Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



martes, 28 de abril de 2020

REACTIVANDO LA ECONOMÍA



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

El anuncio de que la cuarentena, se extenderá más allá de mediados de mayo, nos hace reflexionar, sobre cómo podrá realizarse la reactivación económica: depende de ésta, el bienestar de los salvadoreños y, el cese de su emigración.

Son dos, los criterios al respecto, claramente definidos: el del Gobierno y el de la Empresa Privada. Él primero procura crear pugna entre ANEP y FUSADES: los enfoques económicos de ambas organizaciones son coincidentes, aunque de distintos matices, pues la ANEP, como gremial empresarial, ve todo, desde el punto de vista práctico de sus asociados y, FUSADES, desde un punto de vista macroeconómico, enlazando el entorno nacional, con el internacional, en visión de “sistema” económico; así las visiones conjuntas, son cruciales para una efectiva recuperación económica.

El asistencialismo generalizado es eje del Gobierno, potenciando sólo ciertos sectores, según, su criterio de importancia, en el orden social. Parte, de la estrategia gubernamental, es asegurar la canasta básica de 1.7 millones de hogares que, a un promedio, de cinco miembros, casi abarcaría el 100% de la población; si destina $ 50.00 por familia, espera que cada miembro coma con 0.11 ctvs. por tiempo, complementando esto, con el reparto de semilla y fertilizantes, para el campesino y así, tener la “seguridad alimentaria”, lo cual puede satisfacer la necesidad de maíz y frijol del micro productor que, en el mejor de los casos, cubrirá sus propias necesidades, pero  sin satisfacer, las agroindustriales, de producción alimentaria, porcina, vacuna o aviar; condenando al país, a una economía de subsistencia.

La otra propuesta del Gobierno: subsidiar parte de los salarios de los sectores deprimidos, para que el patrono, cancele el resto: crearía una injerencia gubernamental en las empresas, puesto que funcionaría, en el sector industrial, siendo inicio, para una coadministración:, muy difícilmente, podría funcionar con el sector servicio, dependiente de franquicias extranjeras o, de la PYME, pues muchos de ellos, prefieren la informalidad (aunque pagan impuestos municipales) para disminuir costos administrativos y, complicaciones en caso de cierre.

Un elemento que el Gobierno no menciona, en sus planes de recuperación, pero sí, sus troles, es la transformación “social y estructural”, la cual va mucho más allá, de la alternancia en el poder.

El último elemento a considerar, es que se ha ignorado toda recomendación, para un ajuste tributario, como lo hacen diversos organismos internacionales, para hacer sostenible al Gobierno, luego de esta crisis económica mundial. Plantease un escenario para el país, semejante al venezolano, luego de su crisis petrolera y, la agudización de su crisis política (2001 y 2002), lo cual llevó a la idea del modelo “endógeno de la producción”.

Esta idea económica, inicialmente desarrollada por Oswaldo Zunkel (neo-estructuralista), explica ciertos fenómenos económicos: fue desarrollada en un contexto de transformación, como alternativa económica-política, a los modelos propuestos por la CEPAL y el FMI. Esta nueva visión económica, acentúa las “economía solidaria”, “economía social” y “economía popular”, que generaron desde el 2003, una economía cuyos resultados ahora son claros: pobreza para Venezuela

La reactivación económica, deberá ser integral, pues la sociedad es un tejido interconectado, conforme a la voluntad, las necesites personales y sus capacidades individuales; así la reactivación, debe de venir desde el entorno internacional , activándose mediante las gremiales, poder así, llegar a la tienda del barrio, pues si el Gobierno pretende asistir a estas, en gestión populista, ésta sólo podrán distribuir productos subsidiados y, bajo control de cartillas de racionamiento, como hace hoy Venezuela.

jueves, 23 de abril de 2020

¿CHAVISMO EN EL SALVADOR?



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Evidente es el cambio político en El Salvador:  lo confirman los señalamientos en el extranjero: conviene aclarar, cómo ha sido el mecanismo de cambio y, cómo será el devenir geopolítico del país.

