¿JUEGOS DE GUERRA?

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Rusia inicia la guerra contra Ucrania, en febrero 2022; un mes después, en marzo, Nayíb Bukele, anuncia “la guerra contra las pandillas”, desarrollándola de manera continua, bajo un Régimen de Excepción y hoy, cuando se anuncia una “nueva ofensiva” contra las pandillas, coincide con que Ucrania, anuncia su “contraofensiva” contra Rusia, para recuperar el territorio ocupado. Es similitud, que se basa en el sensacionalismo y el populismo, del presente Gobierno salvadoreño.

 

El alza de homicidios, en marzo de 2022, coincidió con el rompimiento del pacto entre el Gobierno y las pandillas: pacto ilegal, entre el Gobierno y los mareros, a quienes se reconoció como fuerza política, en vez de combatirlos como grupo terrorista, declarados así, ya por la Sala de lo Constitucional.

 

Tal situación, iniciada y concretada por los dos primeros Gobiernos de izquierda (el de Mauricio Funes, y el de Salvador Sánchez Cerén), según ya ha sido probado judicialmente, en el proceso contra el General David Munguía Payés, pacto retomado por el tercer Gobierno de izquierda, el de Nayíb Bukele: con un enfoque diferente, pues no se fundamenta en una concepción ideológica, sino en el populismo mediático: ocultar las acciones de las pandillas, simulando  dominio sobre ellas, y dándoles diferentes beneficios económicos y. permitiéndoles, utilizaran su control territorial, para el paso de droga y tráfico humano lo cual, de alguna manera, el Gobierno fue obligado a interrumpir momentáneamente, por presión internacional.

 

Las cifras exactas de detenidos, procesos realizados y, las consecuencias del Régimen de Excepción, así como el estado actual, de las pandillas, se mantiene en absoluto secreto, por lo que sólo es posible calcular estas cifras, por fuentes externas, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos. CRISTOSAL, ha documentado 138 muertes, dentro de los penales y 68,000 detenidos, entre los cuales, hay un mínimo de 20,000 personas bajo arresto, sin antecedentes penales ni relaciones con las pandillas, según la inteligencia policial.

 

Estas acciones, violatorias de los Derechos Humanos, no garantizan la seguridad de la población, pues los pandilleros, afines al Gobierno y sus estructuras, aún persisten en libertad, desarrollando actos criminales. Prueba de ello, ha sido el alto número de desaparecidos y, las diferentes maniobras realizadas por el Gobierno, para evitar las extradiciones de pandilleros. Siendo juzgados, sólo cuando son capturados, fuera del territorio nacional.

 

El efecto conjunto, de estas dos circunstancias, causa zozobra generalizada, pues están juntos el terror de las pandillas y el terror causado por el Estado. Que amenaza para cada disposición gubernamental, con “la aplicación del Régimen”, siendo ya, frase coloquial, de todo funcionario, cuando amenaza con la coacción.

 

La consecuencia de estas circunstancias, que hará inevitablemente, intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el proceso llegará, hasta la Corte Penal Internacional, en base a los tratados firmados por El Salvador, en épocas anteriores.

 

Las preguntas deben ser: ¿Están conscientes los funcionarios actuales, de que en el futuro serán juzgados? ¿Saben que, en el mejor de los casos, tendrán el país por cárcel? ¿Saben que, por regla general, en este tipo de procesos, se señala a la Fuerza Armada y a la policía, como los principales violadores de los Derechos Humanos? ¿Saben que los delitos relacionados a Derechos Humanos, no prescriben o no son sujetos de negociación política?

 

Todos los salvadoreños queremos un estado de paz y respeto a la ley, para tener orden y prosperidad. Las diferencias ideológicas deben ser dirimidas democráticamente y, sobre todo, ser parte de un bloque geopolítico de comercio globalizado, respeto a la autodeterminación y, de principios democráticos occidentales. Todo esto, sólo se puede lograr con el respeto al Estado de Derecho, que establece nuestra Constitución.

