LA PRONUNCIADA SENTENCIA NO MATERIALIZADA

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 30 de agosto de 2016.

La Sala de lo Constitucional, en base a la Sentencia de Inconstitucionalidad de la ley de Amnistía, ha forzado, a Corte Plena, a dar resolución desfavorable al requerimiento del Reino de España más, no tiene cierto todavía, cómo armonizará la estructura doctrinaria nuestra, con los principios de la Justicia Transicional, que han creado una colisión de principios jurídicos, en nuestra jurisdiccionalidad.

La derogatoria de extradición está incompleta: parte medular es resolver sobre el status jurídico de los imputados, tanto de quienes fueron detenidos, como sobre de quienes recae aún la difusión roja. Por ello se debe conocer la resolución que no se ha querido materializar y, si nos apegamos a los principios del Derecho Procesal,   de la materialización de Sentencia, nace su obligatoriedad y efectos.

Los principios que rigen tanto a nuestra doctrina como a  la Justicia Transicional, tienen puntos de coincidencia en sus principios “ne bis in ídem” y, de “cosa juzgada”. Estos principios, están consagrados en la Constitución de la República, en el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos y, en El Estatuto de Roma (todos cuerpos legales vigentes en El Salvador) dan estabilidad jurídico-político y, benefician al reo. Por otra parte, Corte Plena reconoce de hecho, la legalidad plena del proceso realizado en el Tribunal 4° de lo Penal, así contradiciéndose el Magistrado Sídney Blanco, con su anterior declaración ante la Audiencia Española, de la manipulación del proceso, sobre el cual ha votado hoy.

Si perseguimos exclusivamente, los objetivos de la Justicia Transicional, no se cumplen éstos con la formal prisión de los hoy imputados por España, pues el fin ejemplarizante y de la destrucción de la estructura de poder y causas del conflicto, no son alcanzados de manera alguna, en el proceso de extradición.  Y si atendemos a los “Principios de Princeton sobre Jurisdicción Universal”, Naciones Unidas A/56/677 ASAMBLEA GENERAL 4 de diciembre de 2001, Quincuagésimo sexto período de sesiones. Tema 164 del programa Establecimiento de la Corte Penal Internacional. En la página 9/36, se puede leer lo siguiente: “El ejercicio indebido de la jurisdicción penal, incluida la jurisdicción universal, bien puede servir nuevamente para hostigar a opositores políticos o para fines ajenos a la justicia penal. Además, el ejercicio imprudente o inoportuno de la jurisdicción universal podría obrar en desmedro de los procesos de paz y reconciliación nacional en países que estén empeñados en recuperarse de conflictos violentos o de la opresión política. En ésta, como en otras esferas de la política y el derecho, es menester obrar con prudencia y sano juicio”. Y esto es lo que se ha hecho hoy en El Salvador.

El Gobierno Español y la Orden Jesuita en España,  han sido manipulados para impulsar la Justicia Transicional en El Salvador, pero no han logrado el enjuiciamiento promovido en España, pero sí, han abierto la posibilidad de abrir procesos en El Salvador, mediante la retroactividad del Estatuto de Roma, al señalarlo como referente de los crímenes de Lesa Humanidad.

Los  manifestantes que en Chalatenango   “asustaron” al Magistrado Florentín Meléndez, cuando iba a explicar los beneficios que traeríales las Sentencias de la Sala de lo Constitucional; son los mismos a quienes han pretendido beneficiar, como víctimas del conflicto armado, son los mismos que causaron 11,000 bajas a la FFAA, cuando ésta mantuvo la unidad nacional frente a las pretensiones del FMLN. No es de los militares de baja o, de quienes escriben contra la Justicia Transicional de quienes debe temer el Magistrado, que han defendido siempre la institucionalidad. Debe temer  a quienes considera víctimas del conflicto y que siempre radicalizados, tienen hoy, el poder político.

LAS RECOMENDACIONES DEL FMI Y LA VOLUNTAD POLÍTICA EN EL SALVADOR

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 22 de agosto de 2016.

Siete recomendaciones ha hecho el FMI pero en sentido opuesto, va la voluntad política del Gobierno. Dichas recomendaciones tienden a crear la estabilidad económica y desarrollo sostenible del país, pero los compromisos internos, previamente adquiridos por razones electorales, ideológicamente justificadas, hácenle imposible cumplirlos; creyendo además, que las entidades internacionales, financiarán indefinidamente  a un gobierno quebrado y, adverso al sistema económico global.

