LA LUCHA POLÍTICA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La lucha política, ha derivado al ámbito judicial, como proceso de deconstrucción histórica, generada por el oficialismo, sin considerar, que tal pretendido giro, se revertirá contra el mismo régimen que lo ha provocado.

 

La visión que pretende crearse, es un cambio en el significado histórico, de que el pasado conflicto armado de el El Salvador, fue un conflicto pactado entre fuerzas políticas partidarias; una conservadora y la otra revolucionaria de izquierda, deseosas del poder y de los beneficios personales, que gozaban los conservadores, por lo que se generó una guerra, para equilibrando sus fuerzas, obtener mayores prebendas personales para ambas dirigencias. (Leer editorial del periódico oficialista El Salvador 28/12/2023, que expone estos conceptos.)

 

La razón de tal deconstrucción histórica, es para: establecer que la Fuerza Armada de hoy, es diferente de la Fuerza Armada, que participó en la Guerra Fría. Debe por lo tanto de cumplir un papel diferente, apegado a la visión política-histórica, del oficialismo y  cambiar su apoliticidad, por otra, política partidaria. Los militares en retiro, deben sufrir castigo por sus acciones en el servicio, como muestra de lo que el Estado puede hacerle a quien hoy en el servicio, se aparte de la visón oficialista.

 

El auto del 22/12/2023 del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en la Causa Penal 238/1990, refleja esta nueva visión política-histórica, convirtiendo un proceso ya plagado de errores judiciales, en un instrumento político-ideológico del Gobierno.

 

Los hechos que juzga ahora el tribunal arriba mencionado, tuvieron origen en la intención, de crear una secesión en el territorio nacional; hechos narrados, desde varios puntos de vista – según las entrevistas de Marta Harnecker a la Comandancia del FMLN en Cuba, sobre el desarrollo de la Guerra y, con el parte de Guerra a la Nación, del General Emilio Ponce, al finalizar el conflicto y, los varios libros escritos sobre estos hechos, por el General Juan Orlando Zepeda Herrera- por lo que la historia ofrece suficientes elementos, para juzgar la realidad de los hechos sucedidos, considerándolos “hechos de guerra”.

 

Esta nueva historia, establece las bases para que los altos mandos de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, sean juzgados hoy, por los crímenes de Lesa Humanidad, que  se les imputan por violación de los derechos humanos en el actual régimen, aunque sigan instrucciones políticas dictadas por el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, pues el régimen autoritario, establece un mando único y, obediencia indiscutible, por lo que la responsabilidad será absoluta, por actuar sin la institucionalidad del Estado de Derecho.

 

Acusar de encubrimiento a las autoridades políticas, por aprobar una Ley en 1993, ya no vigente, no es justicia, pues recae la orden de captura sobre el único político de esa época, que hoy es un activista de los derechos humanos y del Estado de Derecho, Rubén Zamora Rivas y sobre Alfredo Cristiani, presidente de la República en aquella época, quien, ya fue objeto de diferentes ataques de Nayíb Bukele, ordenando en cadena nacional, su captura e incautación de todos sus bienes. En el extranjero, dichas órdenes de persecución y captura, son consideradas de naturaleza política y, por consecuencia, no ejecutables.

 

El proceso en el cual se emitió dicha valoración, busca responsabilizar de terrorismo a la oficialidad, en servicio activo en aquella época y justifica, el quehacer insurgente, lo cual viola el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz de 1992.

 

El actual régimen está creando un precedente que se le revertirá: por ahora, ha destruido la independencia judicial y la apoliticidad de la Fuerza Armada.

 

PUBLICACIÓN ACCION DESEA A SUS LECTORES UN FELIZ AÑO NUEVO Y UN PROSPERO 2024.

LA EMPRESA PRIVADA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La Empresa Privada, es  columna vertebral de las economías  desarrolladas, pues genera 9 de cada 10 empleos, convirtiéndose, en las mayores contribuyentes fiscales, por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su relación con el Estado, es esencial, para  la estabilidad macroeconómica del país: en El Salvador, país en desarrollo, el Gobierno, privilegia la inversión pública y ejerce acoso, sobre la Empresa Privada, en sus tres niveles económicos: grande,  mediana y pequeña, lo cual merece un comentario.

 

El total de las exportaciones en 2021, fue de $ 6,395 millones y nuestras importaciones fueron de $ 14,617 millones, exportando a 117 países e importando de 185. La diferencia en nuestra balanza de pagos, fue cubierta por las remesas. Esto nos indica, que nuestra política nacional debe de ir en fortalecimiento de las exportaciones, ya que las remesas, son un producto positivo, de la necesidad particular de emigrar, ante condiciones adversas, provocadas por actos negativos de Gobierno.

 

Las exportaciones, en detalle, son de pocas empresas y aún, las exportaciones agrícolas, son producto de las relaciones de cientos de productores individuales, con los beneficiadores exportadores, somo sucede en el café y la caña de azúcar, de tal manera, que la actividad va de grandes empresas a medianas y pequeñas. El empresario individual, sin importar al rubro a que se dedique, dependerá de las importaciones de los grandes comerciantes y sus productos, serán consumidos localmente, manteniendo un nivel de subsistencia, con un pago de impuestos mínimos.

 

Consideremos que la “Empresa Privada”, como actividad económica, dentro del Estado, no tiene preferencia política, pues su existencia depende del cumplimiento de las formalidades propias de la persona jurídica y, de las regulaciones impuestas por el Estado. Son las personas naturales, las que tienen una actuación política, pero la estrategia del presente Gobierno, es relacionar las relaciones empresariales con la política.

 

Por principio, si la empresa privada es una consecuencia de la libertad económica, tendrá una aceptación favorable, para quienes propicien dicha libertad y si por estrategia política, el Estado privilegia un sector determinado, para obtener su favor político, crea un desequilibrio en la actividad económica nacional, pues la Empresa Privada, abarca todos los espacios de la economía nacional. El Estado, no puede sostener la economía nacional, en base a la inversión pública, pues tendría que poseer recursos provenientes de riqueza de alguna explotación natural o, con recursos destinados para  la actividad privada, los cuales deprimen la economía, a mediano plazo.

