BASTA DE CONFRONTACIÓN

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Es necesario que se detenga ya, la tirantez política existente en el país: basta de confrontación. Debe El Salvador, entrar en fase de diálogo, entre los distintos órganos del Estado y, de ellos en conjunto, con la sociedad civil, un entendimiento, respetando la institucionalidad existente; de no ser así, El Salvador sufrirá por la tirantez política existen, una destrucción mayor que la vivida durante el conflicto armado.

Si un día, el Gobierno asegura una cosa y luego al siguiente, la cambia, bajo cualquier pretexto, crea inestabilidad. Si la Asamblea Legislativa aprueba algo que, en su totalidad, no se apega a lo solicitado por el Ejecutivo, es vetado, creando inestabilidad, por vacío de ley. Si el Ejecutivo, exige miles de millones en deuda y luego no da cuenta de ello, crea inestabilidad. Si los funcionarios públicos actúan a su arbitrio y no, dentro de lo prescrito por la ley, crean inestabilidad. Si se impide trabajar, a quien desea hacerlo, se crea inestabilidad y si se obliga a trabajar, a quien tiene miedo de un contagio, se crea inestabilidad. Si un criterio médico, aplicable al ámbito hospitalario, se quiere aplicar a una nación, créase inestabilidad. Si a los médicos se les obliga a trabajar sin la protección debida, créase inestabilidad.

La inestabilidad causa la quiebra de cualquier país: Argentina es muestra de ello: la inestabilidad bancaria que creó el Presidente Fernando de la Rúa (1996 a 1999) y su Ministro de economía, Domingo Cavallo; crearon un caos en la banca, al querer “bancarizar” la economía (controlar las operaciones cotidianas, mediante el sistema bancario), creo tal inestabilidad que, primero descalabró la banca, luego toda la economía y, a toda Argentina, luego, no pudo estabilizarse, hasta tiempo después. La destrucción económica causada, aún se siente hoy.

En El Salvador, se está desestabilizando la economía, la cual desestabilizará al Gobierno y luego, al país. De ello, están a la vista, los primeros signos. La inversión Estatal, no puede mantener funcionando a un país, si no tiene una fuente de ingresos proveniente de petróleo, metales preciosos o recursos no renovables. Venezuela quiso expandirse geopolíticamente, a costa de sus recursos que, al ser invertidos fuera de su territorio, y crear inestabilidad interna, los cambios políticos, que pretendía Hugo Chávez, es hoy, una nación que se está muriendo de hambre, sostenida sólo por la lucha geopolítica mundial.

La paralización económica de un país, se hace, para poder preparar su infraestructura, para una catástrofe; aquí no ha habido ninguna preparación efectiva, pero se ha debilitado el cuerpo de la nación y su capacidad de recuperación. Por lo tanto, ofrecer apertura y luego negarla, crea inestabilidad, vuelve incierta la recuperación social y con ella, la capacidad de pago del país, en sus deudas recientemente adquiridas. Por más aumento de impuestos que sean decretados el próximo año, no podrán satisfacerse las necesidades gubernamentales, pues si la recaudación se basa, en la generación de utilidades, y si estas no existen, no hay hecho generador, salvo que el Gobierno pretenda aplicar la confiscatoriedad.

La negociación debe centrarse en cómo combatir el virus, en el quehacer diario y no, en si se restringen o no, derechos del ciudadano. La negociación debe centrarse en volver a la normalidad y no, sobre la propaganda y conveniencia electoral. Para salir de la presente crisis, es necesario parar la confrontación y retornar a la normalidad o, seremos arrastrados a un conflicto mucho mayor, ya no para determinar quien ejerce el gobierno, sino por la supervivencia individual, en la que el Estado, dirigido por el Gobierno, será el enemigo del ciudadano.

TWITTER Y ORDENES VERBALES

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Los twitter y órdenes verbales, crean inseguridad jurídica, dañan el sistema e, impiden que el Derecho Positivo (leyes vigentes) protejan al individuo en sus derechos, nacidos de su naturaleza humana, anteriores y superiores a cualquier orden establecido. Las órdenes dadas y disposiciones tomadas de tal manera, permiten excesos e impiden recurrir a los distintos mecanismos de contraloría jurídica, que ofrece nuestro sistema republicano.

