EL SALVADOR Y ESTADOS UNIDOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La entrevista con Mr. William Duncan, embajador nominado para El Salvador, ante el Comité de Relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos, dejó en claro: el interés de Estados Unidos por el sistema democrático y que ese país, es el mejor aliado de la nación salvadoreña.

 

En Estados Unidos, el considerar “inaceptables” loa ataques a la democracia, en El Salvador, se debe a que lesionan los intereses geopolíticos y de Seguridad Nacional de aquel país, pues la destrucción del sistema democrático salvadoreño, ha permitido, que en el presente, se genere una emigración descontrolada hacia Estados Unidos, aprovechada por el crimen organizado y el Gobierno, en su urgente necesidad de dinero, es vulnerable a influencias contrarias a los intereses geoestratégicos norteamericanos, más que a los comerciales.

 

La emigración es fuente de ingresos para el crimen organizado, utilizando los mismos canales de la droga, primero hacia México y luego, a Estados Unidos, de tal manera que la vulneración de la frontera estadounidense, inicia en Centroamérica, permitiendo que la región, sea la convergencia criminal del caribe y Suramérica, antes de su ingreso por México. La destrucción del sistema democrático en El Salvador, permite que las instituciones sean vulnerables a la manipulación y corrupción, controlada por el crimen organizado y por tanto, la necesidad de que exista un sistema democrático fuerte.

 

Por la destrucción del sistema democrático, sufre el sistema económico y, al sumarse inseguridad por crimen, disminuye la inversión extranjera y, si el Gobierno rompe el sistema de contrapesos de poder, para favorecer la corrupción y el autoritarismo, estos procesos se agudizan. Esta situación, a mediano plazo, afecta las finanzas del Gobierno y, si no cumple las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, sus finanzas se verán muy comprometidas, recurriendo a ayudas, que están más interesadas en la lucha geopolítica que, en el comercio, lo cual representa un peligro para este país y, los Estados Unidos.

            

Rusia y China, como grandes potencias autoritarias, se encuentran hoy, disputando hegemonía con el bloque democrático, conformado por Estados Unidos y Europa, lo que ha generado una lucha económica mundial y militar, en Ucrania. Desarrollándose muy lentamente, una disputa hegemónica en Latinoamérica y África: primero, económica y luego geoestratégica. El acercamiento venezolano a Rusia, China e Irán, en temas militares, ya es de naturaleza geoestratégica y lejos de mantenerse estable, parece que se incrementará.

 

Este proceso de penetración geopolítica de China y Rusia, inicia cuando un sistema político es débil y no se apega a las normas del mundo occidental, por lo que busca el financiamiento en quien se lo de, sin reparar en su sistema político, sino únicamente, en la satisfacción inmediata de una necesidad de Gobierno, generalmente económica, sin considerar los intereses nacionales.

 

El Gobierno, destruyendo, el sistema democrático de El Salvador, crea condiciones para una disminución de su economía y, por ende, en su recaudación tributaria. Por ello, cada acción del Gobierno, empeora las condiciones nacionales y así, se vuelve vulnerable a influencias que disputan la hegemonía a Estados Unidos, por ello, se señala la corrupción mediante la Lista Engel, y así mejorar las condiciones democráticas en El Salvador, pero se cierra aún más en el autoritarismo y, busca ayuda en intereses geopolíticos contrarios a Estados Unidos, cuando nuestra dependencia, por razones de comercio, afinidad cultural y emigración, es con Estados Unidos.

 

Ahora, las acciones autocráticas del presente Gobierno, nos arrastran a participar en una nueva Guerra Fría, únicamente por mantenerse en el poder y encubrir el lucro personal, a costa de los intereses del Estado, como que si el país, fuese  patrimonio de una familia en particular.

RECOMPRA DE DEUDA EXTERNA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El anuncio de Bukele de recompra, de parte de la deuda externa de El Salvador, es  tendencia iniciada en Argentina, el 2003, aunque lo planteado por su Gobierno, es una compra a valor de mercado, luego de hacer que los bonos soberanos salvadoreños, sean considerados basura y  su valor, caiga en el mercado: establece cierto paralelismo, con el proceso económico argentino y, dado que no abarca toda la deuda externa, que es de más de 24 mil millones de dólares sino, sólo la del período 2023-2025, podría darse un impacto negativo, a mediano plazo, que terminaría con mayor endeudamiento.

 

Aquí se le llama “recompra de la deuda” y en Argentina, se llamó “reestructuración de la deuda”. En ambos casos, todo inició con un default y, Argentina inicialmente ofreció a los tenedores, un 25% de su valor, sin tomar en cuenta los intereses generados, luego la oferta llegó a un promedio de 35% luego de un juicio en Nueva York y, una reestructuración dividida en varios tramos: pudo hacerse, gracias al dinero venezolano, que apalancó las compras y luego fue pagado en especie, por Argentina (barcos petroleros, alimentos y materias primas), pero la maniobra condicionó la política argentina, en favor de los intereses geopolíticos venezolanos, en su expansión de ALBA.