 

El presente Gobierno, ha mantenido una serie de ataques hacia la Empresa Privada y la libre actividad económica, política iniciada, desde las acusaciones contra Francisco Flores y la dolarización, mantenidas hoy, con las acusaciones contra Alfredo Cristiani, y el espionaje contra ANEP y ASI. Esto es por la errónea concepción de relación, Empresa Privada/poder político, como antagónico con el poder del Estado. La actividad privada sostiene la bonanza de las economías modernas y los intereses del Estado, irán en función de la protección de sus empresas, pues de ellas dependen la banca y el bienestar de sus Estados.

 

Permitir la creación de sociedades mercantiles de una sola persona, rompe la finalidad de crear entidades que reúnen intereses y capitales de varias personas, para crear una persona jurídica, distinta y, superior de la individual, a no ser, que se pretenda, para el ocultamiento de personas naturales o capitales, como el Bitcoin ha sido señalado.

 

En la medida que, a la libertad económica, se impongan restricciones, se pierden libertades individuales y, será imposible, que el país pueda desarrollarse como nación independiente porque esto sólo puede lograrse, con la existencia de la Empresa Privada.

 

 

 

 

HAMBRE Y REPRESIÓN

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La sociedad salvadoreña, se encuentra fragmentada, más allá del concepto de izquierda o derecha (como más o menos, intervención del Estado), y de si el orden Constitucional está vigente o no. La fragmentación radica, en si se es capaz de sobrevivir dentro de este Estado o si él Estado, es la fuente de ingresos personales o, permite que se usufructúe la poca actividad económica que existe. La fragmentación social, se manifiesta en la angustia del miedo y la represión o, la opulencia y tranquilidad del poder.

 

Cuando se presentan estas grandes crisis sociales, sólo hay dos caminos: se da un estallido social, como las revoluciones, francesa de 1789, mexicana de 1910 y rusa de 1917. Estas sucedieron cuando hubo hambre y represión, sin desahogo social, que permitiese un cambio.

 

Si Luis XVI hubiese permitido el funcionamiento del Tercer Estado, hubiese habido para la crisis política, un desahogo, pero no fue así. Si el Zar Nicolas II, no hubiese reprimido las protestas de 1905 en San Petersburgo, la crisis, no hubiese escalado durante la primera Guerra Mundial. Si el General Don Porfirio Días, no hubiese insistido en su reelección, no hubiese estallado la revolución.

 

Hoy, en El Salvador, se están presentando situaciones similares: El hambre aumenta, a igual que la propaganda para ocultarla. La economía se contrae y el gasto público aumenta. Las noticias oficialistas aseguran millonarias inversiones y las acciones del Gobierno, ponen desincentivos a la inversión, salvo, para los negocios en donde intervienen, los intereses de funcionarios públicos.

 

Los grandes empresarios salvadoreños, se expanden hacia el extranjero, pero no en El Salvador, pues su economía no lo permite, es muy frágil: depende de las remesas, que se consumen, en servicios. Nuestras exportaciones disminuyen, porque no pueden competir, y aun así, las ahoga el Gobierno.

 

Las elecciones presentes, indican un fraude, para evadir los controles internacionales, pues éstos se centran en el día de la elección y, en el recuento de votos. Ningún opositor, ha podido realizar una mínima campaña, pues los dineros públicos destinados para el funcionamiento del sistema electoral, han sido cortados. El financiamiento privado a partidos políticos, es fiscalizado y usado como una diana, para el aparato estatal.

 

Los representantes de los partidos políticos, en el Tribunal Supremo Electoral, no responden a los intereses de sus partidos, por las dadivas o promesas recibidas desde el Ejecutivo, se alinean con el oficialismo. La Sala de lo Constitucional, desoye los habeas corpus de más de 8000 detenidos e ignora el debido proceso contra otros 60,000;  ya hay denuncias, sobre que sus parientes, han sido eliminados del padrón electoral, así que no podrán expresar su descontento y su deseo, de un cambio de Gobierno, por medio del voto.

 

El Gobierno, al pactar con las pandillas, se ha aliado con una parte del crimen organizado, capturando a los enemigos de sus aliados. En este proceso, se ha capturado a por lo menos 20,000 personas inocentes, con fines publicitarios. Muriendo por diferentes causas, por lo menos 500 personas, en manos de las autoridades penitenciarias. Muchos detenidos, son usados como mano de obra, recordando la frase “Arbeit macht frei” (el trabajo hace la libertad), utilizada en los campos de concentración.

 

Por ahora, el alto empresariado, está conforme con el oficialismo, pues les permite ejercer su actividad libremente, pero en la medida que se baja en la cadena empresarial, se hace más difícil, el sostener otras empresas. La inflación y la crisis, golpean más, al más pobre y, poco a poco, se pierde el miedo “al régimen de excepción”. Luego, la corrupción estatal, verá en el gran empresariado, su nueva fuente de ingresos, consumiéndola.

 

Para evitar una inminente catástrofe: elecciones libres.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL COMANDANTE?

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Aunque las licencias otorgadas a Nayíb Bukele y a Félix Ulloa, adolecen de contradicciones jurídicas, lo más importante es ¿sobre quién recae la Comandancia General de la Fuerza Armada” y ¿quién firmará las órdenes de ascensos, bajas y traslados dentro de dicha institución, o se mantendrán éstas en suspenso, hasta que retorne todo a la normalidad, en el siguiente período presidencial?

 

La Comandancia General de la Fuerza Armada, es cargo exclusivo:  recae sobre el Presidente de la República, pero en los considerandos del Decreto de licencia a Nayíb Bukele y Félix Ulloa, aparece que siguen siendo, Presidente y Vicepresidente, conservando su investidura, pero inhibidos de sus funciones, entre ellas la del “ejercicio del monopolio de la fuerza del Estado”. Otras atribuciones, serán ejercidas por “la designada a la presidencia”, o sea, transfieren la Comandancia General de la Fuerza Armada, a la designada presidencial, siendo éste, cargo exclusivo de quien ostenta la investidura de Presidente. Un Decreto legislativo no puede anular un mandato constitucional.