Las recomendaciones del FMI tienen por objeto evitar un mayor endeudamiento, equilibrar el gasto público y que pueda alcanzarse cierto grado de desarrollo sostenible. El Gobierno proclama que es su propósito cumplir esas metas, pero prácticamente, hace todo  lo contrario. No puede cumplir con dichas recomendaciones, por los compromisos adquiridos con los sindicatos leales al Gobierno, pero en los próximos días, posiblemente veremos huelgas en los ramos de educación y salud por el incumplimiento de acuerdos salariales.

El Gobierno acaba de firmar  un nuevo contrato colectivo de Trabajo con CEPA, teniendo en perspectiva, las nuevas utilidades, derivadas de las mejoras en el aeropuerto Monseñor Romero. El Ministerio del Trabajo está promoviendo, un aumento salarial, dentro de la empresa privada y además, el cambio en las dirigencias de los sindicatos, para crear una estructura sindical afecta al Gobierno, sobre la base de ofrecer el aumento del salario mínimo. Esto traería, como consecuencia, una pérdida en la competitividad de nuestras exportaciones y, una inflación interna.

La corrupción en el Gobierno es generalizada: desde el otorgamiento de licitaciones a empresas allegadas a políticos del FMLN, hasta utilizar los fondos públicos, para gastos de alimentación y de adornos de sus casas particulares. Los fondos públicos son vistos como inacabable fuente de recursos propios, lo cual determina la calidad moral y cívica de dichos funcionarios, que desprecian cualquier regulación, con el argumento de que poseen el poder que se les dio al ser electos y, cualquier recomendación en contra, es tomada como un desafío a dicho poder.

La gobernabilidad dentro de la Asamblea legislativa, tiene también visos de corrupción: en los siguientes meses, por el pacto de entendimiento entre el FMLN y GANA, el FMLN que  desempeña por ahora la presidencia de la Asamblea Legislativa, tiene intenciones de incumplir dicho pacto, tal como lo hizo durante la legislación pasada. Por esta razón, GANA, por ahora,  votará en favor de las propuestas de ARENA que no perjudiquen al FMLN. Esta posición impide que se tomen acuerdos sobre responsabilidad fiscal, sobre los grandes temas económicos del país o, sobre créditos y pensiones.

La presidencia de la Asamblea Legislativa  implica que quien la ejerza, tendrá acceso irrestricto a poco más de $ 60 millones del presupuesto legislativo y, plena libertad de contratación de empleados. En la presente legislatura, se han contratado seiscientos nuevos empleados, que de hecho, son activistas políticos del Gobierno.

Ya es imperativo que se llegue a un acuerdo sobre la responsabilidad fiscal y se cumplan las recomendaciones del FMI, primero políticamente y luego, dentro de la Asamblea Legislativa. La capacidad de endeudamiento del país llegó ya, al límite, pero los economistas que hoy asesoran al Gobierno, ven en esta crisis,  oportunidad para administrar los fondos privados de pensiones, poner más restricciones a la banca privada y posiblemente, desdolarizar, en la creencia de que dichas medidas van a reactivar la economía nacional, pues dejaría de ser atractivo para la inversión extranjera y surgiría la de los países “amigos” y así, luchar contra el imperialismo y la globalización.  Estos sueños absurdos, nos llevarían al caos, a la ruina económica, al desastre.

LAS ELECCIONES DEL NUEVO COENA, CRUCIALES PARA LA OPOSICIÓN

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 20 de agosto de 2016.

El destino de ARENA y de la oposición política, estará muy pronto, en manos de Mauricio Interiano, de Edwin Zamora o de Hugo Barrera, y siendo iguales sus objetivos, quien sea electo, importará poco. Momentáneamente, la opinión del partido estará dividida entre estos tres candidatos,  pasada la elección, el partido deberá unirse, en derredor del nuevo COENA, salvo algunas excepciones, como siempre ha sucedido. Importante es que ARENA sea oposición política sólida, activa y propositiva. Su balance de poder interno debe ser, más o menos, igualitario, sin preeminencia del poder de los Diputados y sin el poder acumulado, que resulta de los dobles cargos.

