EL FISCAL EXIGE PRUEBA DIABÓLICA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

El Fiscal General de la República, en programa de opinión, exige la aplicación de la prueba diabólica, a los casos hoy valorados, de corrupción o sobresueldos. Dicho concepto, “probatio diabólica”, es anacrónico, derivado del proceso penal, durante la inquisición y, está prohibido por el Derecho moderno, particularmente, por los procedimientos civil y penal, debido a su antagonismo, con las garantías individuales expresadas en la Constitución y, que representa, no sólo tiranía, sino la utilización judicial, para fines políticos, desnaturalizando el Derecho y, volviéndole  justificación de la arbitrariedad y no,  ente normalizador y rector armónico de la sociedad.

 

La prueba diabólica consiste en que el imputado, para probar su inocencia, debe aceptar haber cometido el delito: es aplicable, cuando el Fiscal General de la República, pide a quienes sean culpables, de haber recibido dinero del Estado, que se presenten a la Fiscalía, para ser procesados y, que tal confesión, sirva de algún modo, en su beneficio.

 

La normativa jurídica y, los actos de ella derivados, tienen que valorarse conforme a las leyes vigentes en dicho momento, no a valores futuros o que serán juzgados en el futuro, con otras leyes y valores, provenientes de Ley, nacida de conciencia política diferente de la anterior. Por tal razón, existe la prescripción y la institucionalidad que mantienen los principios del Derecho. Para suprimir tales principios, se dio, la remoción de la Sala de lo Constitucional y, del Fiscal General de la República, con la proposición de cambio de los conceptos procesales y contrarios a la Constitución y, a la legislación secundaria vigente, acorde con los Tratados Internacionales pertinentes.

 

El Código de procedimientos civiles y mercantiles prescribe: Art. 321.- “La carga de la prueba es exclusiva de las partes”.  Y, el Código de Procedimientos Penales reza en el Art. 6.-“Toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente y será tratada como tal en todo momento, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio oral y público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La carga de la prueba corresponde a los acusadores”. Por eso es inadmisible la autoincriminación, la confesión bajo tortura o preguntas capciosas.

 

Las acusaciones sobre el uso de sobresueldos, van contra lo establecido en el ARTICULO 15 Constitución, que dice. - “Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley”. Y el ARTICULO 21 Constitución. - “Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.”, transgresión, que es posible sólo con el nombramiento de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República favorables, para quienes violan la Constitución. Lo cual necesita, del acuerdo del Alto Mando militar garante último, de la constitucionalidad, al servicio de la República.

 

Es necesario, en estos momentos la defensa de la Constitución y la institucionalidad, para que las normas jurídicas de la República, cumplan su papel de armonizadores de la sociedad y, de garantes de los derechos individuales:  que no se conviertan en arma del verdugo, para la aniquilación de opositores políticos, que ya no lo son, pero que su ajusticiamiento sirve de escarnio público de quienes sí, exigen el retorno al Estado de Derecho.

 

No permitamos que El Salvador, sea cárcel para sus ciudadanos y, que el Gobierno, no vea a su población, como su ganado, obligado a alimentar el aparato del Estado y, a obedecer sus arbitrariedades.

ROMPIMIENTO CONSTITUCIONAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La discusión de una nueva Constitución, que será aprobada por la fuerza de un referéndum, sin que haya habido defensa de la actual, implica rompimiento constitucional, por no oponerse, las diferentes instancias institucionales: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República y Fuerza Armada, que aprobaron tal rompimiento con su silencio. La clara oposición, de los gremios de Abogados y Jueces, denunciando tal hecho, ratifican el presente rompimiento constitucional.

 

El primer efecto es que el Órgano Judicial, se mueve al impulso de la Constitución de 1983, pero sin influir, sobre asuntos políticos relevantes, los que son decididos, por el arbitrio del Órgano Ejecutivo, resultando en una inseguridad jurídica advertida ya, desde el exterior y cuyos efectos comienzan a verse, por los juicios políticos iniciados la semana pasada, por la Ley Bitcoin y, la falta de atención a las demandas laborales, generadas por los despidos realizados por el Gobierno.

 

El segundo efecto, es la manipulación de la opinión pública, sobre temas políticos y técnicos, siendo la mayor manipulación, la proposición, de la nueva Constitución.

