Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



lunes, 10 de septiembre de 2012

LA POSICION RADICAL ES IMPOSIBLE, DEBIDO A LA CONCIENCIA


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 10 de septiembre de 2012.

Los centros modernos de estudio de marketing político, han cambiado la forma de evaluar el objetivo potencial de una campaña electoral, así como también, la de medir la intención del voto indeciso, frente a las diferentes propuestas electorales y, este cambio, es tanto, para estudiar la población meta de los mensajes, como también para medir las respuestas a específicas propuestas de los candidatos a quienes asesoran, también como el impacto que tales propuestas hacen en el contrario.

Pues bien, para tal evaluación desarrollan las encuestas, mediante cuestionarios sobre soluciones a situaciones concretas de debate público, pero también de conciencia. Las respuestas a marcar, como aceptadas por el encuestado, conllevan soluciones a situaciones concretas de debate público, pero también de conciencia. Por lo que las respuestas plasmadas en la encuesta tienen aspecto ideológico y, esto último, bajo el supuesto de que la opinión, dictada estrictamente por la conciencia, responde estrictamente a todas las creencias y valores en ella encarnados y esto durante todo el transcurso de su vida. Es por eso que su visión de la solución de todos los problemas sociales, no puede ser bajo una única óptica ideológica y, por lo mismo, no podrá jamás ser solución absoluta; esto, siempre bajo el supuesto de que el análisis sea de personas con visión, conciencia y valores occidentales.

Así, según sea la respuesta, se sitúa al encuestado dentro de cierto rango o espectro político donde mayoritariamente encajen sus respuestas y, el estudio de éste, nos permite deducir que, el radicalismo no existe en la conciencia, pero que sí, puede manifestarse fuera de ésta, y lo hace siempre de dirigir el pensamiento hacia el contrincante, a quien se ambiciona destruir políticamente, o se desea sobresalir dentro de determinada organización política. Este radicalismo, puede manifestar profundas contradicciones, por ejemplo: un furibundo empresario, propone destruir la empresa privada, origen según él, de incontables males sociales, pero no propone de ninguna manera, destruir la de su propiedad, por que ésta si es modelo de altruismo. Teniendo dicho empresario muy bajo perfil político dentro de su partido, pretende, en contra de su conciencia, pero por conveniencia, ponerse a la altura de los líderes notables de su partido.

En términos generales, podemos afirmar que, la auto denominación dentro de un espectro político (radical, etc.), especialmente de vida política activa, tiene por motivación especulaciones futuras, o, se hace sólo como estímulo a su propio ego. Esta auto denominación de “radical”, no es constante, no ha nacido en la conciencia. Si así fuese, sería lo primero poner en práctica, en su propia vida, los principios, los valores que ante el público se proclaman; es decir, afirmando la verdad de sus ideas, con los hechos de su vida. Al respecto traigo a la memoria al líder del Frente Revolucionario Democrático, Enrique Álvarez Cordoba, pues como tal lo describe y recuerda John W. Lamberti, en su obra intitulada “Enrique Álvarez Córdoba, life of Salvadoreian Revolutionary and Gentleman” (publicado en North Carolina en 2006), lo presenta como un hombre congruente con sus ideas revolucionarias.

No puede definirse con acierto, políticamente, a una persona mientras vive y lucha, pues muy difícilmente se da la auto definición: es la opinión pública la que lo define por sus acciones, por sus discursos, o por sus escritos. Es esto, y todo, cuanto se necesita para definir políticamente al individuo.

El orador y el escritor político, raramente serán fanáticos, pues el ejercicio de ambas artes exige estudio, investigación, reflexión y análisis serio y detallado de los asuntos, y así, tanto el orador como el escritor, pueden ser muy difícilmente fanáticos (radicales) políticos; mientras quien persigue el poder, por el poder mismo y satisfacción de su ego, manifiesta lo que no siente, pero sí, lo que otros quieren escuchar. La auto reflexión, el estudio y la investigación, aclaran dudas, despejan conceptos, corrigen errores y, plantean verdades incuestionables y así, ante cualquier propuesta, responden al dictado de su propia conciencia, que se ha formado con el estudio y la experiencia.