La estrategia de “a mínima confrontación, mínimo desgaste”, ha dejado a la ANEP a FUSADES y a Aliados por la Democracia, el peso de la oposición política, lo cual perfila la imagen de una pérdida de valor político de ARENA, que  se traduce en disminución de colaboración económica al partido. Para su militancia, el hecho de carecer de la estructura de comunicación permanente, dentro del partido, permite dejar, en manos de las Directivas Departamentales, esta importante función, de tal manera que, dichas directivas se dedican más a promocionarse  a sí mismas que a promocionar al partido viendo únicamente los problemas locales (de las catorce Directivas Departamentales, once son presididas por Diputados).

La oposición ejercida por los Diputados en la Asamblea Legislativa débese al normal desempeño de sus funciones pero, limitada por los acuerdos de gobernabilidad, los que frecuentemente, sólo les trae beneficios personales y sin favorecer, ni al partido ni a la nación. La función del COENA y de la Comisión Política, es trazar las grandes líneas del partido, basándose en su ideología: el liberalismo. Parece, sin embargo, que tal línea no existe o que, ante los problemas dentro de ARENA, se ha difuminado. De allí la necesidad de un liderazgo fuerte, con clara conciencia de los fines que persigue su ideología, conjugados con los intereses de cada uno de los diferentes sectores, que necesitan de libertad para su existencia.

Lo que debe de preocuparnos hoy, es la posible alianza con GANA: su acercamiento a ARENA se debe a que, a su extinción lo arrastra el costo político de su amplia relación con el FMLN – relación que le permitió jugosos frutos económicos –  dicho costo político le obliga hoy, a cambiar de estrategia y buscar un acercamiento con ARENA. Una alianza en tal sentido, pudiera traernos beneficio electoral, más también, contaminación  de los valores éticos e ideológicos del partido.

ARENA no ganará  las elecciones por el sólo desgaste del FMLN y por los señalamientos que la empresa privada haya hecho de las políticas de tal partido: necesita una oposición fuerte y la capacidad de ser flexible, para poder negociar con las distintas fuerzas del país, pero inflexible, en temas ideológicos que pongan en riesgo, alguna o alguna de las libertades del sistema liberal.

A cada uno de los candidatos es posible, hacer objeciones de carácter,  trayectoria o de pensamiento político, no obstante, su elección saldrá del pleno del partido: más de veintisiete mil afiliados e imperativo  es que las autoridades actuales del partido, reconozcan y acepten la voluntad de su mayoría. Luego, será responsabilidad será del triunfador, mantener la unidad y línea del partido, sin olvidar que éste, sólo con el apoyo de su militancia tendrá peso político y que, sin el financiamiento de los colaboradores, no será posible el funcionamiento del partido. Esto no es sólo por aspectos ideológicos sino por la estructura de las distintas fuerzas políticas producto del liberalismo.

EL OCASO DE UN DICTADOR

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 16 de agosto de 2016.

Aún como Dictador, a sus noventa años, Fidel Castro Ruz celebra su cumpleaños, al frente de las ruinas de su obra socialista, rodeado de sus más cercanos simpatizantes que encontraron su fortuna y cuota de poder político, en la Revolución Comunista Latinoamericana. Sus seguidores y, todavía dependientes, fuera de la isla, también celebran su cumpleaños y,  queriendo hacerlo fiesta nacional, tienden sobre la mesa, a manera de mantel,  el pabellón nacional de su patria, viviendo en total alienación, a la nueva realidad económica y geopolítica mundial.

Lejanos están hoy los tiempos, en los que Fidel Castro era un guerrillero y, el periodista Don Ernesto de la Fe, ex Ministro de Información de Batista, diole refugio para salvar su vida. Don Ernesto de la Fe fue víctima de uno de los rasgos de Castro: la traición y la muerte para sus amigos. Fue Don Ernesto de la Fe, el primer preso de La Cabaña, capturado en 1951 y liberado en 1981, por veinte años guardo prisión junto con otro antiguo amigo de Castro, Huber Matos Benítez, quien había sido su captor y Comandante histórico del Movimiento 26 de Julio.

Fidel y Raúl Castro, asesinaron a su compañero Camilo Cienfuegos y dejaron morir en Bolivia al Che Guevara. Tal “escuela cubana”, sirvió para justificar, a manos de sus compañeros y por desviacionismo, el asesinato de Roque Dalton. Fidel Castro convierte siempre en mártires de la Revolución a las víctimas que el mismo ha ejecutado. Vive hoy como un Dictador, pero sobre las ruinas de lo que pretendió construir: la Revolución Latinoamericana.