 

Esta propuesta, vuelve dudosa, la totalidad de los derechos que hoy posee el ciudadano, dentro de la República: libre determinación, libertad ambulatoria, propiedad, economía y libertad de culto; creando un sistema nuevo, sin saber si éste, irá acorde con la legislación secundaria vigente y, tratados internacionales. En este punto precisa acotar, que la legislación nacional, debe presentar perfil armónico con la comunidad internacional y en conformidad, establecer los lazos de cooperación y comercio. No podremos establecer el libre comercio, en condiciones favorables, si son disparejas las estructuras políticas, como lo sería si  un país sufre  dictadura y el otro, es democrático.

 

Si por estar en una transición constitucional, no existe el imperio de la Constitución, no será estable ni predecible, ningún Derecho bajo la aplicación de la Ley y, por lo tanto, sólo existirán la fuerza y, la oposición que pueda ejercerse en los medios, ya sea por la denuncia o, por la resistencia individual, en acto lícito de legítima defensa.

 

Esta situación no se había presentado desde 1979, cuando la Constitución de 1962, quedó en suspenso “en lo que no contrariara en lo dispuesto por la Proclama de la Fuerza Armada”. En aquel momento, sólo sirvió para el retorno al sistema Democrático, que permitió la estabilidad jurídica, durante un conflicto armado, alimentado por las superpotencias durante la Guerra Fría.

 

Ya hemos visto en Venezuela, el proceso que estamos viviendo hoy, en El Salvador: la institucionalidad ha caído. ¿pero por qué tal similitud?, por los asesores de este gobierno: venezolanos opositores, que han visto lo exitoso de la forma de manipulación realizada, por el Chavismo, hoy aplicanse las mismas estrategias y tácticas, en favor de éste Gobierno.

 

La comunidad internacional, ha visto estas similitudes en actores y su comportamiento, pero en base a la libre determinación de los pueblos, sólo corresponde a los salvadoreños, oponerse y luchar por sus Derechos inhibidos, si no se quiere replicar el régimen venezolano en El Salvador y, aunque con tendencias geopolíticas diferentes, con pensamientos autocráticos muy similares. Sólo la solidaridad de la sociedad salvadoreña, podrá detener el autoritarismo, que pretende dar leyes, para restringir derechos y acallar las voces disidentes. El cambio constitucional, es el inicio del fin de nuestras libertades.

 

La defensa de nuestra Constitución de 1983, armonizó los Derechos del Estado salvadoreño, con las pretensiones del FMLN, en un ente armónico y dinámico, dentro del concierto internacional: hoy debemos defenderla, del absolutismo de la tiranía.

FUNCIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

La expresión “libre determinación” significa, facultad de defender muestra voluntad. De dicho concepto, propio del sistema republicano y democrático, derívase la función social de la Fuerza Armada: eje social y garante, de la institucionalidad. Esta situación conviene considerarla, ante un inminente aumento en número, de la Fuerza Armada y, su utilización, en tareas que le son ajenas, dentro del estado de Derecho.

 

Función de la Fuerza Armada es la defensa nacional; iniciase en su vértice, con el espíritu y la intención de sus jefaturas civiles y militares y, en su base, por la espontánea adición popular, en defensa del mismo, por la comprensión de las exigencias y de sus problemas, de parte de la generalidad de los ciudadanos. Logrando así, que la Fuerza Armada sea el pivote nacional, como expresión última, de la institucionalidad del Estado.

 

El apego a la institucionalidad, por parte de sus mandos civiles y militares, cumple dicha función y, el reclutamiento voluntario, funde a la sociedad con la Fuerza Armada, convirtiendo ésta, en el pivote social. Pero si sus autoridades favorecen la destrucción de la institucionalidad o son indiferentes a ella (por acción, omisión o comisión por omisión), hay un alejamiento de su función social, convirtiéndose en instrumento del Gobierno, en oposición a la población del Estado: practicase división social, entre militares y civiles.

 

Quedando la Fuerza Armada como dominador que ejerce la coacción y los civiles, como dominados que deben obedecer; si su libre voluntad actúa, fuera de los parámetros establecidos por el Gobierno (que actúa hoy, fuera de la institucionalidad) y no, por la conciencia colectiva -que es el Estado- expresada en el estado de Derecho.