Para mejor comprender todo lo expuesto presento el caso del filósofo y humanista francés Henri Daubin.
Henri Daubin, fue una de las más altas figuras del pensamiento comunista francés, miembro del Partido Comunista y miembro también de la Junta Directiva de la revista La Pensée, que aún hoy, a más de cincuenta años de la muerte de Daudín, sigue siendo una de las más prestigiosas revistas de contenido ideológico que, analiza desde el más alto nivel académico, temas como la globalización, el antisemitismo, el destino de los países que fueron comunistas y demás temas de trascendencia mundial.

Pues bien, Henri Daubin, durante toda su vida intelectual, escribió en defensa de las ideas comunistas, pero fue llevando, un cuaderno donde expresaba las dudas que le iban surgiendo sobre la aplicación de las ideas y doctrinas que sustentaba; dudas, basadas en su conciencia. Por lo que, en el volumen 23 de La Pensée, correspondiente a marzo-abril de 1949, aparecen las reflexiones de Daubin, las cuales se publican póstumamente, según sus últimos deseos. Pero sorprenden tres hechos, el primero, sobre su publicación en dicho medio, el segundo, el prólogo que le acompaña, escrito por Henri Wallon, miembro del Comité-Director de la revista, Profesor en el College de France y miembro del Partido Comunista y, el tercero, Daubin, hace una defensa del principio de libertad; ante todo, la libertad de discutir, por que ésta, no es un lujo, sino una necesidad, pues el hombre, debe crecer en libertad, que la libertad debe de ejercerse con prudencia y, por último, que el ejercicio de la libertad y, la lucha en defensa de la misma, es, una empresa humana.

En el prólogo, Henri Wallon dice refiriéndose a Daubin: “no actuó nunca sin seguir su conciencia, y ésta era escrupulosa, imperiosa. No atenuó jamás lo que ella le exigía, ni frente a las autoridades, ni en la relación con sus amigos. Hizo siempre lo necesario para propagar lo que él sabía era la verdad…. Pero nunca supo callar tampoco sus dudas, sobre todo cuando se trataba de una  causa que tenía tan dentro”.

Las primeras palabras de su testamento político son: “Declaro mi decisión de trabajar, con todas las fuerzas que me queden, por la restauración de la libertad en Francia y en el mundo. Declaro que lo considero indispensable en TODO régimen político o social, en TODA organización de la vida colectiva en que yo pueda encontrar un empleo de mis fuerzas y de mi voluntad. Una de las razones decisivas que yo tengo para no aceptar “nuevo orden”, es que su consolidación no nos permite esperar ninguna libertad personal”

“Esta posición implica una desaprobación pareja, igual, de TODAS las ideologías, de TODAS las doctrinas o programas que se arroguen el derecho de anular o de suspender, por cualquier razón y en cualquier hipótesis que sea, la posibilidad legal de expresar abiertamente opiniones personales”

“Pues yo pienso que la libertad de expresar, de sostener y de motivar una opinión, es decir: un juicio personal o colectivo, pero adoptado sinceramente por el que lo expresa, sobre el tema que sea, es de un valor capital para una organización pacífica y progresiva de la vida social, en cualquier grado de su evolución y en cualquier terreno en que se la considere”

Más adelante en su testamento,  comenta sobre las grandes deserciones masivas de los países comunistas hacia Occidente y dice: “Pero lo que más recientemente ha ampliado y activado esas defecciones es indiscutiblemente el ejemplo imprevisto y grandioso que ha dado, después de la Revolución Rusa de octubre de 1917, la eficacia técnica y social innegable del régimen político instituido en el país de los Soviets. Muchos intelectuales, especialmente, entre nosotros y fuera de Francia, se han maravillado, y con razón, de la potencia, de la grandeza de esas realizaciones, que contrastan con la timidez, con la inconsistencia a menudo observada, de las realizaciones sociales de los países que han seguido estando divididos en opiniones concurrentes”

“Pues bien: NINGUNA doctrina, NINGÚN programa tiene derecho a decirnos: Dejadme primero imponerme sin discusión posible; luego veréis en la práctica lo que yo quiero, y discutiréis después !si aún os quedan ganas de hacerlo”

“La libertad de discusión no es un lujo que se pueda remitirse a una época en que la tarea ya este hecha: es una condición indispensable de la lucidez y, por ello mismo, de la honestidad de la acción”.