Cuba ha vuelto a ser el paraíso tropical de los años 50´s, donde la mafia norteamericana tenía juegos, contrabando, prostitución y dinero sin reglamentaciones. Hoy Cuba obtiene sus rentas del turismo europeo, de las drogas, de la prostitución y del cambio controlado. Vende franquicias a inversionistas extranjeros y obtiene la mercancía norteamericana mediante la triangulación comercial, lo cual dejaba sin sentido la inexistencia del comercio y relaciones diplomáticas con Estados Unidos: esta es la Cuba en donde Castro reina; qien ha superado en riqueza a su padre, un terrateniente, más, su fortuna, hecha como Dictador, desdice sus proclamas de la Sierra Maestra y es afrenta a la dignidad del trabajo.

Sus hijos políticos, los revolucionarios latinoamericanos, celebran hoy su cumpleaños, pero, al igual que él, en países destruidos por las aberrantes ideas del socialismo y, más que todo, con el estigma de la traición revolucionaria. Han alcanzado el poder en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina pero ya lo están perdiendo por la destrucción causada por el socialismo y el latrocinio de sus dirigentes: Cristina Fernández, Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff son los ya excretados por corruptos. Es sólo cuestión de tiempo que Nicolás Maduro, Evo Morales y Rafael Correa, sean expulsados del poder. El caso de los Ortega es diferente: se aferrarán al poder hasta que una revolución los expulse.

El Gobierno del FMLN, es en verdad, el Gobierno del Partido Comunista y las FPL, pues ya purgaron al ERP y a muchos otros. No de otro modo se explica que hayan sido capaces de ocupar nuestro sagrado pabellón nacional para mantel de la mesa, en honor a Fidel Castro y, en total desprecio hacia nuestra patria; es la última humillación que hoy hacen quienes estuvieron en guerra contra El Salvador, siguiendo las órdenes del Dictador cubano. Ya purgaron a los primeros insurgentes salvadoreños, entrenados en Cuba. La pregunta es hoy ¿Cuándo serán purgados los que hoy, sin respeto a su investidura, celebran el cumpleaños del dictador?

PELIGRO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL: LAS PANDILLAS EN SU EVOLUCIÓN

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 14 de agosto de 2016.

Ha puesto en evidencia, la judicialización de la operación “jaque”, que las pandillas  ya no son cuestión de Seguridad Pública, pues su fin es político (controlar los recursos que produce el Estado) cayendo así, en la esfera de seguridad nacional y, en detrimento de los intereses regionales. La lucha política, sólo por obtener los recursos existentes, sin fines ideológicos, es comparable con las luchas tribales de Ruanda (entre los Hutus y los Tutsis) que se expandió a Angola, Zimbabwe, Uganda y Namibia. Aquí existe la capacidad material  para contener amenaza semejante de las pandillas,  que se extiende ya desde el Triángulo Norte hasta Europa, pero no hay en El Salvador, para contenerlos, decisión política.

El Gobierno Salvadoreño trata de minimizar la importancia de la operación jaque y de los planes terroristas de las pandillas. Procura encubrir  las conexiones pandilla – Gobierno, desviando responsabilidades hacia mandos medios de las pandillas. Por el seguimiento policial a los pandilleros, se develaron sus planes de terrorismo, para desestabilizar al Gobierno. Todo fue descubierto por medio de escuchas telefónicas, lo cual aclara la capacidad investigadora de los cuerpos de inteligencia; sin embargo, por la judicialización del caso, se cortan deliberadamente, las conexiones con el Gobierno y con la Alcaldía Municipal de San Salvador.

El ex presidente Mauricio Funes, en sus programas radiales, se esfuerza por desvirtuar las intervenciones telefónicas en las  que las pandillas, comentaron haber recibido $ 25 millones de dólares, durante su Gobierno. Por otra parte, los informes policiales, no quieren ahondar sobre las relaciones sorprendidas, entre un alto funcionario de la Alcaldía Municipal de San Salvador y, los hoy capturados. La transparencia nula, en el manejo de las armas que se encuentran a resguardo del Ministerio de Defensa y las gestiones del Obispo Castrense, en beneficio de las pandillas,  son motivo para sospechar corrupción y beneficio institucional, en favor de estas bandas organizadas.