REFLEXIONES PARA UN EXTRANJERO

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El nombramiento, aquí en El Salvador, del colombiano Dr. Andrés Guzmán Caballero, Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, induce a tres reflexiones: 1) Legalidad del ejercicio de su cargo, 2) Evolución de extranjeros: de asesores a funcionarios, con rango de Ministro, 3) Naturaleza de los Derechos Humanos.

 

El nombramiento de Comisionado Presidencial, depende del Presidente; su mandato está comprendido en el Artículo 150 de la Constitución, como “delegado”, por lo que el Comisionado Presidencial recién nombrado, es parte del Órgano Ejecutivo y, para ejercer dicho cargo, debe cumplir en consecuencia, el Artículo 72 de la Constitución, que señala: es un derecho ciudadano, ejercer un cargo político, como es el de ser parte del Órgano Ejecutivo: un extranjero, no puede juramentar dicho cargo.

 

En la práctica, tal nombramiento debió de ser observado en primera instancia, por la Dirección de Migración y Extranjería y luego, por el Fiscal General, sin embargo, al constituir una sola estructura de poder, tal circunstancia corresponde advertirla a cualquier ciudadano, que se anime a contradecir al régimen de fuerza que existe en el país, que se apoya en el Régimen de Excepción, para el ejercicio de su mandato.

 

En entrevista vertida por del Dr. Guzmán Caballero a Caracol Radio (Colombia) reconoce que ha realizado diferentes trabajos previos, para el Presidente Bukele, lo cual confirma lo ya observado con muchos otros asesores extranjeros de Casa Presidencial, que son principalmente, de origen Venezolano. El nombramiento del Dr. Guzmán Caballero, muestra una evolución hacia la formalización o “legalización de los mismos”, en el Gobierno actual, lo cual riñe con nuestra Constitución.

 

Los Derechos Humanos, en El Salvador, se derivan de dos circunstancias:  filosófica una, y la otra, del Derecho positivo vigente:  nuestra Constitución. Ha sido principio occidental, considerar que el ser humano, desciende de Dios y por lo tanto, posee una condición superior, a la que el hombre, puede conceder a otro ser humano, haciéndolo portador de Derechos Superiores y anteriores a cualquier ordenamiento humano, lo que debe de entenderse como el Derecho a la vida, a la integridad física, al honor y al pleno disfrute, posesión y disposición de sus bienes, ejerciendo plena libertad de expresión con sus semejantes, para crear opinión política y, manifestar su individualidad, frente al colectivo social.

 

El Dr. Guzmán Caballero, al reconocer que, en El Salvador, se vive una guerra de mas de treinta años, y que las muertes deben de ser aceptadas, es una negación a los Acuerdos de Paz de 1992 y a los principios que deben regir la guerra y que el Estado de El Salvador, ha reconocido, por medio de diferentes Tratados internacionales. Así mismo, no hace diferencia entre los conceptos de guerra y aplicación de la fuerza, para la Seguridad Pública.

 

En la Exposición de Motivos y en los Artículos 1 y 2, de nuestra Constitución, se reconocen expresamente, los Derechos Humanos, desarrollándose sus principios de forma tautológica, tanto en su parte dogmática como en la parte orgánica.

 

Un debate que debe hoy, entrar en la palestra política, es el Derecho ciudadano de gobernar, que se les confiere a extranjeros, por el solo hecho de apoyar al régimen. También debe de entrar a debate, si los Derechos Humanos, están al arbitrio del gobernante o si estos, son por naturaleza propios del ser humano y si la Constitución, sigue siendo “el acomodo pacífico, entre las libertades individuales y el poder del Estado”. Un debate ya dirimido, en la lucha entre liberales y conservadores, durante los siglos XVIII y XIX, quedando en nuestro país, zanjado, con la Constitución de 1886 hasta la actual, de 1983.