Todo el testamento de Daubin, es una exaltación de la libertad, la cual tiene que estar por sobre toda ideología que pretenda dominar al individuo, ofreciéndole bienestar material, a costa de su libertad de elección. En nuestro medio, el Socialismo del siglo XXI, nos ofrece bienestar y justicia social, pero a cambio, el pago será  que el Estado decida por sobre la conciencia del individuo. Hoy que estamos viviendo una transformación política y jurídica, lenta pero inexorable hacia el socialismo, es cuando más discusión debería haber, pero es todo lo contrario, la propaganda electoral anticipada, la propaganda oficial y la complicidad, por conveniencia de algunos medios y, el anuncio a legislar la comunicación, abonan a que no haya discusión y, sin ésta, no será posible defender nuestra liberad; esta nos sea arrebatada, con la justificación de que es por “conveniencia social”, y entonces, será demasiado tarde, aún contra nuestra voluntad, estaremos alineados hacia donde hoy quieren llevarnos, todos los oradores que, con furibundos discursos, se proclaman radicales de izquierda, justificando su posición para “profundizar los cambios en nuestro país”.


sábado, 8 de septiembre de 2012

LA LIBERTAD Y LA COMUNICACIÓN, POLÍTICO FUNDAMENTO DEL SER HUMANO


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 8 de septiembre de 2012.

Las maniobras legales del Presidente del Ecuador, Salvador Correa, el cierre de medios de comunicación, por órdenes de Hugo Chávez, en Venezuela; los asesinatos de periodistas por los sicarios del narcotráfico, en México, Honduras y Colombia; el intento de manipulación de los diferentes medios de comunicación, por parte del Presidente Funes y, mucho más, la guerra desatada en las redes sociales, como bloqueo de cuentas o usurpación de identidades; no pueden detener lo que,  en el ser humano, es perfectamente natural: la de expresarse libremente, sin mas ataduras que las que impone la moral y la propia conciencia.

Y es en razón de sucesos tales, que es muy pertinente, hoy, en septiembre, nuestro mes cívico, cuando rememoramos y rendimos culto a nuestra libertad política, reflexionemos sobre los conceptos de libertad en general y, de libertad de comunicación, en particular.

La libertad en su esencia, no es una declaración de principios. La libertad no se declara, ni es gracia concedida por el Estado, nace con el espíritu del ser humano. Existe en la conciencia de cada individuo y, se manifiesta hasta convertirse en el ente cohesionador del tejido social: su naturaleza esta tan unida al alma humana, que aún cuando el amo manumitía a su esclavo, la libertad que le daba, era sólo sobre su cuerpo, por que su alma había siempre permanecido libre.

La libertad no debe  únicamente considerarse, como un Derecho, pues si de tal naturaleza lo considerásemos, la libertad no sería perfecta. Así, todo Derecho desconocido y que, por serlo, lesiona a la persona de él poseedora,  y que debe ser exigido por medio del ejercicio del Derecho de acción, es imperfecto: habría quedado al arbitrio del más fuerte, del que posee la capacidad de desconocer el Derecho del otro y, después, al elevar el reclamo al mundo jurídico, la validez del Derecho, queda a la interpretación que hace el criterio del juzgador y, por último, queda a criterio de la autoridad del Estado, que haga valer o no, el Derecho desconocido, por vía de la coercibilidad. Por estas consideraciones, concluimos que el Derecho a comunicarse, transmitiendo los pensamientos sin coacción, es la aplicación y ejercicio de la libertad. Se es libre para comunicar las ideas, exista o no, un Derecho que lo permita; y, de tal naturaleza es, que no debe supeditarse a la conveniencia del mas fuerte, sea por la fuerza misma, o, por que esta fuerza, esté disimulada por un ordenamiento jurídico contrario a la naturaleza humana.

Expuestas estas razones concluimos que, la libertad, es un bien vital, de cotidiana necesidad, y que sólo cuando nos falta en alguna de sus manifestaciones, nos apercibimos de su existencia y su absoluta necesidad. La libertad conjunto de Derechos, es forma de vida, y por eso cuando en un ordenamiento jurídico, se proclama la libertad, sólo es por resaltar la importancia, y no, para su limitación.