Ha sido la pandemia, sólo un factor distractor, fundado en el miedo colectivo a la muerte y, con el cual, ha sido posible, el control poblacional; y ha permitido, que se sumen a él, todos los partidos políticos, con sus funcionarios Municipales y que, la Asamblea Legislativa, funcione bajo la autoridad del Presidente, pero con cierta apariencia de legalidad: los diputados ven la pandemia como una posibilidad electoral, sin considerar el orden o principios constitucionales violados, como  el incumplimiento a las Sentencias del Órgano Judicial, las detenciones arbitrarias, sin ser sometidas a proceso judicial, o a criterios científicos y, la impotencia del Fiscal General, para hacer valer la Ley, son claves para determinar el Estado de autoritarismo, en el cual vivimos.

Para lograr lo antedicho, se ha utilizado la fuerza soberana, atribuida a las manifestaciones en redes sociales y, la cual, en sí misma, constituye un fraude a la soberanía nacional: considerando que existen cerca de 700,000 cuentas falsas, en Twitter, Facebook y, otras redes sociales, que inducen y combaten al pensamiento disidente.  Si consideramos que la población total del país, en relación a esas cuentas, es de 12%, y si lo aplicamos a los políticamente activos, que son cerca de 2,000,000, esta relación, es de 28.86% y, si la sumamos a sus apoyos naturales (personas con algún resentimiento político o, compradas por el asistencialismo estatal presente) Esta relación llega a un 70%, y así, el Presidente se siente muy sólido en su autoritarismo:  es  falsa apreciación de la soberanía, la cual no es posible verificar hoy, salvo por medios electrónicos, los cuales son manipulados por el Gobierno y que cierra hoy, algunas cuentas de opositores, incrementando favorablemente su  proporción.

Establecida la presunción del goce de la voluntad soberana, basta con la supresión de los sistemas móviles (cuentas), para anular la oposición, lo cual se percibe, por medio de las redes sociales, aparentando que con el Presidente, está el 99% de la voluntad soberana, legitimando sus acciones. La extensión de las restricciones de movilidad y, la restricción al libre pensamiento, van destinadas a fortalecer al Gobierno, en sus planes de transformación social, antes de que la presión internacional sea catalizada por la oposición nacional.

Otro aspecto a considerar, es la reactivación económica:  ha sido aplazada por el Ejecutivo, no permitiendo un análisis real; solo basado en las especulaciones de lo dicho por sus troles, salvo la petición de 1,000 millones más, en deuda pública. Parece indicar que estará basada en una economía dirigida y manipulada, desde el Gobierno y la gran empresa, con un control férreo de la población, pues la movilidad que hoy se restringe, va adquiriendo formas más complejas: mayores controles (horarios de mercados, registro computacional de las personas que compran, abastos limitados para cada sector, fijación de precios y, exclusión del sistema a mayores de 60 años). Todo muy similar a Venezuela.

Por la necesidad de la pandemia, se hace prevalecer el principio de “utilidad pública” y, si se ha utilizado para el cierre de empresas, puede utilizarse también, para confiscaciones, en una nueva forma: la supresión del Uso y Usufructo, dejando al particular, sólo la Nuda Propiedad.

Este sistema no es compatible con el sistema capitalista del mundo Occidental y, pudiera acercarnos geopolíticamente a China, Singapur, Rusia y a los países árabes o Irán, que todos han apoyado a Venezuela, en su momento y con ellos, el Presidente Bukele, ha estrechado relaciones.

martes, 21 de abril de 2020

CAOS ADMINISTRATIVO



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Los Decretos Legislativos, Ejecutivos, de Consejo de Ministros, Sentencias constitucionales y Vetos, han generado tal caos administrativo, que  destruyen la base jurídica del país: primero, por la incorrecta redacción y segundo, porque su aplicación, se hace en base a interpretación exegética y no, por la interpretación gramatical, propia de un texto claro y preciso y, sin considerar lo contradictorio de los decretos, con la Constitución, en su interpretación clásica o de su espíritu, luego de los Acuerdos de Paz.