APRETANDO LA ATUERCA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Al decretarse la décima cuarta prórroga, del Régimen de Excepción, débense considerar tres elementos: 1) su naturaleza, 2) su estado permanente y, 3) la creación de los Tribunales de Garantía, dentro de un régimen autoritario. El análisis de estos tres elementos, nos permitirá apreciar que se ha dado, como una vuelta de tuerca, en favor del autoritarismo; precisamente en un período electoral y que, el deterioro institucional, debilitando al régimen, le obliga a aumentar el autoritarismo, para asegurar su poder.

 

Por naturaleza es transitorio, el Decreto de Régimen de Excepción, pudiéndose prorrogar solamente por una vez, si persistiesen las condiciones de alteración del orden público. Una décima cuarta prorroga, sin puntualizar las causas de alteración del orden público y, con el normal desarrollo de la actividad social, se transforma de un Decreto transitorio, en parte de la legislación permanente, o sea, en Decreto-Ley, que es generalmente proclamado, por el Ejecutivo, como acción de un Gobierno de facto. Hoy proviene, de la Asamblea Legislativa, la cual está formando con el Ejecutivo, una misma estructura de poder.

 

Aunque ésta fuese, la última prórroga del Régimen de Excepción, al crearse los Tribunales de Garantía – dentro de un régimen autoritario – siendo hoy la Fiscalía y los Tribunales, autoridades dependientes del Ejecutivo,  asumirían la función que hoy tiene, el Régimen de Excepción: la detención, sin expresión de causa y, sin conocimiento y defensa efectiva del imputado. La única diferencia estaría, en que el Régimen de Excepción es general y, las acusaciones e investigaciones, se harían sobre personas directamente señaladas, iniciando la investigación, por la grabación de llamadas telefónicas, por lo que sus efectos, son iguales con el Régimen de Excepción.

 

Los 68,000 capturados, seguirán siempre en detención indefinida, pandilleros e inocentes, teniendo siempre la protección del Estado, que aún gozan del pacto realizado entre el Gobierno y el crimen organizado. Esta situación, ha hecho que mucho del voto que recibieron originalmente, Nuevas Ideas y GANA en las dos elecciones pasadas, por el peso publicitario de Nayíb Bukele, prefieran abstenerse de votar, afectando el número de Diputados oficialistas. Por tal razón, el Gobierno ha patrocinado partidos de seudo-oposición, para que recojan ese voto desencantado, que no será por el FMLN o ARENA, debido al desprestigio que, desde el Ejecutivo, han sido objeto dichos partidos.

 

Esta maniobra electoral, es una traición para los alcaldes de Nuevas Ideas y GANA, pues les crea competencia, sin embargo, el Ejecutivo piensa que las acciones desde la Dirección de Obras Municipales y, los movimientos de votantes, en base a los DUI de la diáspora, serán suficientes, para mantener el voto municipal, en las Alcaldías grandes (mediante la manipulación electrónica de los mismos) y si así no fuese, entraremos en el proceso de disolución municipal, antes de lo previsto.

 

Un proceso electoral, bajo un Régimen de Excepción y un proceso judicial, diseñado para evitar la comunicación, bajo los estándares modernos (uso de tecnología electrónica y de alcance masivo), y un riesgo de ser considerado, atentatorio contra la seguridad del Estado y por lo tanto ilícito, aunque solo exprese, el descontento por la realidad política.

 

De esta situación derívense tres consecuencias: 1) mayor emigración al agudizarse las crisis económicas 2) lo que llevará inevitablemente a un rebrote de las pandillas, al no tener el Ejecutivo, dinero para mantener satisfechas a las facciones disidentes, o el paso de droga, armas y tráfico humano, sustituiría, la ayuda gubernamental 3) lo que hará señalar al país como de un mayor riesgo, a la seguridad regional.

 

La actual crisis de liquides, y el agravamiento de los males nacionales, solo podrá ser evitado por un cambio de Gobierno y recobrar la confianza al reestablecer el Estado de Derecho.  