 

 

Habiendo dudas, de que la Sra., Claudia Juana Rodríguez de Guevara, pueda ejercer el Cargo de Comandante de la Fuerza Armada, consideremos la solicitud de licencia de Félix Ulloa, presentada por Conan Castro, Secretario Técnico de la Presidencia, sin solicitud expresa, o manifestación del consentimiento de Félix Ulloa, tal como se hizo, en el caso de Nayíb Bukele, por lo que su licencia, es “inexistente” y, debe de asumir la Comandancia General de la Fuerza Armada, lo que le imposibilita de ser candidato.

 

El monopolio del uso de la fuerza estatal, es del imperio de la Ley y no, de una persona o entidad, sino del conjunto, en su ejercicio, de instituciones públicas; esto es en nuestro sistema político. Si se trasladase esa función, a la designada a la presidencia, habría un cambio en la estructura de Gobierno y, sería una monarca o dictadora “provisional”, por mandato legislativo.

 

La Sra., Claudia Juana Rodríguez de Guevara, tampoco puede asumir el cargo de Comandante General de la Fuerza Armada, pues su nombramiento, como designado presidencial, adolece de tres defectos, de fondo y forma: no puede ser propuesta, pues es presidente de la Dirección de Obras Municipales, la cual es una autónoma, según el Portal de Transparencia del Órgano Ejecutivo. Tampoco fue juramentada en su nuevo cargo, de designada presidencial y, por último, asume dos cargos de actuación sucesiva, lo cual no es posible. Hay contradicción sobre su juramentación: uno dice fue privado, sin constancia y, otro, que no sucedió, por no ser necesario.

 

La Asamblea Legislativa ha realizado un golpe de Estado contra Félix Ulloa, al ser éste, objeto de “licencia”, sin solicitarla; sin considerar, que no hay razón jurídica válida, para dar la licencia conservando el cargo y, su derecho a ejercerlo.

 

La designada a la presidencia, no puede asumir la Comandancia General de la Fuerza Armada, mientras exista el decreto de licencia, en donde reconoce el estatus de presidente y vicepresidente electos, aunque les hayan cesado en sus funciones, pues dicha figura, implica un estatus que no permite a uno, ejercer y a la otra, asumir el cargo. Luego habría que considerar las inhabilidades.

 

En caso de ausencia total de quienes pudiesen ejercer  la presidencia, ésta recaería en el Presidente de la Asamblea Legislativa, pero en reconocimiento de tal ausencia, lo cual no ha hecho la Asamblea Legislativa, así que su Presidente, no puede asumir dicho cargo.

 

De estos someros razonamientos, viene la pregunta ¿Dónde está el Comandante? Recordando que cuando hay crisis en la legitimidad del mando militar o, en el ejercicio del mismo, la confianza institucional se pierde y, surge el autoritarismo.

TRES ETAPAS POLÍTICAS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah Bukele, en el inicio de la campaña presidencial, mencionó tres etapas a cumplir: desarticulación de partidos, consolidación de gobierno y extinción de partidos opositores. Lo cual, por su implicación al sistema político, merece un comentario.

 

En cuanto a la desarticulación de los partidos, comenzó, señalando a ARENA como receptor de $ 10 millones de dólares de Taiwán: ayuda de un partido ideológicamente afín, en su defensa contra China continental. En ese momento, el FMLN, utilizó tal argumento, para el proceso contra Francisco Flores Pérez. Publicidad dirigida desde la empresa de Nayíb Bukele.

 

El FMLN, recibió $ 130 millones de dólares, provenientes de Venezuela, ingresados al país en maletas con dinero, siendo sus portadores, dos salvadoreños y un cubano, para la campaña de Mauricio Funes Esta información proviene de la oposición venezolana y, de los documentos capturados a las FARC, en Colombia, documentos disponibles a consulta. De este dinero, se perdieron en su traslado, $ 30 millones y sólo, se emplearon $ 70 millones en la campaña de Funes.

 

Además, se toleró y estimuló la corrupción de los encargados de los proyectos de ALBAPETROLEOS en El Salvador, creando una bonanza política de izquierda. Esto fue ocupado por los seguidores de Bukele, que aún no abandonaba el FMLN, pero que consolidaba a los expulsados en purgas anteriores, prometiéndoles la neo-revolución que no había realizado la cúpula del partido, por desviacionismo, de la ortodoxia marxista. Iniciando así, desde adentro de su partido, una lucha contra la cúpula del FMLN y, que termino con la estructura inicial de Nuevas Ideas.

 

Esto, concluyó la primera etapa del plan de la familia Bukele. La segunda etapa, inicia con la remoción de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República. Parte del desarrollo de esta etapa, fue el pacto con las pandillas y el encarcelamiento, de quienes no fueron dóciles a sus órdenes: existen 42 mil pandilleros en libertad, según informes de inteligencia policial, filtrados a la organización InSight Crime y, publicados por ellos, en un amplio reportaje.

 

Como última etapa, ponen la extinción de los partidos de oposición y solicitan que sea el ciudadano, quien, con su voto, apruebe el sistema de partido único y rechace a la oposición. Con esto, se busca la legitimación del autoritarismo y que el ciudadano, sea el responsable de la destrucción de la República, aceptando de buena gana, el autoritarismo.

 

Hay una cuarta etapa, de la cual no se ha hablado y, es del florecimiento de los intereses personales de la Familia Bukele. Este proceso ya lo vemos: inaugurando obras públicas, para intereses particulares. La clínica de la Isla Tasajera, es por la construcción de un complejo hotelero privado. Bien hubiese podido construirse, en Santa Rosa Guachipilín, Masahuat, Quelepa o Chilanga, son igualmente deficientes los servicios públicos.