La Alcaldía de San Luis la Herradura ha anunciado el cierre de su municipio: podrán ingresar únicamente, camiones con alimentos básicos, autorizándose la compra-venta de dichos productos, una vez a la semana. Los infractores de estas disposiciones, serán castigados con trabajo forzado. La Alcaldía de Santa Ana, ha previsto la venta escalonada de productos: el ingreso al mercado, será supervisado por el Ejército y la PNC. La Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, ha ordenado toque de queda y, restricción a su ingreso; solo podrá hacerse, portando un tiquete, las infracciones serán castigadas con internamiento. La Alcaldía de San Salvador, cierra su centro histórico y, sólo podrá ingresarse, previa justificación, sin considerar que en ese perímetro, se encuentran los Tribunales, Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. La Alcaldía de Santa Tecla, ha cerrado el paso natural, hacia el occidente del país.

Tiene origen, dicho caos administrativo, en la totalidad de la legislación formulada en estos días; alterando también, las relaciones civiles-mercantiles privadas y, las sujetas al Derecho Social, volviéndolo todo, de Derecho Público, pues característica de este Derecho, es que sus mandatos, no están sujetos a la autonomía de la voluntad, que pudiesen ejercer las partes: decir “sí” o “no”, en virtud del uso legítimo de la voluntad. En tiempos normales, podríamos acudir a un tribunal para dirimir el conflicto, en base a la legislación vigente, pero hoy se impone la voluntad del Gobierno.

Dicha situación nos obliga a preguntarnos: ¿Qué está sucediendo, al margen de la pandemia y, encubierto por ésta? En la entrevista de un programa matutino, se preguntó a dos abogados: El, defensor de la legalidad y ella, con la visión del actual Gobierno. La abogada, afirmó que, el Derecho salvadoreño, ha quedado superado por la nueva realidad y, conforme a esta, el Presidente interpreta la Constitución, encarnando el Interés Público; afirmó también, que el Presidente fue electo por el voto directo, no así los Magistrados y que, los diputados habían perdido su legitimidad, al ser derrotados sus correspondientes partidos en las elecciones.  Esta forma de pensar, plantea nueva realidad del país, aunque se oponen la Constitución, leyes vigentes y sus instituciones.

Por esta razón hemos visto, pronunciamientos de las distintas asociaciones de abogados y de jueces, de personas de la sociedad civil y, de diferentes funcionarios públicos, ajenos al Ejecutivo, aunque con criterios no siempre coincidentes, ya que no existe una oposición organizada; sin embargo, ante cada palabra en contra del Gobierno, se alzan las voces de los troles, señalando como culpables a “los mismos de siempre”, así designan a los opositores, haciendo un llamado, para acabar físicamente, con ellos.

Claro está el rompimiento al orden constitucional, pero las autoridades sienten miedo de aplicar los mecanismos legales pertinentes pues, en última instancia, tales mecanismos tendrían que ser ejecutados por la Fuerza Armada y así, se preguntan, ¿responderá ésta al requerimiento, positivamente?, si la respuesta no fuese favorable, se reconocería un gobierno de facto y este cambio, perjudicaría directamente a los funcionarios y a la institucionalidad nacional.

El destino de la Nación es incierto: sólo la unidad nacional, puede preservar nuestro orden constitucional, leyes e instituciones vigentes.

domingo, 19 de abril de 2020

NUEVA REALIDAD NACIONAL



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Se ordenó el cierre total del Puerto de la Libertad, por tiempo indefinido, porque en este, se había vuelto a las actividades básicas para la vida; marcó este hecho, nueva realidad política, cuyo peligro, supera a la pandemia que aqueja universalmente.

Gracias a las actividades en los mercados, en la mayoría de las ciudades del país, se ha retornado a una vida casi normal, en cuanto al abastecimiento de alimentos. Esta actividad la sostiene el sector informal, para ganarse el sustento diario. Notorio es que las personas se esfuerzan por cumplir las disposiciones sanitarias, pero muy difícil sostenerlas, cuando sólo se tienen mascarillas fabricadas artesanalmente, con telas inadecuadas, que se consiguen por un dólar; siendo de este modo, más un símbolo, que un instrumento de verdadera protección.

Cuando se publicaron fotos del dinamismo mercantil, impulsado por la necesidad de vender y comprar alimentos, actividades de los sectores informales de menor capacidad económica, el castigo fue el cierre total del Municipio. Recurrir a un supermercado, implica más tiempo y esfuerzo: de una y media horas, a dos horas para poder ingresar y disponer de un máximo de veinte minutos para comprar. Los productos son más numerosos, pero también de mayor precio. Los ciudadanos generalmente, se limitan a comprar los alimentos básicos de más bajo precio y, la falta dinero por los despidos, empieza a ser masivo.

