IMPRECACIÓN DE UNA PENSIONADA

Colaboración de Doña Ana Soledad Miró (pensionada de 95 años, quien considera que a los abonados de la tercera edad, únicamente les queda la libertad del cuche, chillar mientras los destazan) PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 30 de abril  2016.

Para el Presidente

Para el Ministro,

Para los Diputados del FMLN

Y sus seguidores, todos traidores

A los intereses, de los indefensos

Trabajadores.

 I

Caiga sobre el Presidente,

Sobre el Ministro de perverso

Y malvado corazón,

Sobre el infiel legislador

El castigo más severo

De la Justicia de Dios

II

Todo el dinero a su gusto

Lo podrán tener y gozar

Pero con seguridad

Fuego les ha de quemar

Por justo castigo de Dios

Que a todos les ha de caer

III

Si a los pobres pensionados

Les rebajan o les quitan

Lo que cubre su vejez

Que duro fruto es

De su esforzado laborar,

Sobre los autores caerá

La dura justicia de Dios

Y para siempre en el averno,

Y en castigo sempiterno

Ardiente roja llama,

Sus entrañas quemarán

Pues malditos eternamente

En el infierno estarán.

IV

Y esta maldición

De anciana pensionada

La repitan para siempre

Todos los que sientan

Su derecho atropellado.

POSICIÓN POLÍTICA DE ANEP

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra           

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 27 de abril  2016.

Los conceptos de libertad económica y de libertad política, son sólo meras especulaciones teóricas, si no se sabe aplicar sus principios a la realidad pues, uno de los resultados de dicha aplicación práctica, es el combate a la corrupción,  en dos de sus extremos: la conducta del empresario y la contraloría del Estado. Esta última, es la que permite evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que siempre se hacen, con dineros del Estado, utilizando amañados procedimientos riquezas fraudulentas. Por esta razón, debe ser combatida   la corrupción y empresa privada, es la que hoy ha alzado su voz, advirtiendo que, en el Estado, campea la corrupción.

El ENADE 2016,  ha puesto en práctica esta política,  pero  el Gobierno salvadoreño  ha dejado en claro, su desacuerdo con  la propuesta de la ANEP; al no asistir al congreso,  patrocinado por esta entidad gremial y en el cual, su orador principal,  fue el ex – Presidente del Gobierno Español,  Don José María Aznar.  El Gobierno considera que su política de gasto público, no induce a la corrupción, y que sus medidas son correctas e incuestionables, por parte de la sociedad salvadoreña, aunque tales medidas sean  real y visiblemente promotoras de corrupción y despilfarro de los fondos públicos. Por otra parte, muestra su apoyo incondicional  al Gobierno de Venezuela, el cual considera que las opiniones de Aznar, son una intromisión en los asuntos latinoamericanos, en los cuales no deben opinar, ni nacionales ni extranjeros,  generalizada opinión de quienes se consideran seguidores del Socialismo del Siglo XXI.

Otro factor a considerar en la lucha contra la corrupción, es la politización de la entidad contralora de los fondos públicos,  la cual ha sido muy cuestionada  por sus resoluciones tanto, a conveniencia política,  como por la falta de idoneidad de los actuales funcionarios, lo que ha obligado a cuestionar  por vía de la inconstitucionalidad y del amparo, sus nombramientos y acciones.

Puede  citarse como ejemplo, la entrega de un Finiquito,  sin existir un expediente que lo sustente, al ex Presidente Mauricio Funes,  lo cual crea nulidad de pleno derecho sobre dicho documento, pero que, al ser emitido por el funcionario pertinente, obliga a un proceso de lesividad,  el cual, según parece, no se dará: si bien el presidente de la Corte de Cuentas, se ha mostrado “indignado” por lo actuado por su predecesor, deja a Funes, los suficientes resquicios legales, para una eficaz defensa. Dicho proceder, es prueba del carácter político y populista de dicha institución contralora.

