ACEPTÁNDOLO, PERO NO RECIBIENDOLO

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Más dudas que respuestas, dejó la cadena Presidencial: se tratará de aclarar, uno de los puntos medulares de la Ley: “los comercios están obligados a aceptar Bitcoin, pero no a recibirlo”, con sus implicaciones y, si dicha Ley, llena los preceptos básicos a cumplir, dentro de un Estado.

 

La idea de obligación de recibir Bitcoin, sin el deber de aceptarlo, tiene su origen en la integración del Art.  1, 5 y7 Ley Bitcoin. Es decir, toda persona está obligada a recibir el pago en Bitcoin, sea cual fuese su actividad económica o, el objeto de comercio y, fecha de contratación, origen o condiciones contractuales pero, al momento de recibirlos en su dispositivo electrónico, podrá en el acto, cambiarlos a dólares, aunque éstos, serán siempre electrónicos y, en el servidor del Estado (BANSAL) y, si los quiere cambiar a dólares físicos, tendrá que pagar una comisión, por el servicio, a un ente privado.

 

Tendrá esto, tres implicaciones principales: el dólar electrónico, será almacenado por el Estado, con una paulatina disminución, de los dólares físicos en la calle; creará, un efecto inflacionario, por la intermediación financiera, pues la confianza está, en el dólar físico, con una disminución de la actividad económica, dañando a los sectores más pobres. Por último, la obligatoriedad de usar la tecnología, la cual no sólo implica actualizaciones continuas, sino capacidad de manejarla, con la exclusión económica de quienes no puedan hacerlo: personas que no saben leer, adultos mayores o, con alguna discapacidad, para usar la tecnología.

 

Representa para el Gobierno dos ventajas, al igual que una muy grande, para el crimen organizado. El uso electrónico del dinero (sea Bitcoin o dólar electrónico), pasando por sus servidores, permite un control efectivo de toda actividad económica, pero el sistema sólo registrará la transacción, por lo que, errores comunes, como equivocaciones, devoluciones o cualquier otro incidente contable, no se podrán rectificar, en el volumen de las transacciones electrónicas, lo que puede dar una discrepancia en las declaraciones mensuales, constituyendo en sí, para el Estado, “una defraudación”, con el consiguiente proceso. La otra ventaja, es el control que tendrá sobre el dólar que se encuentra hoy en calidad de depósito en la banca privada y que es garantizado, por un fondo de garantía. Así el Estado no necesitará prestar a la banca; sólo lo “tomará” del circulante y pagará lo que hoy debe, con Bitcoin.

 

La volatilidad del Bitcoin es una ventaja para el crimen organizado, pues puede hacer transacciones electrónicas, sin mayor registro y ocultar cualquier cantidad, aduciendo que las ganancias son de la volatilidad del Bitcoin y así, exentas de renta: no tiene que explicar su origen.

 

El Bitcoin, tendrá menos problemas prácticos, cuando las cantidades sean más grandes, pero será más sensible su volatilidad; en las operaciones más pequeñas, esa volatilidad afectará siempre al usuario; por ejemplo, al pagar $ 0.25 ctvs. de pasaje de bus: mientras la fracción es menor, se necesita en la operación, mayor número de decimales, para que sea exacta. La volatilidad del 21 a 24 de junio, fue de $ 3,046.40, o sea, que si pagásemos un pasaje de Bus de $ 0.25 ctvs., un día pagaríamos B 0.0000079094 y otro, B 0.0000072140 así, cambiando su valor constantemente, la persona no sabrá con exactitud, lo que tiene en poder adquisitivo.

 

Si la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, considera que el Bitcoin es una “moneda global”, siendo un instrumento financiero especulativo, comete falsedad ideológica y, si la Asamblea invoca el Art. 102 Cn, generando un efecto adverso en la economía, hay fraude de Ley cometido, para favorecer un negocio monopólico privado.

ESTERILIZACIÓN DEL PAÍS

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La esterilización social y económica de un país, se debe a la corrupción: primero, inhabilita sus instituciones democráticas, segundo, consume su economía; es proceso que se retroalimenta continuamente, disminuye la inversión y las oportunidades de trabajo, drena su capital, creando inestabilidad y problema humanitario: los ciudadanos se ven obligados a abandonar su país. Todo, causa alarma en la comunidad internacional. Debe analizarse este proceso desde dos medidas anunciadas ya, por el Gobierno: La Ley Bitcoin y el proyecto de Ley del Agua; también la inminente reforma tributaria.

 

La generalizada corrupción del gobierno, destruye la institucionalidad nacional: sirven las instituciones, para acciones, en contra del mismo sistema democrático y, cambian o tergiversan los principios constitucionales, anulando la institucionalidad, sin que opere ningún control, pues la función última de la Fuerza Armada: ser garante de la soberanía, o sea, de la institucionalidad misma, está anulada.

