Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



miércoles, 30 de septiembre de 2020

ENTENDIENDO A BUKELE

 

ENTENDIENDO A BUKELE

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

A un año de su mandato, enfrentando muy serias crisis, es posible ya, definir a Bukele en su forma de Gobernar, determinar sus acciones futuras, a corto plazo, pues las de mediano plazo, son inciertas en todo sentido, relacionadas con la evolución del país y, la comprensión política de su Gobierno.

 

La campaña electoral que le llevó al triunfo, explotó en su provecho, las contradicciones entre los partidos políticos, creó su movimiento Nuevas Ideas, aglutinando a los partidos minoritarios, execrados políticos, necesitados de una corriente que los llevase hacia el poder dejando de ser minoría, que auguraba su extinción.

 

Ha continuado, desde el Gobierno, su campaña política-electoral, creando nuevas crisis, que procura usar en su beneficio, pero sin cuidarse de la “gobernabilidad y gobernanza” (acuerdos entre órganos y fuerzas políticas, orientadas a la eficiencia y calidad de los servicios públicos) que necesita todo país, para su pleno desarrollo; por lo que la unidad nacional, es destruida intencionalmente.

 

En su campaña, expone una verdad parcial, para sustentar muchas mentiras, que sólo pueden ser creídas debido a la ignorancia e incomprensión de la realidad nacional y, sólo ateniéndose a un entorno personal y limitado. Esta forma de Gobernar, ha desestabilizado al país: si se presenta un presupuesto, desfinanciado en dos mil trescientos seis millones de dólares, que tendrán que ser cubiertos con deuda, la cual es responsabilidad de los diputados y, su pago, tendrá que ser cancelado por “los mismos de siempre”, según afirmará Bukele: eso, no es la realidad. Tendrá que ser pagado por todos, mediante nuevos impuestos.

 

La manipulación del presupuesto, por el actual Ministro de Hacienda, retrasando los pagos a empleados, supedita a sus intereses políticos, los compromisos del Estado, poniendo las bases de un Estado totalitario, pues estimula el cambio en la inversión extranjera: de la corporativa legítima, a la de dudosa fuente financiera, claramente relacionada con las empresas ALBA y su lavado de dinero.

 

Aunque hay muchas denuncias en tal sentido, parece que Bukele aún goza de la confianza del Departamento de Estado, por sus políticas anti-inmigrantes, lo que le permite construir un cambio social, favorable a su estructura de poder: aunque no es un socio confiable, pues su promesa de romper con China continental, no ha sido respetada, por el contrario, ahora una pequeña isla, fue comprada por intereses Chinos: es estratégica para el establecimiento de la red de cables interoceánicos (Cable del Pacífico) que pretende establecer esta potencia, por lo que es de suponer que, en un momento dado, Bukele podría preferir  apoyos, contrarios a Estados Unidos.

 

Bukele utiliza el concepto “utilidad pública”: para extender el poder de su Gobierno. Este concepto es una potestad constitucional excepcional, que pretende hacer norma, en detrimento de la libre iniciativa. utilizando para ello, el populismo.

 

Busca manipular a sus aliados, dando, en el país, impresión de su fortaleza, mensaje que va dirigido hacia sus seguidores; ejemplo es lo que sus troles están diciendo: que la Diputada Milena Mayorga, ha sido designada como embajadora, por solicitud de los Estados Unidos, y fuerza el “placet” (aceptación del Estado receptor). Mientras que asegura a Estados Unidos que detendrá, por cualquier medio, la emigración ilegal y también bajo la mesa, asegura su estadía a los tepesianos, lo que ha generado ya, ciertos comentarios incómodos

 

Esta forma de gobernar asegura sólo una mayor confrontación interna y con ello, una crisis más aguda, que forzará a la emigración y que generará mayores controles poblacionales. Esto sólo puede ser evitado por la estabilidad y unidad nacional y, la promoción de los valores de libre iniciativa privada, en plena libertad económica e individual.

sábado, 26 de septiembre de 2020

LA CADENA NACIONAL


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

 

El empleo de la Cadena Nacional, por su contenido, en su última intervención, presenta dudas, sobre su legalidad: Bukele ha dado la impresión de que el Embajador de Estados Unidos, es un coadministrador de su Gobierno, burlándose del Congreso de aquel país, exacerbando nuestra tensa relación con Honduras, por la Isla Conejo. Todo, permite cuestionar su capacidad como Gobernante y, sobre los destinos futuros del país, como nación independiente y soberana.