 

Parte de esta cuarta etapa, es el fortalecimiento de intereses con China continental, contra los Estados Unidos y una mayor protección para las pandillas, en su delinquir internacional. Debemos de esperar una nueva constituyente y el desaparecimiento, de la Asamblea Legislativa, tal como la concebimos, por un mayor poder del Ejecutivo.

 

Los planes de Bukele, deformaron, a fuerza de marketing político, la realidad de la relación del Kuomintang de Taiwán, con ARENA, en El Salvador, en el contexto de la Guerra Fría y, el FMLN fue engañado, para que sus acciones fuesen usadas en su contra, en una lucha contra su cúpula, más no, contra la militancia.

 

El rechazo a sus candidatos, en la votación interna de Nuevas Ideas, por su militancia, es el mayor temor de Xavi Zablah Bukele.

LA REALIDAD ELECTORAL PRESENTE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La adopción, por la presente administración electoral, del método D´Hondt, en substitución del método anterior, de cocientes y residuos, es favorable a partidos que tienen una aceptación mayoritaria, en detrimento de la participación minoritaria, como la aseguraba nuestro anterior método. La transformación municipal, obedece a la pretensión de manipular el método D´Hondt. Cuando se aprobó este método, no hubo ninguna alusión a su impacto, en los municipios, luego de su transformación, prueba es de la existencia de un gobierno en la sombra.

 

La implementación de este método, contraviene las razones de la implementación del voto por rostro e internas, que buscaba que el candidato electo, no dependiese en nada, de la voluntad de la autoridad partidaria y, aseguraba una representación igualitaria, en cuento a voz legislativa, castigando al mayoritario, para que no hubiese mayoría plena y, favoreciese al minoritario, para una representación mínima legislativa, alcanzando el máximo posible, de la equidad política; hoy se busca, la representación mayoritaria.

 

El método D´Hondt, al favorecer a los grandes partidos, que no poseen mayores diferencias ideológicas o, que Estado de Derecho es firme y, basado en el equilibrio de poderes, se estimula la estabilidad política, pues los cambios sociales, deben darse en forma lenta, sin trauma social, pero este método, en una sociedad, con conflictos sociales agudos, no favorece la estabilidad, pues no permite el desahogo social de las minorías.

 

Este método, adoptado por el actual régimen, procura facilitar el control legislativo y municipal, pero para ello es necesario que se mantenga un grado de aceptación mayoritaria, como el dado en la elección pasada, en la cual, la figura de Nayíb Bukele, aún no había sufrido, erosión.

 

El arrastre que llevó a los alcaldes y diputados, a un triunfo electoral,  fue el de Bukele, quien apareciendo como padrino electoral (ver vallas publicitarias de esa campaña), estos triunfaron, pero su trabajo, al ser deficiente, y sólo atender a los negocios de interés de la Dirección de Obras Municipales, cuya presidenta Claudia Juana Rodríguez de Guevara (hoy presidente de hecho), recibe el rechazo de la población, cambiando las premisas con las que operaria el método D´Hondt, para favorecer al oficialismo.

 

Las dificultades en las recientes elecciones internas de Nuevas Ideas, muestran los problemas que se magnificarán el día de las elecciones de 2024. Sólo el 9.5% de los votantes, acudieron a las urnas, votando 44,398 afiliados: anteriormente participaron 465,468, por lo que es de prever, que el sistema D´Hondt, juegue, si la oposición recobra su voto constante, en contra de quienes lo implementaron.

 

Hay que considerar que, la disolución de municipios traerá abstencionismo, y que los problemas municipales en las grandes urbes, darán rechazo al oficialismo. El reordenamiento de San Salvador y, de las otras urbes controladas por Nuevas Ideas, son un polo de rechazo, pues toca a mayorías muy pobres, que luchan por la supervivencia y, han perdido el miedo a las amenazas de la aplicación del régimen de excepción.

 

Ni bailes de las concursantes a Miss Universo, en las plazas, ni la deslumbrante tecnología de la Biblioteca Nacional, o un partido de futbol con Messi, cambiarán el hecho de que hay hambre en el pobre y, que la razón, no indique que lo que realiza el Gobierno, son locuras. Hay un rechazo a Nuevas Ideas y éste, va por escalas: es mayor para alcaldes, luego para diputados y por último, para Nayíb Bukele, lo cual no signifique que mantiene índices de aprobación, logrados por el marketing político.

 

El ciudadano votará por un cambio: regresando a la estabilidad de los partidos tradicionales o, al que consideren con más fuerza, para enfrentarse contra Nayíb Bukele.

GOBIERNO EN LA SOMBRA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El Gobierno en la sombra, es también llamado “criptocracia” o Gobierno secreto invisible. Consiste en un verdadero poder político efectivo, ejercido por personas diferentes, a las nombrados por los ciudadanos, con gran influencia y autoridad, dentro de ciertos estamentos gubernamentales, que ejercen poder entre bastidores, es decir, más allá del control de las instituciones democráticas.

 

El acto de Nayíb Bukele, de aparentar salir de la presidencia, ha sido suceso visible del Gobierno en la sombra, pues su última transmisión, con su consejo de Ministros, para ellos fue, una amenaza, por la cual, su vigilancia y la del Fiscal General, asegurarían su autoridad. Luego el nombramiento como “presidente interino”, con poderes limitados, a su Secretaria Privada, confirma el Gobierno en la sombra.

 

Este Gobierno en la sombra, permite eliminar a aliados, que colaboraron a su triunfo electoral. Guillermo Gallegos, quien le facilitó, correr como candidato presidencial de GANA, ahora es amenazado con ser investigado y preso. Un acto que no se podría, de manera formal, atribuir a Nayíb Bukele, sino a la “institucionalidad”, que busca combatir la corrupción.

 

El anuncio de la Fiscalía, de judicializar 255 casos de crímenes de lesa humanidad, del pasado conflicto armado, es para ejercer presión sobre los oficiales en situación de retiro, que señalan las desviaciones del actual Alto Mando, en cuanto a su lealtad a Bukele y no, a la Constitución.