 

Esta situación, ha permitido que se diese la Ley Bitcoin: analizando someramente su naturaleza, comprobamos que su aplicación, es un adefesio, pero que cumple la misión de dotar con una moneda ficticia, por los próximos dos años y ocho meses, al Gobierno, ante la falta de dólares para sostenerse; será alternativa de circulación de los colones, en poder del BCR o, de imprimir otra moneda, que se devaluaría, al no tener respaldo alguno, ni de oro ni de producción.

 

El Bitcoin, tiene una cantidad finita: 21 millones de unidades, de los cuales, ya fueron minados 19,107,825, faltando por minar 1,892.175, que se extrae a un ritmo de 1800 diarios, por lo que sólo tiene una vida útil de únicamente 1,051,21 días o 2 años con 8 meses, para que no sea sostenible. Hay entre 3 y 4 millones de Bitcoin perdidos, por diferentes causas.

 

El valor de las operaciones del Bitcoin es sostenido por la minería electrónica y las comisiones de convertibilidad; desaparecido el minado, el sistema colapsará y con ello, todo el que tenga dicha moneda (según la Ley Bitcoin) pues en realidad, es un instrumento especulativo. Estos datos pueden ser consultados en tiempo real en buybitcoinworldwide.com. Por lo que es imposible que sea una moneda que desarrolle al país. Su implementación permitirá la corrupción y crear una economía de engaño, cuyas fluctuaciones harán imposible, descubrir la corrupción real, que se vislumbra existente en el gobierno y que es señalada por Estados Unidos, por usar para ello, su moneda.

 

El proyecto de la Ley del Agua, ha tomado algunos elementos menores o de estructura del proyecto archivado en la Asamblea Legislativa, pero cambia la naturaleza jurídica del agua, que pasa, de ser un “bien de todos” (Res Comunes Ómnium), según el Código Civil, a un bien propiedad del Estado y administrado por el Gobierno, como un “activo” a vender a la población.

 

En la concepción jurídica actual, establecida en el Código civil, lo que se cobra es el servicio o los procesos a los que es sometida, pero ésta, el agua no se cobra. Permitiendo ahora al Gobierno regular el proceso privado y “vender” el agua, a que se someterá ese proceso, pudendo limitar su uso para la agricultura, ganadería y procesos industriales o agroindustriales, dejando fuera de este “comercio”, las aguas lluvias recolectadas, pero regulando su uso y desecho.

 

La corrupción tendrá inevitablemente que aumentar los impuestos, por falta de recursos al Estado: IVA, patrimonio, impuesto predial y cualquier otra forma que disminuya la utilidad privada y la inversión, esterilizando al país, impidiendo su normal evolución y la transición a una economía de sustentabilidad. Todos nuestros males, se deben a la corrupción, que genera autoritarismo y luego, extorsión social, para asegurar su continuidad.

POLÍTICA Y ESTRATEGIA

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Parece actualmente, que la política salvadoreña, está unificando varias políticas, fusionando elementos de control social, a nivel operativo, sin que exista para la nación, intención verdadera de bienestar nacional: gira en derredor de la consolidación del poder interno del oficialismo; en un momento determinado, puede destruir a sus aliados políticos, todo para sostener la acumulación del poder, perseguido hasta este momento.

 

La estrategia general, aplicada por el Gobierno, es muy similar a la Chavista y, a la basada en los objetivos planteados, por los distintos Foros de Sao Paulo, pero sin que exista una conexión orgánica o, de dependencia con aquellos grupos; por el contrario, se ha distanciado con la izquierda nacional e internacional, por razones de poder: los considera, parte del pasado del país y, un objetivo a destruir, como lo está haciendo, con las estructuras de la derecha.

 

Las similitudes con los Foros de Sao Paulo, están en los objetivos y métodos, no en los fines, pues el oficialismo, ha tomado formas muy exitosas, para obtención y consolidación de poder, aplicándolas a sus intereses y fines propios. Planteando en todo momento, un enemigo contra quien luchar, utilizando, por medio de la comunicación, con los elementos de distracción, descritos por Noam Chomsky, en las “10 Estrategias de Manipulación”.

 

El cambio en la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, fue para poder controlar al Órgano Judicial, por medio de las distintas elecciones de segundo grado, que han sido la conclusión del dominio de la Asamblea Legislativa. Todos estos planteamientos, tuvieron su origen estratégico, en los Foros de Sao Paulo.

