DESIGNADO PRESIDENCIAL: YAMIL BUKELE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Por las redes sociales oficialistas, el pueblo salvadoreño sabe que la Asamblea Legislativa, aceptará la propuesta del presidente Bukele: “que mi hermano, Yamil Bukele, sea mi designado a la presidencia”, dicha propuesta obliga, a una muy seria reflexión constitucional. Dicho individuo, adolece de inhabilidades para ser propuesto para ese cargo y, necesario es. analizar las consecuencias jurídicas que pudiesen sobrevenir, si fuese designado a tal cargo, convirtiéndose en un funcionario de hecho.

 

Los requisitos que debe cumplir un designado a la presidencia, son los mismos que deben  tener el presidente y vicepresidente, por lo que las inhabilidades de éstos, serán iguales para los designados. La única diferencia entre el presidente y su designado, es por la elección a la que ha sido sometido: el primero por voto popular directo y el segundo, por votación de segundo grado, siendo nominal y pública, a propuesta exclusiva de un diputado. No `pudiendo ser propuesto por ninguna otra entidad, con iniciativa de Ley.

 

El Artículo 131 literal 17º de la Constitución, mandata que los Diputados sean los que elijan a dos designados a la presidencia. Dos designados, para que exista un propietario en funciones y un suplente, en caso de ausencia del presidente y vicepresidente electos. Esto obliga a que los diputados de la Asamblea Legislativa, sean los únicos que, según su propia iniciativa de Ley, los nombren. En caso de faltar los designados a la presidencia, este cargo, corresponderá al presidente de la Asamblea Legislativa.

 

Para ser propuesto como candidato a “designado presidencial”, debe de cumplir los requisitos del Artículo 151 de la Constitución. Y no podrá ser propuesto, designado a la presidencia, si adolece en alguna de las inhabilidades del Artículo 152 de la Constitución. En este caso, Yamil Bukele, no puede ser propuesto, pues cae en el numeral 2º de dicho artículo, que dice así: “El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia en los casos del ordinal anterior;”. Yamil Bukele, es hermano de Nayíb Bukele, está por consiguiente, en relación de segundo grado por consanguinidad en línea colateral. Que se sepa, Yamil Bukele, no está afiliado a un partido político, lo cual  también es obligatorio.

 

El Artículo 153 literalmente dice: “Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará al Vicepresidente de la República y a los Designados a la Presidencia.” O sea que, ratifica que Yamil Bukele, no puede ser designado a la presidencia, ni él, ni ningún miembro de la familia Bukele, ni sus familiares políticos (cuñadas o suegros), pues para tal cango, están inhabilitados.

 

Estas disposiciones constitucionales, fueron consideradas, para evitar el nepotismo y que el país fuera el feudo de una familia, aunque preténdase mantener la apariencia de “Democracia” por aceptación popular o, en este caso, por no haber oposición, para que ejerciese, lo prescrito en el Art. 87 de la Constitución.

 

Considerar que El Salvador, no fuese feudo de una familia, fue letra constitucional desde nuestra independencia, hasta la Constitución de 1983, pero se mantiene el principio, mediante las inhabilidades prescritas, para el ejercicio de la presidencia.

 

La pregunta es: ¿será la Fuerza Armada fiel a la República o, a lo será a familia Bukele?, pues en el caso de ejercer la presidencia Yamil Bukele, sería un funcionario de hecho, y ejercerá el mando de la Fuerza Armada, y con el mando, ejercería el máximo poder de coercibilidad y coacción del Estado.

LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN, consiste en la capacidad de los pueblos, para decidir sobre su destino político. Incluye decidir sobre secesión o unificación y determina el grado de conformación de las instituciones. Este principio se encuentra en el Artículo 89 de la Constitución: es principio universal de Derecho Internacional.

 

El presente Gobierno, desde su inicio, ha insistido en que, la voluntad popular, expresada de manera pública, en las encuestas y redes sociales, legitima los actos públicos, aunque estos impliquen, un rompimiento de la Constitución. Tal argumento, ha servido para el cambio institucional, en cuanto a sus funciones de fondo, cambio que ha permitido la remoción de la Sala de lo Constitucional, el Fiscal General de la República, el decreto perpetuo de régimen de excepción y, el nombramientos de extranjeros, como delegados presidenciales etc.