Cuando vemos que existen limitaciones de índole legal a la libertad de expresión, o cuando por vía de la fuerza, ésta se coarta, para poder entender a cabalidad, la magnitud de estas acciones, podemos recurrir al concepto de “delito natural”, que nos da Rafael Garófalo, que analiza el  tipo penal y la razón del origen del mismo, desde un punto de vista psicológico y antropológico, diciendo que delito es: "la lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad o probidad, en la medida media en que son poseídos por una comunidad, y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad", por lo que, para este jurista, el delincuente es una variedad involucionada de la especie humana. La sociedad, tanto en su evolución colectiva como individual,  desarrolla sentimientos altruistas o superiores fundamentales, que son la medida de la adaptación del hombre al medio colectivo. La libertad, en general y, el ejercicio de la comunicación, son parte esencial de los sentimientos altruistas del ser humano, los cuales no pueden agredirse, sin que se agreda también al elemento humano que nos caracteriza, como seres superiores en la escala animal, hasta el grado de considerarse separados de ellos, a lo que en su momento llegó a llamarse “el reino Hominal”.

Sin embargo, la tendencia del más fuerte a ejercer su poder, para que no se escuche más voz que la suya, ha sido constante. La tendencia hacia el autoritarismo, también es natural, pero una tendencia oscura y perversa del hombre para con el hombre, la cual no prosperaría sin la contribución de otros hombres que no valoran su libertad, ya sea por que les es más cómodo estar sujeto a la voluntad de otro, o por pingües beneficios.

Durante el ejercicio de la libertad, ésta genera su propia defensa, siendo la defensa, tanto más fuerte, cuanto mayor sea la libertad. Para el hombre, la libertad no es un objetivo concreto  o meta en sí misma: persigue el hombre la seguridad, la estabilidad en su medio de vida, poder vivir con confianza entre sus semejantes, persiguiendo sus objetivos personales, alcanza el bien común y defiende en consecuencia, la libertad, por medio de la defensa de sus intereses particulares. En conclusión: la libertad se defiende sola.

La libertad y el ejercicio libre de la comunicación, no dependen de un artículo constitucional o, de una ley, que dé acceso a la información, sino  de muchos factores combinados que juntos, permiten que el hombre pueda vivir cómodamente en sociedad. Esto se logra, por la presión que ejercen los individuos en la política, en los intereses económicos, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en toda la información que sea de relevancia colectiva.

Pero si todos estos factores son manipulados, para obligar a que el individuo tenga una percepción específica de la realidad social y, no la que le dicte  su conciencia, existe una limitante al ejercicio de la libertad y la comunicación, pues ninguna inducción masiva, hacia una idea específica, previamente concebida, deja de conllevar en sí, la manipulación social. Muchas veces esto sucede cuando una entidad pública, induce a  creer que, realiza tales o cuales actos a favor de la población o, hace énfasis en determinados actos, para que el conglomerado social no fije su atención en otro, que muy probablemente es de mayor relevancia para la vida nacional, o para encubrir los verdaderos efectos de los Actos de Gobierno.  Pío XII escribió que, la presión de los grupos, contra el bien común, en beneficio del propio, es “el aspecto más grave de la crisis de civismo” que el mundo de hoy atraviesa.

De la manipulación, muy fácilmente se pasa a la presión o acción directa, para contener la comunicación social que pueda ser adversa a tales intereses. Las argucias legales, de exigir millonarias compensaciones por “daños morales” a la imagen de un funcionario público, son un medio extremo de manipulación, el cual sólo es comparable, con la manipulación de la contratación en publicidad, la cual, puede potenciar o, excluir del mercado, a una determinada entidad, siendo una modalidad de la misma, cuando los propietarios del medio de comunicación, poseen intereses directos en la política, utilizando sus medios para un beneficio propio, lo cual desvirtúa la función social de los mismos.