 

El cambio en la Fuerza Armada, ha sido logrado por el relevo del Alto Mando y su disposición de cumplir las decisiones políticas del Presidente, aún contra la misma Constitución e institucionalidad nacional; proceso favorecido, por el cambio en los planes de estudio en la Escuela Militar, efectuados luego del conflicto armado. Falta su disolución o transformación a otro cuerpo, cuyo objetivo sea el de dar apoyo a la PNC en cuestiones de interés interno, viendo los intereses del Gobierno, como los nacionales: cambios también planteados en los Foros de Sao Paulo.

 

El Gobierno ha basado su campaña electoral, en los principios de Noam Chomsky: N° 5 “Dirige al público como criaturas de poca edad”, N° 6 “Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión” y N° 7 “Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad”. 

 

Ahora estabiliza los cambios realizados, en base a los principios N° 1 “La estrategia de la distracción N° 2 “Crear problemas y después ofrecer soluciones”, N° 3 “La estrategia de la Gradualidad”, N° 4 “la estrategia de diferir” o de “presentar la situación como dolorosa y necesaria, en razón del bien común”.

 

Si la Ley Bitcoin no se ejecuta por ahora, servirá de distracción para cambios constitucionales y, la supresión de los diputados opositores, será justificada por su oposición y convivencia con grupos oligárquicos, que están siendo presentados, como enemigos internos.

 

Por ahora, muchos grandes empresarios, se han visto beneficiados por las gestiones de Bukele y esperan hacer buenos negocios en el futuro, pero al destruir a la oposición, pasará a otro pretexto (distracción), y ellos serán, el siguiente objetivo para mantener un enemigo interno. Estados Unidos es hoy el enemigo externo, y se extiende, al resto de países que creen en los principios democráticos; por ello, coquetea con China, Rusia y otros países.

 

El escarnio con que hoy se trata y, serán tratados los opositores de derecha, es para que su castigo, induzca al miedo y evite la protesta ciudadana. Esperemos más acusaciones similares.

ENTENDIENDO EL BITCOIN

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La mayor parte de serios economistas  y de gran reputación, advierten para El Salvador, peligros y desventajas, por el uso del Bitcoin: ven ventajas sólo los “influencers”, “Geek” y negociantes de la criptomoneda y, si las potencias están procurando controlar el ciberespacio, e imponer reglas, para no ser afectados desde tal ámbito, por la delincuencia y terrorismo, conviene entender algo de la naturaleza del Bitcoin, relacionándolo con la realidad física.

 

El economista norteamericano Steve H. Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, ha dicho: “legalizando el Bitcoin colapsa la economía de El Salvador” y, en la revista Forein Policy, que analiza temas económicos y globales de toda índole, se dice: “típico del errático estilo de gobierno de Bukele”, al analizar sus medidas económicas. En igual sentido, el colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) se ha pronunciado y, los periódicos extranjeros:  El País (España) y los noticieros de la BBC (Inglaterra) y DW español (filial de Deutsche Welle) de Alemania.

 

En oposición, están los “influencers”, personas que, en base a sus seguidores, son pagadas para inducir a una opinión, sin análisis previo, en procesos ya definidos por la psicología social; puede tenerse cierto entendimiento al respecto, si se estudia la obra “Introducción a la Psicología Social”, de Eduardo Crespo Suarez (Universidad Complutense). Dichos “influencers”, llaman a Bukele un “Héroe Geek” (persona que ama y vive para promover la tecnología, entendiendo los procesos tecnológicos y sus fundamentos matemáticos).

 

En programas españoles de opinión, que han debatido sobre la criptomoneda, ha surgido a luz, que los “influencers”, reciben mucho dinero, de quienes tienen sus negocios en estos procesos tecnológicos, en razón de marketing, por lo que se puede apreciar una clara conexión de Strike (la empresa que promueve el Bitcoin en El Salvador) con la promoción del proyecto de Bukele y, cuyo representante, ya estuvo en nuestro país, varios meses antes del anuncio de que se enviaría el proyecto de Ley Bitcoin, a la Asamblea Legislativa.

 

Nadie promoverá, en el marketing de sus negocios, las desventajas y riesgos de sus productos, como no lo hacen, los anuncios de tabaco, alcohol, legalización de la mariguana o de “precios bajos y cómoda cuota”, comida chatarra etc. Pero los economistas de las Universidades, de los Colegios profesionales y los periodistas, si muestran estas desventajas: su objetivo, es preservar la armonía social, en base al desarrollo sostenible y permanente, e informar sobre la realidad de las cosas: vemos el interés mercantil, frente a la pretensión de mantener la estabilidad e información imparcial. Por eso llámase “minería”, a la producción del Bitcoin, que en varios países, ha sido rechazada por el daño medioambiental que genera.