 

Las candidaturas de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, a la reelección, permaneciendo ambos en el cargo y, la posibilidad de que un pariente, sea nombrado como Designado Presidencial, sólo es posible, porque lo justifica la aceptación popular, convirtiéndolo, en una figura supraconstitucional, no acorde con ningún principio constitucional moderno: excede el derecho a la libre determinación, invocada por el presidente Bukele, en reuniones diplomáticas y alocuciones públicas.

 

De cualquier manera, no es reconocida por la libre determinación de los pueblos, la posibilidad de cambiar la forma de Gobierno - apegada al republicanismo y la democracia, expresada en un Estado de Derecho - por otro distinto, que disminuye los derechos inalienables de la persona, como la vida y la libertad, de los cuales, depende la existencia, de otros derechos, como la integridad física y la propiedad privada.

 

La pretensión de reelección, tiene la finalidad de legitimar a posteriori, un Gobierno, que ha hecho de su estructura política, integración con el crimen organizado: así esta elección presidencial, posee una dimensión, mucho mayor que la reelección.

 

Una estructura política, protectora de los mareros, que utiliza la fuerza, como forma de control social y, el ocultamiento de información, como medio de manejo de los fondos públicos, fuera del control institucional y, de la opinión pública, carece de la moralidad propia del funcionario, que pretende reelegirse, utilizando la formalidad de la elección.

 

En condiciones como las que vive El Salvador, las elecciones, carecen de valor político, pues se solicita una votación, que puede ser controlada por los mareros y en segunda instancia, se pide que la Fuerza Armada, sea política y el Ministro y Director de la PNC, han jurado lealtad al presidente y no, a la República.

 

Las acciones de los paridos opositores, son de ceñirse a los procesos legales, pero no respetados por el oficialismo, lo cual impide una campaña en igualdad de condiciones, por la que, el resultado de las mismas, es dudoso, en cuanto a la legitimidad que pretende lograr el Gobierno.

 

La inscripción a la reelección, de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, carece de la moralidad y legalidad necesaria, que exige la ley, pues un pacto con las pandillas, para darles protección y que sus delitos en el extranjero, no puedan ser perseguidos, es lo que se esta decidiendo hoy en El Salvador. La libre determinación de los pueblos, no puede legitimar al crimen organizado, ni servir de justificación, para que el ciudadano, pierda sus derechos anteriores y superiores a la existencia del Estado.

 

Léase el Artículo 1, del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. (ONU, 1966) y se entenderá el engaño jurídico del presente Gobierno.

ECONOMIA CRIMINAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La economía criminal, es un conjunto de actividades económicas, del mundo ilegal, que guardan relación, con el financiamiento de estructuras delictivas, de alto rédito económico y, con diferentes formas de violencia y corrupción; su influencia, moldea y determina los acontecimientos políticos, por sobre las ideologías y el Bien Común.

 

La reciente captura en México, de pandilleros (el “Crook” y otros más), puso al descubierto en El Salvador, la influencia del crimen organizado, en las estructuras formales de poder. Su liberación excede la influencia de un Juez de la causa o, del sistema penitenciario. Y responde su liberación a altos intereses económicos, de naturaleza delictiva, que, determinan la política en El Salvador y, el proceder de su institucionalidad actual.

 

Según voz populi y así se asegura en el extranjero, la razón del pacto con las pandillas se debe a la manipulación del sistema político, en favor de estos intereses. Según estudios, el pacto con las pandillas, iniciado con Mauricio Funes, ha pasado por varias etapas: la primera: en utilizaron como un elemento político y de justificación ideológica, que captara los votos para un triunfo eleccionario y asegurar, al crimen organizado, su libre acción en el territorio, hasta llegar al control de acciones gubernamentales. Existe ahora, una asociación entre Gobierno y crimen organizado.