El castigo colectivo, implica un retroceso en la concepción penal: su aplicación fue muy común en tiempos bíblicos, el medioevo y, hasta las últimas incursiones musulmanas a Europa. Inconcebibles son, en tiempos modernos: sólo aplicados por Hitler, en los territorios ocupados y, por los más duros regímenes comunistas.

Si lo entendemos bien, la desobediencia a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, es desacato al Órgano Judicial; los constantes vetos, a la Asamblea Legislativa, en un intento de frenar sus excesos sobre la población, e imponer sus Decretos Ejecutivos, por sobre la Ley, es desobediencia al Órgano Legislativo y la legalidad. El desconocer al Procurador de Derechos Humanos, impedir que tengan asistencia legal los detenidos y, denegar información por lo sucedido en el Puerto de la Libertad, al Fiscal General de la República, (que vela por la legalidad en el país) por parte de un oficial, constituye, en su conjunto, el desconocimiento de las funciones del Ministerio Público.

La Corte de Cuentas ha sido sutilmente, substituida por la CICIES, como ente dependiente del Ejecutivo, para poder auditarse, a sí mismo. Al dar facultad a las Municipalidades para que ejerzan control poblacional en sus municipios, bajo lineamientos de Protección Civil (Órgano Ejecutivo) y, que pongan a su personal a disposición de éste, se opera cambio de funciones administrativas, que rompe el principio constitucional, de la autonomía municipal y del Código Municipal.

Ahora hay 16,000 efectivos militares, 30,000 PNC, ejerciendo control de vigilancia, a los que se han sumado 33,000 vigilantes privados que, por medio de protocolos, están obligados a informar y asistir, en casos de disturbios y se suman ahora, un mínimo de 12,000 empleados municipales, entre el Cuerpo de Agentes Municipales y personal no armado, pero participantes en los controles. Todo, en su conjunto, implica una militarización y control que va mucho más de lo que exige una pandemia y que, extiende su control, hasta aguas profundas, a decir de los pescadores entrevistados, por lo que se ha suspendido la navegación costera artesanal.

A los señalamientos de asociaciones de Abogados y Jueces, se une al clamor que indica que ya existe una dictadura, sin que pueda protestarse o, activar los recursos jurídicos pertinentes, por imposibilidad material, debido a los controles gubernamentales.

viernes, 17 de abril de 2020

DE LO QUE NADIE QUIERE HABLAR



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Las infecciones en el personal de salud causarán, a plazo inmediato, un impacto negativo en la sociedad; los efectos económicos de la paralización de la sociedad, causarán un impacto aún mayor y a corto plazo.

Las inesperadas y recurrentes infecciones colectivas, en los distintos centros de salud, son a causa de los malos protocolos médicos, dados por el Ministerio de Salud y, la falta de preparación en la protección del personal sanitario, denota el descuido del Gobierno hacia ese sector.

Ver a médicos y enfermeras, protegidas con bolsas anaranjadas de supermercado y, usando mascarillas saturadas, más allá del tiempo técnicamente indicado, asegura que, llegado el pico de la pandemia, que será inevitable, nos encontraremos sin personal de salud. La formación de un médico, tarda más de diez o doce años, según su especialidad y, su eficiencia, depende del personal que le apoye: enfermeras, laboratoristas, personal administrativo y técnicos médicos, además de otros profesionales, con especialidades diferentes y si no hay una armonía en su conjunto, el servicio será deficiente: se hará sentir, cuando la pandemia alcance su pico.

Pasada la pandemia, nos encontraremos con que el Gobierno carecerá del dinero suficiente para enfrentar los correspondientes servicios básicos, pues los recursos del mismo, fueron gastados en acciones inútiles: asistencialismo público y economía dirigida. Ejemplo de ello, es el caso de ANDA que, al suspender el cobro de sus servicios, para ser hoy un modo de asistencialismo, necesita $ 8000,000.00 para pagar los salarios y no suspender un servicio sin el cual, no es posible subsistir.