 

El objetivo de una Cadena Nacional, es centrar la atención del país, sobre un mensaje de interés nacional: en su transmisión, consume recursos privados y fuerza a una audiencia nacional. Se basa la Cadena Nacional, en una potestad del Presidente de la República, que es ejercida en una excepcionalidad, pero su uso actual, es como plataforma electoral, rebatiendo lo que le daña personalmente, en su gobierno, haciendo señalamientos a sus opositores políticos y, en retórica de confrontación o de respuesta, como lo hizo ayer, es claramente ilegal o inconstitucional.

 

El principal atributo de un Gobernante, es el respeto, tanto al nacional, como al extranjero, pues su cargo, “el primero entre iguales”, no lo convierte en superior que responde a señalamientos: estos surgen, por la forma del manejo de lo que pertenece a todos, por lo que no puede responder, en la forma en que lo hace, mediante acusaciones personales o manipulaciones de videos, sacados de su contexto original, pues parecería que él asume atribuciones judiciales, interpretando la ley a su conveniencia.

 

La presentación del Embajador de los Estados Unidos, en un video, al inicio de la cadena, envía un mensaje: el Gobierno de Estados Unidos, me respalda y yo, le obedezco; luego se burla de los congresistas de aquel país, que le envían cartas, expresando su preocupación por el camino democrático de este país. Seguramente, dicho Embajador, tendrá que responder de ello.

 

Si no se conocía el movimiento “Defensa de la Constitución” y el medio “El Gato Encerrado”, ahora ya se conocen y, se puede apreciar que existe conciencia del peligro, en que nos encontramos y que existe una organización cívica, trabajando en tal sentido y, si el medio señalado, es incipiente aquí, no lo son sus donantes, y tienen el alcance de llegar hasta el congreso de los Estados Unidos, una situación que  Bukele desea evitar, y es razón por la que exige conocer sobre los donantes de todos los medios opositores y, bloquearlos.

 

Nuestra relación con Honduras es muy tensa, por la Isla Conejo y, el ejemplo puesto por Bukele, puede exacerbar los ánimos hondureños, lo que va en contra de las gestiones de Félix Ulloa, para buscar una integración centroamericana y, la celebración conjunta del Bicentenario de nuestra independencia. También pone en duda el tipo de cambios constitucionales deseados por Bukele, encomendados a Félix Ulloa.   Parece que Bukele, encomienda algo y luego, lo entorpece, para restar protagonismo. Igual estrategia, se percibe luego de ordenar al Ministro de Defensa, no entregar los archivos solicitados judicialmente y después, Bukele los muestra en Cadena Nacional.

 

Las manifestaciones por incumplimiento de las obligaciones del Gobierno, van creciendo y por ello, la Asamblea Legislativa exige cuentas; por tal razón, no deberá considerarse el Presupuesto 2021, mientras no se aclara lo ejecutado en el 2020, y se conoce realmente el estado financiero del país.

 

Si el Gobierno no quiere entregar los fondos, para el funcionamiento del Estado, hay un default de origen político y, si no se paga, por carecer de los fondos necesarios, hay un default técnico y los únicos responsables de la situación, son el Presidente de la República y sus Ministros, aunque diga lo contrario, en la Cadena Nacional.

 

 

 

lunes, 21 de septiembre de 2020

NUEVAS IDEAS

 


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia y la amenaza de un cambio constitucional, en base a la nueva correlación de fuerzas reflejada por dicha encuesta, obliga a un análisis sobre la existencia, composición y tendencia de Nuevas Ideas y del pasado fracaso electoral contra este movimiento, de la coalición ARENA-PCN-PDC y, del enfoque para evitar una posible mayoría legislativa, que destruya el sistema republicano y democrático de nuestro país.

 

Nuevas Ideas, no es partido político ni movimiento político tradicional: pertenece al grupo de los “movimientos espontáneos”(Primavera Árabe, Indignados, ANTIFA etc.), que carecen de estructura orgánica, pero se nutren de las “contradicciones sociales” (según concepto de izquierda); se aprovechan de la desilusión  causada por los partidos políticos tradicionales, que prometen cambios para mejorar la vida cotidiana, pero sólo crean políticos de “carrera”, que supeditan a su elección,  los intereses nacionales, sobre utilizando  las técnicas de la mercadotecnia, en el marketing político.