La regulación es necesaria, pero llevada a su mínima expresión, pues débese  evitar que la libre expresión se vuelva caótica o degradante para el género humano. Lo esencial de la comunicación, es facilitar el encuentro de las distintas ideas, alentar la expresión auténtica del pensamiento, pues el debate, en cualquiera de sus formas, estilos y, objetivos, estimula la inteligencia y depura el objeto a debatir, hasta lograr, un consenso o, por lo menos, una visión unificada del asunto debatido, dentro de la conciencia social.

Por todo lo aquí expuesto, se puede concluir que, no puede haber comunicación sin libertad, pero sí, puede haber libertad sin comunicación. El ejercicio de la libertad y de la comunicación, como desahogo de las frustraciones personales, conduce únicamente al caos; porque no se contribuye positivamente a la sociedad, sino que sólo se libera la frustración y ésta, siempre será negativa socialmente, por el daño que causa y, por la inacción política a lo que conduce.

El ejercicio de la libertad y la comunicación, como protección del espíritu humano, mal entendido, puede convertir la polémica, en caos y, las líneas de debate, en intransigencia. El sistema democrático, es el mecanismo natural en el hombre, para encontrar el equilibrio de libertad y sujeción al Derecho, que permite el natural desenvolvimiento de la sociedad, sin que ésta, tenga que ser dirigida por un criterio dictado, según sea la visión del Estado, de lo que es más conveniente a la sociedad.

Si nosotros pensamos, que el Estado es el único rector, porque el ser humano es incapaz de convivir sin ejercer la fuerza dentro de sus normales relaciones sociales, dejaríamos de ser libres y perderíamos la soberanía, y nos convertiríamos en vasallos del Estado y de las entidades políticas que controlan a éste.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

LA ELECCIÓN DEL FISCAL DEBE SER JURÍDICA, NO POLÍTICA



Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 5 de septiembre de 2012.

Al pronunciar las palabras: "LO MENOS QUE VAMOS A HABLAR ES DE SENTENCIAS. VAMOS A HABLAR DE LA BUSQUEDA DE ACUERDOS POLITICOS"  el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, advierte que,  la elección del Fiscal General  de la República  no sería conforme al proceso que establece la Constitución  Política, y mucho menos trataríase de dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, sobre el nombramiento de tan importante funcionario, sería nada mas, ni nada menos que un acuerdo interpartidario.

Para éste análisis, es preciso primeramente aclarar las condiciones que siguen: primero, la Misión: el Fiscal General de la República tiene una misión única; servir a la ley, no a las personas. Y es que su función, como miembro del Ministerio Público, es un desdoblamiento del Estado, para velar por el fiel cumplimiento de la ley; la ley debe de contener el bien común, concepción ideal de la conducta humana colectivizada: sube del ser al deber ser.

Según sean los criterios políticos, dan vida al Derecho y, al ser éste, creado, la política queda sujeta al Derecho. En las últimas elecciones de funcionario de segundo grado, no se ha empleado el Derecho. Las elecciones han sido una forma de legalizar la fuerza política, legalización que es muy peligrosa para la vida institucional del Estado.
El primer punto a considerar es la forma de elección. La elección última de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ha creado una figura política: una supra Asamblea Partidaria, con la concurrencia del Presidente de la República  como mediador. Esta figura, que ya se perfila permanente o habitual, se convertiría en el mecanismo idóneo para el nombramiento de funcionarios públicos de segundo grado.

Ahora bien, esta nueva forma de ejercicio del poder, convierte al Partido Político en el representante directo del pueblo, es decir, ya no es el Diputado. Esta estructura de poder real, no puede ser denominada espurea, por que ha sido aceptada por la población, con beneficio para el Presidente Funes; es la realidad de las fuerzas políticas existentes en nuestro país. Sin embargo, nos puede llevar a derroteros nada buenos para la vida democrática, pues los logros alcanzados con el candidato independiente y el voto por rostro, se han venido por tal proceso, a tierra. Las crisis anteriores, han fortalecido la institucionalidad partidaria, en detrimento de la representación directa del soberano.

Débese tomar en cuenta que, en el caso de la elección de los titulares del Ministerio Público (Fiscal General de la República,  Procurador General de la República y el Procurador de los Derechos Humanos) no son  de personas, que ejercen  el poder colegiadamente, por  lo que carecen del freno natural de la colegiatura, para evitar el abuso de poder. Todo lo contario, son órganos persona, quienes ejercen su autoridad por medio de la delegación y, que éstos, los delegados, no poseen discrecionalidad en sus actos, sino, tienen que seguir lo ordenado por  el titular. Razón por la cual, la elección de estos funcionarios, tiene que ser muy cuidadosa, respetando los pasos previos a la elección misma, como un efectivo mecanismo de contraloría.

