¿QUE ESTAMOS SUFRIENDO LOS POBRES SALVADOREÑOS?

Por:

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor Publicación Acción

Porque  vemos que, para la toma de posesión de cinco Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, es necesario 1°,  la apresurada intervención de la Corte Centroamericana de Justicia, avalando el incumplimiento de una Sentencia, que hace funcionar el equilibrio de poderes; 2°,  dar un Decreto Transitorio por la Asamblea Legislativa, restringiendo atribuciones Constitucionales, de manera temporal, contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a favor de los magistrados recientemente electos, avalando un quórum inconstitucional, 3° que necesita el acompañamiento de cincuenta diputados, de los ochenta y cuatro que la componen y  4°, que a éstos los  apoye  la fuerza pública, por órdenes del Presidente de la República,  es que existe una situación de fuerza y, no, de Derecho.

El hecho de convocar, el Dr. Belarmino Jaime, a los Magistrados suplentes, para el día martes tres de julio, con el objeto de integrar Corte Plena, constituye una Corte legítima y, la Corte constituida el día domingo primero de junio, por orden de la Asamblea Legislativa, será  usurpadora, hasta que finalice el período del Dr. Jaime, como Presidente de la Corte.  Todo, según la Teoría del Funcionario de Hecho: sus actos son válidos, sólo por la creencia general de la legitimidad de sus Actos; sin embargo, tiene que cumplir un requisito: que no haya otro funcionario con iguales funciones. El fundamento de la legitimidad en última instancia, nace del reconocimiento público de la validez del Acto, y no, por la imposición o la fuerza de un nombramiento declarado inconstitucional. Por las manifestaciones públicas, hasta este momento, el reconocimiento del los Magistrados nombrados, no se ha legitimado, pues claro está que sufren del rechazo, no personal, sino por el Poder que los ha investido, pues suponen un instrumento de un órgano del Estado, con obediencia a los intereses de dos partidos políticos y no, a los intereses nacionales, a los que se debe el funcionario de elección de segundo grado.

Para finalizar las reflexiones jurídicas, cito de las “Lecciones de Derecho Administrativo”, del ex Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo y ex Presidente de la República, Dr. Humberto Guillermo Cuestas Mezquita, lo siguiente, sobre los Funcionarios de Hecho: “El acto de nombramiento o de elección del funcionario o empleado público, condiciona para éste la posibilidad legal de asumir todas las facultades y obligaciones del cargo para el cual ha sido investido.

Tratándose de los Poderes que la Constitución establece, es fácil demostrar que en ella, se encuentra regulada estrictamente la forma de obtener la investidura necesaria para ejercer la competencia que a cada uno de dichos Poderes se atribuye.

La Constitución establece quienes son los titulares de cada uno de los Órganos del Estado, en que forma son electos para el desempeño de su cargo, que requisitos deben tener para convertirse en titulares, y que su cargo, que requisitos deben tener para convertirse en titulares, y que organismos están encargados de verificar la regularidad de la elección.

 Quede claro que solamente existen como titulares legítimos, como funcionarios de derecho, cuando se han observado los preceptos de la Constitución y de la Ley electoral, en su caso.

 Así, tampoco podrán considerarse como funcionarios legítimos o de jure los individuos que hayan ingresado a dichos cargos sin sujetarse a las leyes respectivas.”

Aunque en estricto rigor, dichos funcionarios irregulares no pueden actuar válidamente en nombre del Poder Público, ya que no se han llenado las condiciones para que adquieran la competencia inherente al cargo, se ha admitido sin embargo, que tratándose de algunos de esos funcionarios irregulares, hay que reconocer, dentro de ciertas limitaciones, la validez de sus actos, pues el interés público así lo exige para dar seguridad a las relaciones jurídicas.”

Los Estados Democráticos, resuelven sus problemas mediante la utilización de las diferentes fuerzas cívicas y políticas, dentro del marco que establece la Constitución y, la lógica jurídica. Sin embargo, cuando se usa la fuerza y, el Derecho se interpreta de manera populista, frente a lo que es evidente a la población, que es  los ciudadanos, es que hay un Estado, que se mantiene por medio de la fuerza, y es, entonces una DICTADURA.

Afirmo lo anterior, porque se pretende instaurar  una DICTADURA, y es que este conflicto no es coyuntural, sino de algo perfectamente preparado para neutralizar la contraloría de poder que ejerce la Honorable Corte Suprema de justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional. Es claro que se quiere tomar el poder: son tres estrategias para tomarlo: La primera es el desmantelamiento de las instituciones opositoras a la instauración de la democracia participativa. La segunda, es la creación del caos, para justificar la necesidad del cambio y, la tercera, es por la vía de las elecciones que legitimen al gobernante que hará los cambios. Estas tres estrategias no son excluyentes, sino coadyuvantes, pues dependen de la resistencia de las instituciones democráticas, ante el avance del Socialismo XXI.