 

En investigaciones publicadas en años anteriores, la Fiscalía, fue señalada por su relación con el crimen organizado, según lo afirma el ex agente de la DEA, Danny Dalton, en acciones que favorecían la impunidad del Cartel de Taxis y su relación con Gustavo Villatoro, actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública. La acción directa del encubrimiento, se le atribuye, en dicha investigación, a Rodolfo Delgado, que, en aquel momento, era auxiliar fiscal. Hoy, es el Fiscal General de la República, a quien Nayíb Bukele, encargó, el comportamiento del gabinete, mientras Bukele ejercerá la función de supervisor ministerial.

 

Al cumplirse un año del régimen de excepción, el Ministro Villatoro, expreso en una entrevista: “el régimen de excepción debe continuar”, sin especificar razones o su tiempo máximo. Por ahora, se debe de presumir, que el régimen de excepción durara todo el período eleccionario y, que continuará, mientras dure el presente régimen.

 

Claudia Juana Rodríguez de Guevara, quien actúa en calidad de “presidente interina”, cargo que no existe en la legislación salvadoreña, no posee connotación política, sino la concedida por la voluntad de Nayíb Bukele. Su nombramiento, en contravención a la Constitución, solo augura que será quien asumirá la responsabilidad directa de los acontecimientos futuros, pero sin responsabilidad jurídica (directa) con Nayíb Bukele, o sea la prisión contra antiguos aliados de Bukele o la represión, por desórdenes públicos, por actos de protesta.

 

Un diputado de Nuevas Ideas, en el foro legislativo, dijo que, si el “pueblo lo aprobaba”, era legal, así que aplica la teoría de la legitimación, ante el rompimiento constitucional, pero no se aclaró, si era la voluntad de los “diputados”, como representantes del pueblo o, que el pueblo, no expresaba su voluntad de inconformidad. En este sentido, hay que aclarar que el ciudadano, no puede expresar su voluntad, pues sus derechos han sido suspendidos por el régimen de excepción, el: libre tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación y la libertad de definir su domicilio. Claramente, la voluntad popular, es imposible de conocer en tales condiciones y la del diputado, no es válida, si está fuera de su mandato.

 

El Gobierno en la sombra, lo constituyen el crimen organizado y los círculos de poder económico, en derredor de la familia Bukele.

 

 

 

 

DESIGNADO PRESIDENCIAL: YAMIL BUKELE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Por las redes sociales oficialistas, el pueblo salvadoreño sabe que la Asamblea Legislativa, aceptará la propuesta del presidente Bukele: “que mi hermano, Yamil Bukele, sea mi designado a la presidencia”, dicha propuesta obliga, a una muy seria reflexión constitucional. Dicho individuo, adolece de inhabilidades para ser propuesto para ese cargo y, necesario es. analizar las consecuencias jurídicas que pudiesen sobrevenir, si fuese designado a tal cargo, convirtiéndose en un funcionario de hecho.

 

Los requisitos que debe cumplir un designado a la presidencia, son los mismos que deben  tener el presidente y vicepresidente, por lo que las inhabilidades de éstos, serán iguales para los designados. La única diferencia entre el presidente y su designado, es por la elección a la que ha sido sometido: el primero por voto popular directo y el segundo, por votación de segundo grado, siendo nominal y pública, a propuesta exclusiva de un diputado. No `pudiendo ser propuesto por ninguna otra entidad, con iniciativa de Ley.

 

El Artículo 131 literal 17º de la Constitución, mandata que los Diputados sean los que elijan a dos designados a la presidencia. Dos designados, para que exista un propietario en funciones y un suplente, en caso de ausencia del presidente y vicepresidente electos. Esto obliga a que los diputados de la Asamblea Legislativa, sean los únicos que, según su propia iniciativa de Ley, los nombren. En caso de faltar los designados a la presidencia, este cargo, corresponderá al presidente de la Asamblea Legislativa.

 

Para ser propuesto como candidato a “designado presidencial”, debe de cumplir los requisitos del Artículo 151 de la Constitución. Y no podrá ser propuesto, designado a la presidencia, si adolece en alguna de las inhabilidades del Artículo 152 de la Constitución. En este caso, Yamil Bukele, no puede ser propuesto, pues cae en el numeral 2º de dicho artículo, que dice así: “El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia en los casos del ordinal anterior;”. Yamil Bukele, es hermano de Nayíb Bukele, está por consiguiente, en relación de segundo grado por consanguinidad en línea colateral. Que se sepa, Yamil Bukele, no está afiliado a un partido político, lo cual  también es obligatorio.

 

El Artículo 153 literalmente dice: “Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará al Vicepresidente de la República y a los Designados a la Presidencia.” O sea que, ratifica que Yamil Bukele, no puede ser designado a la presidencia, ni él, ni ningún miembro de la familia Bukele, ni sus familiares políticos (cuñadas o suegros), pues para tal cango, están inhabilitados.

 

Estas disposiciones constitucionales, fueron consideradas, para evitar el nepotismo y que el país fuera el feudo de una familia, aunque preténdase mantener la apariencia de “Democracia” por aceptación popular o, en este caso, por no haber oposición, para que ejerciese, lo prescrito en el Art. 87 de la Constitución.

 

Considerar que El Salvador, no fuese feudo de una familia, fue letra constitucional desde nuestra independencia, hasta la Constitución de 1983, pero se mantiene el principio, mediante las inhabilidades prescritas, para el ejercicio de la presidencia.

 

La pregunta es: ¿será la Fuerza Armada fiel a la República o, a lo será a familia Bukele?, pues en el caso de ejercer la presidencia Yamil Bukele, sería un funcionario de hecho, y ejercerá el mando de la Fuerza Armada, y con el mando, ejercería el máximo poder de coercibilidad y coacción del Estado.

LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN, consiste en la capacidad de los pueblos, para decidir sobre su destino político. Incluye decidir sobre secesión o unificación y determina el grado de conformación de las instituciones. Este principio se encuentra en el Artículo 89 de la Constitución: es principio universal de Derecho Internacional.

 

El presente Gobierno, desde su inicio, ha insistido en que, la voluntad popular, expresada de manera pública, en las encuestas y redes sociales, legitima los actos públicos, aunque estos impliquen, un rompimiento de la Constitución. Tal argumento, ha servido para el cambio institucional, en cuanto a sus funciones de fondo, cambio que ha permitido la remoción de la Sala de lo Constitucional, el Fiscal General de la República, el decreto perpetuo de régimen de excepción y, el nombramientos de extranjeros, como delegados presidenciales etc.

 

Las candidaturas de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, a la reelección, permaneciendo ambos en el cargo y, la posibilidad de que un pariente, sea nombrado como Designado Presidencial, sólo es posible, porque lo justifica la aceptación popular, convirtiéndolo, en una figura supraconstitucional, no acorde con ningún principio constitucional moderno: excede el derecho a la libre determinación, invocada por el presidente Bukele, en reuniones diplomáticas y alocuciones públicas.

 

De cualquier manera, no es reconocida por la libre determinación de los pueblos, la posibilidad de cambiar la forma de Gobierno - apegada al republicanismo y la democracia, expresada en un Estado de Derecho - por otro distinto, que disminuye los derechos inalienables de la persona, como la vida y la libertad, de los cuales, depende la existencia, de otros derechos, como la integridad física y la propiedad privada.

 

La pretensión de reelección, tiene la finalidad de legitimar a posteriori, un Gobierno, que ha hecho de su estructura política, integración con el crimen organizado: así esta elección presidencial, posee una dimensión, mucho mayor que la reelección.

 

Una estructura política, protectora de los mareros, que utiliza la fuerza, como forma de control social y, el ocultamiento de información, como medio de manejo de los fondos públicos, fuera del control institucional y, de la opinión pública, carece de la moralidad propia del funcionario, que pretende reelegirse, utilizando la formalidad de la elección.

 

En condiciones como las que vive El Salvador, las elecciones, carecen de valor político, pues se solicita una votación, que puede ser controlada por los mareros y en segunda instancia, se pide que la Fuerza Armada, sea política y el Ministro y Director de la PNC, han jurado lealtad al presidente y no, a la República.

 

Las acciones de los paridos opositores, son de ceñirse a los procesos legales, pero no respetados por el oficialismo, lo cual impide una campaña en igualdad de condiciones, por la que, el resultado de las mismas, es dudoso, en cuanto a la legitimidad que pretende lograr el Gobierno.

 

La inscripción a la reelección, de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, carece de la moralidad y legalidad necesaria, que exige la ley, pues un pacto con las pandillas, para darles protección y que sus delitos en el extranjero, no puedan ser perseguidos, es lo que se esta decidiendo hoy en El Salvador. La libre determinación de los pueblos, no puede legitimar al crimen organizado, ni servir de justificación, para que el ciudadano, pierda sus derechos anteriores y superiores a la existencia del Estado.

 

Léase el Artículo 1, del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. (ONU, 1966) y se entenderá el engaño jurídico del presente Gobierno.

ECONOMIA CRIMINAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La economía criminal, es un conjunto de actividades económicas, del mundo ilegal, que guardan relación, con el financiamiento de estructuras delictivas, de alto rédito económico y, con diferentes formas de violencia y corrupción; su influencia, moldea y determina los acontecimientos políticos, por sobre las ideologías y el Bien Común.

 

La reciente captura en México, de pandilleros (el “Crook” y otros más), puso al descubierto en El Salvador, la influencia del crimen organizado, en las estructuras formales de poder. Su liberación excede la influencia de un Juez de la causa o, del sistema penitenciario. Y responde su liberación a altos intereses económicos, de naturaleza delictiva, que, determinan la política en El Salvador y, el proceder de su institucionalidad actual.

 

Según voz populi y así se asegura en el extranjero, la razón del pacto con las pandillas se debe a la manipulación del sistema político, en favor de estos intereses. Según estudios, el pacto con las pandillas, iniciado con Mauricio Funes, ha pasado por varias etapas: la primera: en utilizaron como un elemento político y de justificación ideológica, que captara los votos para un triunfo eleccionario y asegurar, al crimen organizado, su libre acción en el territorio, hasta llegar al control de acciones gubernamentales. Existe ahora, una asociación entre Gobierno y crimen organizado.

 

Un ejemplo, es el régimen de excepción, que ha capturado a pandilleros, pero dejando aún en libertad a 43,000 de ellos, por encontrarse acorde con el oficialismo o éste, acorde con los intereses de las pandillas. Encarcelando a muchos inocentes para preservar las aparencias. Sin embargo, los beneficios económicos del crimen, logrados con dicho pacto, al correr del tiempo, son insostenibles: al ser la delincuencia un modo de subsistencia en crecimiento y, degradar las condiciones nacionales, en aras de mantener la apariencia de normalidad (Miss Universo, la inauguración de la Biblioteca Nacional y una presa hidroeléctrica) no han podido satisfacer las necesidades sociales, razón por la cual, se aprecia un resurgir de las extorsiones y delitos menores, que están relacionados, con el patrimonio.

 

El ocultamiento de hallazgos de fosas clandestinas o, las noticias falsas, como el anuncio de que el Banco Mundial ha otorgado un crédito de $ 200 millones para la reconstrucción de los mercados de Santa Ana y San Miguel (se recomienda ingresar a la página web del Banco Mundial, donde no se hace mención a dichos préstamos, pero sí, a un crédito para el mejoramiento vial, otorgado antes de la actual situación económica del país). Toda esta publicidad, basada en noticias falsas, no oculta la realidad del país: que la política del Gobierno, está dirigido según los intereses del crimen organizado.