 

El uso masivo de computadoras (dispositivos) más las supercomputadoras y sus sistemas de enfriamiento, generarán un consumo de energía tal, que puede sobrecargar el sistema eléctrico de un país, como ya pasó en Venezuela e Irán. Razón por la que se ha limitado su uso, lo cual obliga a utilizar redes, con fluido constante y, para mantener éste, es necesario quemar combustibles fósiles, aumentando la cantidad de CO2 en el ambiente, lo cual causa el efecto invernadero y el calentamiento global: se pretender usar energía, de “los 170 volcanes salvadoreños”, por lo que posiblemente, colapsará la red eléctrica nacional, con perjuicio de nuestra industria y servicios, y la posibilidad, de un encarecimiento de la energía eléctrica.

 

Estas situaciones tienen implicaciones en centroamérica, que serán tratadas en otro artículo. La cuestión siempre palpitante, es si queremos la estabilidad y beneficio nuestro o, un perjuicio a nuestra economía, en beneficio de extranjeros: no cambiemos oro (dólares) por espejitos (Bitcoin).

MENOS SALARIO Y MAYOR INFLACIÓN

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Por el anuncio de que, a partir de septiembre, se pagará a empleados públicos y a pensionados en Bitcoin, con posibilidad de que dicha medida, sea obligatoria para empleados privados, es necesario un análisis, en base a los elementos hasta ahora conocidos: la implementación del uso del Bitcoin, es aún un secreto; sólo puede conocerse el marketing que le rodea, pagándolo el interesado.

 

Tomando como referencia, los dos cajeros de Bitcoin, situados en las playas del Tunco y el Zonte, la intermediación financiera de Bitcoin a dólar, tiene un costo de 10% más $ 5.00 por transacción, así, una persona que goza del salario mínimo ( industria, servicio y comercio) de $ 304.17 (Dto. Ejecutivo No. 5 D.O. 240, Tomo 417 del 22/12/2017), recibirá $ 278.53 en dólares físicos. Si no los convirtiese, su salario sería volátil, o sea, imposible calcular su valor ni usarlo para sus necesidades.

 

Si consideramos que el valor del Bitcoin ha variado en los últimos 30 días: de $ 46,450.70, con baja máxima a $ 33,580.30 y, se encuentra hoy al alza, en $ 40,530.60, quiere decir que este día, posee un 87.25508% de su valor inicial del mes; si aplicamos este porcentaje al salario mínimo, lo reducimos a $ 265.40, y si le aplicamos, el precio más bajo del mes, quedaría en 72.30% o sea a $ 219.91. De cualquier forma, sería una disminución del salario mínimo y una volatilidad (variación de precio) de 10% diario.

 

Si nuestras importaciones son de $ 5,739.7 millones y nuestras exportaciones de $2697.8 millones, existe una diferencia de $ 3,041.9 millones, que son compensados con las remesas (datos del BCR). Pero si el Gobierno pretende que nuestra economía, sea en transacciones a base de Bitcoin, éste tendrá que ser convertido a dólar, pues la aceptación del Bitcoin va a la baja (China ha prohibido el uso del Bitcoin).

 

En el supuesto que por el volumen de operaciones, pueda disminuirse el valor de la intermediación financiera y que ésta, sea realizada sólo por el Gobierno, no podrá ser menor a un 2%, lo cual encarecerá nuestras importaciones,, en igual medida, o sea: $ 114,794 millones, que serán un factor más, de inflación. Esta inflación artificial e innecesaria, podría verse agravada por el aumento del salario mínimo, el cual disminuiría el empleo, por falta de competividad de las exportaciones. Pensar en exportaciones, a base de tecnología, no es viable por ahora, pues el nivel educativo de nuestros obreros, no lo permite.

 

El economista Lic. Luis Membreño ha advertido que, el uso del Bitcoin para el envío de remesas, restaría dólares frescos al mercado. Baja en los salarios, pondría en situación precaria, a quienes aún lo tienen y, forzarían al uso de la tecnología, sumando a esta, un costo más (consumo de internet, electricidad y dispositivo adecuado), pudiendo caerse, en una crisis similar a la vivida en Argentina, con la bancarización (el abandono del papel moneda por transacciones electrónicas).

 

En última instancia, el uso del Bitcoin, dependerá de los Estados Unidos, pues su precio es convertible a dólar y se cambia centralizadamente. En caso de que la banca privada, ofrezca la intermediación financiera, en coordinación con BANDESAL, podría facilitarse la conversión, pero no evitaría la disminución del salario y, podría aumentar la inflación. Si la banca no presta este servicio, ya no serían de hecho, necesarios los bancos, salvo para los servicios crediticios, lo cual generaría un mayor estrés económico a la industria y dependerá de altos intereses, la inversión de dólares, para obtener moneda fluctuante.  