 

Si el Ministro de Defensa asegura que un militar tiene preeminencia sobre cualquier civil, es necesario establecer la razón, en función de la realidad del Estado: la Fuerza Armada, está integrada por los mismos ciudadanos comunes, salidos de la civilidad. Ningún ciudadano es preeminente por su capacidad, estudios o cargos políticos: todo ciudadano sirve al Estado, de conformidad con sus capacidades y, en base al principio de igualdad, merece la protección del Estado.

 

Si el Presidente pretende aumentar el número de efectivos a 40,000, destinándolos a reprimir  la mara, estará la Fuerza Armada ejerciendo funciones policiales y, si el Mismo Ministro de Defensa, reconoce la infiltración de las maras, dentro de las distintas levas, existiendo necesidad de depuración constante, es reconocimiento expreso, del fallo en la selección y la formación de los reclutas, existiendo riesgo, al aumentar el número de efectivos, sin un destino claro, sobre la función social y empleo de la Fuerza Armada.

 

El marero, es fenómeno antropológico, producto del desacoplamiento educacional dentro de la estructura social del Estado. Los Acuerdos de Paz, sin una formación social (primero de la familia y luego, del Estado), permitieron que el “hombre primitivo” actúe en la sociedad, respondiendo a sus primitivos instintos, sin atender a las normas sociales que integran al individuo a la sociedad, convirtiéndose en un ente delincuencial, nocivo a la vida social; que debe ser reprimido por la Seguridad Pública y no, por la Fuerza Armada, pues es problema delincuencial debiendo responder aquí y, en el extranjero, cuando requeridos sean por sus crímenes. El problema se agrava, cuando el Gobierno ha pactado con ellos, por fines políticos.

 

En la medida que la Fuerza Armada, se aleje de su función social, se convierte en fuerza mercenaria, al servicio del Gobierno, así vuelve su existencia, que por su naturaleza es apolítica e institucional, nunca debería debatirse, como asunto político. Su responsabilidad es hacia la institucionalidad nacional y no, hacia el gobernante.

CONTRA DICTADURA Y TIRANÍA: LA CONSTITUCIÓN

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Ante cualquier manifestación de fuerza arbitraria, aplicanse indistintamente, los términos dictadura o tiranía; aunque ambos términos, tienen significados muy diferentes: sólo la Constitución, expresada en la institucionalidad nacional, puede ser antídoto, contra estas dos formas aberrantes de gobierno. Así, conveniente es, reflexionar sobre sus diferencias, a la luz de la política presente.

 

Caracterizase la dictadura, por no tener límites, el ejercicio de las facultades políticas, pues las funciones legislativas y ejecutivas, obedecen al criterio de un sólo hombre o, de un reducido grupo que controla las instituciones del Estado, volviendo inoperantes los sistemas de contraloría, propios de un Estado de Derecho, como ha sucedido, desde el 1° de mayo.

 

Caracterizase la tiranía, por la imposición, en grado sumo, de cualquier poder o fuerza contra derecho, en el ejercicio del poder del Estado sea este, avalado o no, por la mayoría, porque ésta se encuentra indefensa o, en inferioridad, frente al poder armado del Estado, que lo gobierna, sin justicia y a voluntad del gobernante.

 

Ha vivido El Salvador, la transición de Estado de Derecho a una dictadura y, de ésta, a una tiranía. Ha iniciado este último escalón, con la intervención a ARENA y, el nombramiento de la Comisión que investiga los sobresueldos; el primer caso, es una clara violación a la legislación registral, civil, mercantil y procesal; en el segundo caso, la citación a funcionarios, es mera formula, pues ya se tienen las conclusiones de la comisión y, ninguna explicación posible, cambiará su criterio. Sin embargo, faltan aún dos pasos más, por desarrollarse: la reserva a todas las actividades del Estado, por ser éstas, lesivas a la imagen de los funcionarios y, el procesamiento de periodistas y analistas, que no siguen la versión oficial.

 

El libre acceso a la información pública, permite que la opinión general, actúe políticamente y así, elegir un gobierno, mejor que el anterior, pero si dicha posibilidad desaparece, también se elimina el “seguro social” de la opinión pública, que obliga a actuar a la institucionalidad, aún bajo la dictadura. Por esta razón, durante la tiranía, los primeros en sufrir la represión, son los periodistas y analistas.