 

El proceso que propone el Gobierno salvadoreño, es más “suave” que el argentino, sin embargo, en su finalidad es lo mismo. Por ahora, sólo se ha afirmado que se tiene el dinero para la recompra; sin embargo, puede realizarse si el precio de su venta es cercano a un 34% de su valor y los tenedores, aceptan vender a ese precio, absorbiendo la pérdida. El anuncio del Gobierno, no incluye el pago a las AFP, ni a lo que se debe a la banca local, lo cual puede indicar dos cosas: se hará a expensas del dinero local o, cuenta con un financiamiento extranjero, aún no anunciado.

 

En el primer caso, se daría un mayor peso financiero, a la economía nacional, poniendo en riesgo el sistema financiero, concretando uno de los temores de varios economistas: el corralito. Si el financiamiento viene del exterior, la pregunta es ¿de dónde?, pues el FMI, muy difícilmente, autorizaría un desembolso para tal fin. La tendencia actual, es el financiamiento de China, a los países latinoamericanos, llegando como un salvavidas para las economías muy comprometidas: hoy Argentina ha aceptado el financiamiento chino y, desde febrero de este año, los economistas, han predicho, un agravamiento de las condiciones económicas en dicho país, por la ampliación de la deuda con China, ahora que este país, es el segundo socio comercial de Argentina.

 

La maniobra económica del Gobierno, es una forma de reestructuración de la deuda, pues se obliga al mercado a decidir, entre pérdida inmediata cierta o, una recuperación incierta. Por otra parte, por desconocerse, el origen de los fondos a utilizar, no pueden predecirse a futuro sus consecuencias. En el caso argentino, uno de los temores del mercado, fue que existiese contaminación o, efecto cascada del default argentino, en América Latina, que afectara los mercados mundiales, razón por la que muchos tenedores, aceptaron una negociación desfavorable, pero se ha visto que dicha maniobra, disminuyó la confiabilidad en Argentina y, a estas fechas, su endeudamiento, ha sido mayor, que el presentado en el 2003.

 

La pregunta es: ¿La reestructuración de la deuda salvadoreña, nos llevará por el mismo camino de Argentina y, abrirá las puertas a China, en su política de penetración en Latinoamérica? Y ¿Cuáles serán los destinos de la deuda interna, a un mediano plazo y cómo se verán afectados el crédito y la liquidez interna?

DE NEGLIGENCIA, IMPERICIA E IMPRUDENCIA A DOLO MANIFIESTO

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La negligencia, impericia e imprudencia efectuadas por el Gobierno, en el manejo de la cosa pública, podrían pasar inicialmente, por una forma de culpa, es decir, sin intención de causar daño, pero sí, es responsabilidad del funcionario: hoy vemos un dolo manifiesto, para acentuar el poder del Estado, sobre el individuo, dentro de un esquema, de consolidación de poder.

 

La rentabilidad negativa de las pensiones, era previsible, ante la alta calificación de riesgo país, cuya única responsabilidad, la tiene el presente Gobierno. Cualquier estudiante de economía, conoce la relación de riesgo país- bonos del Estado. Por lo que no podemos alegar ignorancia del Gabinete de Economía. Una situación que podría sostenerse por un tiempo más, si no hubiese crisis económica mundial.

 

Los efectos negativos en El Salvador, podrían haberse evitado, si el Gobierno hubiese negociado con el FMI y, reorganizado sus finanzas públicas, disminuyendo sus gastos. Por el contrario, los gastos aumentan en favor de los sueldos dentro del Estado, el asistencialismo, publicidad y, el gasto militar; todo sostenido por una economía de consumo, con una balanza de pagos tendiente a desplomarse o, a no ser cubierta, por las remesas y exportaciones.

 

La rentabilidad negativa, es ya señalada, como acción de las AFP, o sea, responsabilizándolas de las inversiones que, por Ley, deben realizar (darle dinero prestado al Gobierno, un 23% de los ahorros de los cotizantes, con intereses menores a la inflación). Las inversiones en el extranjero, son lo único que sustenta la rentabilidad y a los fondos de pensiones y, si el Gobierno, asume la administración de éstos y, si pretende repatriar ese dinero, éste podría perder, hasta el 20 % de su valor, dependiendo de la naturaleza de los títulos, por las condiciones económicas mundiales, al momento de ser liquidadas.