 

Los diferentes controles que pudiesen establecerse, sólo funcionarían si los intereses del Estado estuviesen dentro del Estado de Derecho, persiguiendo el Bien Común, pero si el mismo Estado, es el que está al servicio de una economía criminal, es imposible que los controles de lavado de activos, puedan funcionar o, sólo funcionan, según sea el interés de los grupos criminales mayoritarios.

 

Prueba de ello, es la adopción del Bitcoin, como moneda de curso legal, pero sin estar sujeta a ningún control. La propaganda es que es para dinamizar la economía, lo cual no ha sucedido, pero sí nos ha acarreado sanciones por su adopción, y permite el lavado activos y, el financiamiento del terrorismo.

 

La falta de financiamiento estatal, como pago de la deuda política, para dinamizar la actividad política, ha sido sólo para los partidos de oposición, mientras que los oficialistas si lo tienen, pero al indagar sobre sus fuentes, puede apreciarse que no vienen del gobierno, sino de otras fuentes o directamente, del crimen organizado.

 

 

 

CUANDO EL PRESIDENTE QUIERE PERPETUARSE.

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Cuando un Presidente esta dispuesto a todo, para perpetuarse en el poder y, se ha generado una controversia entre las entidades de justicia y el Derecho, basado en los principios universales de orden y justicia, es necesario una valoración fuera del ámbito legal y político partidario:  o sea, en base a la moral y los principios religiosos universales.

 

Nayíb Bukele,  acuerpado por el Batallón Presidencial, llega a la Asamblea Legislativa: y sentado en la silla del presidente de la Asamblea, ora a Alá, pidiendo inspiración divina, para sus actos subsecuentes, por lo que puede afirmarse: el 9 de febrero de 2020, fue el fin de la secularización del país,  dicha separación de Iglesia y Estado, desde 1886 fue absoluta, por lo que el análisis debe ser, a la luz de la moral universal, según los principios respetados por el judaísmo, catolicismo e islamismo y por lógica, de sus diferentes ramas.

 

Los principios religiosos comunes son: Dios es el creador del universo y el hombre su mayor creación que, en su vida terrena, tiene que vivir según las enseñanzas de Dios y, será juzgado a su muerte, por dichas acciones. Esto establece que el principio de libertad y libre determinación, es común a las tres religiones, pero la inspiración divina a solicitud, no es dada a una persona, para normar coercitivamente, la conducta de otros, razón por la cual, la inspiración divina, para dirigir el destino material de una nación, no es del plan de Dios. Dios quiere que la conducta colectiva de una nación, parta desde la conducta individual, hacia una intención común, para formar un orden humano armónico.

 

Con el Derecho - basado en los principios universales de justicia - se han construido los conceptos de Bien Común y división de Poderes, para permitir que el interés social común se manifieste y, que el equilibrio de poderes, sirva de reflexión social o, de control orgánico, como lo puede hacer la reflexión sobre un acto, pero a cargo de la Ley, como expresión general de la moral, basado en los principios divinos, aplicados en una estructura supraindividual, con capacidad coactiva.

 

Cuando un presidente, tuerce y viola el Derecho, a complacencia de la institucionalidad nombrada a su criterio, es prueba de que está dispuesto a todo, por el poder, por lo que la corrupción y la alianza con el crimen organizado, es sólo un medio de lograr su objetivo.

 

Si lo vemos desde quienes piensan que el hombre está sujeto a una evolución y perfeccionamiento, necesita de la libertad, dentro de una convivencia reglada (Derecho), la dirección o voluntad absoluta de un dictador, es incompatible, pues el libre albedrio, desaparece: su voluntad llega, hasta donde el dictador, permita.

 

Cuando una sociedad, tolera a un dictador, la misma dictadura se vuelve un pecado con su castigo, aunque el pecado y el delito, por su naturaleza, son individuales, sirve para explicar un fenómeno de acción y reacción, pues la acción provoca la reacción o sea, la destrucción de la libertad y la separación de poderes, provocara la destrucción social, ya sea para librarse de este yugo o, por acción directa del Dictador.

 

El régimen de excepción perpetuo y el creciente número de presos que no son mareros, es prueba de ello. La negociación con las pandillas, para un triunfo electoral, acarreó el régimen actual: el colapso económico que se avecina, como consecuencia del autoritarismo y destrucción de la contraloría de poderes y el ocultamiento de gastos públicos, que han hecho que se pierda la confianza del extranjero. Solo prevalecen los intereses personales del Dictador y el Bien Común, desaparece.  

 

Amarga medicina prometió Bukele, pero es una medicina de sus intereses, que esta matando a El Salvador.

PERVERSA TRANSFORMACIÓN

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El sistema mejor  de Gobierno: el Republicano y Democrático; el único que asegura que el Estado, pertenezca todo, estando en función de la persona humana, sin embargo, es el mas vulnerable, sujeto a ser manipulado y deformado por la misma autoridad o, por la infiltración del crimen organizado y el populismo.

 

La transformación del sistema republicano y democrático, es posible por la manipulación del sistema judicial, entendiendo a este, en un sentido lato, o sea, amplio: toda estructura que aplica coerciblemente el Derecho (Órgano Judicial, Ministerio Público, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal de Ética Gubernamental). Esto sucede, si cambia la concepción política-ideológica, de los funcionarios políticos (Órgano Ejecutivo y Asamblea Legislativa).

 

La transformación de este pensamiento político-ideológico, consiste en la creencia de que el destino de la nación, depende de la voluntad de una persona, que permite el lucro personal, ya sea por el mero disfrute de los beneficios del cargo público o, por la corrupción que éste cargo pudiese permitir. Para que esta situación pueda darse, debe de haber la alineación de intereses económicos supranacionales y, del crimen organizado, con los del dictador, reflejándose en su estructura de poder.

 

Esta deformación del sistema democrático, puede explicar la pretensión de reelección presidencial, el anuncio desde la Cadena Nacional, de la confiscación de bienes, él envió de opositores al Hospital Psiquiátrico o, el ocultamiento de las detenciones, aun cuando estén bajo la autoridad de un Tribunal. Retomar causas fenecidas desde hace más de 40 años y, buscar condenas sobre exfuncionarios, hoy mayores de 90 años, por acciones mandatadas por la Constitución, para probar la “justicia” del régimen actual.