Esto ya lo han señalado algunos juristas, pero no, en un  pronunciamiento unificado, de la comunidad jurídica, que está influida, por el sentimiento político dividido y, porque sería tomado, como parcialización electoral del gremio: aunque fuese  únicamente, en defensa de la institucionalidad del país.

Toda disposición del Gobierno, en el ejercicio de su función, puede ser recurrida por quien se sienta agraviado, pero no podría hacerlo, si la disposición no tiene la forma legalmente establecida. Despojaríase así, de sus derechos, al agraviado. La Constitución prescribe:

“ARTICULO 163.- Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deberán ser autorizados y comunicados por los Ministros en sus respectivos Ramos o por los Viceministros, en su caso. Sin éstos requisitos no tendrán fuerza legal ni deberán ser obedecidos.”

“ARTICULO 164.- Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa.”

Como ejemplo de tal efecto, citamos la orden verbal que se ha dado a la red hospitalaria pública, de no dar tratamiento a los mayores de 60, años. A decir de muchos médicos, es sólo orden verbal, que el Ministro de Salud ha desmentido, pero que es coincidente con las investigaciones efectuadas en el Asilo Sara, sobre sus efectos en los ancianos de dicho geriátrico.

De ser cierto, podría hablarse de un genocidio y no, de una discusión de bioética, como algunos lo han planteado: pero toda persona tiene derecho a recibir todos los cuidados posibles, aunque ya, sin efectos; eso depende del paciente y sus familiares con su médico, y no, del Estado. El desmedro en la atención en pacientes renales y cáncer o, las consultas de emergencia, que no sean de coronavirus, sufren actualmente, esa condición.

Un twitter es la expresión de intención, no un instrumento legal, pues no tiene de éste, la forma y precisión, siendo interpretado y ejecutado, a manera del que lo lee: su ejecución si tiene efectos legales, que pueden ser recurridos, si lesionan los derechos de un individuo o de la colectividad. El cierre del puerto de La Libertad, está siendo investigado por tal motivo, ya que ni el Fiscal General de la República pudo, in situ, obtener información y el Ministro de Defensa, no ha atendido las citaciones administrativas del Fiscal General; el ejercicio en sí, de su cargo, le da inmunidad, no su nombramiento como Ministro.

Hemos visto en muchos casos, que primero se dan órdenes verbales, luego twitter y por último se escribe la orden y se publica en el Diario Oficial, para su distribución electrónica. Ese documento, emitido a posterior, conlleva una falsedad ideológica, por el orden de emisión, pero que es muy difícil probar judicialmente, sin embargo, es irrelevante, cuando se juzga un crimen de Lesa Humanidad.

Lo que se juzga en tales casos, es el resultado a criterio de extranjeros, sin importar la forma y el método o motivo, como lo hemos podido observar en los juicios de Núremberg , la ex Yugoeslavia, y en el proceso que hoy se sigue en España, contra el Coronel Inocente Orlando Montano.

TWITTER Y ORDENES VERBALES

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Los twitter y órdenes verbales, crean inseguridad jurídica, dañan el sistema e, impiden que el Derecho Positivo (leyes vigentes) protejan al individuo en sus derechos, nacidos de su naturaleza humana, anteriores y superiores a cualquier orden establecido. Las órdenes dadas y disposiciones tomadas de tal manera, permiten excesos e impiden recurrir a los distintos mecanismos de contraloría jurídica, que ofrece nuestro sistema republicano.

Esto ya lo han señalado algunos juristas, pero no, en un  pronunciamiento unificado, de la comunidad jurídica, que está influida, por el sentimiento político dividido y, porque sería tomado, como parcialización electoral del gremio: aunque fuese  únicamente, en defensa de la institucionalidad del país.

Toda disposición del Gobierno, en el ejercicio de su función, puede ser recurrida por quien se sienta agraviado, pero no podría hacerlo, si la disposición no tiene la forma legalmente establecida. Despojaríase así, de sus derechos, al agraviado. La Constitución prescribe:

“ARTICULO 163.- Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deberán ser autorizados y comunicados por los Ministros en sus respectivos Ramos o por los Viceministros, en su caso. Sin éstos requisitos no tendrán fuerza legal ni deberán ser obedecidos.”