La corrupción generalizada, tolerada y encubierta por la Corte de Cuenta, en los negocios públicos, es una sangría de las arcas del Estado, tan lesiva, como el dominio que pretende el Gobierno,  sobre la empresa privada,  pues en ambos casos, no sólo se  inhiben los debidos controles fiscales y morales, sino también se provocan, la corrupción política y la degeneración del sistema democrático.

Activa  es la posición política de la ANEP en la defensa de los principios democráticos, concretados en el diario quehacer, pero siempre conservándose  apolítica partidarista, aunque  sus afiliados, en su carácter personal, tengan  afiliación política. No obstante, el actuar no partidario de la ANEP, lo ha tomado el Gobierno como si fuese un opositor  político más.

La ANEP pretende el desarrollo pleno del país, el cual no es posible, sin el goce de la libertad y el desaparecimiento de la corrupción Gubernamental, que son verdadero freno del desarrollo nacional. La corrupción es  causa del fracaso en las finanzas del Estado y nos conduce al endeudamiento irrestricto. Por esta razón,  los controles normales del Estado al ser ineficaces,   obligan a crear otros mecanismos que los suplan.

LA PERSECUCIÓN A LA ANEP

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 25 de abril  2016.

Desde el triunfo de Mauricio Funes, se ha intentado por cuatro veces, dominar o convertir a las gremiales empresariales, en pro gubernamentales, debido a que la posición de libertad empresarial y política, sostenida por la ANEP, es incompatible con la política Gubernamental. Dicho intento de transformación ha dado origen a fricciones que no proceden de las gremiales, sino del Gobierno, al pretender imponer un criterio distinto del empresarial. Criterio que convertiría al país, en patrimonio partidario y perdiéndose el sistema basado en la libertad y la capacidad individual.

El primer intento de controlar la economía y las gremiales empresariales, fue la creación de la Unión Nacional de Empresarios Salvadoreños (UNAES): entidad gremial presidida por Byron Larrazabal y por Julio Villagrán, uno de los gerentes de ALBA en su división de venta de combustible al menudeo. Nunca pasó dicha entidad,  de ser noticia periodística, durante abril y mayo del 2009 y además, de citársela en algunos medios de Izquierda como FARABUNDOTERRA, MONCADA Lectores y el CoLatino.

Una gremial empresarial surge del quehacer económico de un grupo con intereses comunes y no, de un propósito político que perseguía como fin, que los empresarios se sumaran al Gobierno, para obtener sus beneficios y ser una extensión de la política gubernamental  logrando así, tener un completo control de la economía nacional. Esta idea surgió de las exigencias geopolíticas del ALBA y sería ejecutada por “los amigos de Mauricio”.

La retórica de dichos personajes era la siguiente: En completo abandono estamos la inmensa mayoría del empresariado salvadoreños y consideramos  que seremos un referente para el sector que, en los últimos años, no ha tenido apoyo de las gremiales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), considerando que sólo ha estado respondiendo al gran empresariado y a  los gobiernos de turno. De haberse aceptado esta propuesta, el libre empresariado habría aceptado la dirección estatal en sus empresas y la sobrevivencia de las mismas, a largo plazo, sería dudosa sin la auténtica iniciativa privada.

Un segundo intento de minimizar a la ANEP, fue discutir los asuntos económicos nacionales, con grupos no empresariales,  organizaciones campesinas pro gobiernistas, organizaciones feministas, de derechos humanos y varias otras,  para que así, la posición de la ANEP, representando a un total de cincuenta y dos gremiales, que representan el 100% de la actividad económica del país, quedara minimizada ante la opinión de todas las demás.

El tercer intento, fue la confrontación directa y persecución económica a las empresas más representativas, acusándolas de evasoras y haciéndoles más difícil las exportaciones e importaciones, pero  favoreciendo  a las empresas ALBA, en sus gestiones económicas en competencia con las nacionales.