 

Intencionalmente, preténdese sancionar las comisiones por uso de tarjetas de crédito, cuando éste es un negocio en sí mismo, que genera sus propios costos y utilidades, no dependiendo de la banca nacional, sino de entidades extranjeras. Querer limitarlas, sin acuerdos previos, con dichas entidades, podría generar, el retiro de dichos sistemas: no podrían atribuirse exclusivamente al populismo, tales medidas, sino también a la intencionalidad de crear una dependencia del mismo ciudadano, al Gobierno, dándole inversión, al concepto de “razón de ser del Estado”, es decir, en razón de la persona humana, para pasar, en razón del Estado, representado por el Gobierno.

 

Un penal, diseñado para un consumo diario por reo, de 1 litro de agua, cuando se establecen entre 18 y 20, para consumo y otros usos, es condenar a muerte a los internados en dicho penal, por lo que sería en sí, un campo de exterminio. Tal situación, sólo tiene la explicación de querer realizar, una limpieza social y dar, ejemplo colectivo, para una conducta reglada, conforme a los criterios del Gobierno. Tal situación, no es conforme a los criterios modernos de Derecho Penal, que indican que la razón del internamiento, es la reeducación, luego de un proceso judicial, que determine la naturaleza de la conducta de manera individual, la pena y la certeza del cometimiento de un delito.

 

La concepción penal gubernamental, riñe con el Derecho occidental pero no, con el aplicado dentro del mundo musulmán, cuya evolución se ha detenido, comparándolo con el ejecutado en el mundo romano y, la edad media en Europa.

 

Por estas razones, las acciones del presente Gobierno, no pueden ser atribuibles a la negligencia, impericia o imprudencia de sus funcionarios, sino a la intencionalidad, de causar un daño social, para aumentar su control sobre la población, en beneficio del gobernante.

LA REVOLUCIÓN DEL FÚTBOL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El ascenso de Nayíb Bukele al poder, débese primeramente, a la destrucción de diferentes estructuras políticas, luego económicas y, logrado todo, por el señalamiento de corrupción y el ánimo de revancha, en el subconsciente popular.

 

Su retiro del FMLN, fue por su lucha contra la cúpula, la cual tildó de corrupta. Luego, fue contra ARENA y el FMLN, como sus opositores, en una lucha contra la corrupción, siguiendo luego, contra el sistema democrático, que representaba la corrupción política, así, adueñándose del poder, e implantando sus propias estructuras que, a señalamientos internacionales, son más corruptas, que los gobiernos anteriores. Ahora, va contra el fútbol, para quitar a sus autoridades y su relación con FIFA, señalando la corrupción en el deporte, para crear su propia estructura deportiva, manipulada por el Ejecutivo, mediante las alcaldías.

 

Ahora, la lucha del Gobierno es introducir la revolución en el fútbol, la cual, toca fibras diferentes a las políticas y a las económicas, por lo que merece, un análisis particular. En esta revolución del fútbol, pretende substituir las estructuras tradicionales, por otras y, para ello, busca una transición, a la cual la FIFA, preste su nombre, para avalar el control gubernamental del fútbol y con ello, dar una apariencia de conformidad y legitimidad, con una entidad apolítica internacional.

 

Lo que pretende Nayíb Bukele, va contra el Artículo 7 Constitución: la libertad de asociación, pues al obligar a una entidad internacional, a desconocer el fútbol nacional, para que el Gobierno pueda crear una nueva liga y, encausar las preferencias deportivas, a lo establecido por el Gobierno, es violación al principio de libre asociación.

 

La preferencia deportiva, viene por tradición y efecto del localismo: cada individuo, expresa su sentimiento de lucha y resistencia en su equipo, el cual hace suyo, aún por sobre ideas políticas partidarias o, concepciones económicas, que tienen su origen, en elementos antropológicos y sociológicos diferentes.

 

Esta revolución del fútbol, encabezada por Yamil Bukele, es significativo, pues de haber un resultado negativo, la responsabilidad no recaerá directamente en Nayíb Bukele, pero su figura y nombre, tienen suficiente peso, para apoyar las medidas tomadas por su hermano. En una acción de imagen muy similar a la mostrada, en favor de los candidatos de Nuevas Ideas, durante la campaña pasada, en la cual poníase la imagen del candidato, en primer plano y difusa, atrás y arriba, la de Nayíb Bukele: era violación al Código Electoral, pero que permitió, el triunfo de las facciones oficialistas.

 

Ahora se ve un descenso marcado de la aceptación de dichos candidatos y ya se da la ayuda encubierta, a otras fuerzas políticas partidarias, que aún no han competido electoralmente, para asegurarse contar con una falsa oposición, aunque sea a costa de sus aliados.