“ARTICULO 164.- Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa.”

Como ejemplo de tal efecto, citamos la orden verbal que se ha dado a la red hospitalaria pública, de no dar tratamiento a los mayores de 60, años. A decir de muchos médicos, es sólo orden verbal, que el Ministro de Salud ha desmentido, pero que es coincidente con las investigaciones efectuadas en el Asilo Sara, sobre sus efectos en los ancianos de dicho geriátrico.

De ser cierto, podría hablarse de un genocidio y no, de una discusión de bioética, como algunos lo han planteado: pero toda persona tiene derecho a recibir todos los cuidados posibles, aunque ya, sin efectos; eso depende del paciente y sus familiares con su médico, y no, del Estado. El desmedro en la atención en pacientes renales y cáncer o, las consultas de emergencia, que no sean de coronavirus, sufren actualmente, esa condición.

Un twitter es la expresión de intención, no un instrumento legal, pues no tiene de éste, la forma y precisión, siendo interpretado y ejecutado, a manera del que lo lee: su ejecución si tiene efectos legales, que pueden ser recurridos, si lesionan los derechos de un individuo o de la colectividad. El cierre del puerto de La Libertad, está siendo investigado por tal motivo, ya que ni el Fiscal General de la República pudo, in situ, obtener información y el Ministro de Defensa, no ha atendido las citaciones administrativas del Fiscal General; el ejercicio en sí, de su cargo, le da inmunidad, no su nombramiento como Ministro.

Hemos visto en muchos casos, que primero se dan órdenes verbales, luego twitter y por último se escribe la orden y se publica en el Diario Oficial, para su distribución electrónica. Ese documento, emitido a posterior, conlleva una falsedad ideológica, por el orden de emisión, pero que es muy difícil probar judicialmente, sin embargo, es irrelevante, cuando se juzga un crimen de Lesa Humanidad.

Lo que se juzga en tales casos, es el resultado a criterio de extranjeros, sin importar la forma y el método o motivo, como lo hemos podido observar en los juicios de Núremberg , la ex Yugoeslavia, y en el proceso que hoy se sigue en España, contra el Coronel Inocente Orlando Montano.

INUTILIDAD ACTUAL: LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Las deficiencias evidentes de la Corte de Cuentas de la República, son causa de los desfalcos sucesivos y continuos de nuestros gobernantes. Debe debatirse, la elección de las personas a dicho cargo, pero también el funcionamiento de dicha institución, según su enfoque sobre la contraloría pública.

No se repone el dinero robado al Estado: Saca y Funes lo prueban. El ocultamiento de gastos del presente Gobierno, y su exigencia de gastos irrestrictos, prueban que, esta práctica, es continua. ¿Cómo evitarla? Por medio del control previo y concurrente.

Actualmente, los controles son a posteriori: se audita, cuando ya se ha efectuado el gasto, sin que  se hubiese verificado su legalidad y, aunque se deduzcan responsabilidades, como en el caso de Saca y de algunos de sus funcionarios, no ha podido recuperarse lo defraudado, utilizándose únicamente, como arma política y no, como resarcimiento del daño o, ejemplo para evitar nuevos desfalcos, que serán repuestos con nuevos empréstitos y,  finalmente, ser pagados con los impuestos, cada vez más altos, a los ciudadanos.

Durante la administración del Dr. Hernán Contreras, cambió el concepto de la contraloría; dejo de aplicarse, el control previo, en aras de la celeridad en la actividad pública, aunque permitió que se realizara el control posterior: fue un desmedro del sistema, pues ya no se pudo evitar la defraudación, por parte del Gobernante. Durante la administración del Lic. Rosalío Toches, se quiso, que la Corte de Cuentas, fuese el encausante del gasto público:  era un inicio de populismo, pudiendo considerarse una coadministración, lo que es inconstitucional. Su administración, permitió a Mauricio Funes, el encubrimiento y desfalco, quien obtuvo un finiquito expreso, en base a la falacia, de que los gastos de la presidencia no pueden auditados por la CCR.