Cuarto intento, es propiciar la dirección “no confrontativo” de la ANEP,  que facilitaría los trámites y demás gestiones gubernamentales de muchos y de los más relevantes empresarios que hayan consentido con el esquema Gubernamental.  Esta figura,  es la que actualmente se ha dado en Nicaragua: todo empresario que permite la injerencia política y económica de la familia Ortega,  puede trabajar,  pero siempre y cuando no tenga opinión política propia. ¿Será este sistema el que nos conviene para mantener nuestra economía o será la libertad económica que garantiza nuestra Constitución?

Este esquema de presión sobre la empresa privada es repetitivo, es repetitivo en Latinoamérica, pues  el mismo,  se ha dado en Venezuela contra FEDECAMARAS y en Ecuador contra la Cámara de Comercio de Guayaquil. La presión que hoy vemos sobre la ANEP, proviene de las políticas ALBA. La defensa de los principios de libertad económica y política, concierne  a quienes fundan sus empresas en dichos principios, aglutinando así,  a todos los salvadoreños.  

FUNCIÓN SOCIAL DE LA ANEP

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 16 de abril  2016.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), al defender la libertad  económica, defiende también  la libertad  política. Es necesario comprender que en ésta defensa, está su función social, oponiéndose a todas las medidas gubernamentales, ajenas a los principios de nuestra Constitución. Si así, no lo hiciese, veríamos el desaparecimiento  del espíritu de la empresa privada y el sometimiento individual de las fuerzas económicas, al criterio estatal.

Peligrosísimo es a la vida nacional, toda medida que tenga por propósito disminuir la libre actividad de la empresa privada. Y decimos a la vida nacional, porque recorriendo nuestra historia,  encontramos que la vida de la nación, su progreso, su civilización, ha sido sostenida, apoyada y realizada por la empresa privada. El Gobierno sostiene la inversión del Estado con el producto que genera el trabajo particular, es decir, de la empresa privada. Suponiendo que el Estado con sus medidas, lograse intervenirla, sería secar la principal fuente de ingreso al tesoro nacional. ¿Quiénes son los que pagan más y mayores impuestos? Los que trabajan en la empresa privada. ¿A quién se acude para las obras altruistas? A la empresa privada. ¿A quién golpea más la delincuencia?  A la empresa privada. ¿A quién culpa El Estado, luego de sus desatinos? A la empresa privada. ¿Cuáles instituciones dan mejor servicio? Las de la empresa privada. El Gobierno invoca la solidaridad para el progreso de la nación, pero ésta, sólo la logra la empresa privada, en plena libertad económica y política.

Pedir sumisión a la empresa privada, es desconectar el motor productivo: es la iniciativa privada  la que mantiene la economía;  el Gobierno se nutre de ella, no la genera. Citemos algunos ejemplos: FEDECAMARAS en Venezuela o La Cámara de Comercio de Guayaquil,  Ecuador - países que proclaman el Socialismo del Siglo XXI -, se han convertido en serios opositores al Gobierno. En El Salvador, ha sido la ANEP,  que además de la oposición y consciente del peligro, tienen otro denominador común: la no promoción de las líneas electorales de los partidos de oposición,  defendiendo con su actitud, los intereses gremiales.

Las empresas ALBA, entidad geopolítica, ofrecen negocios a quienes se pliegan a sus condiciones políticas y así, funden sus intereses, favorables a Venezuela, con los empresariales personales, pero con desmedro de los gremiales nacionales. Sostener esta posición va en perjuicio  de los mismos intereses gremiales,  pues buscan el dominio gremial empresarial,  para evitar la misma libre competencia. La labor social que las empresas ALBA publicitan es sólo, una proyección política partidaria y no una verdadera función social empresarial.

