Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La ingobernabilidad es la incapacidad del gobernante,
para solucionar o, satisfacer las necesidades nacionales, para el desarrollo
sostenible, en un plano de armonía social, dentro del concierto de las
naciones. El Gobierno de El Salvador está ahondando, las crisis sociales ya existentes
y, poniendo en riesgo, la estabilidad geopolítica del área, sin que los
ciudadanos, tengan voz ni voto, en las políticas públicas, debido a la elección
de funcionarios, fuera de un equilibrio e independencia dentro de los poderes
públicos.
La crisis económica que se avecina, provocada por la
adopción del Bitcoin y la iliquidez nacional, tiene su origen en la falta de
controles efectivos en la contraloría de fondos públicos. Así, la separación de poderes,
esencial para el convivir armónico de la sociedad, ha desaparecido, al unificar
las estructuras del Poder Legislativo, Judicial, Ministerio Público, y Corte de
Cuentas, bajo el criterio único, del Órgano Ejecutivo, conllevando la
desaparición de la autonomía municipal, para poder convertir el ordenamiento
jurídico, en un instrumento de presión política, a criterio de la conveniencia
del Presidente de la República.
La utilización política del Órgano Judicial, se ha
dado muy lentamente, para procurar deducir responsabilidades, sobre Derechos
Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad, que se dieron durante nuestro conflicto
armado. Instrucción de cinco años, sin claridad en el futuro cercano, de ser
elevado a plenario, con imputados que no estuvieron en el lugar de los hechos y
juzgados por un tribunal, sin jurisdicción. Esta aberración jurídica, fue por
cuestiones políticas, no finalizadas con los Acuerdos de Paz. Aunque sus
efectos, no lesionan en general la institucionalidad, sí abren el camino, para
la politización de la institucionalidad jurídica, al servicio del
autoritarismo.
Cuando Bukele, pidiendo la inspiración de Alá, se toma
la Asamblea Legislativa, el nueve de febrero de 2021 y, ante el desconcierto de
la mayoría de Comandantes de las diferentes unidades militares, el país entra
en un proceso de destrucción y, unificación de facto de los distintos poderes
que conforman el Estado, hasta culminar con la remoción de la Sala de lo
Constitucional y del Fiscal General de la República.
Sólo así, ha podido mantenerse en prisión, a antiguos
funcionarios del FMLN quienes, según el Código de Procedimientos Penales,
deberían gozar medidas substitutivas. Igual suerte, ha corrido el exalcalde
Ernesto Muyshondt o, no habría sido desaforado el Diputado Norman Quijano.
Estos casos son emblemáticos, pero la remoción forzosa de jueces, a finales de
2021, también ha atentado contra la seguridad jurídica, así como los miles de empleados
públicos despedidos ilegalmente, pues los mecanismos o recursos legales, han
sido inexistentes, como medio de alcanzar la justicia y, solventar un
conflicto.
La confiscación de la sede de ARENA, carece de
fundamento, salvo por la conveniencia política del Gobierno, igualmente la
reapertura del caso Jesuitas o, el impulso dado al caso Calabozo.
La comunidad jurídica está obligada a estudiar estas
situaciones, desde el punto de vista del rompimiento del orden Constitucional,
pues sus efectos, ya se manifiestan en el incumplimiento de tratados
internacionales que en definitiva, ha beneficiado al crimen organizado y a la
consolidación del control territorial de las pandillas.
La aventura del Bitcoin, apenas comienza y ya nos ha
costado la iliquidez de nuestra economía. Sólo podrá ser parado, por la acción
de la Corte de Cuentas, pero ésta no puede operar, fuera del sistema jurídico
efectivo, el cual ya no existe.
Los problemas del país, no son ya políticos o
económicos, sino de institucionalidad, por lo que es necesario que el orden Constitucional,
sea reestablecido, de lo contrario, la función del Abogado, Juez y Profesor de
Derecho, serán en el futuro, para la sociedad salvadoreña, innecesarios.