 

Zbigniew Brzezinski​, politólogo estadounidense, de origen polaco, dice que la tecnología publicitaria, “hace” la política y, se encarga de “manejar” a las grandes masas, apelando al sentimiento y no, a la razón. Pudo apreciarse este proceso, en el manejo político de la campaña pasada: vimos a los candidatos Ortiz y Calleja, apelando al sentimiento, mientras Bukele, apelaba a las contradicciones sociales, especialmente a los conflictos internos de cada partido opositor, para debilitar la alianza en su contra: mientras, las cúpulas pactaban entre sí, sus bases desbarataban los acuerdos, utilizando a los mismos activistas de esos partidos.

 

No teniendo definnida  estructura, creíase que Bukele, sólo contaría con escasos elementos, pero los seguidores de Bukele, se aglutinaron para las elecciones, siguiendo el comportamiento de un movimiento espontáneo (estructura molecular disipada). En este punto, entiéndese que el movimiento de Nuevas Ideas, es la sumatoria de los descontentos nacionales (particularmente de los partidos políticos) y que Bukele, con sus allegados es, en el movimiento un injerto, sólo para su provecho, saqueando las arcas del Estado.

 

Esta relación fue ya, explicada por Dagoberto Gutiérrez, antes del triunfo electoral de Bukele. Por ello, la posición del ex Ministro de Hacienda y del ex Presidente del Banco Central de Reserva, ha culminado en el cese de sus cargos, pues expusieron, a la luz pública, los manejos turbios, que pudiesen volver en su contra el movimiento que hoy lidera Bukele. Hay ya, descontento dentro de su militancia, por la elección de candidaturas impuestas, mostrando pequeñas escisiones.

 

Para controlar en la opinión pública, un cambio negativo, Bukele pretende competir y hacer quebrar a los medios privados de comunicación, provocando un cambio constitucional, que le permitiría desde presidencia, un mayor control sobre las instituciones del Estado que, sin ser dictadura formal, puede permitir, en la práctica, igual control.

 

Un mayor control de la Asamblea por parte de Bukele, sólo sería posible si no se denunciase sistemáticamente, el aberrante funcionamiento del Gobierno, desde la presidencia y, no se advirtiese, al más descreído ciudadano, de los peligros que conlleva cada acción del Gobierno. En cuanto más débil es, el poder económico de una persona, ésta tiene menos capacidad para apreciar el peligro en las acciones del Gobierno, cree que no le afectan directamente: sólo ve la corrupción de los políticos, señalado por Bukele, pero no ve que su forma de vida, está amenazada. Si depende su vida del trabajo diario, no especulará sobre lo que pasará en años subsiguientes, lo que implica la necesidad de una campaña en su lenguaje y necesidades, de las bondades del sistema actual y no, hacer campaña en base al asistencialismo.

 

Sólo comprendiendo el ser de Nuevas Ideas y de Bukele, podrá ser combatido.

viernes, 18 de septiembre de 2020

RAZÓN DEL CAMBIO CONSTITUCIONAL


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El cambio constitucional iniciado por Bukele y, ya delegado en el Dr. Félix Ulloa, es sólo un elemento dentro de la transformación social que pretende: tiene como causa tres factores, cuyo desarrollo, está en diferentes planos o dimensiones políticas: 1) cambiar la estructura del Estado, 2) cohesionar a la izquierda y 3) crear un distractor electoral.

 

El principal obstáculo de las pretensiones de Bukele, es la presente Constitución, cuyas disposiciones, al ser aplicadas por la institucionalidad, le han creado obstáculos e impedido erigirse en dictador, permitiendo así, los señalamientos pertinentes.

 

Un cambio Constitucional, borraría estos obstáculos y, dados los mensajes contradictorios que actualmente circulan: niegan los funcionarios, el cambio de artículos fundamentales y, pregonan que sólo sería un ajuste histórico de la Constitución; los grupos allegados al Gobierno, incluyendo los troles de Casa Presidencial afirman. que serán cambios drásticos, anunciando una transformación, lo que nos hace pensar, en cierto tipo de engaño a la población.