Creen muchos, que el Socialismo del Siglo XXI es mentira porque  ven que los dirigentes políticos de izquierda, aunque lo defienden,  todos son empresarios y como tales, pueden y tienen que convivir dentro del libre quehacer  gremial empresarial. Más, sin embargo, su habilidad, es sólo apariencia: lo exitoso de sus empresas, no es producto de arduo trabajo ni de su inteligencia, sino de la inversión extranjera, producto del petróleo que ha consumido El Salvador y que, para mantenerse como empresas,  necesitan del concurso y favorecimiento directo del Estado salvadoreño:  son meros gerentes de un consorcio político transnacional y que,  envolvente cual  hiedra, hace imposible su convivencia, con la empresa nacional.

Concluimos que en la defensa de la empresa privada, nos va la liberta, el progreso y la vigencia de nuestros principios constitucionales democráticos; todos los salvadoreños debemos de estar conscientes de que el Gobierno ataca a la empresa privada porque ésta se opone a sus designios socializadores y todo cambio dentro de la ANEP, favorable a la posición gubernamental, sería muy desfavorable para la nación.

CHEPE DIABLO Y LA CORRUPCIÓN EN LA CLASE POLÍTICA

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 12 de abril  2016.

Plena convicción tiene la sociedad salvadoreña de la corrupción de la clase política y, de la fuerte relación de ésta, con el narcotráfico y demás formas del crimen organizado. La relación societaria del vice Presidente Oscar Ortiz, con José Adán Salazar (Chepe Diablo), capo del Cartel de Taxis - designado como tal, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - sólo es un ejemplo más, de esa relación que ya es conocida a soto voces, en El Salvador, pero que lesiona profundamente, la credibilidad de todos los partidos políticos, en  la ciudadanía, al grado de vislumbrarse ya, el surgimiento de movimientos o grupos de distintas tendencias, que desean actuar políticamente,   manteniendo  una pureza ideológica y moral, alejados de los partidos tradicionales.

El Diputado suplente por ARENA, Marcos Salazar, hermano y socio de José Adán Salazar “Chepe Diablo”, declaró recientemente,  que su hermano era el hombre más investigado del país, pero que nunca se le habían probado nada: en verdad, se le investiga desde el año 2000 y sólo encausado por evasión de impuestos. Fue, dicha respuesta, una actitud desafiante ante los señalamientos públicos, pero del mismo tono fue la de Oscar Ortiz, cuando los periodistas le inquirieron  sobre su relación con tal narcotraficante: no es una relación única, sino muy común entre los políticos. Si se indaga un poco más, seguramente se encontrarán las mismas relaciones del ex - Presidente y hoy Diputado Francisco Merino, con el Alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa. Y así pudieran hacerse muchos más señalamientos de funcionarios públicos que no han sido procesados, aunque sí, señalados por los diferentes medios informativos.

El sentir de los ciudadanos es que  la corrupción y la política son un medio para asegurarse la impunidad y tener la cobertura de la estructura partidaria, “hasta que no me lo prueben judicialmente” como han dicho algunos. Sin embargo, cada vez más, va disminuyendo el voto duro de los  partidos,  pues las cúpulas excluyen a sus partidarios o restringen el voto interno, para conservar su cuota de poder interno local o sectorial, para asegurarse una candidatura.

También se puede apreciar este fenómeno, en el alto costo de una campaña electoral: cada vez disminuye el  activismo voluntario y aumenta el pagado: los partidos políticos ofrecen a sus activistas, salarios inferiores al mínimo y, al no encontrar ninguna otra fuente de ingresos, los activistas colaboran de esa manera, con el partido político. El partido en el Gobierno,  ofrece puestos públicos, si sus candidatos ganan. Y si sumamos los costos de una campaña: radio, televisión,  vallas publicitarias y regalías,  su costo supera, en varias veces la deuda política. Sólo el costo del día de las votaciones, en promedio, cuesta a un partido político,  un millón y medio de dólares.  Por esta razón, los candidatos se ven en la necesidad de “apalancarse”.  El dinero del narcotráfico se les ofrece como una oportunidad para disminuir costos, creando una relación  de dependencia con ellos. Y todo este proceder, no escapa a la percepción ciudadana, que reacciona con repudio y apatía.