El mes de abril representa en el año, la mayor recaudación del Estado y, su proyección es la base del presupuesto: lo demás tendrá que ser cubierto con deuda pública. Por las propuestas actuales del Ejecutivo, puede inferirse que se está preparando para crear un nuevo presupuesto, ajustado a los gastos actuales, suprimiendo muchas de los proyectos previamente anunciados y, muy probablemente, tendrá que plantearse una serie de nuevos impuestos, para poder equilibrar gastos futuros.

Las emisiones de nueva deuda, propuestas por el Gobierno y, aprobadas por la Asamblea Legislativa, muy difícilmente podrán ser colocadas con éxito o, a un interés favorable, pues todos los economistas, prevén una crisis más aguda que la del 2008 y, una contracción parcial de los mercados globales, con un fuerte proteccionismo arancelario, lo cual no es favorable para una economía como la nuestra, peor aún, si las remesas caen.

Para entenderlo veamos este ejemplo sencillo: el pan que se compra en la tienda, proviene de trigo que viene del extranjero, la manteca, viene de aceites importados y, el gas o electricidad provienen en su totalidad o mayormente, del extranjero y, todo se paga en dólares. Por eso, la economía salvadoreña tiene que ser sufrientemente dinámica, pero con la suspensión de la actividad económica, queda con un impulso que se está agotando en pago de salarios, sin asegurar producción. La suspensión de pagos entre particulares, es como obligar a comprar el pan fiado, con lo que falta dinero para hacer más pan.

Muy probablemente, el Gobierno pretende que los bancos o las AFP, estimulen la economía, pero esto pondría en riesgo la liquidez de los mismos, si el Gobierno insiste en dirigir la economía, porque se estaría empleando el dinero de los ahorrantes y, sacrificando las inversiones que son propiedad de los trabajadores formales, poniendo en riesgo el sustento mensual de los pensionados.

En esta pandemia, se debe proteger a las personas mayores, en riesgo y, al personal de salud, pero no conviene detener la maquinaria productiva, porque se carecerían de los recursos para la protección de las personas que lo necesitan.

jueves, 16 de abril de 2020

EL AUTORITARISMO INFUNDE MIEGO



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Temor, mucho temor infunde este Gobierno: temor por el coronavirus y temor a la disidencia contra el Gobierno. Caracteriza al autoritarismo, el temor y la despersonalización del individuo, es su consecuencia

Al negarse el Presidente, a cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, se despersonaliza a las víctimas, objeto de la tutela de la Sala, pues el Gobierno se limita a expresar, que son más de dos mil personas apresadas, de quienes, el Órgano Judicial desconoce sus nombres, no pudiéndose, por lo tanto, individualizar sus derechos violados y deducir responsabilidades directas, solicitando la intervención de la Fiscalía General de la República. La presente situación de violación de Derechos individuales, de forma generalizada y anónima en sus víctimas, es lo que ampara la Justicia Universal y la Justicia Transicional.

La negativa del Gobierno, de establecer los listados de personas en el exterior, que desean ser repatriados, equivale a negar individualmente su ciudadanía y, su calidad de persona cuyos Derechos Humanos han sido violados y, hacerles acreedores de un estatus especial, por el Derecho Internacional Humanitario, que les permita retornar al país, por una condición humanitaria. La campaña de miedo al coronavirus los ha estigmatizado en El Salvador y el Gobierno les utiliza en sus fines políticos.

Aquellas personas que son de opinión disidente del Gobierno, están siendo amenazadas por quienes dicen ejercerán fuerza, por vía de las armas, para defender al régimen, amenazando asesinar a la oposición. Esta situación de amenaza, pone al Estado de El Salvador como autocrático y que puede, a corto plazo, degenerar en una tiranía.

La autocracia implica que, las instituciones existentes, no puedan ejercer su función constitucional y que, el orden jurídico, dependa de un autócrata. Esta situación, se da cuando el Órgano Ejecutivo gobierna por medio de decretos, que impone por sobre las leyes y sentencias, e interpretando a su capricho, la Constitución.

Los grupos de troles que han manifestado ejercer fuerza, contra los opositores (asesinarlos) equivalen a los motorizados o círculos bolivarianos del chavismo, la SS y la Gestapo de Hitler o los Tomtom Macute de François Duvalier.