 

Para el ejercicio de un Gobierno dictatorial, la actual Constitución es un obstáculo: sin ella, no habrían podido mitigarse, los excesos cometidos durante la pandemia y, no podríase exigir cuentas de los dos mil cuatrocientos millones gastados en los últimos meses (según datos del Presidente del Banco Central de Reserva). Los varados no habrían podido regresar en vuelos humanitarios y, hubiese habido más intromisión en los asuntos económicos privados.

 

Aún continuaría el control poblacional, realizado durante los meses de confinamiento, conllevando el total colapso de la economía. La actual disputa por la prueba PCR para el ingreso al país (declarada inconstitucional), podría dejar más varados en el exterior y, poner en riesgo el destino de las líneas aéreas asentadas en el país. Además, pondría en riesgo, el abastecimiento nacional, por vía terrestre. Sólo la Constitución, en su aplicación concreta por la institucionalidad nacional, ha podido evitarlo.

 

Un cambio constitucional, evitaría tal valladar y, aunque ahora niega que pretenda la reelección y un cambio en los artículos pétreos (los que señala el Art. 248 inc. 4 y que dice “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.) Todo, contenido en los Artículos del 83 a 89 de la Constitución, integrado con las garantías constitucionales.

 

La izquierda ha exigido, desde los acuerdos de paz, un cambio en la forma de Gobierno y en el régimen económico, como parte inconclusa, del conflicto armado. El Dr. Félix Ulloa ha sido uno de los abanderados de esta tendencia y, es quien hoy tiene a su cargo dicha reforma, en contravención a lo establecido en el Articulo 248 inc. 3, que dice “La reforma únicamente puede ser propuesta por los Diputados en un número no menor de diez”. En consecuencia, si ya hay una inconstitucionalidad, no se respetará en el futuro, el espíritu constitucional actual. Esta acción consolidaría, en derredor de Bukele, el activismo de izquierda, que hoy está en su contra.

 

La gravedad de un cambio constitucional, en las condiciones presentes es tal, que no han aceptado muchos de los convocados a formar parte de esta iniciativa (que se pretende hacer en secreto), pues estarían legitimando tal ilegalidad, pero sirve de un distractor hacia sus gastos no justificados y a las arbitrariedades que, en el presente, están cometiéndose.

 

La Derecha debe comprender que, un cambio constitucional, en las condiciones presentes, afectaría lo logrado en los Acuerdos de Paz y, tendríamos un caos económico, favorable a las acciones de un dictador.

 

 

 

jueves, 10 de septiembre de 2020

CAMBIO CONSTITUCIONAL Y PACTO CON EL CRIMEN

 


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

No es tolerado internacionalmente, el pacto con las pandillas, pero en El Salvador, sí participa en la política electoral y, pide un cambio constitucional que, al final, estaría relacionado con el crimen organizado, haciendo del país, una “isla” en la cual, sería imposible el desarrollo sostenible.

 

Estados Unidos, Europa, Rusia y China (los cuatro grandes actores geopolíticos mundiales) no aceptan, ni pueden aceptar, la negociación con grupos criminales, pues al margen de sus intereses geopolíticas, está primero su soberanía (bajo el concepto clásico de: la autoridad absoluta de sus Estados y el control de sus Gobiernos), lo cual genera una agenda común contra el crimen organizado y, el separatismo. La negociación del Gobierno salvadoreño con las pandillas, rompe dicha norma: por lo que su repudio, podría sentirse primero, sobre las entidades multinacionales cooperantes o, la banca internacional, acrecentando el riesgo país.

 

El anuncio del inicio de un proceso, para realizar cambios constitucionales, sin otro fin que una adecuación a los tiempos modernos es, en realidad, para tratar tres aspectos fundamentales:  los derechos de la persona humana, la forma de gobierno y, la elección del mismo. Ya se vislumbra, en las declaraciones de funcionarios gubernamentales, un cambio en el sistema electoral, de contraloría pública y, en todo aquello, que ha incomodado al Gobierno, en el último año.

 

Los derechos sobre la persona, recaen sobre su libertad y, los aspectos económicos, sobre la libre disposición de su patrimonio. La forma de gobierno afecta la estructuración de los poderes del Estado y, su interrelación (que hoy ha impedido los excesos del Ejecutivo), en cuanto a la elección del Gobierno; ya se plantea la reelección presidencial y, un giro hacia la Democracia Participativa, siguiendo criterios populistas. En Venezuela, se dieron así, todos estos cambios constitucionales.