Las mismas imágenes de pureza, rectitud y probidad que proyectan los funcionarios en tiempo de elecciones,  se vuelcan contra ellos, al difundirse hechos que desvirtúan sus posiciones públicas: la de Muyshondt y Quijano, al saber sobre sus negociaciones con las maras, la del Diputado Carlos Ruiz (El Diablito Ruiz), y otros líderes históricos del FMLN, que poseen ocho empresas radicadas en Panamá, con las cuales han podido retirar del país doscientos noventa punto seis millones de dólares, evadiendo impuestos y beneficiando a sus propietarios, todo incongruente con su plataforma pública. Todo en contradicción con la publicidad de ALBA y de las exigencias de Salvador Sánchez Cerén, para con todas las demás empresas salvadoreñas.

Frustra hasta los más acérrimos partidarios  de los partidos políticos,  tanto de Derecha como de Izquierda y, en una primera reacción, vemos indiferencia y apatía política,  pero en una segunda reacción, aparece la acción política separada de los partidos políticos. Estas dos reacciones ya se han dado: los movimientos anti corrupción son una muestra de ello.  Se ha visto actuar conjuntamente a ambas tendencias, teniendo por denominador común, el desencanto con la clase política. En una tercera reacción, viene el movimiento, que inevitablemente, desembocará en un partido político,  pero esta vez, representando claramente, sus intereses ideológicos y, casi siempre, en  forma radical.

Este proceso es muy similar al que se ha dado en España: la sociedad, cansada de la corrupción de los partidos mayoritarios y tradicionales, el PSOE y el PP, ha sido sorprendida   por el rápido crecimiento de “Podemos” y “Ciudadanos”. Igual fenómeno fue  el que permitió en el Perú, la llegada de Alberto Fujimori  al poder y que, pone hoy  a su hija, en el mismo camino.

EN LA EMERGENCIA NACIONAL, LA FFAA ES SUBUTILIZADA.

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 10 de abril  2016.

Todo salvadoreño supone que la participación directa de la FFAA, pondrá fin a la espiral de muerte e inseguridad que vive El Salvador,  pero esta esperanza, es vana, porque la subutilización  de dichas fuerzas, no permite obtener los resultados esperados; constituye en realidad, de dichas fuerzas, un uso populista. El único provecho será para el Gobierno,  con un nuevo endeudamiento y para las pandillas, con su potenciación.

El Ministro de Defensa, General  David Munguía Payes, declara que, de los 19,000 elementos de la FFAA, sólo son operativos 9,500 y que, de éstos, más de 8,300, están en un redespliegue en diez municipios, pero no menciona qué pasa en los otros 252 municipios. La reducción de la FFAA, después de los Acuerdos de Paz de 1992, fue para adecuar ésta, a una nueva situación de paz, sin destruir su capacidad operativa, a menos  que ésta, se subutilice deliberadamente. Y aún más: el llamar a la reserva para apoyar a la PNC, que tal es la propuesta del Gobierno, contradice lo antes dispuesto por la Asamblea Legislativa y podría crear problemas legales, en favor de los pandilleros. Cuando se suprimió el Servicio Territorial, considerado en el Titulo VII, Mando y Servicio Territorial,  de la Ordenanza del Ejército,  la Asamblea estableció: “Que el nuevo régimen de Reserva de la Fuerza Armada, será ajeno a cualquier función de Seguridad Pública o de control poblacional y territorial”.