 

Terrible desastre, sólo para satisfacer el ansia tecnológica del dictador.

MEDIO AMBIENTE, POLÍTICA, ENGAÑO

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El sostenimiento de la estructura necesaria, para una economía basada en la internet, implica un serio daño al medio ambiente y, mayor rompimiento social, entre los salvadoreños, sin que éstos reciban beneficio directo y apreciable; la política llevada a cabo por Nayib Bukele, vuélvese un engaño, incompatible con el sistema democrático: basase en el encubrimiento político y no, en la transparencia a que obliga, un Estado republicano.

 

En publicación de National Geographic en español, leese el artículo intitulado: “El país de 170 volcanes”, refiriéndose a El Salvador, basado en datos suministrados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relacionado con la conferencia del cambio climático en Qatar, afirma que el país es, en un 80% vulnerable, pero ofrece una especie de lugar jurásico, de donde podríase extraer fácilmente y a bajo costo energía geotérmica. Uno de los aspectos abordados en la conferencia, fue el tecnológico, cuyo excesivo consumo de energía, crea perjuicio a la ecología y, consecuentemente, al planeta y al género humano.

 

Todo parece indicar que la Ley Bitcoin, fue concebida al momento de la conferencia, lo cual es congruente con otras publicaciones del Banco Mundial, sobre el desarrollo energético de El Salvador, pero sin tomar en cuenta, las implicaciones políticas, económicas y ambientales. Por ahora, me referiré sólo, a las ambientales y a las políticas en relación, con nuestra forma de Gobierno y estructura del Estado.

 

Según el Servicio Geológico de El Salvador, y tomado del Catálogo de Volcanes Activos del Mundo, existen únicamente veintitrés volcanes, activos algunos y, otros extintos, ambos en sus diferentes categorías, distribuidos en cinco zonas volcánicas activas y, sólo en dos de ellas, ha sido posible, por razones técnicas y de ingeniería, instalar plantas generadoras: Berlín  y Ahuachapán.

 

Según el Consejo Nacional de Energía, en su página Web “Sistema de Energía Nacional”, se dice que el 65.28% de la energía es limpia y el resto, un 34.72 % es contaminante (biomasa, bunker y diésel, con emisiones de 1,57 millones de toneladas de CO2. Nuestros bosques sólo tienen una cobertura del 37% con tendencia a disminuir. Entonces un gasto energético, como el necesario para la minería virtual y el sostenimiento de los nodos de Bitcoin, más el consumo de energía en el uso de criptomoneda, tendrá que incrementar el gasto de energía de fuentes fósiles y, si la energía “barata”, se destina al consumo y sostenimiento de un sistema electrónico, habrá un encarecimiento de energía para los privados o tendremos que depender de importaciones energéticas. Esto causaría un grave daño al medio ambiente, pues aumentaría la producción de CO2.

 

Un cambio en la matriz energética nacional, por un masivo uso tecnológico, hará más profunda la brecha entre los que usan la tecnología y quienes no la usan, pues la energía, sólo cubre el 83% del territorio nacional, convirtiendo el uso de la criptomoneda, en factor de exclusión y no, de desarrollo nacional.

 

Tal política, no puede atribuírsela ningún funcionario, aun con la aprobación de la masa ignorante y engañada de sus efectos, pues en tales condiciones, el ejercicio del poder, se vuelve dictadura por usurpación. Los funcionarios electos hoy, no tienen el mandato de cambiar la moneda, volver a la Reforma Agraria, ni derecho a atropellar la Constitución, para derogar los artículos pétreos e incluir el referéndum y la reelección, limitando la capacidad contralora del país.

 

La destrucción de la institucionalidad, ha llevado a la destrucción del medio ambiente, lo cual agudizará las crisis sociales. Habiendo el presente Gobierno, perdido su legitimidad, crea el derecho a la protesta pública y, a la resistencia social.

¡VIVA ARUUJOO!....

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Durante la campaña electoral de 1930, el Ingeniero Arturo Araujo, propuso cambiar el país, bajo la bandera del laborismo británico (socialdemocracia) y la reforma agraria, marcando claro distanciamiento, con los gobiernos anteriores: sus partidarios, en masa, con euforia cargada de fanatismo gritaban VIVA ARUUJOO…., Un año después, El Salvador fue un caos: inflación, inseguridad jurídica, no se pagó a los empleados públicos, todo agravado por el “crack económico de 1929”. Así recuerdan ancianos de más de 100 años. La crisis generada por Araujo, se estabilizó hasta después de los sangrientos hechos de 1932. Todo debido a la incomprensión de las Leyes de la economía y, de la función social del Estado.