Ya son las pandillas, una fuerza política armada y,  obtener los recursos que produce el Estado, son sus únicos intereses;  para ello, controlan el territorio y la población. Su lucha actual, es por controlar el aparato de Gobierno, utilizando para ello, dos medios: la fuerza bruta y la conveniencia de los políticos, hoy en el poder. La insistencia del Gobierno en las Treguas, tiene como objeto justificar la influencia electoral de las pandillas, lo cual legitima las estructuras delincuenciales en el país. Sin embargo, en la medida que las panillas controlen  el territorio y desalojen a la población, en la misma medida, debilitarán al Gobierno.

La Seguridad Pública ve a las pandillas, desde el punto de vista de la prevención y represión del delito, pero la Seguridad Nacional, aborda éste problema desde la perspectiva de la amenaza a la existencia  del Estado y, de la estructura de su Gobierno. Parece  que el actual Gobierno, ve en las pandillas  una mera cuestión  delincuencial,  que  puede servirle electoralmente. Sin embargo, el colapso económico causado por el presente y anterior Gobierno,  potencia a las pandillas, a una posición de poder, superior al del Estado y, siendo su lucha por los recursos, tanto el Gobierno como las pandillas, ven su supervivencia en la explotación final de la actividad privada. El 79% de las empresas, son ya extorsionadas y, el 96% de la actividad económica informal, paga algún tipo de “renta”, sea por actividad económica, por habitación, o por tránsito, lo cual acelera el deterioro económico nacional.

Finalmente, es conveniente considerar que la emigración de mareros a Italia y España, representa para Europa, aunque en menor escala, el mismo grado de amenaza que el del yihadismo islámico.

LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS: AMENAZAS Y POPULISMO.

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 11 de agosto de 2016.

Como derivación del “QUINTO INFORME ESTADO DE LA REGION Pobreza en Centroamérica: Evolución 2000-2014 y situación actual”; se ha pretendido  la relación de gasto público, con la insatisfacción social y eliminación de la pobreza, las cuales son limitadas por los gastos de las Fuerzas Armadas y policiales del área,  disminuyendo así, el desarrollo de la región. Se basan esas erróneas apreciaciones, en los conceptos antimilitaristas de la Guerra Fría y, en la relación conceptual: a mayor gasto militar, menor desarrollo democrático y social.

La región tiene amenazas medioambientales, geopolíticas y delincuenciales que son, en definitiva, contenidas por las distintas Fuerzas Armadas y policiales, dentro de la estructura de la protección civil, las acciones de Seguridad Púbica y Seguridad Nacional, es más, dada la complejidad de las amenazas, ya se planean acciones conjuntas, entre los países que conforman el Triángulo Norte.  Pero no se puede hablar, de ninguna manera, de  militarización, pues sus acciones no afectan la estructura política del área y, más bien, son el contrapeso necesario, para evitar que las acciones del crimen organizado transnacional, controlen las estructuras políticas.

En un artículo titulado LA MILITARIZACIÓN EN CENTROAMERICA,  publicado el 6/8/2016 en la Nación, Costa Rica, bajo la responsabilidad de Víctor Hugo Murillo S. se asegura que el gasto en las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, es de un 4.6% del PIB. Esta cifra contrasta con las publicadas en otros estudios publicados por la BBC  y la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (REDSAL), que afirman,  es de 0.9%.  Dicha discrepancia, revela un problema subyacente: la manipulación política de los fondos públicos que se exigen para una cosa y se gastan en otra. Por ejemplo: se aprobó un préstamo de $ 152 millones, para combatir  la delincuencia,  pero se toman $ 33 millones, para  pago de pensiones a militares en situación de retiro y, no se pagan;  durante los últimos años, no han sido pagadas las cotizaciones patronales y  al dinero se les ha dado un destino diferente, pretendiendo reponerlo posteriormente de otras partidas, por lo que resulta un presupuesto inflado y falso.

Costa Rica y Panamá, no poseen ejércitos formales,  pero sí, una fuerza suficiente para sus necesidades de Seguridad y que se equipara, en especialización y estructuración, a una Fuerza Armada regular, destinando un presupuesto real del 2% del PIB,  cantidad que duplica para tal fin, los demás presupuestos del área centroamericana. El crimen organizado, ya ha sobrepasado los conceptos normales de Seguridad Pública y, se ha convertido en una amenaza a la vida económica y política de la región. Según el estudio sobre el estado de la región,  Costa Rica y Panamá, son los países que han combatido mejor los índices de pobreza, pero ha invertido una cantidad superior, para el control de las amenazas que pueden desestabilizarlos.