 

Un ejemplo, es el régimen de excepción, que ha capturado a pandilleros, pero dejando aún en libertad a 43,000 de ellos, por encontrarse acorde con el oficialismo o éste, acorde con los intereses de las pandillas. Encarcelando a muchos inocentes para preservar las aparencias. Sin embargo, los beneficios económicos del crimen, logrados con dicho pacto, al correr del tiempo, son insostenibles: al ser la delincuencia un modo de subsistencia en crecimiento y, degradar las condiciones nacionales, en aras de mantener la apariencia de normalidad (Miss Universo, la inauguración de la Biblioteca Nacional y una presa hidroeléctrica) no han podido satisfacer las necesidades sociales, razón por la cual, se aprecia un resurgir de las extorsiones y delitos menores, que están relacionados, con el patrimonio.

 

El ocultamiento de hallazgos de fosas clandestinas o, las noticias falsas, como el anuncio de que el Banco Mundial ha otorgado un crédito de $ 200 millones para la reconstrucción de los mercados de Santa Ana y San Miguel (se recomienda ingresar a la página web del Banco Mundial, donde no se hace mención a dichos préstamos, pero sí, a un crédito para el mejoramiento vial, otorgado antes de la actual situación económica del país). Toda esta publicidad, basada en noticias falsas, no oculta la realidad del país: que la política del Gobierno, está dirigido según los intereses del crimen organizado.

 

Los diferentes controles que pudiesen establecerse, sólo funcionarían si los intereses del Estado estuviesen dentro del Estado de Derecho, persiguiendo el Bien Común, pero si el mismo Estado, es el que está al servicio de una economía criminal, es imposible que los controles de lavado de activos, puedan funcionar o, sólo funcionan, según sea el interés de los grupos criminales mayoritarios.

 

Prueba de ello, es la adopción del Bitcoin, como moneda de curso legal, pero sin estar sujeta a ningún control. La propaganda es que es para dinamizar la economía, lo cual no ha sucedido, pero sí nos ha acarreado sanciones por su adopción, y permite el lavado activos y, el financiamiento del terrorismo.

 

La falta de financiamiento estatal, como pago de la deuda política, para dinamizar la actividad política, ha sido sólo para los partidos de oposición, mientras que los oficialistas si lo tienen, pero al indagar sobre sus fuentes, puede apreciarse que no vienen del gobierno, sino de otras fuentes o directamente, del crimen organizado.

 

 

 

CUANDO EL PRESIDENTE QUIERE PERPETUARSE.

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Cuando un Presidente esta dispuesto a todo, para perpetuarse en el poder y, se ha generado una controversia entre las entidades de justicia y el Derecho, basado en los principios universales de orden y justicia, es necesario una valoración fuera del ámbito legal y político partidario:  o sea, en base a la moral y los principios religiosos universales.

 

Nayíb Bukele,  acuerpado por el Batallón Presidencial, llega a la Asamblea Legislativa: y sentado en la silla del presidente de la Asamblea, ora a Alá, pidiendo inspiración divina, para sus actos subsecuentes, por lo que puede afirmarse: el 9 de febrero de 2020, fue el fin de la secularización del país,  dicha separación de Iglesia y Estado, desde 1886 fue absoluta, por lo que el análisis debe ser, a la luz de la moral universal, según los principios respetados por el judaísmo, catolicismo e islamismo y por lógica, de sus diferentes ramas.

 

Los principios religiosos comunes son: Dios es el creador del universo y el hombre su mayor creación que, en su vida terrena, tiene que vivir según las enseñanzas de Dios y, será juzgado a su muerte, por dichas acciones. Esto establece que el principio de libertad y libre determinación, es común a las tres religiones, pero la inspiración divina a solicitud, no es dada a una persona, para normar coercitivamente, la conducta de otros, razón por la cual, la inspiración divina, para dirigir el destino material de una nación, no es del plan de Dios. Dios quiere que la conducta colectiva de una nación, parta desde la conducta individual, hacia una intención común, para formar un orden humano armónico.

 

Con el Derecho - basado en los principios universales de justicia - se han construido los conceptos de Bien Común y división de Poderes, para permitir que el interés social común se manifieste y, que el equilibrio de poderes, sirva de reflexión social o, de control orgánico, como lo puede hacer la reflexión sobre un acto, pero a cargo de la Ley, como expresión general de la moral, basado en los principios divinos, aplicados en una estructura supraindividual, con capacidad coactiva.

 

Cuando un presidente, tuerce y viola el Derecho, a complacencia de la institucionalidad nombrada a su criterio, es prueba de que está dispuesto a todo, por el poder, por lo que la corrupción y la alianza con el crimen organizado, es sólo un medio de lograr su objetivo.