 

Para una reforma constitucional, se prescriben dos Asambleas, pero si se modifica “la filosofía constitucional”, dicha salvaguarda es irrelevante, pues el presente Gobierno ha violado, en repetidas ocasiones, los preceptos constitucionales y, teniendo el poder que le dan las armas y, sin oposición generalizada, sí pudiese darse un cambio radical, que nos alejaría, de los países democráticos.

 

El pacto con las organizaciones criminales, plantea, para el futuro, la necesidad de fuerza: el control territorial, que la PNC no ha podido sostener, ni la Fuerza Armada, recuperar, hace más fácil, dominar a la población, respetuosa de la ley, que dominar al crimen organizado. Sólo un cambio constitucional, que dé un giro a la estructura del Estado y al sistema democrático, puede legitimar un pacto con las pandillas, permitiendo un nuevo “pacto social”, en base al “poder popular”, que podría favorecer a las pandillas, con un cambio de forma “legal”, de su “estatus político”.

 

Solamente si la sociedad se une para defender la presente Constitución, podremos asegurar que permaneceremos en la línea de los países democráticos. El reflejo nuestro es Venezuela: Hugo Chávez, convocó a una constituyente, con los mismos argumentos que hoy se esgrimen en nuestro país.

 

Todo candidato a diputado, estará en la primera línea de defensa de nuestra Constitución, por lo que es vital, para la vida democrática, apoyar a cualquier candidato, sin importar el partido que lo lleve, pero que tenga como creencia, que la actual Constitución, garantiza la libertad individual, en un perfecto equilibrio, con la potestad del Gobierno y que, garantiza la libertad en su forma abstracta: la libre voluntad individual y en su forma concreta: el derecho de propiedad y la libre disposición de sus bienes.

 

El sistema republicano y democrático, garantiza el desarrollo sostenible, mientras que toda deformación del sistema, sólo ofrece opresión, tiranía y pobreza.

sábado, 5 de septiembre de 2020

CONTRADICCIONES PELIGROSAS

 

CONTRADICCIONES PELIGROSAS

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El anuncio del riesgo de FOMILENIO II, la relación del Gobierno con las pandillas, la creciente necesidad de dinero, la negativa a dar cuentas de lo gastado y, la debilidad electoral de todas las identidades políticas partidarias, se encuentran interrelacionadas, conformando una serie de contradicciones peligrosas, que pueden acrecentar la presente crisis nacional.

 

Las varias ayudas, de que goza El Salvador, se deben a los intereses geopolíticos y, a una comunidad ideológica, en sus fines con los donantes, es relación basada en el realismo simbiótico, de la comunidad internacional; es decir que, las relaciones internacionales de cooperación, no se dan como una obligación (como algunos Ministros creen):  se construyen en base a la conveniencia geopolítica y, afinidad en sus objetivos e intenciones, y todo, para mantener un balance de poder internacional. La razón de FOMILENIO II, es en tal relación y si ésta, se ve afectada, puede sufrir un efecto dominó en otras relaciones, tanto económicas como políticas.

 

La relación del Gobierno salvadoreño con las pandillas, (hecho público por un medio de comunicación, al que por distintas formas, el Gobierno ha procurado acallar) revela la incongruencia, de la ayuda que pretendemos recibir, con las acciones que realiza el Gobierno, pactando con las pandillas: que son un peligro regional para el sistema democrático y para la seguridad interna de Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia, ha desarrollado diferentes acciones, para combatirlo y así, el Gobierno salvadoreño, busca lo contrario del efecto que Estados Unidos, pretende lograr.

 

Toda ayuda internacional, es dinero público del cooperante, que no es empleado en su territorio sino, en beneficio de otro país, en su área de influencia. Si el dinero de FOMILENIO, ha sido empleado en actividades distintas, a las señaladas en los convenios o estos no se han ejecutado, en el tiempo establecido, sin importar el monto de la cooperación, es un entorpecimiento a la geopolítica del cooperante, un despilfarro de sus fondos públicos.

 

La relación del Gobierno con las pandillas, tiene lógica electoral: fortalece a la pandilla, porque afirma el vínculo que la une con el Gobierno y sus funcionarios, lo cual sería legítimo si éstas no fuesen estructuras delincuenciales, que actúan con la política, en una relación que favorece su interacción con otras, igualmente delictivas en la región y, debilitan el sistema democrático, favoreciendo la corrupción e impunidad.