Se descubre hoy, que un Ministro encubre compras, a su tía política y que otro, no puede dar cuenta de millones de dólares dados, en subsidiariedad, ni precisar a quienes se les ha entregado, pero solicita, 23 millones más, en refuerzo presupuestario, que se hará con nueva deuda pública. Otro funcionario, gestiona compras de alimentos en México, mediante sus empresas y, surte al Gobierno, de alimentos enlatados a precio desconocido. Pudo haberse evitado mediante el control previo, como es en la contraloría de Costa Rica, sin entorpecer la urgencia que requieren ciertas acciones del Gobierno, pero impidiendo el abuso de autoridad, cuyo objetivo es la defraudación de los dineros del Estado.

El control previo, debe hacerse juntamente, con la separación de la parte administrativa de la jurisdiccional, pues estando unidas, los jueces conocen y sentencian a la vez, por lo que la Corte de Cuentas es un ente, eminentemente político, favoreciendo a unos y castigando a otros, a conveniencia de la influencia recibida. Un principio dentro del Derecho Procesal es crear diferentes instancias, evitando la falibilidad humana; así, en diferentes instancias descubrir la verdad y establecer justicia.

Si en una misma Cámara, se elabora el pliego de reparo (hace las veces de una demanda) conoce y sentencia, todo queda en manos de una misma instancia que, si es influida, vicia el proceso.

Nombrar en la Corte de Cuentas de la República, a personas idóneas, es necesario, pero éstas no podrán realizar una verdadera contraloría, si la estructura de la Corte de Cuentas no cambia, y no deja de ser fuente de populismo o encubrimiento gubernamental.

La Corte de Cuentas afirma hoy, que está realizando una auditoria concurrente, en el nuevo hospital El Salvador; esto no es posible, si no existe una auditoría previa, ni una planificación en los gastos, ni en sus auditorías, (art. 4 y 42 LCCR). Puro populismo, que facilitará la defraudación pública.

EL PRESIDENTE Y SU GUERRA

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

Dijo Nayib Bukele el 7 de julio que, en El Salvador, se vivía una guerra, de la cual, había que tener muy claro, al enemigo - citó como ejemplo, algunos de los grandes conflictos de la Historia-. Es razonable y prudente, analizar las implicaciones de lo dicho, pues su posición como Presidente de la República, conlleva la de Comandante General de las Fuerzas Armadas y, existe la amenaza, de la solución por la fuerza, de las cuestiones políticas del país.

Consideran algunos, que la guerra es la prosecución de la política por otros medios y que, implica la movilización de todos los recursos de un Estado-Nación, contra los intereses de otro (planteamiento de Von Clausewitz). Así, débese estudiar la guerra, como un fenómeno “político”, pues surge, de las necesidades colectivas, de una sociedad. Aunque puede haber guerras justas - según los teólogos salamantinos (españoles) lo cual retomo en mi obra “Latinoamérica en la Guerra Fría”- explicando los conflictos en América Latina, como resultado de la lucha geopolítica de Estados Unidos y Europa, contra la expansión Soviética, durante la Guerra Fría: no es relacionable, con lo que está viviendo hoy El Salvador, para poder llamarlo “guerra”.

No siempre derivan en guerra, las sucesiones de conflictos, pues si los mecanismos legales favorecen la sustentación y limitación del poder abusivo y, permiten a la ideología, dar soluciones prácticas a problemas complejos, con forzoso e incruento acomodo social, jamás deberá considerarse, la posibilidad de una guerra. Estas características, son propias del sistema republicano, que considera como base de su naturaleza, la discrepancia y, la voluntad colectiva, como fuente de la conducción de los asuntos públicos, en base a una línea ideológica.

Desde su campaña, Bukele ha utilizado, como método de cohesión partidaria de sus masas, la movilización ideológica, en derredor de un “enemigo”, estableciendo, entre sus partidarios, que, quien disiente de su pensamiento, se vuelve “enemigo de la colectividad y del bienestar social”. Son tales las expectativas no cumplidas por él, dentro de sus partidarios y, entre quienes “aspiran” a tener su apoyo, para un cargo público, que sus troles están forzando una situación que desborde del ámbito de su partido y, amenace la estabilidad nacional, con la ruptura del orden constitucional, por el empleo, no reglado, de la fuerza pública, para mantener su cohesión y disciplina partidaria.

