en 1798 escribe su obra “Ensayo sobre el principio de la población”, expone que la sobrepoblación, es mal económico y social, pues la primera, crece de manera geométrica y la segunda (los alimentos), aumentan de forma aritmética, así que se genera un desbalance en la economía y en la satisfacción de las necesidades humanas.

 

Pruébase lo errado de sus teorías: la tecnología y los adelantos científicos han creado una sobredemanda de productos; pero sus principios, se han aplicado a otros campos, generando políticas globales unas y otras, nacionales, siguiendo diferentes criterios ideológicos, pero siempre en beneficio del Estado-Gobierno.

 

Hace un siglo, aparece el libro “Permiso para la destrucción de la vida indigna de vida”, de Karl Binding y Alfred Hoche: abrió el debate científico, sobre la eutanasia y, con posterioridad, extendiese hacia el aborto. Años después, en 1941, en Alemania, se les aplica la eutanasia a 70,000 pacientes, ampliando el programa hasta tener 200,000 victimas (PSIQUATRÍA CRIMINAL: EL PROGRAMA DE EUTANASIA DE LA ALEMANIA NAZI, de Gabriel Eduardo Guralnik, Universidad de Buenos Aires).

 

La propuesta del Gobierno: incluir el aborto y la eutanasia en la nueva Constitución, sigue los mismos principios, aunque se le llame “muerte digna”. También la exclusión de todo Juez mayor de 60 años, o la cancelación de la autorización de Abogado a quienes alcanzaron dicha edad y, prohibir a los médicos de esa edad de la práctica pública, sigue esos mismos principios: la utilidad caducada, para dar paso a los nuevos. Esta disyuntiva, plantea la cuestión: ¿Puede una persona, ser caduca en la sociedad?

 

Al margen de cualquier consideración filosófica o, de bioética, esta forma de pensar, crea preguntas prácticas: ¿Cuándo debe una persona pensionarse? En el nuevo proyecto se establece que, a los 70 años, con pensión mínima, sin importar su aporte, necesidades o derechos adquiridos.

 

Elevar el tiempo de servicio, es para dilatar la continuidad de recaudación del sistema, lo cual favorece al Gobierno. Disolver las AFP, ISSS e IMPEP y posiblemente el IPSFA, es para que sus recursos pasen al Estado: serán administrados por el Gobierno. Siguiendo esta lógica económica, dichos fondos serán para que el Estado, que ya no recibe préstamos internacionales, pueda subsistir o cumplir sus compromisos crediticios, con la seguridad de obtener nuevos financiamientos: todo a costa de la población cotizante y pensionados.

 

Durante el inicio de la pandemia, una de las primeras recomendaciones, fue que debían de evitarse los embarazos, por los efectos de los contagios; forma encubierta de ejercer control natal. La autorización de trabajo, de forma selectiva, es otra manera de control poblacional y determinar, quién es esencial o no, en la sociedad, a criterio del Gobierno. Dicha medida, fue causa de que la economía fuese más débil y que el Gobierno, pudiese extender sus planes de asistencialismo, con fines electorales. Los niveles de contagio son ahora más altos y la vida sigue con normalidad, mostrando que la destrucción de la economía, no tuvo impacto positivo en la sociedad: acrecentó el asistencialismo y poder del Estado.

 

Se conoce este proyecto de pensiones, el día en que la sociedad se manifestó, en defensa de la vida y la dignidad humana: reto del Gobierno a esta manifestación en las calles.