Veamos hoy, el segundo: el fondo del Fiscal General de la República. El Secretario General  del FMLN, Medardo Gonzales afirmó,  en un prestigioso programa de entrevistas, que se transmite por la noche,  refriéndose al nombramiento del Fiscal,  lo que sigue: “no tiene salida jurídica, sino que política, con un remate jurídico”. Aunque sus palabras son similares con las de Sigfrido Reyes, su connotación es diferente, pues a lo que se refiere, es a que la función y razón del Fiscal, es política: “resolver los problemas de la gente”, así la gestión del Fiscal es considerada, esencialmente política. Pero no lo es, porque su visión, no es ideológica, sino eminentemente técnico-jurídica, aplicándola a los casos concretos, teniendo como referente único, la conveniencia general y absoluta, del Estado.

En otras palabras, su función, es solamente preservar la institucionalidad del Estado, para el fiel cumplimiento de la ley y, no acoplarla a las necesidades políticas del momento. Para lograr este fin jurídico - institucional, se debe  tener independencia, la cual debe ser absoluta, es decir, no mostrar simpatía por algún partido político,  y de una manera absoluta no tener  participación o militancia dentro de un partido político; solamente con funcionarios así, puede garantizarse la independencia en beneficio del bien público.

Veamos dos ejemplos recientes, de actuación independiente del Fiscal General de la República actual: en las últimas elecciones, el actual Fiscal, por medio del Fiscal Electoral, dio instrucciones, para que sus delegados, se mantuviesen al margen de los conflictos y roces de los diferentes representantes de los partidos políticos, que se pudiesen suscitar durante el proceso eleccionario. Lo cual reprocharon muchos representantes legales, e incluso hasta delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues sus quejas eran desoídas por los Fiscales,  pero evitó este proceder, que los conflictos electorales, terminaran dirimiéndose en interminables procesos judiciales, lo que hubiese afectado nuestro pasado proceso electoral. Pero, a tal aparente pasividad, no dejó de procesarse a quien trató de cometer fraude electoral.

La posición del Fiscal Romeo Barahona, al considerar la validez de las Sentencias de la Sala de lo Constitucional, fue una defensa de la institucionalidad del país y,  ésta posición, no fue nada grata para la Asamblea Legislativa, ni para el Presidente de la República, pues  ambos, hubiesen deseado un criterio favorable o, por lo menos, neutro.

La crisis institucional, no fue provocada por las Sentencias de la Sala de lo Constitucional, sino por el Órgano que provocó las Sentencias: la Asamblea legislativa. Lo que generó el Derecho de Acción, por un acto ilegal y no, por el ejercicio de la legalidad; lo cual, no crea responsabilidad alguna para quien demando ante la Sala de lo Constitucional, a la Asamblea Legislativa, por un acto inconstitucional, y mucho menos, tendrá,  responsabilidad la Sala de lo Constitucional, por la Sentencia emitida, apegada a Derecho y en cumplimiento de su claro mandato Constitucional.

Por último, esta el aspecto de la idoneidad, la cual va relacionada con la persona a elegir, o electa. Para nuestro caso, el primer aspecto a respetar es el de la independencia política, que no sólo basta probarla por documento, sino ante la opinión pública. La relación del Lic. Astor Escalante, con el Presidente Saca, es ampliamente conocida y debatida en los diferentes medios de comunicación y, más aún, ha sido el mismo FMLN, quien lo ha afirmado públicamente, previa la elección del Fiscal Romeo Barahona, pero que ahora, le apoya, en virtud de la coalición que ha logrado con GANA.