 

Por todo lo anterior podría suponerse que, si la crisis del fútbol, se sale de control y los medios gubernamentales no pueden manejarlo satisfactoriamente, podría ser destituido Yamil Bukele, para disminuir la efervescencia del fútbol, sin embargo, al tener un Gobierno dictatorial de la familia Bukele, es muy difícil que esto suceda y tendremos que ver que en las próximas semanas, tenga Nayíb Bukele, que enfrentar la crisis del fútbol, lo que lo puede llevar a un deterioro en su aceptación, lo cual se verá agudizado, por la crisis alimentaria.

 

Por ahora, la única forma empleada para contener la crisis alimentaria, es por medio de la Defensoría del Consumidor, sin embargo, sus acciones, pueden agudizar la escasez y crear un mercado negro (en Venezuela es controlado por las mismas personas allegadas a Nicolás Maduro). Esta revolución del fútbol, es la mayor amenaza sobre el régimen Bukele.

LAS CRISIS Y EL FÚTBOL

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Han afectado al deporte, con mayor impacto en el Fútbol, las diferentes crisis provocadas por el Gobierno, buscando con ellas, ocultar sus errores anteriores.

 

El dominio, que el Gobierno pretende ejercer sobre el deporte, puede obedecer a múltiples causas, entre las cuales, destacan dos: 1) necesidad de distraer la atención pública, sobre situaciones de trascendencia nacional: confiscación de pensiones, violación a los Derechos Humanos y, la reelección presidencial. 2) afán de controlar las finanzas del deporte, tomándolas como industria en favor del Estado o, de sus allegados.

 

Al surgir un problema nacional, aparece paralelamente, una crisis que sirve de distracción política. Los señalamientos de corrupción en el Gobierno, reflejados en la lista Engel, vienen junto a la crisis del Fútbol o, si hay señalamientos por violación a Derechos Humanos, se dan nuevos avances en los casos Mozote y Jesuitas.

 

Se ve cada vez más cerca, la confiscación de las aportaciones de los cotizantes de pensiones, por la administración estatal; no sería de extrañar que, con una rentabilidad negativa, haya intervención de las AFP y, el encarcelamiento de algunos directivos, para justificar, la toma de la administración de las pensiones.

 

La pérdida económica sufrida en los Bitcoin, comprados por El Salvador, se ve opacada por otras pequeñas crisis, como la ampliación de la vigencia del Estado de Citio o la crisis del Fútbol, encubriendo también, el incremento de la Fuerza Armada y, disminución de la PNC, lo que nos llevará a un régimen militarista, en el cual toda la actividad del Estado se encuentre bajo supervisión militar, sin garantías individuales efectivas, ni división de poderes.

 

El Gobierno, resuelve sus conflictos políticos, con nuevos conflictos, con la finalidad de poder mantener las encuestas en alto, pues éstas son el único argumento para sostener su régimen autoritario, carente, a la luz del Derecho, de legitimidad. Dando origen a un gobierno populista, creador a futuro de una crisis, que ya no podrá enfrentar.

 

Toda crisis que se crea, vuelve más inestable al país, al grado que cada segmento de la población, tiene razón para emigrar: si se es pobre, sin estudios o carente de capacidades técnicas, debe emigrar, para poder subsistir. Si se es clase media y sus negocios, principalmente de servicios, no pueden prosperar, busca emigrar. Si se es un empresario mediano o grande, tiene que expandirse hacia el extranjero, pues la profundidad del mercado salvadoreño, ya no admite expansión nacional. Si se es un empresario agrícola o agroindustrial (ganadero o cafetalero), tiene que sacrificar sus tierras, por no ser ya sostenibles sus industrias (sólo queda la producción de subsistencia, que no genera beneficio económico social).

 

Cada crisis creada por el Gobierno, para distraer o encubrir sus propios errores presentes o anteriores, empeora la situación: si el Régimen de Excepción fue dado, para encubrir la relación pandillas-Gobierno, ya está causando efectos negativos en la población, debido a la captura de personas, no relacionadas con las pandillas y, si para encubrir este error, se declara una “guerra” interna, para justificar la represión o su impopularidad, llegará un momento en que la actividad diaria normal, se  vea afectada, generándose una crisis real, que obligue a una mayor emigración, sin que el Gobierno, pueda sostener su gasto militar. En ese caso, los impuestos tendrían que ser confiscatorios.

 

La falta de dinero del Gobierno, que ya tomo el FODES, esta obligando a las municipalidades a cobrar tasas excesivas por ventas en los mercados, por parqueo en la vía pública o, proponer el pago de peaje para ingresar a su municipio, todo lo cual, aumentará las crisis ya existentes.

EL 14 DE JULIO DE 1779, FUE TOMADA, QUEMADA Y DEMOLIDA LA BASTILLA, SIMBOLO DEL PODER ABSOLUTISTA DE LOS REYES DE FRANCIA, INICIANDO ASÍ LA REVOLUCIÓN FRANCESA. TODO INICIO CON PEQUEÑAS CRISIS INTERNAS, NO RESULTAS POR LA MONARQUÍA, POTENCIADA POR LA FALTA DE ALIMENTOS.

LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La Constitución, prescribe la mayor sanción, para quien pretenda reelegirse como Presidente, o promueva dicha reelección: consiste en la pérdida de los derechos de ciudadano, lo cual impide la posibilidad de ser electo y, de elegir a un funcionario público. Todo establecido, en el Artículo 75 # 4º Constitución.

 

El Artículo 152 # 1º prohíbe expresamente, que el Presidente, hoy Bukele, pueda reelegirse o, que lo hagan sus parientes o amigos que hoy, en el Gobierno, son altos funcionarios públicos. Estas prohibiciones tienen razón, porque el poder que ejerce el funcionario público, puede emplearlo contra sus opositores. Si Bukele, quiere poder acceder a una nueva candidatura presidencial, tendrá que ser a nueve años y medio, después de finalizado su período presidencial e, igual tiempo, corre para su familia y allegados, dentro de su Gobierno.

 

Los Diputados y los funcionarios del Servicio Exterior, que hoy promueven su candidatura a la reelección, han perdido por ello, su calidad de ciudadanos y por consiguiente, el derecho a ejercer el cargo para el cual han sido electos o designados, pero la Dictadura que nos gobierna, impide que se tomen las medidas legales pertinentes, lo cual prueba la necesidad de evitar la reelección presidencial o, la de alguna otra persona a quien la ley prohíbe, una candidatura de este tipo.

 

La función de la Fuerza Armada, es cumplir los preceptos constitucionales y por ello, acatar cualquier orden manada del poder civil, siendo función excepcional, colaborar con la Seguridad Pública, pero esta función que hoy, realiza permanentemente, desnaturaliza su cometido dentro de la República, incumpliendo sus funciones Constitucionales.

 

El no pronunciarse, la Fiscalía General de la República, en contra de la reelección presidencial, la hace cómplice, por omisión, de la misma, e igual situación se traslada a la Fuerza Armada, como institución y, si ella, no ha reaccionado a la desnaturalización de que es víctima, la vuelve cómplice de tal violación constitucional, por lo que hay que considerar dos conceptos: la debida obediencia y la responsabilidad del mando.  

 

El primer concepto, lo sujeta al poder civil o sea que obedecerá toda orden manada de un superior, pero enmarcada dentro de la Ley y la Constitución, pues de no hacerlo así, incurriría en responsabilidad por sus acciones ilícitas y se aplica, el segundo concepto. O sea, los abusos y excesos cometidos por el presente Gobierno, ejecutados o garantizados por la Fuerza Armada y la PNC, les serán imputados, como responsabilidad de la Fuerza Armada y por ello, de su oficialidad.

 

La falta de acciones para sancionar y castigar las pretensiones de reelección presidencial, no sólo es responsabilidad de los funcionarios que no han cumplido su obligación constitucional, sino también de la oficialidad que ha actuado por omisión. Los excesos que se han cometidos durante la pandemia y el Régimen de Excepción presente, ya es causa de señalamientos como violación de Derechos Humanos. Tal vez por ahora, no se vea una posible consecuencia, pero sí se verá en el futuro.

 

La reelección presidencial, debe ser evitada, pues desnaturaliza el sistema Republicano salvadoreño y para lograrla, cierra los espacios políticos, que favorecen la gobernabilidad y con ello, el desarrollo.

 

Cada acción violatoria de la Constitución, impide que el salvadoreño se desarrolle en su país y le fuerce a emigrar. Hoy por conveniencia, se pretende utilizar a esa emigración para el fraude electoral, en El Salvador. El voto es directo, o sea que lo da directamente la persona, sin necesidad de utilizar un mecanismo que muy pocos conocen, por eso el voto electrónico, es inconstitucional.: cumplamos la Constitución.

LOS PRIMEROS SACRIFICADOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

El dictamen aprobado el 7 de julio de 2022, por la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, recomendando la prohibición de la recuperación de moras, en los sectores inmobiliarios, vuelve a los sectores financiero, construcción habitacional y lotificaciones, los primeros sacrificados, en aras del populismo del Gobierno. Pasado el impacto propagandístico inicial del Régimen de Excepción, a la alteración de la libre contratación y, poniendo en riesgo, el sistema financiero, sacrificando en el mediano plazo, a todos los cuenta ahorrantes.