 

Noventa años después la historia se repite: Bukele, hijo de un poderoso empresario, que manejaba los hilos de las diferentes fuerzas políticas, como lo hiciera, el padre de Araujo (Ministro de Hacienda del General Tomás Regalado, el más influyente de su gabinete). Araujo y Bukele, ganaron la Presidencia, ofreciendo reformar el Estado, rompiendo con el pasado: pero al ir en contra de las Leyes de la economía, olvidaronse de los principios de la “prudencia política” (aplicación de principios ideológicos, sin romper la estructura del Estado), sólo puede haber caos: anarquía y pobreza, generando violencia social que deberá reprimirse, para supervivencia del Estado.

 

Para lograr los apoyos de un grupo de familiares y allegados, Bukele ha tenido que permitir la corrupción a niveles mucho mayores que los hubo, durante el siglo XX en nuestro país, pues los señalamientos internacionales sobre ello, implican el uso de monedas extranjeras y bienes, que circulan en el ámbito internacional, causando la preocupación de la OEA, Estados Unidos y la UE, en continuos señalamientos, que no son por las acciones políticas nacionales, sino por las derivadas de la delincuencia, que tiene  relación con la emigración: amenazando la seguridad interna de Estados Unidos y de otros Estados.

 

El cambio climático y, la falta de oportunidades laborales, por el descenso de la economía (ambiente económico  adverso) disminuido por la sangría que causan las extorsiones, obligan a la emigración, pues las condiciones de vida en el país, se vuelven estériles y amenazantes: si consideramos, que de no pagar la extorsión, se  nos asesina, dando ejemplo de forma de “Derecho punitivo primitivo” ejercido por el  crimen, que facilita el tráfico de droga y, crea la plataforma para el terrorismo internacional.

 

Cada crisis pierde importancia, frente a una nueva; hoy por el efecto del Bitcoin (extrema corrupción), se olvida la corrupción anterior del presente Gobierno que, según estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), hará recaer el riesgo sobre el usuario, existiendo la posibilidad de que el sistema monetario, sea drenado de los dólares físicos, por el virtual y especulativo. A este riesgo, hay que agregar el costo de un 2% a 10% su conversión a dólar físico, creando un factor más, de inflación.

 

El cambio en la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, impide efectivamente, recurrir a dichas instancias, para alegar las inconstitucionalidades que se están cometiendo, pues los tres poderes del Estado, obedecen a un mismo criterio.

 

Se rumora en los pasillos de la Asamblea Legislativa y, en las redes sociales, que se puede desarrollar una continuidad de la Reforma Agraria, lo que crearía, una crisis mayor que la que se cierne sobre el sistema económico nacional. Existen ahora unas 600,000 mz de tierra ociosa, que no se trabajan, debido a los malos precios internacionales de nuestros productos, rematado esto, por las compras de granos, realizados por el Gobierno.

 

Todo indica crisis: la salvación de la nación, exige estabilidad ¿Cuándo la tendremos?

EL BITCOIN: LEY

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Tres problemas fundamentales tiene la Ley Bitcoin: 1) Su objetivo y alcance 2) su respaldo, 3) su aplicación. Problema secundario, es la repercusión financiera, sobre activos particulares dentro de la nación, con efectos directos en nuestra economía, que se relacionan con otras tendencias dentro del Gobierno y su repercusión, en quienes buscan evitar el lavado de dinero y las actividades de terrorismo.

 

Según el considerando expresado en la Ley, su objetivo es beneficiar a los sectores a los que no llega el sistema financiero: el 70% de la población. Realmente, el sistema financiero actual, llega al 100% de la población; dicho porcentaje, utiliza el dólar estadounidense para la totalidad de sus transacciones. El uso del internet, base para el Bitcoin, llega sólo al 21% de la población que, en su mayoría, está en las áreas urbanas.

 

Al declarar moneda oficial el Bitcoin y ordenar obligatoria su aceptación, lo ha convertido en dinero Fiat (dinero por decreto), sin asegurar su valor, que depende de entidad privada extranjera indefinible y es fluctuante, dependiendo de su aceptación (cada vez menor), pero sin que el Estado garantice su valor o existencia:  las pérdidas y ganancias son a riesgo del usuario, lo cual equivale a obligar a los salvadoreños, a jugar constantemente a la bolsa de valores, sin poder tener la facultad de salir o invertir, pues cada transacción es de incierto resultado, y para liberarse de esta especulación forzosa, solo se podrá, dejando de ejercer actividad mercantil o trabajo. Los empleados públicos y pensionados están ya en incertidumbre.

 

Principal problema practico, es no poder fijar un precio de mercado y sostenerlo en el tiempo, lo cual hará muy difícil calcular el precio de bienes y servicios: la capacidad de cambio del Bitcoin por dinero circulante, estará limitada, al dólar que actualmente se usa en El Salvador.