Los términos empleados por los troles y activistas oficialistas, son “Poder Popular” y “Seguridad alimentaria”. El poder popular implica el ejercicio del poder de la masa, expresado en la democracia participativa en la cual solo está, quien el dictador considera “pueblo” y que este, se exprese de manera directa, por medio de las organizaciones de barrio. El poder popular, tiene su origen en el chavismo y se encuentra vigente en Venezuela.

La seguridad alimentaria, es entendida por el presente gobierno, como la economía estatal dirigida a las necesidades nacionales y tiene su origen en el chavismo, que da al final expropiaciones. Explican los ataques a la producción en El Salvador y la nebulosidad de los planes económicos gubernamentales. Esta situación nos llevará a condiciones similares a las que justificaron la expropiación de la banca en los años 80´s.

Todas estas señales están unidas al temor al coronavirus y, su desarrollo o ejecución depende del avance en sus planes, de control absoluto del Gobierno, para al final, ejercer fuerza, mediante sus grupos de choque, pero serán ejecutados por grupos especiales de la OIE, ya formados ad hoc, y sus acciones serán encubiertas por “el clamor popular”.

El caos jurídico y de salud, desatado por el Ejecutivo, son una forma de distracción, para sus intenciones encubiertas, de crear un Estado autoritario y dictatorial. El éxito de su idea dependerá de la resistencia de la oposición, que se ve desarticulada por el endurecimiento de las medidas de control sanitario presentes y, por sus maniobras de distracción.

lunes, 13 de abril de 2020

DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Merece un análisis, el hecho de que la organización Human Rights Watch haya enviado una carta al Presidente Bukele, por el incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y las violaciones de los Derechos Humanos, en los recientes días, dentro del régimen de excepción vigente: los señalamientos los hace la mayor organización de Derechos Humanos en el mundo, con fuerte influencia en la ONU, OEA, UE y sus recomendaciones e influencia, se han hecho sentir en Centroamérica, al grado de modificar los conceptos jurisprudenciales judiciales e influir en los criterios de la Asamblea Legislativa.

El irrespeto del Órgano Ejecutivo, a las distintas sentencias de la Sala de lo Constitucional – con las que trata de corregir los excesos y abusos del Ejecutivo , en contra de la población -, ha dejado a la vista, la falsedad jurídica, base de las acciones del Ejecutivo: “la vida humana, debe privilegiarse sobre todos los demás derechos”, esta aseveración es falsa, pues la vida, en su dimensión física, depende del ejercicio pleno, en conjunto, de todos los demás derechos, sin reñir, con la libertad y los derechos económicos.

La higiene pública, posibilita el confinamiento forzoso de una persona infectada, cuando se le han realizado las pruebas pertinentes, pero no, por una mera presunción: por salir a la calle o no portar mascarilla. Son la razón de dos decretos: uno por la pandemia y otro, restringiendo la libertad, para no tener que no justificar, con pruebas médicas, el internamiento y, negar el ingreso de salvadoreños; este fraude ha sido entendido claramente por la Sala de lo Constitucional y, tratado de corregir, mediante diferentes Habeas Corpus, aclaraciones y resoluciones de seguimiento.

La vida es protegida en la integralidad de sus derechos, no en supuesta colisión, de uno contra otros. Cuando la Fuerza Armada y PNC aseguran continuar ejerciendo fuerza, para la preservación de la vida, siguiendo las disposiciones de Nayib Bukele, pese a las sentencias de la Sala de lo Constitucional y, el clamor de la Asamblea Legislativa, les hace en cadena, responsables de los abusos en los Derechos Humanos.

Gracias a las redes sociales, se ha sabido de los diferentes abusos: desde disparar intencionalmente, muertes por negligencia en los albergues, amenazas, castigos corporales y golpes con batones, ejercidos mayormente, por miembros de la PNC, pero tolerados por los soldados que les acompañan.

Los troles que callan estas denuncias, ridiculizándolas o amenazando las voces disidentes, y los conflictos con los Gobiernos de Guatemala, México y Ecuador, por la manipulación de información, son ataques contra la moralidad y dignidad de las personas, haciendo las veces modernas, de las antiguas formas de represión, por lo que, en un futuro, podrán ser juzgados por la Justicia Universal.