 

El descenso en la economía mundial, es agravado en El Salvador, por las medidas que toma el Gobierno, para ganar popularidad. El excesivo confinamiento durante el 2020, detuvo el aparato económico nacional, pero permitió experimentar con el asistencialismo, a costa del particular: la suspensión de los alquileres, por los meses de la pandemia, calculando que el número de afectados, sería menor al número de personas que verían con agrado, no pagar sus alquileres, especialmente si estos eran de locales comerciales, afectados por el cierre obligatorio. A la larga, dichos cierres, no evitaron que El Salvador sufriera todas las consecuencias de la pandemia y, la economía como sistema, sufriera más de lo necesario con respecto a lo que  han sufrido otros países.

 

La importación de alimentos y el subsidio generalizado de los combustibles, no sólo ha agotado la economía pública, limitando la capacidad de subsidiariedad del Estado, sino que ha creado un desincentivo a la producción nacional, en un momento, en que el autoabastecimiento de alimentos, es de Seguridad Nacional. De concretarse tal recomendación de la Comisión de Economía, se crearía un estímulo al incumplimiento de obligaciones mercantiles, sufriendo con ello, las lotificadoras, constructoras y bancos, lo que haría sufrir a todo el sistema financiero, por lo interrelacionado que éste se encuentra.

 

En aplicación de la legislación financiera, cada banco del sistema, tendrá que elevar su riesgo crediticio a sectores específicos, lo cual constreñirá aún más, el crédito para el particular, por lo que, al encarecer sus operaciones, tendrá que colocar más dinero en manos del Estado, para buscar el equilibrio que debe existir, entre depósitos y préstamos.

 

El Gobierno ya no tiene capacidad de pago y, fuerza al sistema financiero para satisfacer sus necesidades económicas. No recibiendo del extranjero, dicho financiamiento, ha bajado el encaje legal del 20.3% (antes de la pandemia) al 8.6% (en la actualidad) a fin de crear más liquidez, en el sistema, para poder satisfacer su necesidad de dinero, garantizándolos con CETES y LETES.

 

Una maniobra política tan compleja, le permite ganar popularidad, para garantizar la ausencia de protestas, ante una posible reelección, pero sacrificando el sistema financiero y el principio de la libre contratación, lo cual tendrá consecuencias negativas, para el país.

 

El Salvador, con una deuda pública de $24,617 millones equivalente al 85.6% del PIB (2021), creciendo la deuda a un promedio de $89.1 millones al mes, sólo puede ser sostenido por un canibalismo en su economía, lo cual está haciendo el Gobierno.

 

Si el presente Gobierno, pretende pagar la deuda interna y externa, tiene que conseguir un financiamiento externo de alguna clase y fuera del sistema del FMI, lo que sería aún mas lesivo para el país, pues podría significar, no sólo pagos leoninos, sino compromisos sobre la soberanía nacional.

 

Débese tener claro, que las acciones del Ejecutivo, no van tendientes al sostenimiento del país, sino a los negocios personales de quienes ejercen dictatorialmente el poder y que, todo aquel que ha negociado en algún momento con él, ha salido, a la larga, traicionado. Ahora, los sacrificados serán el sistema financiero y luego, quienes han hecho uso de él.

EN DICTADURA

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Se encuentra El Salvador, bajo una Dictadura Constitucional, en vía de convertirse en Dictadura Militar, sin que el poder resida en la Fuerza Armada, pero sí, marque el desaparecimiento de la PNC, tal como fue concebida por los Acuerdos de Paz de 1992: será substituida, por un nuevo cuerpo o, transformada en sus funciones.

 

Dictadura Constitucional, es término que designa la vigencia material de la Constitución, pero no, su aplicación, pues el Estado es controlado por una persona o, un grupo, utilizando como razón última, la fuerza ejercida por las estructuras coactivas del Estado (Fuerza Armada y Policía). Véase “La Dictadura Constitucional en América Latina” del político, jurista y diplomático mexicano, Diego Valadés Ríos.

 

La Dictadura Constitucional, en el caso nuestro, lleva en sí misma, una contradicción: si bien el Gobierno asegura tener la aceptación pública o popular, afirmando por ella, su legitimidad, y declarando la mayoría de sus acciones, “bajo reserva” o sea, que no pueden ser conocidas por el público, no obstante, no ser de Seguridad Nacional. Las garantías constitucionales se suspenden: no se ejecutan 28,000 órdenes de captura judiciales, generando un retraso en la administración de justicia y un colapso judicial por los procesos masivos. Se posee la fuerza política, para modificar el Presupuesto General de la Nación: no se realiza dicho trámite, ejecutando los gastos públicos, bajo el “principio de emergencia o urgencia”, declarando dichos gastos en “reserva”. Los funcionarios públicos, no declaran su patrimonio, afectando la función constitucional de probidad y contraloría pública.

 

Estas acciones, revelan ocultamiento: si tuviese la plena aceptación popular, no tendrían razón para ocultarlas, por lo que debe suponerse, que la aceptación popular, en la cual funda su “legitimidad”, en realidad no existe: es efecto, de márquetin político, que necesita de la fuerza, para mantenerse.