 

En la actualidad, si alguien extravía su libreta bancaria, chequera o cualquier título valor, éste puede ser repuesto, pero si se tiene en forma electrónica y hay un fallo en el dispositivo, en la red,  es hackeado, robado o la clave se extravía, el Bitcoin no es recuperable.  

 

Diferentes organismos internacionales como la ONU, OEA, Banco Mundial etc, advierten que las criptomonedas (el Bitcoin es una de ellas), pueden facilitar el lavado de dinero y el terrorismo, pues se carece de los controles a los que está sujeta la banca formal, con el uso del dinero real o físico.

 

En este momento muchas operaciones realizadas con Bitcoin, están siendo investigadas por Estados Unidos y Europa. China la ha declarado ilegal y, nosotros la legalizamos, dándole un respaldo soberano, lo cual no conviene a los intereses financieros de El Salvador, pues limitamos nuestro mercado.

 

La aprobación del Bitcoin, con la posibilidad de que el Gobierno pueda tomar parte del dinero de los depositantes, a discrecionalidad de la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva, podría indicar, según algunos economistas, que el Gobierno está próximo a enfrentar una iliquidez, al no lograr concretar los préstamos solicitados y aprobados en la Asamblea Legislativa y, posiblemente, no poder enfrentar los pagos a la deuda pública, que deberán ser satisfechos, los próximos meses.

 

Estas medidas, convergen con las restricciones a la prensa, que ya anunció el Gobierno, pues no es la apología del delito, lo que se pretende evitar, sino las condiciones que se están desarrollando internamente y que son contrarias, a lo que publicita el Gobierno.

 

Las denuncias de las diferentes organizaciones de prensa, sobre la amenaza a la libertad de expresión y las advertencias sobre lo que puede suceder sobre nuestra economía, son verdaderas señales de alarma.

SOBRE EL BITCOIN

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Para entender algo, de cómo la adopción de la moneda virtual, afectaría nuestra economía, es conveniente estudiar el documento intitulado “Monedas Virtuales – Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT (Anti Lavado de Activos/ Contra la Financiación del Terrorismo)” publicado el 2014, considerando que el bienestar económico de la nación, es paralelo, al sistema bancario y político estable, basado en la transparencia, democracia y libertad.

 

El dinero representa nuestra confianza, que está respaldada físicamente y por ello, la solidez del sistema bancario, dependerá de la confianza que proyecte y, los activos o respaldos que posea: existe en las finanzas, clara separación, entre un depósito bancario y una inversión especulativa y, a esto se debe, que las monedas virtuales sean exclusivas, para transacciones interbancarias o inversiones especulativas;  no tienen utilidad práctica en el diario quehacer  de las personas: sería necesario que existiese una “convertibilidad” del mundo virtual al real o físico, de lo contrario, esta moneda, sería tan valiosa como la usada en el juego de Monopolio.

 

Y es en este punto, que se presenta la duda: si el Bitcoin es moneda oficial ¿será la banca privada, la que hará la convertibilidad? La respuesta es importante, pues si se especula que existen 650 mil millones de dólares en Bitcoin, la capacidad de convertibilidad rebasa por mucho la economía salvadoreña o, el 5% de las reservas nacionales, podrían tanto incrementarse, como desaparecer en un instante. Para tener una idea de la especulación que existe sobre esta moneda: la web Coinmarketcap calcula un total de 7.165 monedas virtuales en el mercado, hasta septiembre 2020. Sin contar las que ya están en desuso, con pérdida total para sus inversores. La volatilidad del Bitcoin va del 3% al 35%.

 

Si tomamos como referencia la tesis “Las criptomonedas como una alternativa de medio de pago en los mercados internacionales para países sin divisa propia: Caso El Salvador 2017-2019” para optar al título de Licenciatura en Relaciones Internacionales, en la Universidad de El Salvador, dice: un sistema de pagos a base de moneda virtual, se aplica únicamente a sistemas de transacciones internacionales, con más riesgos y desventajas y, sin utilidad práctica, para la persona común. No creando estabilidad mayor a la del sistema actual, a no ser, que tuviésemos una moneda más estable que el dólar estadounidense. Pero como el Bitcoin es moneda especulativa, su variabilidad volvería inestable nuestra economía.

 

Convirtiendo el 5% de nuestras reservas, a moneda virtual, si hubiese ganancias, serían del Estado, y si se perdiese, las perdidas también caerían sobre el Estado. Se permitiría lavado de dinero, evitando todo control de la Corte de Cuentas de la República, porque estaría sostenida únicamente, por un sistema tecnológico que si falla o es vulnerado, el dinero desaparece. Por esta razón, muchos países se han opuesto a su uso, aunque algunos han considerado regularlo, en defensa del consumidor. Aún monedas virtuales centralizadas, como E-Gold, Liberty Reserve dollars/Euros y muchas otras, ya están en desuso, por la pérdida de confianza y sus tenedores últimos, no pudieron recuperar su inversión.