Por otra parte, se necesita que exista confianza en el criterio jurídico y sus acciones dentro del cargo. Pero como funcionario de hecho, el Lic. Astor Escalante, tuvo una actuación conflictiva con la legalidad misma, pues basándose en la coyuntura política, creó y mantuvo una crisis institucional, la cual fue resuelta, gracias al criterio de bien común, expresado en la improcedencia de un Amparo contra el ejercicio de su cargo, el cual afirmaba que, la Fiscalía no era sólo una persona, sino una institución permanente, pues de haber seguido el criterio de Órgano-persona, el Estado hubiese sufrido un perjuicio mayor, pues se habría quedado sin representación legal.

El Lic. Astor Escalante, en su calidad de Fiscal adjunto, aprovechó tal situación para ejercer un cargo que no le correspondía por derecho, usurpando una función pública, vital para el Estado. Fue una crisis, provocada por una fracción de la Asamblea Legislativa, para favorecer  el ejercicio de dicho cargo por tal persona. Y tal antecedente, lo vuelve en el presente, la persona menos idónea para ocupar dicho cargo.

Recordar la actuación de algunos Fiscales Generales de la República, del pasado,  puede ayudar a comprender mejor las cualidades de independencia e idoneidad que debe ostentar el futuro Fiscal, por lo cual rememoro al Dr. Julio Eduardo Jiménez Castillo, quien fue destituido de su cargo, por promover antejuicio al Presidente de la República, por abuso de autoridad del Presidente,  en la liberación de un reo; al Dr. Alberto Castro Núñez, que autorizó el allanamiento y cierre de la Universidad de El Salvador, lo cual hizo  que las actividades subversivas, se retrasaran por varios años y;  al Dr. José Roberto García Alvarado, asesinado por el FMLN,  por defender la legalidad del país y por último, su sucesor, el Dr. Mauricio Eduardo Colorado, quien levantó cargos contra militares de alta, por la muerte de los sacerdotes Jesuitas, hasta lograr su condena. Hechos todos la necesidad de absoluta independencia de los Fiscales y de su plena conciencia de respeto a la Constitución.

La elección no idónea de un Fiscal General de la República, puede afectar la transparencia en el ejercicio de la acción pública, y generar inquietud, tanto en sedes diplomáticas, como en las calificadoras de riesgo. Y, no menos importante, en la apreciación del ciudadano en la gestión de tan importante entidad, aunque, esto último, no sea de interés del bloque FMLN, GANA, CN y PES.

sábado, 1 de septiembre de 2012

OTRO GIRO MÁS HACIA EL AUTORITARISMO Y A LA IZQUIERDA




Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 1 de septiembre de 2012

Al finalizar este mes de agosto, los personeros de la Empresa Privada, que representan a casi la totalidad de las fuerzas laborales y económicas de este país, dejarán de participar en las Juntas Directivas de las diferentes entidades autónomas.

La propaganda del Ejecutivo, plantea que las  instituciones  autónomas, son entidades, fuente de lucro para la empresa privada y, que ésta, favorece la corrupción. Bajo tal pretexto, se han aprobado diecinueve reformas a las leyes que rigen a cada una de las instituciones autónomas de nuestro país. Consideremos que, en nuestro ordenamiento administrativo, existen veintidós de tales instituciones.

Las reformas se han dado en un momento de extrema tensión política: cuando se estaba debatiendo la institucionalidad del país y, por ésta razón, y en comparación con la importancia del debate que se realizaba en tal momento, en Casa Presidencial, cualquiera reforma, a una ley, era de mínima importancia, en cuanto al orden Constitucional que se estaba debatiendo. Sin embargo, las reformas hechas a instancia del Ejecutivo, con la anuencia del FMLN, GANA, CN y PES, son tan trascendentales, como el cumplimiento de las Sentencias de la Sala de lo Constitucional.  Consideremos que, si bien en esta última, se debate la vigencia de la soberanía del Estado, con las reformas a las autónomas, se perfila que la visión del Bien Común, hoy es exclusiva del Ejecutivo; dando un giro total hacia la centralización y un incremento en el poder de decisión del Estado, por medio del Ejecutivo.