La FFAA tiene la capacidad de control territorial que le exige la Constitución y la población necesita y, su instrumento,  es el pleno cumplimiento de la LEY DE PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA EMERGENCIA NACIONA,  pues en su Art. 1 de dicha ley, establece la procedencia del Decreto de Emergencia, sí existe la interrupción o amenaza en la continuidad de los servicios esenciales a la comunidad, prestados por el Estado, los Municipios, las Instituciones Oficiales Autónomas o, por empresas privadas que prestan por contrato, esos servicios; es decir, que se está interrumpiendo la vida normal de la sociedad, en detrimento de la efectiva realización de la igualdad y del bienestar social. En el caso actual, la amenaza ya ha sido determinada por  la Sala de lo Constitucional, desde el 23/agosto/2015, dice así en una de sus partes: “Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella”.  Prohíbe también el fallo de la Sala, toda negociación o acciones que  favorezcan a grupos terroristas como las pandillas existentes. Esta Sentencia fue motivada por la solicitud que hicieron Abogados allegados a FESPAD para declarar inconstitucional la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo LECA y, no sería de extrañar que hoy, aprovechen cualquier irregularidad legal, para obstaculizar la represión a las pandillas.

La aplicación de la Constitución, Ley de Procedimiento para decretar la Emergencia Nacional y, un decreto de Emergencia Nacional, relacionando la inestabilidad del Estado, por causa de las pandillas, sería suficiente para que la FFAA actuara de manera autónoma, contra estos grupos terroristas y no sólo, en tareas de acompañamiento a la PNC, sino  en la directa persecución y captura o neutralización  de estos grupos. El procedimiento, luego de su captura, tendría que estar a cargo de la Fiscalía General de la República y de los diferentes Tribunales; entidades que sí deben  ser reforzadas en su presupuesto, para que tengan la capacidad de procesar, a poco más de 40,000 pandilleros.

Si no se toman las medidas adecuadas, la situación nacional se deteriorará aún más. De no lograrse  los objetivos planteados, sólo quedaría la negociación con las pandillas, lo que significaría un Estado Fallido, incongruente con un Estado de Derecho. No serán los cien millones de dólares que hoy pide el Ejecutivo,  ni los  polideportivos o campañas de subsidio, ni la pinta de  paredes, los que detendrá a las pandillas. Si la fortuna del Viejo Lin, es de treinta y un millones de dólares  y aún se duda en perseguir a sus prestanombres, no es mucho lo que podemos esperar de un redespliegue de la FFAA, en la esperanza de hacer capturas en flagrancia, sobre todo, cuando la población se calla por temor al terrorismo y porque las autoridades sólo pueden patrullar y por temor a ser reconocidos por las maras, se quitan las insignias propias de sus unidades y se cubren la cara.

La solución depende de las medidas que el Gobierno tenga la voluntad de tomar, en estricto apego a la legislación vigente y no, a consideraciones populistas. El populismo sólo beneficia a las pandillas y agrava la inseguridad de la Nación.

RAUL MIJANGO Y SU MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Por Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 2 de abril  2016.

La creación del Movimiento Revolucionario del Pueblo, es un tercer intento de unificación de las pandillas, al cual debemos ver, primero, como factor de unificación de las pandillas –que presentan un frente común, ante las acciones del Gobierno- y segundo, factor de peso, para las próximas elecciones.

Aunque en aparecidos  videos, se pueda ver unificados, a supuestos miembros de todas las pandillas, aún están éstas muy lejos, de poder presentar un frente unido, pues sus problemas internos son muy profundos, especialmente por la pugna de poder de sus jerarquías y el control territorial, el cual no se ha aún definido.  El anuncio de Raúl Mijango, de unificarlas bajo su movimiento que posiblemente, convertirá  en partido político, les daría una plataforma sobre   la cual podrían unificarse y actuar ilegítimamente dentro del sistema. Recordemos que el acercamiento iniciado por Mauricio Funes y, estimulado por el FMLN, con fines electorales, ha degenerado en una incontrolable vorágine y, actualmente, en vez de constituirse en fuerza manejable,  se han vuelto conscientes de su poder y  esperan dominar al Estado, como fuerza extra sistema.