 

La razón de tal concentración de poder, es que la nueva estructura política del Estado, al restringir la libertad económica, obliga a las estructuras económicas, a apoyar al Gobierno, condición para mantener sus negocios a costa del Estado. Sin embargo, en la medida que se profundice la Dictadura, se creará un círculo, que ahogará a las empresas allegadas al Gobierno o, serán sacrificadas, para justificar el populismo (acusándolos de ser responsables de la crisis económica del país).

 

Un régimen de excepción constante, obliga al uso conjunto de la PNC y la Fuerza Armada, desnaturalizando sus funciones Constitucionales. Por lo que al dotarlas de equipo nuevo (vehículos, armas, drones, cámaras etc.) se piensa en un uso conjunto, como un solo cuerpo, que abarque las funciones de Seguridad Pública y la defensa de la soberanía del Estado.

 

Esta situación, cambia el fin y objetivo de la PNC luego de los Acuerdos de Paz de 1992. Lo mismo sucede con la Fuerza Armada, pero dicho cambio, se notará menos al inicio, por la multiplicidad de funciones que realiza dentro del Estado. A la larga, se terminará creando un solo cuerpo PNC-Fuerza Armada, cuyo único distingo, sea el color del uniforme y no, sus funciones. Este proceso ya se dio a inicio de los años 80, cuando la Fuerza Armada y los cuerpos de Seguridad Pública, cumplieron funciones similares y por lo cual, en los Acuerdos de Paz, se estableció la clara diferencia, entre ambos cuerpos coactivos del Estado.

 

A más violaciones Constitucionales, mayor desnaturalización de los cuerpos coactivos del Estado. La reelección Presidencial, pudiera ser la línea roja que haga desaparecer la Dictadura Constitucional y surja la Dictadura Militar, lo cual nos llevaría a un mayor deterioro económico y la exclusión del empresariado, del círculo de allegados del Presidente Bukele.

GOBIERNO VRS. UCA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, ha lanzado reto a la Universidad Centroamericana UCA, en una carrera para la condena de los casos Jesuita y Mozote, probando que el Gobierno, lidera la lucha por los Derechos Humanos y, posee mayor influencia que la UCA. En este reto, se puede anticipar, que el costo te tal estrategia populista, lo pagará la Fuerza Armada: quienes ya están en retiro y soportaron los rigores del Conflicto Nacional Internacionalizado y, quienes hoy, la conforman en su servicio activo y, ejecutan las órdenes del presente Gobierno.

 

La UCA, fundada en 1965, pertenece a la tercera generación de jesuitas en el país, según la evolución de su pensamiento ideológico. Tiene sus raíces en Montmartre, París, en 1540, con un alcance hoy, mundial, por lo que, la carrera emprendida por el Gobierno salvadoreño, carece de igualdad en lo temporal, influencia y capacidad conspirativa, pues en ese tiempo, la Compañía de Jesús, ha librado infinidad de conflictos, ganando siempre, por agotamiento del contrario, o sólo, por la acción del tiempo.

 

La persecución que sufren hoy, los involucrados en los casos Mozote y Jesuitas, no debería haber prosperado, según el Derecho salvadoreño, pero las acciones políticas internacionales, influidas por la Compañía de Jesús y las entidades de Derechos Humanos, por el pensamiento ideológico, derivado de la Guerra Fría, han podido mantener vivos esos casos.

 

Estas acciones, por sí solas, no pasarían de un señalamiento de violación de Derechos Humanos, en procesos estancados en El Salvador, pero que sí, sirven para el establecimiento de jurisprudencia internacional. Sin embargo, hoy, el Gobierno retoma dicha bandera, para probar su apego a los Derechos Humanos, a costa de la integridad de quienes, en su momento, ejecutaron las órdenes manadas del Ejecutivo y ejecutadas, como actos del servicio, deformadas posteriormente, por la lucha ideológica.

 

Las acciones que hoy ejecuta el Gobierno, impulsando ilegalmente los procesos penales en los casos Mozote y Jesuitas, crean la estructura jurídica necesaria, para el juzgamiento de los oficiales, hoy en servicio activo, que en cumplimiento de las disposiciones del Ejecutivo, proceden a la captura de pandilleros y de personas, no relacionadas con ellos.

 

Tales acciones, vistas aisladamente, pudieran no ser consideradas como violatorias de los Derechos Humanos, pero al ser enderezada contra opositores políticos o, no ser ejecutadas en forma pareja, contra los mareros, si lo son. Y, aunque las acciones de la Fuerza Armada, se limiten a acompañar a la PNC, son el coadyuvante de la represión, que inicia con una captura y, finaliza en muchos casos, con detenciones arbitrarias o, el asesinato del detenido, bajo la custodia del Estado. Por tal razón, la acción de la Fuerza Armada, será condenada en el futuro, como parte de la represión o, del terrorismo de Estado.