 

La comisión investigadora de los sobresueldos, teniendo ya criterio formado sobre los hechos, sólo cumple el papel de “Comisario Político” o “Tribunal Popular”, que satisface la necesidad en la dictadura o tiranía, de la destrucción del “enemigo del Estado”, por conveniencia o utilidad pública. Cumple también la función de amedrentar a la oposición o, a cualquier grupo disidente oficialista.

 

Si fuese verdad, la existencia de asesores venezolanos, en derredor del presente Gobierno, tendríamos claro que, si provienen de la oposición venezolana, no son de derecha, sino socialdemócratas o centro izquierda y han vivido, en su contra, las tácticas chavistas, por lo que sería lógico, que aquí emplearan dichas tácticas, para asegurar el poder tiránico del Gobierno. Su posición ideológica pudiese haber influido la idea, de la destrucción de ARENA y el amedrentamiento de sus miembros. De igual forma, deben tener especial inquina, contra los aliados ideológicos del chavismo: el FMLN.

 

Sólo la Constitución, que busca el acomodo pacífico de las libertades individuales, frente al poder del Estado, regulando el ejercicio del poder, dentro de un sistema de normas y, que mantiene la independencia de los distintos órganos del Estado, puede evitar la dictadura y la tiranía. De lo contrario, la persona, deja de ser ciudadano para volverse siervo del Estado, sujeto al criterio del dictador y naturalmente, se crea la “resistencia oculta”, que invariablemente, llevará a la violencia: cuando el Estado, reprima a sus opositores o disidentes. Restauremos el Orden Constitucional.

ANACOLUTO POLÍTICO

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Anacoluto, es la figura -construcción retórica- que consiste en la falta de concordancia sintáctica, entre los elementos de una oración: expresa, por sus efectos o significado, elementos contradictorios o carentes de relación. Con dicha figura, se expresa claramente, la incoherencia política del presente Gobierno, ante los problemas que pretende resolver con sus actuaciones.

 

Pretendese estimular la inversión extranjera, pero desaparece la seguridad jurídica, siendo la estabilidad y el apego a la Ley, el principal elemento, para iniciar las valoraciones internas y financieras, que llevarán a una inversión.

 

Pretendese estimular la caficultura, ofreciendo millones en préstamos y, condonar parte de la deuda ya generada, pero se incrementan los costos de producción. Pretendese fortalecer la industria lechera, pero favorecese, la importación de leche y otros productos de su industria. Favorecese el contrabando masivo de los mismos.

 

Pretendese bancarizar la economía, para un mayor control tributario y llevar los servicios bancarios, a toda la población que carece de la tecnología adecuada, pero se introduce el Bitcoin, que permite la evasión fiscal y el lavado de dinero, con el riesgo de consumir el efectivo circulante.

 

Se ha dado la Ley Bitcoin y, la investigación de un periódico digital da a conocer, que el Gobierno, pretende sacar el “Colon Dólar o digital”.

 

Se pretende cumplir con las disposiciones internacionales, anti lavado de activos, para estabilizar la Banca, pero al mismo tiempo, se plantea, que lo incumplan, aceptando el Bitcoin y que asuman dicho riesgo.

 

Se solicita la cooperación internacional, pero se rechaza la estabilidad y apego al Estado de Derecho que esta exige. Igualmente, se solicita a las entidades internacionales que presten dinero a El Salvador, pero no quieren rendir cuenta de dicho dinero o, cumplir con los elementos de contraloría que esto conlleva.

 

Se desea castigar los sobresueldos, dados por Gobiernos anteriores, cuando la Ley ha señalado su prescripción o su licitud, pero se evita dar cuentas de lo gastado en el ejercicio del año 2020.

 

El Gobierno pretende erradicar las ideas que dieron vida a ARENA y, para lograrlo, confisca su sede y la estatua del Mayor Roberto d'Aubuisson Arrieta, siendo que ARENA fue fundada por los principios de libertad y apego a la institucionalidad.

 

El Gobierno pretende hacer desaparecer al FMLN, quitándole sus bases partidarias, cuando éste representa, el sentimiento de la izquierda, en un entorno revolucionario global.

