Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La propiedad privada y su estabilidad son, para el
desarrollo sostenible, absolutamente necesarios y, por ello, las instituciones
internacionales y nuestros países cooperantes, exigen al país, la gobernanza:
actualmente, el Gobierno, parece ir en un sentido y la sociedad en el opuesto;
no existe posibilidad de ordenar al país, salvo por el ejercicio ilegitimo de
la fuerza de la dictadura. Situación que debe analizarse.
Gobernanza es la forma de gobierno, basada en la interrelación equilibrada del Estado,
la sociedad civil y el mercado, para lograr un desarrollo económico, social e
institucional estable. Este concepto, ha sido destruido aquí, por este Gobierno,
pues al anular la institucionalidad (el sistema de contraloría e independencia
de poderes), ha hecho que el empresariado, tome uno, de dos caminos: liquidar e
irse a países donde pueda desarrollar libremente sus inversiones o quedarse, y
aprovechar las oportunidades que les dará el Gobierno, por su relación personal
o parentesco, con quienes conforman el Gobierno.
Tal situación, es un
rompimiento de lo que, significa el Estado y el sistema republicano, pues las
oportunidades, deben ser para todos y, el mismo derecho que protege la
propiedad del gran inversor, protege al que ha laborado toda su vida, para
usufructuarla y, asegura el anhelo de quien trabaja, ahorrando y, del que aún no
posee propiedad. La propiedad privada, no puede depender del capricho del
gobernante, sino de la capacidad individual de ganarla, heredarla o perderla.
El problema no es el endeudamiento
del Estado salvadoreño, sino el gasto excesivo, el ocultamiento de los gastos, corrupción
y las inversiones fantasiosas, más el riesgo introducido en el país, por el
Bitcoin.
El Fondo Monetario
internacional, en su último informe, sobre la situación de El Salvador, sólo
plantea la necesidad de gobernanza, o sea que se hagan públicos los gastos,
bajo conceptos democráticos y que exista una clara política económica. Sin
embargo, lo toman los troles del Gobierno, como una gestión gubernamental
satisfactoria y aprobación segura de los créditos internacionales, que son
necesarios para nuestra estabilidad futura de corto plazo. Además, advierte el Fondo
Monetario Internacional, el peligro financiero que implica el Bitcoin, una de
las razones, por la cual El Salvador, corre el riesgo de iliquidez y
seguramente, se le negara todo crédito.
Al no existir
gobernanza, se carece del Estado de Derecho, que garantiza la propiedad privada
y, protege toda la actividad que ésta produce. El ofrecimiento de buenos
negocios en El Salvador, que Bukele hace a extranjeros, son insostenibles en la
práctica, pues tienen como garantía, la voluntad de Bukele y no, de la institucionalidad nacional, lo cual implica
que al final, todo dependerá de su voluntad: las utilidades, dependerán de la
continuidad del mismo, pero entre más tiempo permanezca en el poder, más riesgosos
serán sus negocios, por la inestabilidad económica, que el Gobierno crea
(Bitcoin, confiscaciones, iliquidez e inflación) y que afectarán cualquier negocio, sea grande,
mediano, o pequeño.
La propiedad privada
debe ser garantizada, como base de la prosperidad; así, en un país próspero, la
pobreza disminuye y el Estado, es más fuerte, para enfocar la subsidiariedad,
mediante el asistencialismo necesario, para favorecer la sustentabilidad del
sistema.
Sólo la propiedad
privada, es garantía del desarrollo sostenible, protegerla es asegurar la vida
del país.
Mientras Bukele,
insista en cambios fantasiosos, aislándose de los países democráticos y
pretendiendo el apoyo de los autócratas, en esa medida aumentará la pobreza, lo
cual obligara a un asistencialismo cada vez mayor, hasta el punto de ser
insostenible, aumentando la emigración, que encontrara un terreno menos
propicio, para desarrollarse en otros países, por el peligro que a su
estabilidad representa.