LA ÚLTIMA LUCHA POLÍTICA

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION http://publicacionaccin.blogspot.com¡¡

Sa

 

Si continúa la tendencia que lleva el Ejecutivo, es muy probable que las elecciones de 2024, para Alcaldes y Consejos Municipales sean las últimas: por desaparecimiento de las estructuras locales y, su relación directa con el ciudadano y, la estructura democrática de los Gobiernos plurales municipales, siendo substituidos por distritos, cuyo objetivo único, será la recaudación de impuestos (predial) y administración de la actividad informal, para el cobro de IVA y renta, en favor del Gobierno central.

 

La supresión del FODES fue el inicio de la destrucción Municipal: terminó su autonomía, con el establecimiento del DOM y las restricciones a las compras municipales, en el sentido que la Constitución prohíbe, en sus Artículos 203 y 204. Las funciones municipales coloniales, permitieron la independencia de Centroamérica, pues fueron la primera expresión política, directamente nacida de la sociedad que, luego evolucionó a un concepto francés, que hemos tenido desde de nuestra independencia, hasta el presente. Siendo la municipalidad la organizadora del orden en las urbes, cumpliendo su función de ordenamiento de mercados, alumbrado, recolección de desechos, mantenimiento de calles, registro de ciudadanos y lo más importante: siendo la conexión política directa del Estado con el ciudadano.

 

La Municipalidad, en su evolución administrativa, debe ser autosuficiente, facilitando la vida cotidiana, sin tener que depender del Gobierno central, dentro de su autonomía y, ejecutar las nuevas tendencias de preservación del medio ambiente y ornato, como estructura formadora de la convivencia, para ello, tiene que utilizar todos los recursos que están a su alcance y dentro de su patrimonio: la basura, corrientes naturales de agua y aquellos bienes pertenecientes a la Municipalidad, sin posibilidad de expropiación futura de bienes privados, que puedan generar recursos, deben ser explotados, como fuente paralela de ingresos a los impuestos ya establecidos tradicionalmente.

 

La disminución de impuestos municipales, es el método de llevar desarrollo al municipio, y sus impuestos no deben ser para mantener una estructura disfuncional, sino que debe ser ágil, con personal mínimo, pero eficiente, para que los fondos sean invertidos en obras favorables al municipio.

 

El Gobierno Central, quiere la destrucción del municipalismo, por dos razones: evitar que el descontento se manifieste y sea evidente, al perder la mayoría de las Alcaldías que ahora posee y evitar, que la estructura municipal, consuma recursos, para que, al imponer el impuesto predial, los “distritos” lo recauden, en favor del Gobierno central, sin que los distritos sufran un desgaste político, pues serán meros empleados del Ejecutivo.

 

Por la complejidad del sistema electoral, es muy difícil el conteo de votos, de cuatro votaciones simultaneas, lo cual es aprovechado por el Ejecutivo (pues el Tribunal Supremo Electoral, ha perdido su independencia): al realizar las elecciones, presidencial y diputados, en una fecha y, un mes después, la de Alcaldes con sus Consejos y diputados al PARLACEN.

 

Esto puede permitir que la Asamblea Legislativa actual, en ese mes intermedio, pueda realizar cambios relativos al orden Constitucional Municipal, para que la nueva Asamblea, pueda ratificarlos, dos meses después, al tomar posesión. Esto haría que la existencia del municipio, sea la última batalla política, antes que el autoritarismo del presente Gobierno se establezca plenamente, pues el pluralismo de los consejos municipales, mantiene actualmente el sistema democrático vivo localmente.

 

Todo candidato a Alcalde municipal y su Consejo, debe estar consciente de este peligro y de que las funciones municipales, tienen que evolucionar a una verdadera autonomía, pues la municipalidad, para cumplir su función social, debe ser autárquica y esto comienza con la correcta administración de sus recursos y no convertirse, en sanguijuela,  para alimentar al Gobierno central.