 

Se pretende fortalecer la contraloría en el gasto público, haciendo desaparecer la Corte de Cuentas y, formar una entidad que englobe a ésta, con el Ministerio Público y Tribunal de Ética, cuando la tendencia del Derecho Administrativo, es la separación de funciones y entidades, para su especialización y, un mejor funcionamiento del sistema, tendencia que tienen todos los países modernos y democráticos.

 

El Gobierno pretende que el turismo y los servicios se desarrollen, pero los cierra y, reparte alimentos importados, mientras muchos mendigan en las calles y no se les da ayuda.

 

Pretendese utilizar los beneficios arancelarios que posee El Salvador, pero que éstos sean aprovechados por potencias anti-occidentales, en su disputa geopolítica y económica presente, contra quienes nos han otorgado tales beneficios.

 

Estas y muchas más contradicciones, hacen que el comportamiento del Gobierno sea errático e impredecible, poniendo en riesgo la economía nacional, lo cual favorece el crecimiento de las pandillas y, todo tipo de crimen, causando la emigración. Sólo la organización por grupos de afectados, por tales medidas, puede crear una verdadera oposición política, para que detenga tales aberraciones, porque ya no estamos frente a abstracciones políticas o ideológicas, sino ante realidades inminentes que amenazan causar la destrucción nacional. El Gobierno, es un completo anacoluto, no literario, sino político.

PUÑALADA EN LAS ENTRAÑAS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La confirmación política de la zona económica, en favor de China continental –publicada ya en Honduras, porque le afecta sus pretensiones en el Golfo de Fonseca-, va de Usulután a La Unión, y constituye puñalada en las entrañas de Estados Unidos, en una lucha comercial, comparable a la recibida en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941: comenzó como una disputa económica, frente a la expansión japonesa, contra los intereses occidentales en el sureste asiático. Inició dicha disputa, por el consumo de materias primas para la expansión económica y tecnológica de Japón; se libra hoy, una lucha comercial, para sostener la expansión economía y tecnológica de China, en disputa del comercio global. Para Estados Unidos, es puñalada, pero para nosotros los salvadoreños, crimen contra nuestra patria y soberanía nacional,

 

Bukele se presentó a Estados Unidos como alternativa a los dos partidos tradicionales y renovación, en la moralidad política. Ante la militancia del FMLN, presentose como renovación, en la lucha insurreccional y, ante la derecha, como un político cuyo fin era la promoción del sistema capitalista, defensor de los intereses del gran capital. Para los partidos pequeños, fue una alternativa a la rigidez partidaria, que permitiría surgiesen nuevos líderes, que pudiesen usufructuar del poder, como lo habían hecho sus dirigentes tradicionales.

 

Todos han sido engañados y, las consecuencias, las sufriremos los salvadoreños: su giro geopolítico, en favor de China -contra los intereses occidentales-, puede tener consecuencias para Estados Unidos y las que pueden sufrir, nuestros tres millones de compatriotas en el exterior y quienes aquí gozan de las remesas, además de sufrir la amenaza, de una masiva emigración por hambre, como la ocurrida en Venezuela.

 

El FMLN inició con China continental, una relación diferente de la que teníamos en el pasado: sólo comercial, extendiéndola a esferas ideológicas, pero ha sido desplazado en esa relación, por los intereses geopolíticos concretos, en su expansión sobre el pacífico. Dicha expansión puede comprobarse, en los múltiples conflictos de China en el pacífico con: Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi, en la zona meridional del mar de la China, también posee conflictos con la India y éstos, se extienden hasta Australia, la que, en el 2018, acusó a China, de inmiscuirse en sus asuntos internos.

 

La página de análisis globales “Agenda Pública” publica el 3/11/20 el artículo intitulado: “EL INDO-PACÍFICO: ¿UN CONFLICTO EN CIERNES ENTRE CHINA Y EE.UU.?”, en el cual se puede apreciar, la magnitud del conflicto en el pacífico y, como afecta en su seguridad, a los Estados Unidos. Como parte de este conflicto, China tiene el control absoluto de la ciudad portuaria de Colombo, a 700 km de Chennai y, un contrato de arrendamiento por 99 años, del puerto de Amantita con 15.000 acres de tierra a su alrededor. China ha querido siempre establecer una base fuerte en Sri Lanka, vecino del sur de la India.