Si analizamos las violaciones a la institucionalidad, denunciadas por los grupos cívicos, apreciamos que, la forma de lucha de Bukele, ha llevado al sistema democrático a su límite y que ahora, ya no es sólo medio de cohesión interna, sino del ocultamiento de la mayor corrupción vivida en el país.

La guerra a que Bukele hace mención, es contra el sistema democrático y republicano del país, lo que ya está siendo observado desde el extranjero y que, en definitiva, es contra los mismos ciudadanos. Al restarle apoyos la comunidad democrática mundial, tendrá Bukele, que buscar nuevos apoyos en otras partes. Esto nos arrastra a una nueva guerra fría y El Salvador, podría verse envuelto en otro conflicto como el vivido anteriormente, cuando toda Centroamérica, fue un foco de tensión, en un conflicto global.

Si Nayib Bukele se aparta de la línea de los países democráticos occidentales y, acepta la ayuda de sus antagonistas, el país podría verse realmente, en un conflicto mundial. El mayor bienestar interno del país ha sido cuando El Salvador ha mantenido una posición diplomática favorable a los países occidentales, con libre apertura económica a todos los intereses mundiales y, siendo neutral, en los conflictos internos de cada región.

DERECHO, SALUD, IMPUESTOS

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

En El Salvador, actualmente, tenemos dos creencias: 1) a menos Derechos o garantías constitucionales se gocen, mayor protección habrá contra la pandemia; 2) el bienestar individual, depende del asistencialismo y la dirección directa del Estado; todo en razón directa, con el mayor endeudamiento público.

Estas visiones de la realidad, sumamente equivocadas, son resultado del miedo que el Gobierno ha inoculado y que, finalmente, ha generado la lucha entre órganos del Estado, por la supervivencia del sistema, cuyo fundamentado son las libertades individuales; lucha que pone en riesgo, la estabilidad nacional.

Estimulados por el Gobierno y, a cambio de una pretendida popularidad, los Alcaldes y sus Concejos Municipales, han solicitado restricciones a las garantías constitucionales, creando conflictos con sus bancadas legislativas y, exigiendo fondos, para sostener sus planes de gastos, que no pueden sufragar con sus ingresos. Esta forma de lucha política, instigada por el Ejecutivo, le permite a éste, un “relevo” en sus acciones: ya no es él, quien exige a la Asamblea Legislativa, el cierre del país; lo exige hoy cada Alcalde, ignorando que, dentro de la Ley, hay formas que permiten legalmente, el combate a la pandemia.

Si no se hubiese suspendido el aparato productivo, por más de 85 días, hubiese bastado planificar un cierre de 15 días, para cortar la transmisión del virus, en una etapa madura del mismo, promoviendo la necesidad de la prevención personal, dando asistencia exclusiva a los más necesitados. La atención pública, debió hacerse en hospitales de campaña, sin agotar al personal médico, ni los recursos de salud.

Se piden hoy, cientos de millones, para la reactivación económica y la vida productiva, se ejerce aún, bajo las restricciones gubernamentales. Es hoy, delito trabajar y aspirar a vivir por sus propios medios, estimulándose el gasto gubernamental a base de endeudamiento, negándose a abordar el verdadero costo del mismo, por ser, por hoy, “políticamente incorrecto”, conforme la política gubernamental.

Como muestra pueden citarse, los últimos 1000 millones en bonos, colocados en el extranjero, a un costo formal de 9.5%, pero que, al ser colocados, han sido comprados a un 70% de su valor, debido al alto riesgo de impago, del país y el cual, inevitablemente, puede hacer subir la tasa real, a un 13.57% por treinta y dos años, equivalentes a una generación. Y sin que dichos fondos, colaboren en la generación directa, de la actividad económica.

Si alguien recibe un préstamo y paga el 3%, habrá que generar por impuestos, un 11%, sólo para cubrir la diferencia, con el préstamo internacional y, si vemos la tasa real, los impuestos deberán cubrir un 9.5 y de allí, tendrá que haber un alza mínima de 4 puntos, al IVA, a la renta, a la imposición del impuesto predial y a los carburantes. Por lo cual, el salvadoreño, no podrá gozar de reactivación económica y estemos endeudados, sólo con ese préstamo, por treinta y dos años. Si analizamos la estructura de la deuda actual, encontramos que aún no se han pagado los desaciertos económicos de la Reforma Agraria, ni los estragos de la guerra.