En nuestro país, la manipulación del presupuesto público, es síntoma de la corrupción política, la cual es estimulada por el crimen organizado que, comprando la voluntad de los servidores públicos, degrada los valores morales y cívicos, haciendo aceptable cualquier maniobra populista y de corrupción.

Una variable, en la condición interna antes expuesta, es la influencia geopolítica de Rusia y de China, que puede estimular conflictos en el área, vía Nicaragua, para crear un escenario secundario dentro de la nueva geopolítica multipolar. Nicaragua, con armamento Ruso, crea un desbalance militar regional, desechándose los acuerdos de Contadora y Esquipulas II.

El desbalance militar y la amenaza regional de las pandillas, como desestabilizadores políticos del sistema, son justificantes para  gasto mayor en la Seguridad Pública y, en la Seguridad Nacional, en el Triángulo Norte.

DE LOS $ 25 MILLONES A LAS PANDILLAS Y LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

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San Salvador, 6 de agosto de 2016.

Si una investigación judicializada, establece que la Mara Salvatrucha ha recibido $ 25 millones de dólares, forzoso es preguntarse: ¿De quién se los recibió? Y, ¿Quién permitió tal ingreso? De no responderse, es porque la estructura Gubernamental ha fallado; es un caso tan grave que, al juzgarlo, no basta la deducción de responsabilidades de éste, o de otro funcionario público, pues afecta la legitimidad de una parte del Gobierno, no por su nombramiento, sino por el desempeño delictuoso de sus funciones pues éstas, han sido contrarias a sus fines, y han provocado el desamparo al ciudadano honrado y, no es lo que espera la comunidad internacional.

Las Sentencias de la Sala  de  lo Constitucional, señalan una responsabilidad del Estado, sobre los derechos del individuo y, la protección que a éste, le debe. Ahora, algunas estructuras del Gobierno han permitido sistemáticamente, el sometimiento de la persona a estructuras de fuerza, paralelas al Estado.

El indicador de homicidios diarios, ya no es referencia útil, para medir el estado de la violencia en el país, pues ésta se fija únicamente, por el número de muertos legalmente registrado, creándose así, la necesidad de establecer nuevos indicadores  más representativos de la realidad salvadoreña, en basándose en los montos que recaudan las estructuras delincuenciales y los efectos en la población.

Estudio de la UCA, referente al 2013, establece que migran diariamente   entre 500 y 700 personas. Y el 89.9% de inmigrantes salvadoreños es de 18 a 64 años. Estos datos no son congruentes con la reunificación familiar o, con la falta de trabajo; sigue un patrón: de sus lugares de origen, a otros dentro del país y de allí, hacia el extranjero. La emigración es producto de la  violencia interna, que busca la extorsión del ciudadano como una fuente no legal de ingreso para las pandillas.

Los $ 25 millones de dólares percibidos por la MS, es  pequeña cantidad, si la comparamos con lo que perciben las pandillas, como producto de las extorsiones: el transporte público afirma que, colectivamente pagan como extorsión $ 30 millones de dólares al año,  casi la totalidad del subsidio que reciben del Estado. Sólo $ 18 millones son producto de las extorsiones denunciadas y, según las gremiales empresariales, se extorsiona al 79% de la actividad económica nacional.

Hecho que nos obliga a considerar un segundo indicador de violencia: el decrecimiento económico anormal (lo que está bajo del promedio centroamericano) con el número de empresas cerradas. Sólo así, podremos tener una  relación humano/económica del impacto de las pandillas. Pues a este ritmo, por más impuestos que el Estado imponga al ciudadano o que reciba estímulos  internacionales para combatir la delincuencia, siempre será superior el beneficio que reciban las pandillas, por lo que la misma estructura del Gobierno  promueve, por complicidad o negligencia, la destrucción del país.