 

China inicia su penetración, con préstamos para desarrollo y finaliza, cobrándose con el dominio de bienes nacionales (públicos y privados), siguiendo la estrategia de la “diplomacia de la deuda”, pero consolidando sus intereses geopolíticos en el mundo. Ahora El Salvador sufre dicho turno y, esto queda claro, por el nuevo Embajador de El Salvador en China continental: un político que representará los intereses de la presidencia y no. los nacionales.

 

Las consecuencias las sufrirán directamente los dueños de las tierras comprometidas, pero todos los demás salvadoreños, verán su territorio disminuido, la unidad del territorio nacional será pura entelequia, y Estados Unidos, tendrá a su enemigo en su frontera, más el mayor problema humanitario regional: desestabilizarse el Triángulo Norte, por el autoritarismo y la pobreza.

CONSECUENCIAS DE LA LISTA ENGEL

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

El embargo de los bienes de ARENA, el incremento del salario mínimo y, el reparto de alimentos indiscriminadamente, son primeras consecuencias de la Lista Engel. La política de Nayib Bukele ha sido de canibalismo con sus allegados políticos y, de ataque feroz a sus opositores, evitando que los desatinos y corrupción de su gobierno, le sean señalados. Su forma de actuar, asemejase a un “Blitzkrieg” (guerra relámpago), espera llegar a una consolidación, antes que la comunidad internacional pueda reaccionar:  con ello, sólo logra la destrucción institucional y económica del país.

 

Políticamente, Nayib Bukele nació en el seno del FMLN y, al amparo económico de ALBA PETROLEOS. Promovió contra su dirigencia, una revolución interna, en reclamación de poder generacional y, de objetivos no alcanzados por el FMLN, cuando ya éste, se había amoldado al sistema democrático nacional y, alcanzado el poder. Agrupó a los ya purgados por el FMLN y, actuó cuando aún era Alcalde, contra la dirigencia de dicho partido. Su expulsión del FMLN, fue meticulosamente planeada y ejecutada por si mismo, después de haber causado sisma en el FMLN, el cual no pudo “encapsularlo” en su partido, usando el mecanismo institucional, que ahora ya no existe. Fue éste, su primer acto de canibalismo.

 

Ernesto Muyshondt, sucesor de Bukele en la Alcaldía de San Salvador, pudo haber denunciado la corrupción durante la administración Bukele: endeudo la Alcaldía excediéndose en su capacidad de pago y sin hacer mejoras. Posiblemente, pensó que la estabilidad y gobernabilidad, eran primero y así, no hubo investigación sobre la corrupción municipal. Quienes en su momento no la investigaron, guardan hoy prisión y padecen muerte civil. ARENA no midió a su oponente y llevó al menos idóneo, a la lucha con Bukele, con un partido dividido por la lucha interna y, confiando en las alianzas con otros partidos, cuando Bukele ya había y pactado con dichas bases partidarias. Es el segundo acto de su canibalismo.

 

El “Blitzkrieg” de Bukele terminará, cuando haya destruido a toda la oposición y, exista miedo de pronunciarse. Muy probablemente, dentro de muy poco tiempo, veremos cambio en la cúpula del FMLN favorable a Bukele o, su cancelación, debido al financiamiento venezolano. Posiblemente veremos también la cancelación de ARENA. Veremos procesos sin fundamento legal, pero sustentados por la Fiscalía General de la República, en su nueva interpretación de la Ley.

 

Si todo se quedase en el plano político, podría limitarse el desastre, pero al ser políticas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, sus resoluciones serán siempre favorables al Gobierno y, a sus allegados.

 

El aumento del salario mínimo, tendrá un efecto cascada y creará una inflación mayor que la actual y viene a aumentarla, la incertidumbre del Bitcoin. En tales condiciones, las inversiones (para desarrollo nacional) se verán suspensas: no hay seguridad ni en los costos, ni jurídica. La inversión que vendrá, será especulativa, en busca de dólares físicos. Esto obligará al Gobierno a requerir más fondos y espera obtenerlos, de la cooperación internacional o de préstamos; de lo contrario, el gran capital que le apoya, para salvaguardar sus intereses, serán los terceros a sucumbir; será otro canibalismo.