 

Si lo vemos desde quienes piensan que el hombre está sujeto a una evolución y perfeccionamiento, necesita de la libertad, dentro de una convivencia reglada (Derecho), la dirección o voluntad absoluta de un dictador, es incompatible, pues el libre albedrio, desaparece: su voluntad llega, hasta donde el dictador, permita.

 

Cuando una sociedad, tolera a un dictador, la misma dictadura se vuelve un pecado con su castigo, aunque el pecado y el delito, por su naturaleza, son individuales, sirve para explicar un fenómeno de acción y reacción, pues la acción provoca la reacción o sea, la destrucción de la libertad y la separación de poderes, provocara la destrucción social, ya sea para librarse de este yugo o, por acción directa del Dictador.

 

El régimen de excepción perpetuo y el creciente número de presos que no son mareros, es prueba de ello. La negociación con las pandillas, para un triunfo electoral, acarreó el régimen actual: el colapso económico que se avecina, como consecuencia del autoritarismo y destrucción de la contraloría de poderes y el ocultamiento de gastos públicos, que han hecho que se pierda la confianza del extranjero. Solo prevalecen los intereses personales del Dictador y el Bien Común, desaparece.  

 

Amarga medicina prometió Bukele, pero es una medicina de sus intereses, que esta matando a El Salvador.

PERVERSA TRANSFORMACIÓN

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El sistema mejor  de Gobierno: el Republicano y Democrático; el único que asegura que el Estado, pertenezca todo, estando en función de la persona humana, sin embargo, es el mas vulnerable, sujeto a ser manipulado y deformado por la misma autoridad o, por la infiltración del crimen organizado y el populismo.

 

La transformación del sistema republicano y democrático, es posible por la manipulación del sistema judicial, entendiendo a este, en un sentido lato, o sea, amplio: toda estructura que aplica coerciblemente el Derecho (Órgano Judicial, Ministerio Público, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal de Ética Gubernamental). Esto sucede, si cambia la concepción política-ideológica, de los funcionarios políticos (Órgano Ejecutivo y Asamblea Legislativa).

 

La transformación de este pensamiento político-ideológico, consiste en la creencia de que el destino de la nación, depende de la voluntad de una persona, que permite el lucro personal, ya sea por el mero disfrute de los beneficios del cargo público o, por la corrupción que éste cargo pudiese permitir. Para que esta situación pueda darse, debe de haber la alineación de intereses económicos supranacionales y, del crimen organizado, con los del dictador, reflejándose en su estructura de poder.

 

Esta deformación del sistema democrático, puede explicar la pretensión de reelección presidencial, el anuncio desde la Cadena Nacional, de la confiscación de bienes, él envió de opositores al Hospital Psiquiátrico o, el ocultamiento de las detenciones, aun cuando estén bajo la autoridad de un Tribunal. Retomar causas fenecidas desde hace más de 40 años y, buscar condenas sobre exfuncionarios, hoy mayores de 90 años, por acciones mandatadas por la Constitución, para probar la “justicia” del régimen actual.

 

El razonamiento del actual régimen es perverso: asegura que se vive en un país de bonanza económica, donde la pobreza ha desaparecido y el sufrimiento es algo antiguo, causado por los gobiernos de ARENA y el FMLN. Por ello, gasta $100,000,000 millones en un evento de belleza, para destacar a la mujer, pero contrata a una empresa que ha quebrado en su país de origen, que trae transexuales, una mujer casada con hijos y hace apología del matrimonio lésbico, entre dos ex concursantes del certamen de belleza.

 

En contraste con esta ficción, se encuentra un creciente descontento por insatisfacciones laborales en las instituciones públicas: el Gobierno, ya no tiene más recursos que utilizar y los ahorros privados, para cubrir su corrupción: primero tomando los fondos de pensiones y luego, el dinero de los ahorrantes del sistema financiero, bajando el encaje legal, para luego solicitarlo, como préstamo soberano. La voz de muchas madres se alza por sus hijos detenidos, para justificar el encubrimiento de un pacto entre el Gobierno y las pandillas u ocultar la corrupción. Y se esconde la miseria en las calles, ante las cámaras del certamen de belleza, sufriéndolo por igual, vendedores informales y perros callejeros.