La pérdida de libertades, siempre conlleva destrucción de la economía, baja en las prestaciones laborales y la atención sanitaria pública, pero permite, a quien ejerza el poder desde el Ejecutivo, un mayor control del Estado. El bienestar social, tiene origen en la preservación de las libertades y la imposición de reglas claras, para el buen orden social, pero respetando las esferas individuales del ciudadano y, la independencia de los Órganos de Gobierno, señalados en la Constitución.

EL SISTEMA POLÍTICO

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Suele olvidarse en tiempo de crisis, la importancia que tiene el sistema político, en la solución de los problemas prácticos, recurriéndose, a métodos populistas. Actualmente, debemos señalar la importancia de un sistema político que, basado en las libertades, garantice los derechos y obligaciones de los ciudadanos, sin intervención o, tutela excesiva del Estado. Podemos asegurar así, que todo sistema de salud, robusto y eficiente, exige economía que genere los recursos necesarios al Estado y, a los particulares, para enfrentar eficientemente, cualquier calamidad pública.

Desde 1992, nuestro sistema de libertades, se impuso al uso de la fuerza: sufrió un acomodo, tendiente a fortalecer las instituciones públicas, con el fin, de evitar los abusos señalados a las administraciones anteriores. Buscábase la transparencia en la función y contraloría pública, no solamente, en cuanto al acceso de la información pública; también en el nombramiento de los funcionarios, pretendiendo que, con la elección de segundo grado, llegasen los más capaces. Una situación que se ha ido deteriorando cada vez más, en cada nueva administración.

La transformación política, pretendida por el FMLN como fin último de su lucha, no se logró; quedó como una entelequia de su partido: permitió señalar los errores personales de algunos funcionarios de ARENA, como fallas o errores del sistema de libertades. Estos errores se acrecentaron con el FMLN, en sus gobiernos, lo cual permitió que se señalase como un error, al sistema de libertades, que era necesario destruir, para construir otro, completamente nuevo, en base, ya no al poder soberano conceptualizado en el Art. 87 de la Constitución sino, en base “al poder popular” de la democracia participativa, representado por un dictador quien, a su criterio, interpreta las necesidades colectivas, que deben imponerse al ciudadano.

El presente Gobierno tienes muchos señalamientos internacionales, pues sus acciones vistas desde el extranjero, son claras, más no, vistas por el salvadoreño, que está nublado por las acciones de gobiernos anteriores y por la esperanza de un cambio, que sí se realiza lentamente, pero no en dirección favorable a la libertad, sino al autoritarismo.

La crisis política actual, que se refleja en el nulo combate a la pandemia, tiene su origen en la lucha y lento cambio hacia el autoritarismo: el cierre total de la economía, conlleva el manejo irrestricto de los fondos públicos y un control de la población, a la que el Estado, no puede satisfacer en sus necesidades.

El manejo de la cooperación internacional, pasa de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República, lo que permite el uso discrecional de la misma y, es necesario “confiar” en las líneas del Presidente, pues dichos manejos serán luego señalados como “reservados”, no pudiéndose determinar su uso.

La economía es la que hace sólido el sistema de salud, pero su precariedad, reflejase hoy, en el deficiente y colapsado, sistema de salud. La presidencia de la república, pretende combatir la pandemia, con supresión de garantías constitucionales, para limitar el derecho al trabajo y a la libre disposición de los bienes: logrará, en definitiva, debilitar más el sistema de salud, que dará un peor servicio, el cual sufrirán los salvadoreños.

El sistema de libertades, garantiza el control riguroso del gasto público, pero mientras se exija mayor control, de parte del Ejecutivo, se da una mayor corrupción que es lo que hoy, estamos apreciando: se despilfarraran los escasos recursos públicos, tanto como la ayuda internacional.

Solamente si sobrevive el sistema de libertades, plasmado en nuestra Constitución, podremos sortear eficazmente, esta pandemia, de lo contrario tendremos dos catástrofes, la natural y la política.