 

Los desafíos a Estados Unidos, que han lanzado los funcionarios de Bukele, luego de ser señalados como corruptos, se deben a que piensan que el escenario del Triángulo Norte es de tercera línea y, que los problemas que Estados Unidos tiene con China o la OTAN y, su salida de Irak, le harán descuidarse de este problema. Cuando Estados Unidos venga a reaccionar, Bukele estará consolidado y un problema mucho mayor, será el Triángulo Norte.

CREANDO UN GUETO FINANCIERO

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Con su implementación, la Ley Bitcoin amenaza crear un gueto: el aislamiento financiero del país, con su consecuente contracción económica y aislamiento comercial, del resto de países globalizados que, en libertad, sostiene su sistema político y económico, basado en el desarrollo sostenible: lamentablemente, nosotros, nos alejamos de dichos sistemas, acercándonos más, a la pobreza y marginación internacional.

 

La Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, sugiere que El Salvador debe regular y limitar el uso del Bitcoin, para que no sea de uso de “actores malignos”, es por el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado: narcotráfico, terrorismo y otras formas de delincuencia transnacional.

 

En una economía, al integrar la criptomoneda y el dólar, se relaciona lo no regulado con lo estrictamente regulado. La regulación se debe a la necesidad de un Estado, de administrar su economía y, evitar el lavado de dinero del crimen organizado y del terrorismo. Con la integración de la Ley Bitcoin, se crea una puerta, por la cual puédense legitimar las utilidades del crimen y, volver inrastreables las fuentes de financiamiento del terrorismo. En este punto hay que tener claro que el dólar, no es moneda nuestra, pero la adoptamos por su estabilidad.

 

El Bitcoin, es la criptomoneda más utilizada para las actividades delictivas: en los dos últimos meses, las defraudaciones más grandes en el mundo, se han hecho en Bitcoin: Sudáfrica y Turquía. El mayor ciberataque que ha sufrido Estados Unidos, se ha pagado también en Bitcoin y, aunque mucho de ese dinero, ha podido ser rastreado y recuperado, representa un activo muy utilizado por el terrorismo (sólo el año pasado se han detectado $ 1000 millones en Bitcoin, transferidos por dichas fuerzas, para su financiamiento.

 

La primera pregunta es: si el Bitcoin es moneda de curso legal y nuestro país, se convierte en el nuevo paraíso fiscal para el lavado de dinero y, los bancos son sancionados, si sirven para transferir dólares “lavados”, seguramente habrá consecuencias y restricciones que sufriremos todos.

 

La segunda pregunta es: Si El Salvador, se desprende de los dólares físicos por Bitcoin o dólar electrónico (sintético), ¿con qué adquiriremos nuestras importaciones? Si cada vez se acepta menos el Bitcoin en el extranjero. ¿Qué pretende el Gobierno?

 

Las importaciones del Gobierno, para repartir alimentos con fines políticos, crea una sobreoferta de granos básicos, desestimulando la producción nacional, resulta más cara la producción, que el valor del producto, como lo estamos comprobando con el arroz, frijol y maíz.

 

En caso de ser aprobada la Ley del Agua, tal como se ha presentado, será un desincentivo para la producción de leche y carne. Entonces, si el sistema bancario sufre las consecuencias del Bitcoin y, quedamos en un gueto económico, en la medida que fuésemos autosuficientes, la crisis sería menos violenta, pero si se destruyese el agro, para depender de las importaciones, la crisis será potenciada.

 

El Gobierno procura distraer las crisis, en la medida que éstas van aumentando, pero la distracción crea una crisis mayor. La corrupción, ya señalada por Estados Unidos, porque afecta la estabilidad del Triángulo Norte y la de la frontera sur de aquel país, ha procurado el Presidente Bukele, cubrirla con el anuncio de un incremento del salario mínimo, que inevitablemente, obligará a muchos despidos, pues la oferta de “subsidio” a la mediana y la pequeña empresa, es imposible de ser satisfecha, sin más deuda o confiscación y, golpeará más al agro.

 

En consecuencia, de todo lo explicado, el Gobierno nos está llevando a una catástrofe y solo la reacción conjunta de la sociedad civil, puede evitarla.