 

Capturas generalizadas y lo peor, procedimientos que no permiten, el análisis de la captura y de los hechos, sin la debida posibilidad de defensa, confirman el terrorismo de Estado. Un proceso que inicia, con las acciones de la Fuerza Armada y la PNC, por lo que siendo inferior la fuerza de la PNC, frente a la Fuerza Armada ésta, asumirá la responsabilidad.

 

Ya hay cuestionamientos en tal sentido, dentro de la Fuerza armada, pues la obediencia del mando, no es ciega, sino conforme a la lógica, en aplicación y cumplimiento de la Ley y, en su defecto, de los principios generales, manados de la Constitución.

 

En la medida que el Gobierno, presione para una condena en los casos Mozote y Jesuitas, está preparándose el futuro juzgamiento de la Fuerza Armada, que hoy cumple las ordenes del Ejecutivo y, no serán los políticos, quienes asumirán la responsabilidad que se le imputará a la Fuerza Armada.

¡¡CRISIS!!

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Mientras el Gobierno impone penas de 1090 años, en el exterior se compara nuestra economía pública con la de Venezuela, aún peor que Haití, a pasos de un inevitable colapso, mientras el Gobierno gasta 1.5 millones para comprar Bitcoin y, crea nueva crisis política, al llevar al debate, la reelección Presidencial:  conveniente es analizar dicha situación.

 

La Constituyente, en 1983, ya debatió sobre la reelección: estableciéronse inicialmente, dos posiciones antagónicas: Presidencia de cuatro años sin reelección o, Presidencia de cuatro años con reelección. Este impase fue roto, por la propuesta de los Doctores Luis Nelson Segovia y Ricardo González Camacho, ambos de Acción Democrática, quedando la redacción final, como hoy se encuentra en la Constitución. Se estableció, que quien propusiese la reelección, perdería sus derechos políticos, o sea la facultad de elegir o ser electo, a un cargo público.

 

La no reelección Presidencial, se funda en la naturaleza republicana del Estado, pues sin importar la forma, no existiría alternabilidad, en el Ejercicio del Poder, el Estado correría riesgo de ser manejado como patrimonio de los Gobernantes. Este concepto, lo vemos con claridad, en la Constitución de 1886, un pensamiento plasmado claramente por su secretario, el Dr. Máximo Mancía, como expresión unánime y conteste, del resto de dichos Constituyentes y así tenemos:

 

Artículo 1.- La Nación salvadoreña es soberana e independiente, y no podrá ser jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.

La soberanía es inalienable e imprescriptible y limitada a lo honesto, justo y conveniente a la sociedad; reside esencialmente en la universalidad de los salvadoreños y ninguna fracción de pueblos o de individuos puede atribuírsela.

Artículo 2.- Todo poder público emana del pueblo. Los funcionarios del Estado son sus delegados y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Por ella legislan, administran y juzgan, por ella se les debe obediencia y respeto; y conforme a ella deben dar cuenta de sus funciones.

 

Estos conceptos, en la práctica, dejaron de aplicarse pocos años después, durante el período de la Presidencia de los hermanos Ezeta, pero las arbitrariedades por ellos cometidas, considerando como su patrimonio El Salvador, manejando la economía pública como propia y ejerciendo el poder arbitrariamente, generó el alzamiento de 1894, o la Revolución de los 44, la cual no hubiera podido prosperar, si no hubiese habido un cansancio social y las condiciones económicas adversas, en la economía nacional, le favoreciesen.

 

La reelección durante la Presidencia del General Maximiliano Hernández Martínez, provocó el alzamiento del 2 de abril de 1944 y posteriormente, la huelga de brazos caídos, que finalizó en mayo de 1944, llevándolo a su dimisión. Lo cual, permitió un reacomodo de las fuerzas políticas y la redacción de la Constitución de 1950, cuyos principios sociales, se unen a las garantías individuales y a la estructura del Estado, concebida por la Constituyente de 1886, lo cual, en sus principios generales, aún sigue vigente en la Constitución de 1984.

 

El Salvador, ha vivido los últimos cincuenta años en tensión política: ha habido desde lucha callejera, hasta un conflicto armado internacionalizado, pasando por varias crisis económicas, como consecuencia de las políticas públicas, por lo cual, necesario es que haya una época de paz y prosperidad económica, basada en los principios republicanos y democráticos, que aseguren que ningún salvadoreño, tenga necesidad de emigrar buscando oportunidades que en el país, no le permite la política.

 

El Salvador, es patrimonio de todos los salvadoreños y no, de un grupo o familia, por tal razón, quienes propongan la reelección presidencial, pierden sus derechos políticos.