GASLIGTING

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Gasligting, es técnica de manipulación sicológica: introducir una duda en sus víctimas, para lograr la deseada manipulación. Parte de dicha técnica, empleada en El Salvador, inicia con la “posverdad” - ya explicada en un artículo anterior-. La utilización de la duda, sobre las acciones, o juicio, en base a falsedades, es el más sutil abuso emocional, que conduce al error político. Por lo que, obtener de esta manera, la voluntad soberana, no legitima las acciones del Gobierno, aunque según la forma, sí lo estén.

 

El “gasligting” o “Luz se gas” según el Diccionario es: “intentar que alguien dude de su razón o juicio mediante una prolongada labor de descredito de sus percepciones y recuerdos”. La mayoría de las grandes líneas políticas del Gobierno de Bukele, han seguido este procedimiento. Iniciado por la “posverdad”, cambiando en cada una de las acciones de Gobierno, el sentido de la Constitución.

 

Ejemplos de “gasligting”, en la política salvadoreña son: asegurar que la reelección presidencial es legal. Este concepto ha sido tan publicitado, que hasta ya es considerado por la oposición, como una realidad política a la cual, hay que enfrentarse, para que al final, si se somete Nayíb Bukele a una elección, anteponer a la Constitución, los votos en su favor y forzar un cambio Constitucional, desde la pérdida de la vigencia efectiva de la constitución, por lo que, no tenga oposición un cambio constitucional, aunque no haya sido convocada una constituyente, para tal efecto.

 

Otro ejemplo, es la aplicación del Bitcoin, como moneda de curso legal. Ha sido tan publicitado que no se ven sus consecuencias reales, sino los beneficios publicitados por los troles. La realidad del rechazo nacional, se ve eclipsado por la labor de los troles, creando la ilusión de una riqueza instantánea, contraria a la lógica y la razón. Esto permitirá que cuando el Ejecutivo, tome la totalidad de la liquidez nacional, la substituya por bitcoin, y el cuestionamiento sea mínimo.

 

Igual método se ha aplicado al modificar el régimen de pensiones, que le ha permitido al Gobierno, tomar dichos fondos, para gasto corriente. Al tomar los últimos remanentes de dichos fondos, se dirá que servirán, para proyectos de infraestructura y, que serán pagados con peajes o mínimos aumentos de impuestos. En otra situación, sin la aplicación de estas operaciones sicológicas, ya habrían creado un retiro de efectivo del sistema bancario, pues el siguiente engaño, recaerá sobre la importancia del efectivo y la necesidad de eliminarlo, para impedir las extorsiones y crear una fiscalización efectiva, por lo que se limitará el uso de efectivo, y se usará un medio digital. Como remate del engaño, se afirmará que es forma de ejecutar la inclusión financiera, logrando el mayor beneficio social.

 

La deconstrucción del sistema democrático y republicano (deshacer analíticamente, para dar otro significado) mediante la construcción de una “posverdad”, que cambie el sentido de la Constitución, para justificar el autoritarismo, creando un engaño basado en el proceso psicológico del “gasligting”, se convierte en el mayor riesgo del sistema democrático.

 

Este proceso de engaño, debe ser tomado como vicio del consentimiento, en la forma de error, pues al existir dolo, en la presentación de los hechos, se da en los mismos, el error, y será imposible que el ejercicio del poder sea legítimo.

 

Por esta razón El Economista publicó un artículo titulado: “9 de febrero de 2020: el día que se resquebrajó la democracia en El Salvador”. Hoy las preguntas son: ¿Se inscribirá como candidato presidencial Bukele?, o ¿Completará el engaño apadrinando a alguno de sus allegados?, ¿Soportará el régimen, la falta de liquidez? El tiempo lo dirá.

