LA
ECONOMIA DE LOS POBRES
Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Las
actuales disposiciones Gubernamentales, están dirigidas hacia quienes no tienen
relación económica con la sociedad salvadoreña: corresponden a una realidad
ajena a las necesidades nacionales. Tales acciones, agravarán la economía nacional,
profundizando la pobreza.
La
economía de pobreza, o sea, la de aquellos cuyos hogares sólo tienen ingresos
inferiores al costo de la canasta básica, que se mide, por las necesidades alimenticias
de una persona, actividad y tipo de población. Tratándose de la región Centroamericana,
ésta es homogénea, no debería de diferir mucho entre sus países, pero sus
Gobiernos, establecen estándares muy diferentes, los que apreciaremos a
continuación.
La
canasta básica de Costa Rica es de $ 422.00, la de Honduras es $ 220.0, El
Salvador es de $ 215. La diferencia es por el número de productos considerados
necesarios para la vida, lo cual establece la calidad de vida mínima que
considera su Gobierno. En El Salvador, puede afirmarse, que se establece la
peor calidad de vida y aun así, debe considerarse que las personas que viven bajo
dicho mínimo, es el 22.5% de la población, o sea, con menos de $ 6.8 dólares
diarios (alimentación - $2.15 -, vestido, transporte y habitación). Esto
explica por qué tenemos la mayor emigración centroamericana: un promedio de 500
personas diariamente y, que el tráfico humano, sea tan lucrativo como el
tráfico de drogas. El tráfico humano es pagado con la venta de bienes del
migrante y, la ayuda familiar, por lo que hay paso de capital legal a ilícito,
sin poder evitarlo.
Las
remesas durante el 2022, fueron de $ 7,741.9 millones de dólares, lo que equivale
a casi la totalidad del Presupuesto General de la Nación, para el mismo año: $
7,967.7 millones. Por lo que puede afirmarse, que la economía salvadoreña es
sostenida gracias a sus remesas y que estas, duraran mientas existan
salvadoreños emigrados por pobreza, por lo que no existe interés en disminuirlos;
por el contrario, aumentarlos y hasta buscar en el extranjero, colocación
laboral de salvadoreños.
Existe
una relación directa entre la informalidad y la pobreza. En el 2020, se
consideraba que el sector informal, tenía el 60% de la población activa, o sea,
sin la posibilidad de acceder a mejores condiciones y la efectividad de sus
Derechos Laborales, pues generalmente en el sector informal, la persona es su
propio jefe o, contrata como máximo, a otros cinco empleados, realizando
actividades de bajo ingreso, sin prestaciones y únicamente, para su subsistencia,
sin generar ingresos para el Estado, de forma directa, salvo del IVA, de bienes
y servicios provenientes de la formalidad.
En
la medida que la pobreza aumenta, es reflejada en el sector informal, el cual
crece. La introducción de segmentos de informalidad al sector formal, depende
de las ganancias que éste posea y las facilidades que dé, el Gobierno y pase de
la economía de subsistencia a una de producción, para llegar al final, a la de
exportación. Sin embargo, el Gobierno, sólo dirige sus políticas al gasto
público, a empresas extranjeras y favoreciendo a empresas de alta tecnología y
relacionadas con el Bitcoin, para que el salvadoreño, consuma primero dichos
productos. La liberación de impuestos a tales empresas, no asegura más
inversión ni disminución de la pobreza.
La
toma de $ 233 millones de los fondos de pensiones, para gasto corriente y la propuesta
de realizar obras con los fondos de pensiones, para recuperarlos con el pago de
peaje, es un intento de obtener por corrupción, lo que el Estado, ya no puede
darles.
Sólo
el retorno a una economía de producción y exportación, hará que El Salvador, pueda
disminuir la pobreza y evitar la emigración. Todo lo despilfarrado hoy en
corrupción, deberá ser pagado, por las generaciones futuras.