 

Mientras esto sucede en El Salvador, inicia en Estados Unidos un proceso, señalando a pandilleros y Gobierno de El salvador, por un pacto que asegura un triunfo electoral y beneficios al crimen organizado.

 

La deformación del sistema judicial, permite que puedan procesarse cantidades imposibles de diligenciar conforme a Derecho: expedientes con más de 50 o 100 procesados, cuando el proceso penal, es sobre la responsabilidad individual y no colectiva, lo cual convierte estos procesos en un Crimen de Lesa Humanidad. También la persecución de militares en retiro, por el dinero que se exigirá al Estado, es una nueva forma de estafa, que permite el actual sistema judicial.

 

El Tribunal Supremo Electoral, es el que, por hoy, permite la consolidación del autoritarismo, pero la responsabilidad también recaerá en la Fuerza Armada y en quienes “siguiendo órdenes”, no han incumplido su función Constitucional.

ILEGALIDAD VRS LEGALIDAD

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El debate Constitucional en El Salvador es ahora, sobre la legitimidad del modelo de Gobierno y no, sobre su continuidad en el ejercicio del Poder, por un mismo Gobierno. Este debate se debe, al rompimiento constitucional, por parte del TSE, al haber inscrito las candidaturas de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, siendo presidente y vicepresidente, en ejercicio de su función.

 

El Derecho Constitucional, es más amplio que la propia Constitución, pues abarca la legislación electoral y los principios fundamentales de los Derechos Humanos. La inscripción inconstitucional de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, substrae su candidatura de la mera elección, a un debate de orden Constitucional: la equiparación de la ilegalidad, con la legalidad, avalada, por la institucionalidad del Estado.

 

O sea, que su inscripción, avalada inicialmente por Nuevas Ideas y luego, por el TSE, ha aceptado el transfuguismo formal, en una estructuración de hecho, de partidos afines al Gobierno, en contravención constitucional, aceptada frente a una oposición, apegada al Derecho. El aceptar esta situación, por parte del TSE, como organismo colegiado, no refleja la posición de los partidos de oposición, allí representados, como vigilantes del proceso electoral, lo cual afirma el rompimiento del Derecho y la legitimidad del proceso electoral.

 

El planteamiento paulatino de esta polémica, ha sido iniciado, con la aceptación de la eliminación de 262 municipios, convocados previamente a elecciones, por 44 nuevos municipios inexistentes, que cobrarán vida el día 3 de marzo de 2024. Encontrándose hoy en un período de “gestación” o acomodo, en el cual el Órgano Ejecutivo, va tomando muchas funciones municipales: registro de personas, catastro, obras municipales, presupuesto, autonomía etc.

 

Competir electoralmente, en paridad de condiciones, entre candidatos legales e ilegales, contamina de origen, la elección, pudiendo al final, “legitimar” el cambio jurídico y, con este, el Constitucional. Las candidaturas estarán sometidas a un árbitro adverso; el TSE, si ha roto los mayores principios electorales, seguramente romperá a conveniencia del oficialismo, la legislación secundaria.

 

Para su existencia, la República exige un proceso de transmisión de poder, basado en el apego a un sistema preestablecido de Derecho y, aunque este puede  cambiarse, a voluntad del mismo Estado, por el Gobierno, exige que sus reglas sean aprobadas de forma legal, en cuanto a forma y fondo y, un rompimiento de este principio, contamina todo el sistema constitucional y, pone en riesgo, la elección de funcionarios, cuyas candidaturas pertenecen a la oposición, pues se tendría un “árbitro” parcial, a favor del oficialismo.

 

La contaminación de este proceso, puede afectar a sólo los candidatos presidenciales o, puede deslegitimizar todas las elecciones, según sean los argumentos esgrimidos. Esto dependerá de los políticos y no, de los Abogados, pues el ejercicio de la fuerza, ha anulado el Derecho y, las acciones a considerar, no se encuentran dentro del marco que la Ley establece, sobre todo si el Gobierno autoritario pretende encasillar las acciones de la República a su favor o, para un beneficio personal, ajeno a la naturaleza del Bien Común, que es propiedad de la colectividad.