 

Por ahora, la relación delincuencia-Gobierno de El Salvador, parece no interesar al Gobierno de Trump, por lo irrelevante de nuestro país, en su geopolítica mundial, pero las acciones de las pandillas, en los Estados Unidos, sí son de interés para el Departamento de Justicia, el Congreso y el FBI, en su lucha contra las estructuras criminales del continente, que afectan gravemente a los Estados Unidos y que, señalan que las pandillas, exportan hacia Estados Unidos, a los criminales más peligrosos de sus estructuras.

 

Esta relación del Gobierno salvadoreño con las pandillas, debe ser aclarada, así como la relación electoral de las pandillas, con los partidos políticos (no sólo con los de oposición como pretende señalar el Gobierno) pues si hasta el Gobierno (que se supone, según sus troles, tiene la mayor aceptación) ha tenido que hacer alianza electoral con partidos pequeños, es síntoma del rechazo de la población hacia los partidos políticos y, la necesidad del Gobierno de fortalecer, hasta con el crimen organizado, sus posiciones electorales.

 

Para que en El Salvador, haya una recuperación económica, debe lograrse la participación ciudadana, en un marco de política, excluyente del crimen organizado y con la unidad geopolítica continental, basada en los principios democráticos y de buen gobierno y no, en acuerdos con el crimen organizado.

miércoles, 2 de septiembre de 2020

LA EXPOLIACIÓN ESTATAL

 

LA EXPOLIACIÓN ESTATAL

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN

 

Todo dinero público, no invertido en sus fines, constituye expoliación (robo, fraude, despojo, usurpación, privación) al ciudadano. Por el desarrollo de la política cotidiana, con su lucha partidaria, olvidamos este concepto, pilar de nuestro sistema político actual: es necesario retomar el principio, desde su origen: las luchas liberales francesas y, la obra La Ley, de Frederic Bastiat.

 

El fin de la recaudación fiscal, es satisfacer, de manera indirecta, mediante un impuesto, una necesidad pública. O sea, recauda lo grabado (hecho generador) y se emplea para financiar diferentes servicios públicos o, de interés colectivo. La política practica ha inducido a creer que el impuesto, es forma de lograr una equidad social o, manera de sostener al Gobierno autocrático. En ambas formas, el ciudadano se convierte en un productor para beneficio del Gobierno o, en un “siervo”, en analogía con el feudalismo, sin ninguna diferencia práctica con las extorsiones ejercidas por las maras.

 

El ocultamiento de gastos, por parte del Ministro de Agricultura y su justificación, por parte del Ministro de Hacienda y las quejas e incapacidad de la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República en tal sentido, sólo prueban la expoliación que sufre la economía pública. Es ya bien sabida la corrupción del presente Gobierno, que suma más de mil millones de dólares, dinero que tendremos que pagar, porque los diputados se lo aprobaron en deuda externa. Tendrá que ser cancelada con sus réditos, por la generación subsiguiente.

 

Por tal razón Frederic Bastiat dice: “Cada uno de nosotros tiene un derecho natural – de Dios – para defender su persona, su libertad y propiedad” …, o sea que la Ley es injusta cuando se castiga el derecho a la legitima defensa de uno en favor del derecho adquirido de saquear el de otro. Esto lo hemos visto hoy durante la pandemia. El Gobierno con fines populistas intervino para impedir el legítimo cobro de las obligaciones contractuales de los particulares, mientras exigía que los impuestos le fuesen pagados.

 

Hoy se da un reglamento que impide conocer las contrataciones que el Gobierno realiza en nombre de la ciudadanía y del interés público y que, en todos los casos, se hacen con sobreprecio y calidad deficiente, para favorecer los intereses de algún allegado al Gobierno; esto es expoliación.

 

La necesidad de una contraloría pública, es congruente con los principios de buen gobierno, aplicados en todo país democrático. El dinero generado por los impuestos, es patrimonio de cada ciudadano, en su precariedad o en su abundancia, aunque el ciudadano no lo sienta así porque todos contribuimos a ello, de manera consiente o no.

 

La contraloría de la opinión pública, se desarrolla debido a la corrupción en el ejercicio del Gobierno, cuando los partidos políticos e instituciones que deben ejercer dicho control, según su modelo ideológico e institucional, siguiendo el equilibrio que pretende la República, llegan a acuerdos que aseguran la gobernabilidad, basada en la corrupción, por lo que sólo queda la contraloría social, vigilante de ese equilibrio, pues al romperse, en favor de alguien, hay tiranía y con ella, mayor corrupción.