 

El razonamiento del actual régimen es perverso: asegura que se vive en un país de bonanza económica, donde la pobreza ha desaparecido y el sufrimiento es algo antiguo, causado por los gobiernos de ARENA y el FMLN. Por ello, gasta $100,000,000 millones en un evento de belleza, para destacar a la mujer, pero contrata a una empresa que ha quebrado en su país de origen, que trae transexuales, una mujer casada con hijos y hace apología del matrimonio lésbico, entre dos ex concursantes del certamen de belleza.

 

En contraste con esta ficción, se encuentra un creciente descontento por insatisfacciones laborales en las instituciones públicas: el Gobierno, ya no tiene más recursos que utilizar y los ahorros privados, para cubrir su corrupción: primero tomando los fondos de pensiones y luego, el dinero de los ahorrantes del sistema financiero, bajando el encaje legal, para luego solicitarlo, como préstamo soberano. La voz de muchas madres se alza por sus hijos detenidos, para justificar el encubrimiento de un pacto entre el Gobierno y las pandillas u ocultar la corrupción. Y se esconde la miseria en las calles, ante las cámaras del certamen de belleza, sufriéndolo por igual, vendedores informales y perros callejeros.

 

Mientras esto sucede en El Salvador, inicia en Estados Unidos un proceso, señalando a pandilleros y Gobierno de El salvador, por un pacto que asegura un triunfo electoral y beneficios al crimen organizado.

 

La deformación del sistema judicial, permite que puedan procesarse cantidades imposibles de diligenciar conforme a Derecho: expedientes con más de 50 o 100 procesados, cuando el proceso penal, es sobre la responsabilidad individual y no colectiva, lo cual convierte estos procesos en un Crimen de Lesa Humanidad. También la persecución de militares en retiro, por el dinero que se exigirá al Estado, es una nueva forma de estafa, que permite el actual sistema judicial.

 

El Tribunal Supremo Electoral, es el que, por hoy, permite la consolidación del autoritarismo, pero la responsabilidad también recaerá en la Fuerza Armada y en quienes “siguiendo órdenes”, no han incumplido su función Constitucional.

ILEGALIDAD VRS LEGALIDAD

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El debate Constitucional en El Salvador es ahora, sobre la legitimidad del modelo de Gobierno y no, sobre su continuidad en el ejercicio del Poder, por un mismo Gobierno. Este debate se debe, al rompimiento constitucional, por parte del TSE, al haber inscrito las candidaturas de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, siendo presidente y vicepresidente, en ejercicio de su función.

 

El Derecho Constitucional, es más amplio que la propia Constitución, pues abarca la legislación electoral y los principios fundamentales de los Derechos Humanos. La inscripción inconstitucional de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, substrae su candidatura de la mera elección, a un debate de orden Constitucional: la equiparación de la ilegalidad, con la legalidad, avalada, por la institucionalidad del Estado.

 

O sea, que su inscripción, avalada inicialmente por Nuevas Ideas y luego, por el TSE, ha aceptado el transfuguismo formal, en una estructuración de hecho, de partidos afines al Gobierno, en contravención constitucional, aceptada frente a una oposición, apegada al Derecho. El aceptar esta situación, por parte del TSE, como organismo colegiado, no refleja la posición de los partidos de oposición, allí representados, como vigilantes del proceso electoral, lo cual afirma el rompimiento del Derecho y la legitimidad del proceso electoral.

 

El planteamiento paulatino de esta polémica, ha sido iniciado, con la aceptación de la eliminación de 262 municipios, convocados previamente a elecciones, por 44 nuevos municipios inexistentes, que cobrarán vida el día 3 de marzo de 2024. Encontrándose hoy en un período de “gestación” o acomodo, en el cual el Órgano Ejecutivo, va tomando muchas funciones municipales: registro de personas, catastro, obras municipales, presupuesto, autonomía etc.

 

Competir electoralmente, en paridad de condiciones, entre candidatos legales e ilegales, contamina de origen, la elección, pudiendo al final, “legitimar” el cambio jurídico y, con este, el Constitucional. Las candidaturas estarán sometidas a un árbitro adverso; el TSE, si ha roto los mayores principios electorales, seguramente romperá a conveniencia del oficialismo, la legislación secundaria.

 

Para su existencia, la República exige un proceso de transmisión de poder, basado en el apego a un sistema preestablecido de Derecho y, aunque este puede  cambiarse, a voluntad del mismo Estado, por el Gobierno, exige que sus reglas sean aprobadas de forma legal, en cuanto a forma y fondo y, un rompimiento de este principio, contamina todo el sistema constitucional y, pone en riesgo, la elección de funcionarios, cuyas candidaturas pertenecen a la oposición, pues se tendría un “árbitro” parcial, a favor del oficialismo.

 

La contaminación de este proceso, puede afectar a sólo los candidatos presidenciales o, puede deslegitimizar todas las elecciones, según sean los argumentos esgrimidos. Esto dependerá de los políticos y no, de los Abogados, pues el ejercicio de la fuerza, ha anulado el Derecho y, las acciones a considerar, no se encuentran dentro del marco que la Ley establece, sobre todo si el Gobierno autoritario pretende encasillar las acciones de la República a su favor o, para un beneficio personal, ajeno a la naturaleza del Bien Común, que es propiedad de la colectividad.

 

El temor individual, de no ser electo, puede nublar la visión jurídica y política general, sin embargo, todo candidato e instituto político, tiene que razonar sobre este particular, sin importar su ideología o su naturaleza. De dicho razonamiento, puede depender la legitimación o no, del régimen dictatorial y con ello va el destino de toda la nación, pues la actividad económica nacional, está siendo absorbida por los allegados al Gobierno, aprovechando su posición de poder, mientras se utiliza el régimen de excepción, como la fuente formal de coercibilidad, para controlar a la población y a la disidencia.