Las soluciones propuestas para paliar la crisis, creada por el mismo Ejecutivo: cargar al Seguro Social con las incapacidades, cuando no ha habido un contagio o, de reactivar la economía con los ahorros de los trabajadores, administrados por las AFP, destruirán el futuro del trabajador formal: dichas instituciones, no fueron creadas para tal fin y la liquidación de sus activos, será a descuento, no pudiendo la inversión, ser recuperada en su totalidad, creando un perjuicio social irreparable.

Las acciones del Ejecutivo, dañan a los derechos de la población, protegidos por el Art. 2 de la Constitución, que se desarrollan tautológicamente, por lo que, no hay colisión de Derechos: de la vida y salud, con los derechos económicos y la libertad.

Si el presente Gobierno, insiste en sus intenciones, el país será considerado una dictadura, con las consecuencias que eso conlleva: los señalamientos internaciones y crisis interna.




miércoles, 8 de abril de 2020

EL SALVADOR EN LA GEOPOLÍTICA DEL CORONAVIRUS



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos y, la batalla tecnológica por el dominio del 5G, apreciase, en el escenario mundial, unificadas con la pandemia del coronavirus. Las acusaciones cruzadas, de responsabilidad de la pandemia y, por influir económicamente en el escenario de la crisis, han desatado verdadera guerra fría, de la cual, no se puede substraer El Salvador.

La tecnología del 5G (alta velocidad, amplio espectro y baja latencia en las redes, para un uso masivo) ha sido el objetivo en la lucha global de las grandes potencias: China arguye la “teoría de la conspiración” contra Estados Unidos y éste, usa el “virus chino”, para responsabilizarle de sus consecuencias, nocivas a Occidente y, favorables a los intereses chinos.

Occidente ha basado su bienestar económico, en la globalización, que se sustenta en la importación y exportación de sus productos a nivel global. La pandemia, ha destruido este comercio global, hasta estimar que bajará el 2020, en un 32% a nivel global, perjudicando especialmente, a países exportadores de materias primas o, que viven de los servicios prestados y sostenidos por su flujo de remesas.

Los geopolíticos europeos perciben ya, un cambio en el balance de poder mundial, con el surgimiento de China, como un nuevo eje de la economía y algunos, han sugerido, que debería desarrollarse una alianza geopolítica, entre Europa y Rusia, para constituir un nuevo eje mundial; sin embargo, la política cotidiana de Rusia y de los países europeos, vuelve imposible tal alianza.

Por el contrario, Rusia y China han estrechado alianzas, por sobre sus desconfianzas mutuas en sus fronteras (la población rusa es escasa en su frontera oriental, frente al desarrollo y población china), poniendo en desventaja a Estados Unidos, aunque en varios libros publicados en dicho país, asegurase que, el crecimiento chino, no podrá sostenerse y que, su desarrollo, es únicamente en su franja costera y dependiente de la tecnología de Occidente.

La actual pandemia, ha debilitado a Occidente aún más y, ha permitido una consolidación de las empresas chinas a nivel mundial, lo cual podría acelerar ciertos acontecimientos en El Salvador.

Las disposiciones del Gobierno, al paralizar la industria y comercio, suprimiendo la libre iniciativa, ha detenido un frágil mecanismo que, para funcionar, depende de la globalización. Muchas empresas ya han iniciado el despido de sus empleados y al congelar pago de servicios y dejar en suspenso las responsabilidades civiles, éstas no podrán pagarse a futuro, por falta de liquidez. Se está destruyendo la iniciativa privada, sustituyéndola por el asistencialismo y control Estatal, los cuales son insostenibles a corto plazo (6 meses) si no se cuenta con un financiamiento que evite alzamientos por hambre.

El despliegue militar y policial bajo régimen de excepción, más se justifica, para un control poblacional, que para la pandemia, pero evita que la oposición pueda reaccionar. Los $ 300 dólares de asistencia, han adormecido a la población, neutralizado a los posibles grupos de choque, haciendo poco probable, un alzamiento masivo a corto plazo, pero plantea dudas sobre la continuidad del sistema político-económico

Si por la inacción, la iniciativa privada muere, la estructura creada, será financiada primero, por préstamos internacionales, luego por la liquidez en el sistema financiero y luego exclusivamente, por ayudas internacionales. El país será dependiente del que le ofrezca más al Gobierno para su sostenimiento. China ha mostrado tener un interés geoestratégico y geopolítico en el área. Nuestros intereses nacionales, bajo la iniciativa privada, están ligados a Estados Unidos y Europa.