DE GIGANTES Y ENANOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Los Acuerdos de Paz de 1992, establecieron dos premisas que han dado al país, la estabilidad necesaria, para desarrollarse con cierta estabilidad: la no intervención en conflictos supranacionales y la apoliticidad real, jurídica y efectiva de la Fuerza Armada. La alteración de estas dos premisas políticas, la sufrirían desde el más humilde trabajador informal, hasta las mayores estructuras económicas empresariales; pues se alterarían el orden económico y el equilibrio político en el que éste se basa.

 

El Régimen de Excepción indefinido e injustificado, implica el uso político de la fuerza: la Fuerza Armada y la PNC, forman un solo cuerpo, al servicio de los intereses del Gobierno, estableciendo un sistema de coacción ilegítima, que destruye la libre iniciativa y aleja todo bienestar económico. El régimen de fuerza, absorbe recursos, atrae objeciones internacionales y restricciones económicas, por lo que éste régimen busca su sostén, en la lucha geopolítica de las grandes potencias, en vez de fundamentarlo, en la gobernabilidad y estabilidad nacional.

 

Las obras “Eurasia y América en un mundo multipolar”, de Andrés Serbin y “Sudamérica Futuro” de Bruno Fornillo, nos dan la idea del visón de los gigantes ruso y chino, sobre los pigmeos latinoamericanos y como contrasta, con la visión de Estados Unidos, para la región: una unión comercial entre las américas. Por lo que deberíamos estar alineados, con el bloque democrático, del cual Estados Unidos es parte y, con el cual compartimos valores republicanos.

 

Rusia y China ven en Latinoamérica, dos elementos críticos, en la lucha geopolítica: 1) acceso a recursos y mercados 2) profundización del sentimiento antinorteamericano. Lo primero les asegura un comercio ágil, con materias primas baratas: permitiendo el debilitamiento del bloque occidental (Estados Unidos y Europa), luego del rompimiento del sistema globalizado. Aprovechar el impuso antiyanqui de la Guerra Fría, mantenido por la izquierda latinoamericana y, lleva intereses hostiles, a la frontera sur de Estados Unidos, en alianza con los países que conforman el BRICS.

 

En Centroamérica, encabezan esta tendencia Nicaragua, El Salvador y Honduras. Pudiendo observarse que, como consecuencia de su deterioro político-económico, vuélvese inhabitables sus países, obligando a que sus habitantes migren hacia Estados Unidos y Europa. El autoritarismo de estos países, ha encontrado apoyo en los intereses rusos y chinos, como un contrapeso a la hegemonía norteamericana: que por tener intereses en otras zonas críticas del mundo, no ha prestado la debida atención, a la hostil penetración en Centroamérica que, al apoyar el autoritarismo, estimula la emigración, problema directo para Estados Unidos.

 

El recibimiento en la Asamblea Legislativa, del Embajador concurrente de Rusia para Centroamérica, acompañado por un alto miembro de la Duma (parlamento ruso) y allegado a las ideas ultranacionalistas y expansionistas, muestran su interés en los recursos naturales no explotados en El Salvador, demostrando el interés geopolítico en nuestro país. Igualmente, los acuerdos secretos celebrados por El Salvador con China continental, demuestran el interés sobre nuestros recursos en el mar territorial y, su plataforma continental. Todas estas relaciones resultan ser sólo de provecho para el Gobierno, en detrimento de la soberanía e intereses nacionales.

 

Ningún país debe imponernos condiciones sobre con quien relacionarnos, China nos impuso romper con Taiwán, nuestro aliado tradicional; ahora el TLC con Taiwán ha finalizado. El salvador debe recuperar su soberanía y mostrarse aliado de los países democráticos, pues de allí, vendrá nuestra prosperidad económica.

 

La bonanza china y rusa, es gracias al comercio globalizado, en libre explotación de sus recursos naturales, ahora pretenden encerrarnos en una nueva cortina de hierro, y por eso dan su apoyo al Gobierno autoritario y no, a la nación salvadoreña.