La estrategia actual, consiste en realizar una alianza coyuntural, con descontentos o manipulables en su ambición de poder. Para el efecto, la primera alianza, es con el partido GANA, luego es el CN y PES, insignificantes partidos, que antes fueron aliado naturales de ARENA. Para que esta alianza funcione, hay que dar estímulos económicos a sus aliados; en este caso GANA, goza de todos los beneficios que le puede dar su aliado directo: el Presidente Mauricio Funes. La alianza con GANA, tiene un doble propósito: el dividir a la Derecha, tanto la partidaria, como la económica, restando financiamiento a la derecha partidaria y cohesión para una defensa común de los intereses económicos. La alianza con los partidos insignificantes es con el único propósito de crear la sensación de una alianza política, minimizando la supremacía o el verdadero poder político que se posee.

El otro elemento de esta estrategia, es que la Derecha partidaria, confíe plenamente en el  sistema y, que no vea mas participación política que la que se hace por medio del partido. Esta visión, hace que la Derecha partidaria, no crea que puede cambiar el sistema. Ahora ARENA, como el único exponente de la Derecha partidaria, tiene una postura pública tímida, casi anodina, pues espera un desenlace político, dentro del sistema, aunque esto ya no sea posible por ahora. Cuando se den los cambios, será demasiado tarde toda reacción,  la marginación legislativa, sufrida luego del triunfo electoral del 2012, ha hecho su efecto, bajar la moral de combate frente al grupo parlamentario hegemónico FMLN-GANA, lo cual también afecta a su cúpula y a las estructuras partidarias, además a la imagen del partido, frente a la empres privada, su principal financiador.

El control de la Corte Suprema de Justicia, es necesario para impulsar las reformas tendientes a favorecer a la democracia participativa, como serian las consultas populares, las cuales ya están presentes en la legislación ambiental y de ordenamiento territorial. Esta última, a entrar en vigencia a partir del 1° de julio y, crear los organismos pertinentes, podrá disponer y ordenar sobre el uso del suelo,  lo cual es para restringir el derecho a la propiedad privada, dándole una dimensión socialista, al concepto de “función social”. En una segunda etapa, “vendrán más consultas populares”, aplicables a la esfera política, todas de naturaleza inconstitucional. El derecho al ejercicio de la Acción para detener el abuso en el ejercicio del poder, habrá desaparecido.

Si vemos las coincidentes huelgas de estos días, veremos que de tras de las “exigencias laborales”, están las mismas organizaciones que en enero del 2010, se manifestaron en contra del Gobierno de Funes, en un pulso por el poder del Ejecutivo, el cual fue realizado por la izquierda radical. Ahora tiene un triple propósito: enviar un mensaje al binomio FUNES-SACA, sobre su poder, porque las intenciones originales del Presidente Funes eran el de mantenerse al margen de la disputa Legislativo-Corte, para no sufrir ningún costo político, lo cual le obligó a afirmar que ni él, ni la Fuerza Armada, intervendrían; lo que, en apariencia, es una neutralidad; de hecho, le estaban negando a la Sala de lo Constitucional la posibilidad de recurrir a la Fuerza Armada para hacer prevalecer una Sentencia. Pero por el otro, envía al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, junto con el Director de la Policía, a prestar seguridad a las instalaciones de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, para que pueda realizarse la toma de posesión de los Magistrados  recientemente inconstitucionalmente electos por la Asamblea Legislativa. Lo segundo que se logra, es que la empresa privada, tenga cuantiosas pérdidas económicas ( de $ 200,000,000.00) hasta el día sábado, lo cual influirá sobre el criterio de mantener la inversión o de retirarse y, por último, el que ésta no se involucre en el conflicto, pues está preocupada por sus perdidas.

Esta situación ya no es reversible, pues es será mantenida por la fuerza. El Gobierno espera que las protestas políticas se apacigüen, que las huelgas que ahogan a la empresa privada, la lleven al colapso, como lo han expresados los sindicalistas; para después, dar un paso más, hacia el Socialismo del Siglo XXI. Por lo que no contando ya con una Fuerza Armada que haga cumplir los preceptos constitucionales en caso de crisis, la sociedad civil, tiene como única arma, el ejercicio de su legítimo derecho a exigir el cambio de las autoridades mediante ELECCIONES ANTICIPADAS DE DIPUTADOS Y DE PRESIDENTE.

Sin embargo, hay que estar consciente de las otras estrategias de la izquierda: las elecciones del 2014 y la de la Guerra Revolucionaria para el cambio de las estructuras, la cual ya ha pregonado incansablemente Dagoberto Gutiérrez. Ahora estamos viviendo la Guerra Subversiva.