La estructura actual propuesta por el Gobierno, se adapta perfectamente, a cualquier modelo asistencialista o, de producción dirigida e intereses extra-continentales.

miércoles, 1 de abril de 2020

VIDA ACTUAL



Por      
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION 


El lunes, el hambre aglomeró a miles de personas que pretendían aliviarla, con los $ 300 dólares, ofrecidos por el Gobierno, miles creyeron tener una esperanza de sobrevivir, pero quedaron frustrados. Los troles han hecho burla de ellas, procurando desmerecer su número e intenciones. El país está realmente así, viviendo dos situaciones paralelas: la pandemia mundial y el efecto de maniobras políticas, iniciadas con anterioridad. Si ese día, la aglomeración provocó infecciones, se verá más adelante.

Junto a las recomendaciones de higiene y prevención, se está desarrollando una campaña de odio social: se responsabiliza a los opositores de las consecuencias de la pandemia y de los males del pasado y, como método de consolidación presente. se ha destruido la espina dorsal de la economía. Así es imposible que exista oposición, no por falta de descontento, sino porque se estará dominado, en un fraccionamiento social, por el miedo y al hambre.

En el presente, hay una gran división entre los diferentes sectores de la sociedad y sus fuerzas vivas, para la ejecución del presente presupuesto y de 2000 millones, que probablemente se sumaran otros 3000 millones más, tendrá que contratarse quien lo ejecute, pues el Estado, por sí sólo, no puede, según los principios plasmados en nuestra Constitución y, en la estructuración económica nacional. Esto hace que algunos apoyen y otros, sean detractores, con los señalamientos que hoy hemos visto, que nada tienen que ver con sesgos partidarios.

El cierre de empresas específicas, que son de opositores políticos, nos da el parámetro de lo que se dará en el futuro. Por las medidas actuales y por las consecuencias mundiales de la pandemia, será casi imposible mantener el ritmo anterior de vida, pero si se preserva la capacidad de iniciativa individual, es posible la recuperación. Pero el presente Gobierno, pretende anularla, para preservar su estructura de poder, que de otra manera, entraría en crisis, sin posibilidad de recuperación, dados sus errores y la necesidad insatisfecha de las personas.

Se ha aprovechado la insatisfacción por los Gobiernos anteriores, pero existía que comer y se llevaba un sistema de vida tolerable, que daba esperanza hacia futuro. Hoy, se usa la insatisfacción para poder quebrar la capacidad de resistencia del cuerpo social, pues pensar que este vive, exclusivamente de la voluntad popular, que hoy llaman “poder popular”, es una ficción, pues la voluntad expresada en las urnas equivale a las acciones conscientes, pero el sistema social, tiene una parte que responde a otras fuerzas y que dan los movimientos involuntarios, tal  como las pulsaciones o la respiración y funciones de los órganos internos: socialmente son las “fuerzas vivas”, que se representan por las relaciones económicas, que son las que permiten, gozar la existencia de bienes, servicios modernos y el sostenimiento del Estado,.

Se insiste hoy, en redes sociales, en que los enemigos del Gobierno, quieren la muerte de los salvadoreños y que sus intereses son económicos, enfrentando vida a economía, como si éstos fuesen antagónicos y no, codependientes. Dicha premisa es falsa, lo único que existe es el clamor de quienes gritan ante el desastre inminente y, en muchos casos, hay amenazas directas o veladas. Todo parece indicar que habrá algún castigo ejemplarizante a opositores, para mostrar la capacidad del Gobierno y, se usara, para mostrar la concordancia “pueblo-gobierno”, legitimando los cambios estructurales que se están haciendo.

La Asamblea Legislativa, ya es una entidad sometida, sólo un diputado   razonó su voto en contra, como una expresión de la cordura. Si las fuerzas vivas no reaccionan ahora, la sociedad en la que hemos vivido, desaparecerá y estaremos en una nueva realidad de miseria, miedo y opresión.