Raúl Mijango hace hoy, un nuevo esfuerzo para unificar y representar a las pandillas: tal posición, no sólo le daría poder político, sino que abriría  a él y a los otros gestores de la unificación, la posibilidad de enriquecimiento. El primer intento de unificación, lo hizo el Padre Antonio Rodríguez Tercero, sacerdote Pasionista y muy cercano a la Teología de la Liberación -en su nueva forma-, esto fue en el 2013 luego, en el 2015, hace un nuevo llamamiento Paolo Lüers y lo hace ahora, Raúl Mijango.

Posiblemente  sea hoy el momento  que tiene más posibilidades  de darse dicha unificación. Quienes están promoviendo esta unión de delincuentes, lo hacen con el interés de crear el mayor desgaste político posible, al FMLN,  pues los actos de corrupción de su altos dirigentes, son vistos por los izquierdistas, como una traición a la revolución a los ideales defendidos durante el pasado conflicto armado y además,  las pandillas gozan de su aprobación y comprensión, por considerarlas “víctimas natas del sistema capitalista”.

La creación de un “movimiento”, es conforme a la estrategia utilizada en los años 70´s,  que permitía  crear una fuerza, a la que se  sumaban los “perseguidos”; hoy, se sumarían  las pandillas. No necesitaría el movimiento, ninguna forma de legalización: bastaría el reconocimiento social de su fuerza. Si éste nuevo movimiento, no da el resultado esperado, surgirá en el futuro otro y aún, otro más, hasta que se logren  los objetivos deseados.  De muy seria preocupación es, que hasta la fecha, nadie del Gobierno ha advertido sobre la Sentencia de la Sala de lo Constitucional: se declara a las pandillas y a sus colaboradores, como terroristas.

El actuar político de las pandillas sería un peligro para la estabilidad nacional, pues su fuerza no sólo radica en su número, sino también en su capacidad de ejercer la fuerza mediante el uso de armas. Se ha visto que todo político, busca aprovechar dicha fuerza, o evitar que la misma le perjudique. Por esta razón, debe verse  a las pandillas, dentro del contexto político electoral, pues estamos en un punto de inflexión política: definiendo los candidatos presidenciales para el 2019,  bajo cuyo manto, participarán los candidatos a los Consejos Municipales y Diputados del 2018. Aunque públicamente, todos lo nieguen, sí ven a las pandillas, como un recurso de “contingencia”, para ejercer fuerza sobre el contrario.

Las encuestas recientemente publicadas, sitúan a Nayib Bukele como el candidato preferido de la izquierda y, a Norman Quijano, como el de la derecha. Utópica e ideal es esta comparación para ciertos grupos de izquierda, pues Bukele no representa todas las opciones de la izquierda, que pueden encabezar una contienda. Quijano por su parte, tiene nulas posibilidades de ser candidato presidencial y muy pocas, de ascender a la presidencia del COENA.

Muy claro está que la población rechaza, cada vez más,  a los políticos que, aunque lo nieguen públicamente,  se han visto involucrados con las pandillas. También está claro que Bukele puede liderar al grupo de izquierda que no está en el poder y también, a la mayoría de las estructuras pandilleras, en vista de lo cual, es necesario que las autoridades, hagan hincapié en la Sentencia de la Sala de lo Constitucional: las pandillas y quienes colaboran con ellas, son terroristas. Las pandillas podrán ser controladas siempre y cuando se mantengan fuera del sistema,  pero dentro, ellas lo manipularán.

Debemos esperar en los próximos días, un mayor número de ataques a policías y soldados, aunada a una mayor y feroz lucha interna, para mantener las líneas de mando, desde los penales. Tanto los pandilleros como el Gobierno, están haciendo uso  del “rumor” como arma de contrainteligencia, lo que crea confusión en la población, que siendo un mero espectador en esta lucha, sabe, que es su destino es el que está en juego.