El proceso está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y judicializado y, dependerá del resultado, establecer el grado de fortaleza institucional que posee El Salvador,  pues  éste proceso es crucial, para probar la capacidad institucional del Estado; de lo contrario, necesario sería  solicitar a entidades extranjeras  la solución de nuestros problemas nacionales, lo que eliminaría en sí, la soberanía nacional. El interés que puedan presentar otros organismos internacionales no está en un fin altruista, sino en velar por la seguridad regional, que se ve amenazada, por un Gobierno incapaz y corrupto.

Todas las estadísticas que da el Gobierno en relación con las pandillas y sus efectos, son disminuidas y alteradas,  contrastan con otras investigaciones independientes,  lo que presume, complicidad.

¿DE LA APROBACIÓN DE PRESTAMOS A LA JUSTICIA RESTAURATIVA?

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 3 de agosto de 2016.

Se ha pasado, en tres semanas, de solicitar la aprobación de préstamos para solventar un problema de caja, a un pacto fiscal y, de allí, a la proposición de un cambio estructural, basándose en la Justicia Restaurativa. En síntesis, de un déficit presupuestario, se pasa a un problema de política fiscal y, de allí, a una cuestión de sistema económico, relacionado con la política del conflicto. ¿Ha sido este rápido cambio, resultado de una situación Gubernamental, forzada por su tambaleante situación o, ha sido producto de situaciones largamente planificadas, que se presentan juntas, al madurar la situación política? Son preguntas a que debemos responder.

La Justicia Restaurativa tiene su origen en el estudio sociológico, del comportamiento de tribus aisladas, en  Canadá y Perú: en el reducido ámbito de la tribu, el delincuente es castigado con la reparación a la víctima, del daño ocasionado, expresando su arrepentimiento y sirviendo a la tribu, en trabajos comunitarios; esto último, para forzar la sumisión del individuo, al ente social. Este proceder de la tribu, aplicado al Estado, puede entenderse como una variante sui géneris, de la ejemplarización  y readaptación del individuo, a la estructura jurídica del Estado, como forma de estabilización social.

Esta justicia, basada en la estructura tribal, puede tener aplicación en  donde dicha estructura se traslapa con la forma del Estado moderno, como en algunos Estados africanos, o en reservaciones indígenas, pero no puede tener aplicación, en sociedades estructuradas en base al individualismo, como las europeas y americanas.

Debido a sus necesidades, el Gobierno funciona sin lograr sus objetivos, aumentando la complejidad de su situación: desde pedir  aprobación de un préstamo, hasta proponer un cambio total, en la estructura económica del país: aúna cada vez más, situaciones prácticas con cuestiones estrictamente ideológicas y, que nada tienen que ver, con la economía, como los efectos en la sociedad salvadoreña, del pasado conflicto armado.

Llama la atención, lo que dijeron, en una entrevista matutina en un canal de TV, Juan José Martel y  Dagoberto Gutiérrez.: hicieron  referencia, a la necesidad de un cambio estructural de modelo económico, para satisfacer las necesidades de las víctimas, conforme a principios de la Justicia Restaurativa, pero aplicándola en una concepción muy genérica: la agresión que ha sufrido, la sociedad, víctima de un sistema económico perverso, alineando así, al Gobierno, con la izquierda en general; en lo cual ve el Gobierno  la posibilidad de solventar sus problemas económicos y, la izquierda, una cuestión ideológica favorable.

Las declaraciones que dio la gremial de veteranos militares “Causa Justa”, a un periódico vespertino, afirmando que se apegaban a la Justicia Restaurativa y planteaban una restauración de los daños, bajo una ley ad hoc, exclusivamente de naturaleza económica, a cargo del Estado, sin responsabilidad alguna, de naturaleza penal; fue aclarada, por un correo de uno de sus directivos , aduciendo, la errónea interpretación que el periodista dio a dichas declaraciones; no obstante, si el periodista hizo tal interpretación, es porque la idea flota en el ambiente político, sin que haya de dicha justicia, verdadero saber,  ni conciencia de sus efectos por lo novedoso de dichas teorías.

Cualesquiera  los efectos de la aplicación de la Justicia restaurativa, la sociedad tendrá que pagarlos con los impuestos;  las miras directas del Gobierno, van hacia la empresa privada,  haciéndola responsable de las causas del conflicto y de la violencia actual, pues se origina ésta en las insatisfacciones dejadas luego de los Acuerdos de Paz: la vigencia del modelo neo-liberal y no haberlo transformado según las aspiraciones de los alzados en armas,  hoy en el poder.