 

La corrupción del presente Gobierno, está quedando legitimada por la inacción de la sociedad frente a sus pretensiones: es necesario que se interpongan los recursos respectivos y el ciudadano tenga claro, que cada centavo de deuda, implica que tendrá que trabajar más, para el Gobierno, que está convirtiéndose en su “Señor” y no, en su representante. La inacción ciudadana, está permitiendo la creación del “Leviatán”, descrito por Thomas Hobbes, en la justificación del absolutismo del Estado.

 

 

martes, 1 de septiembre de 2020

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA POLÍTICA


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El anuncio de que el Ejecutivo está preparando, además del espectro cubierto por sus troles, un sistema comunicacional de televisión, radio y medio escrito, refleja un cambio en la estructura social, que afectará la política, no en su dimensión electoral, sino conceptual y, las recientes modificaciones al reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, junto a las declaraciones del Ministro de Hacienda, prueban que este cambio, será realmente estructural y terminará afectando los preceptos constitucionales que rigen al Estado salvadoreño.

 

La libertad de expresión, garantizada en el Art. 6 de la Constitución protege, en su dimensión política, la libertad de discusión y exposición, sobre todo tema atañendo a la colectividad o a un sector de la misma. El inicio de la “tendencia política”, nace del ejercicio de dicho derecho. Toda interferencia, en el conocimiento de los hechos, distorsiona la opinión política y por eso, todas las asociaciones de prensa o relacionadas, insisten en la imparcialidad y veracidad de las noticias, a fin que el ciudadano, en base a tales hechos, pueda formarse opinión política.

 

El Gobierno, al competir con los medios privados, se propone crear una realidad alterna, sobre hechos que la audiencia no ha experimentado directamente, aunque son de su interés. Para apreciar los efectos de esta manipulación, basta observar el acoso y las sanciones que sufrieron los medios en Venezuela, hasta que todos fueron adquiridos por el Estado o, aceptaron su línea de opinión. Otro ejemplo: la propaganda que Joseph Goebbels, mantuvo en la Alemania nazi, hasta que la realidad supero la propaganda (el triunfo de los Aliados).

 

El cambio que Bukele parece estar dando a la estructura y funcionamiento del Estado, se refleja también en el reglamento de la LACAP (decretado por el Ejecutivo) y que contradice la misma LACAP. Es situación que tendrá que ser dirimida en la Sala de lo Constitucional; pero mientras tanto, permite que se realicen compras estatales, sin la transparencia que exige el gasto público.

 

Otro rasgo de este cambio, es el anuncio del Ministro de Hacienda de no ir a la Asamblea Legislativa a explicar la razón de que no se ha pagado a los veteranos, habiendo una ley que lo manda y está dicho pago, contemplado en el presupuesto. Dicha negativa, rebaja a la Asamblea Legislativa a un Órgano de segundo orden, supeditado a las necesidades del Ejecutivo, que recurre a él, sólo cuando lo necesita (autorización de préstamos y supresión de garantías constitucionales) y no, como el Órgano que representa a la totalidad de los ciudadanos, autorizada constitucionalmente, para solicitar explicaciones sobre cualquier tema.

 

La pretensión del Ejecutivo, de dominar las comunicaciones, una competencia desleal hacia las no gubernamentales, pues el Estado ya domina e impone las reglas a los espectros radiales y pretende controlar la internet, mediante los proveedores locales; podría entonces, acallar cualquier disidencia de opinión o, evitar que se difunda la noticia que viene del exterior. Será un aparato más, que tendrá que ser sostenido con fondos públicos, hasta que haya acaparado los espacios publicitarios privados para luego, desaparecidos estos, ejercer un mayor control sobre la economía y la política: controlando la publicidad de lo comerciable y, manipulando los hechos.

 

La libertad de expresión en los medios, se mantiene en un balance natural, basado en la libre oferta y demanda. Se logra la imparcialidad, dando cobertura a todo aquello que genera algún interés a la sociedad, pero si el pensamiento es inducido por el Estado, mediante la saturación comunicacional, la realidad será deformada, hasta que la verdad sea inocultable para el país, dolorosamente muy tarde.