 

El temor individual, de no ser electo, puede nublar la visión jurídica y política general, sin embargo, todo candidato e instituto político, tiene que razonar sobre este particular, sin importar su ideología o su naturaleza. De dicho razonamiento, puede depender la legitimación o no, del régimen dictatorial y con ello va el destino de toda la nación, pues la actividad económica nacional, está siendo absorbida por los allegados al Gobierno, aprovechando su posición de poder, mientras se utiliza el régimen de excepción, como la fuente formal de coercibilidad, para controlar a la población y a la disidencia.

¡VIVA LA DICTADURA!..

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Al grito de ¡VIVA LA DICTADURA!....., de sus partidarios, se inscribían en el Tribunal Supremo Electoral, Nayíb Bukele y Félix Ulloa, ambos en ejercicio de su función como Presidente y Vicepresidente, en un acto y pretensión clara y evidentemente, inconstitucional. Avalado por el fanatismo de quienes se ven beneficiados por el Gobierno, sin el entendimiento de sus actos, salvo el sentimiento de odio político o, la esperanza del beneficio particular, a lo que el “Bien Común”, ha sucumbido. Esta situación, debe de analizarse.

 

Este cambio social, ya fue anticipado por Walter Araujo, como una transformación del Estado y, la oposición, no dio relevancia a sus advertencias, pues muchos creían inicialmente, que sus palabras eran mero marketing o arenga política, sin embargo, fue el anuncio de la dictadura, o dominio de un grupo, ejercido por la voluntad de una persona. Un prestigioso jurista, describe esta situación, como “sovietización” del país, un político, la describe como la “debacle de la institucionalidad” y, un sociólogo, como la “alienación y conducción de las masas”. Desde cualquier ángulo que se vean, describen la realidad de la dictadura.

 

El régimen ha creado una realidad ajena a la economía, las relaciones geopolíticas y el derecho de propiedad. Los cambios fundamentales realizados por el Gobierno de Bukele son: 1) la persona humana, está al servicio del Estado, 2) La persona carece de derechos en supresión mayor, que las que prescribe el orden constitucional, pues se extiende a los derechos procesales y penitenciarios, 3) ahora, la estructura institucional,  es una entidad coordinada para la opresión del administrado, 4) la relación entre administrado y administrador, se asemeja a la existente entre el siervo y el señor feudal, 5) la propiedad privada, está sujeta al interés del Estado, según criterio mediático del Gobierno, 6) desaparecimiento del municipalismo, 7) impulso asolapado del Islam  y acoso a las entidades jurídicas cristianas y católicas.

 

Todos estos cambios son evidentes, pero no comprendidos, si se ven como factores aislados en la sociedad, por lo cual, no generan la conmoción social que debería haber. Por ejemplo, la confiscación de pensiones, solo afecta a un sector y, no ha habido mayor conmoción, la baja del encaje legal, para que el Estado tome fondos de los cuenta ahorrantes, ha pasado inadvertido, pues todo el mundo siente seguridad en sus depósitos, cuando estos ya están en manos del Estado, sin garantía de retorno. El proveedor que espera el pago de lo previsto, pero no se da cuenta de que está financiando al Estado ($ 66,000,000), mientras ese dinero no entra en circulación. Y hay muchos más ejemplos.

 

Mientras el Gobierno, por medio de la fuerza, se consolida en el interior, se desmorona en el exterior: ya no hay credibilidad en el Gobierno y, en que podrá pagar sus compromisos internacionales. Su política exterior es errática: condena a Hamas, pero espera que los aliados de esta organización, le den el dinero que necesita. Compara a un grupo terrorista, con uno delincuencial, para realizar mayor represión interna. Coquetea con China y Rusia, en el momento en que todos se alinean para una contienda mundial y ataca a Estados Unidos (ver troles).

 

Estados Unidos, ha dicho que deja a los salvadoreños decidir su destino, o sea que dependerá de nosotros, aceptar o no, la tiranía. Y, desde el momento en que el dictador ha roto los principios constitucionales, las elecciones son, solo una forma de lucha política, la cual, en caso de fraude, se tendrá que extender por otros medios, para impedir el objetivo del dictador: legitimación de su régimen, o sea, la falta de oposición al mismo, y para que no pueda consolidar un cambio, que destruya la República.