 

La dolarización nos ha traído estabilidad y facilidad para los negocios, con un índice de inflación mínimo, sin embargo, las acciones políticas del presente Gobierno, con sus actos de corrupción y endeudamiento sin límites, ponen en riesgo, nuestra estabilidad económica, a la que debe de sumársele, la inestabilidad de precios en el extranjero.

 

Sólo una oposición fundada en el rechazo de estas medidas, y en la convicción de que el sistema político sustentado por la democracia y las normas de Buen Gobierno, pueden evitar una crisis, que está a las puertas.

CAOS Y ANARQUIA: CORRUPCIÓN Y NACIONALIZACIÓN

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La corrupción del presente Gobierno generó conflicto internacional con el mundo libre; para que fuese cubierto internamente, se destruyó la institucionalidad nacional: desaparecimiento de las garantías constitucionales, y nacionalización de las instituciones autónomas (autárquicas), por último, amenaza de destruir nuestra economía, con el uso de la moneda virtual y así, lograr financiamiento, posiblemente basado en el lavado de dinero. Todo este desastre, en poco más de cinco semanas, justificándolo como “revolución pacífica” contra la “oligarquía dominante”.

 

Los más de tres mil quinientos millones de dólares, gastados en la pandemia, aún no han podido ser auditados, pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), se encontraba estructurando doce casos, contra el presente Gobierno, por la corrupción y falta de transparencia, durante la pandemia y, la relación de los involucrados con carteles mexicanos.

 

Para encubrir y evitar las consecuencias de tales actos, se destruyó la institucionalidad del Estado: cambiando la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, atribuyéndose la Asamblea Legislativa, funciones que la Constitución no le confiere. Todo en su conjunto, destruyó la protección constitucional de las garantías individuales, que se realiza por la independencia de poderes y los diferentes recursos, resueltos en base a la Constitución y a la independencia de dichos poderes.

 

El rompimiento de la institucionalidad y la cancelación de la CICIES, nos pone contra el resto de sistemas democráticos, sustentados por el mundo libre, por lo cual se persigue ahora un aislamiento del país, en el cual la comunidad internacional, no tenga ninguna opinión o pueda relacionarse con la oposición democrática.

 

Parte de ese aislamiento, es interno, pues las entidades denominadas autónomas, en nuestra legislación (Autárquicas, según el Derecho Administrativo), tienen como finalidad, desarrollar intereses y políticas de largo plazo, con intereses de nación; razón de la conformación plural de sus Juntas Directivas. Cambiar la estructura de las mismas, para que los nombramientos, sean atribución exclusiva del Presidente Bukele, implicará una desnaturalización de sus funciones y una nacionalización; es decir, convertirse en extensión de Casa Presidencial, que dirigirá sus funciones y activos.

 

Parte de este gigantesco encubrimiento, es el anuncio de hacer el Bitcoin (una criptomoneda) como moneda de curso legal en El Salvador, lo que facilitaría aún más, el lavado de dinero y el financiamiento de carteles o, el desvío de fondos públicos, pero esto tendrá un impacto en la banca pues ésta, tendrá que convertir dicha moneda. Y si es moneda nacional, tendrá que tener un control, por medio de los servidores del Banco Central de Reserva, lo que no se ha hecho en ningún país del mundo, por las siguientes razones: su volatilidad, la imposibilidad de rastrear el financiamiento, cuando proviene de terrorismo o crimen organizado y, su nula utilidad en el comercio minorista diario. Esto ha sido advertido por el Banco Central Europeo y el BCR.  La unidad de Bitcoin vale $ 36,000, con valor fluctuante y especulativo.

 

En suma, todo indica que en El Salvador inexorablemente, habrá caos, que beneficiará al Gobierno, que se sostiene por el engaño y coacción. La justificación es estar creándose una “Revolución pacífica” contra la oligarquía dominante y, los troles gubernamentales, anuncian nueva fase: “El desmontaje del aparato ideológico del viejo sistema”, equivalente

 a un “lavado de cerebro colectivo”: medio de destruir ideológicamente a la oposición.

 

Por estas razones es necesario, que exista oposición y resistencia, sin importar como sea, ni de donde venga, pero sí es necesario que exista, pues quienes corresponde hacerlo, la institucionalidad nacional y la Fuerza Armada, han desaparecido. Advertimos, anarquía y caos como futuro nacional.