La  moderna tendencia administrativa, es la descentralización del Estado, para hacerlo más eficiente y para desligarlo, en lo posible, de aquellas funciones que son inalterables, y, que deben ser de una apoliticidad  total. Estos son  los sistemas de Registros Públicos, de Seguridad Social, las entidades de educación especializada no universitaria, las generadoras de energía y las portuarias, por ser, todas éstas,  de seguridad nacional y que se rigen,  sólo por la visión del bien común, supra político-partidista; con una visión de nación.  Así,  la participación  de varios sectores de la sociedad salvadoreña en estas instituciones, no es un  privilegio,  es salvaguarda del interés nacional; esto por su relación con determinadas actividades, en las que es imposible cortar un vinculo Estado-Empresa Privada, sin que por ello, no se pierda el fin de la institución, concebido originalmente, por el legislador.

En otro grupo numeroso de las autónomas, tenemos las varias superintendencias y el Banco Central de Reserva, las cuales son entes rectores  y supervisores, de la actividad económica del país. Su quehacer, eminentemente técnico y apolítico, sólo puede garantizarse, si sus Juntas Directivas cuentan con personas conocedoras o técnicas,  de las varias actividades propias de la entidad y, lo más importante, que estas personas,  no procedan, precisamente de sectores políticos afectos al Presidente de la República, quien es quien nombra las administraciones. Solamente así, se puede evitar, que el poder que poseen las instituciones, no sea utilizado con visión política partidaria, lo cual sería acto de corrupción.

Ahondemos un poco más en el tema: Las entidades, que en nuestro medio son llamadas “Autónomas”, son tratadas en el Derecho Administrativo, como entidades “Autárquicas”, y han sido concebidas, como una  forma de “descentralizar al Estado”, según las doctrinas modernas del Estado de Bienestar;  partiendo de las tres funciones primarias, que  cualquier modelo de Estado moderno posee y que, son: preservar la paz pública, ser fuente de derecho y propiciar el buen funcionamiento de la sociedad; así,  ningún Estado, puede ignorar las leyes naturales de la actividad económica y la de la lógica de la eficiencia administrativa, ni la natural gestión de toda autónoma, para buscar esa eficiencia, pues la entidad subsiste de sus propios recursos, aunque su utilidad sea de orden público.

Existe una serie de actividades, que no necesitan del   imperio  del Estado, encausadas mediante una visión política del bien común pormenorizado. Razón por la cual, el Estado crea ciertas instituciones, que no necesitan para funcionar,  del poder directo del Estado, sino, más bien, de un encausamiento eminentemente técnico, pero realista y detallado en su gestión; por lo cual, desde su creación, se incluyen, en su consejo de administración, a miembros de la sociedad, ajenos al Gobierno, pero que  poseen el conocimiento técnico o especializado para el mejor funcionamiento de la entidad y actuación dentro de la vida económica y social. Y es por esta  razón,  por lo que generalmente, se nombra a la entidad más representativa de la actividad económica, para nuestro caso, en concreto, de la ANEP, para que presente al Ejecutivo, la propuesta de los candidatos  más idóneos, para dichos cargos.

El giro político, que está dando el Gobierno central, con el apoyo de un grupo de partidos políticos, es proclive a un divorcio entre la sociedad y el Ejecutivo. Una separación que  permite al Ejecutivo, un mayor rango de acción en todas esas entidades autárquicas y,  esto, en tres sentidos: el primero es el de ejercer un control total de los fondos de las mismas, pues los representantes de la empresa privada, ejercían, en cierto modo, una fiscalización indirecta de los manejos de los mismos,  aunque su  función legal, no fuese esa; pero sí, por ley, tenían que estar informados de los manejos financieros de las instituciones. Segundo, da un poder absoluto al Ejecutivo, para poder disponer de las licitaciones necesarias, para el funcionamiento de las Autónomas;  esto  le permite decidir, si contrata  empresas nacionales u otras, relacionadas con sus intereses particulares (Brasil) o de sus allegados políticos (ALBA) o, de cualquier otro, a quien tenga que cancelarle favores y, tercero, poder ejercer una mayor presión a sus opositores políticos, pues tiene, en sus manos, los entes fiscalizadores de actividades privadas, como son todas las Superintendencias y el Banco Central de Reserva.

En consecuencia afirmar que la Empresa Privada, al proponer candidatos para las Juntad Directivas de las entidades Autónomas, es “un privilegio”, es no entender a cabalidad el funcionamiento del Estado democrático, y revela únicamente el autoritarismo del Presidente Funes y de los partidos políticos allegados a él.