ESTABILIDAD POLÍTICA: SÍ, PERO NO.

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Las ofertas de campaña, del presente Gobierno, giraban en derredor de la estabilidad política; corregirían la anterior corrupción y, potenciarían la inversión extranjera, satisfaciendo las necesidades sociales: la justicia social, alcanzaría a todos y, habría un asistencialismo efectivo, con los ingresos estatales aumentados, por el bienestar económico. Dicha bonanza económica, permitiría que las empresas y Gobierno, cumpliesen la función social correspondiente -superior a la exigida por la ley- y, que sus empleados, fuesen igualmente beneficiados. Para lograrlo, era necesario una mayoría en la Asamblea Legislativa y, el alineamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, bajo una misma visión o autoridad, del Ejecutivo.

 

Sin embargo, esto no ha sido así. Pero el régimen de fuerza, construye una imagen de estabilidad, la cual, no existe en la realidad. Esta situación debe de analizarse, en base a estudios econométricos.

 

La estabilidad política, es conforme al desarrollo económico y éste, se logra mediante la gobernabilidad: “el equilibrio en el ejercicio del poder político, derivado de la solución de demandas sociales y, la capacidad de los Gobiernos de atenderlas, en forma eficaz, estable y legítima”. Estas condiciones, no se están realizando en El Salvador, pero la apariencia de la conformidad y satisfacción de las necesidades sociales, se mantiene, en base a la propaganda. Esta ficción, puede romperse en cualquier momento.

 

La estabilidad política, se mide conforme al nivel de educación, el grado de democracia, la libertad económica y la calidad de infraestructura, pues todas juntas aumentan y sostienen la estabilidad política, mientras que el nivel de corrupción, centralización y autoritarismo, la disminuyen.

 

En un país inestable, el riesgo es mayor y, aleja la inversión, encareciendo el crédito, que frena la inversión interna. Ejemplo, ha sido Argentina, que posee inmensas riquezas naturales, pero su inestabilidad y corrupción, la ha llevado al colapso económico, mientras que a Japón, cuya estabilidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, sin recursos propios, le ha hecho, una potencia económica.

 

Esta relación se ve clara en la crisis mexicana de 1994, que desde 1982, aumenta la presión financiera, en cada elección presidencial, hasta el desencadenamiento de una crisis generalizada. Esto puede servir de ejemplo, del fenómeno que estamos viviendo.

 

Las medidas políticas y populistas del Gobierno, no han permitido que se negocie la deuda pública adecuadamente, lo que ha cerrado las puertas económicas, para que el país logre una estabilidad económica, pues la corrupción del mismo, crea una sangría innecesaria a las arcas públicas. La corrupción, obliga a disminuir la capacidad de asistencia pública o subsidiariedad. Un ejemplo es la supresión de los beneficios del veterano, medicinas al sistema de atención medica pública, sobrecargar al Seguro Social (estableciendo su inviabilidad en muy poco tiempo).

 

La apariencia de estabilidad, se ha hecho mediante un pacto con las pandillas, el cual se mantiene si persisten dos condiciones: se mantiene el dinero, desde el Estado (en sus diferentes formas de beneficios) y en el libre tránsito de droga y tráfico de personas, en coordinación con el crimen organizado transnacional.

 

El Régimen de Excepción, dirigido hacia opositores y pandilleros descontentos, es un principio en el rompimiento de la estabilidad, pues ésta se mantiene, en base a la coacción de la Fuerza Armada, la cual tendrá que ser aumentada exponencialmente, consumiendo los recursos necesarios, en otras áreas sociales.

 

La apariencia de estabilidad, puede desvanecerse en cualquier momento, al romperse el precario equilibrio que, a base de dinero y corrupción, ha creado el Gobierno. Pandillas, crimen organizado, uso excesivo de la fuerza o insatisfacción social, pueden hacer desaparecer dicha ficción y, precipitarnos a una crisis manifiesta.