Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



sábado, 11 de septiembre de 2010

Publicación Acción N° 4

EDITORIAL: Patrocinio infiel de un funcionario público. Caso vocero de maras. Pag. 1



COLUMNAS


1) ACTUALIDAD: Anotaciones sobe el marketing político. Última contienda electoral en El Salvador
Pág. 5


2) CÁTEDRA: “Proceso de judicialización de la política” Pág. 12


3) DEMOCRACIA: “Proceso de Judicialización de la política” Pág.13


4) PERIODISMO: Una reflexión sobre la libertad de expresión ejercida por los medios de comunicación en estos días de crisis. Pag. 16

10/septiembre/2010


EDITORIAL


PATROCINIO INFIEL DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Caso vocero de maras.

Con gran sorpresa vimos, en un prestigioso noticiero televisivo, la lectura de las demandas que las maras hacen al gobierno, por medio de su vocero, el Padre Antonio Rodríguez López-Tercero. Este sacerdote Pasionario, miembro del programa “Hacia una política de concenso sobre la problemática de las maras y pandillas juveniles en El Salvador, Guatemala y Honduras” (POLIUVE), leyó públicamente, un comunicado atribuido a las maras, en el cual solicitan al gobierno de El Salvador, entablar una negociación para poner fin a la violencia en nuestro país. Terminada la lectura, el Sr. Periodista preguntó al Sr. Director de la Policía Nacional Civil, cuya entrevista había sido interrumpida para dar lectura al comunicado de las maras, su opinión sobre la dicha demanda, a lo que se limitó el Director de Policía a calificar de “mucho cinismo”.

El Padre Rodríguez López-Tercero es miembro de la “Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos Durante el Conflicto Armado Interno.”Fue juramentado en su cargo como funcionario público el 29 de julio del corriente año y, en virtud de su juramentación, la cual consta en el libro de Actas que a tal efecto se lleva en el Órgano Ejecutivo, y que ha sido difundido en la página web de Casa Presidencial, ha jurado cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución, sin embargo, propone una negociación que contradice los poderes mismos del Estado Salvadoreño. Esta doble calidad, que son incompatibles entre sí, le impone una pena mayor por su relación con El Estado, en virtud de su juramento más la inhabilitación para el cargo, sea cual fuere la tipificación que resolviere determinar la Fiscalía General de la República.

Claramente se lee en nuestro Código Penal vigente, en los delitos relativos al orden constitucional, así:

SEDICION

Art. 341.- Serán sancionados con prisión de diez a quince años, quienes sin desconocer la autoridad del Gobierno constitucional, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia cualquiera de los objetivos siguientes:

1) Impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o la celebración de un acto eleccionario o del escrutinio;

Si el autor fuere funcionario o empleado público agente de autoridad o autoridad pública, se le impondrá además inhabilitación absoluta del cargo o empleo por el mismo término.

La propuesta de negociación de las maras se propone evitar que las reformas al Art. 345 C.Pn lleguen a formar parte del cuerpo legal del país.

Este Art. 345 C.Pn. describe la conducta delictiva y sanciona el accionar de las maras, y también lo hace “La ley de proscripción de maras y pandillas, agrupaciones y asociaciones de naturaleza criminal”, la cual contiene sanciones específicas y acciones a tomar por parte de la Fiscalía General de la República para incautar los fondos ilícitos, producto del crimen organizado.

Pudiera juzgarse que los actos de las maras, son un reflejo de las leyes antipandillas, pero haciendo memoria, con actos relacionados con las maras, concluimos que más propiamente es acto de un proceso que se inició el 17 de septiembre del año recién pasado, cuando el Sacerdote Antonio Rodríguez López –Tercero se reunió con nuestro actual ministro de educación en una junta con la “Fundación para la Aplicación del Derecho“(FESPAD) el “Centro de Formación y Orientación” (CFO), para tratar temas pertinentes. En esta misma época es publicada, en un órgano de bajo tiraje, la primera propuesta de diálogo. Y en febrero de este año aparece un campo pagado en el rotativo Colatino, el cual fue comentado como una “propuesta absurda” en el blog.netorivas.net, fechado el 22 de febrero de este año. Y por último, hoy, se realiza esta actual demostración de fuerza, justificada con un nuevo comunicado de estos grupos.

Todo permite concluir que, los varios hechos señalados, son un plan bien concebido para llevar al Estado de El Salvador a una negociación por el intermedio del Sacerdote Antonio Rodríguez López –Tercero.

Amenazar al país por medio de anónimos y acciones terroristas, es constitutivo de delito, no individualmente, sino colectivamente. El salir en grupos a realizar estos actos, configuran el “tumulto”, y después de haber escuchado la pretensión de la mara, relacionado sus hechos con la solicitud de un veto presidencial, configura en toda su extensión el delito de SEDICION. Ahora bien, el haberse hecho vocero de este grupo criminal, lo convierte en parte del mismo, y por lo tanto, debe ser procesado sus actos. El alegar posteriormente que sólo leyó un papel que había encontrado, lo le exime del delito.

En entrevista televisada de diputados de las fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa, surge la opinión unánime: no se puede negociar con la mara. Pero fue opinión de dos diputados, que “había que escucharlos para saber lo que querían”, uno de ellos sugirió, la posibilidad de que se reúna el gobierno, por lo menos con los encargados de seguridad, para escuchar pero sin comprometerse a nada. El sólo sugerir una reunión para escuchar a estos criminales, significa concederles el “status de beligerante”, y eso no es posible con quienes extorsionan, trafican con órganos, droga y asesinan como medio de coercibilidad.

Consideremos que la justificación de sus acciones criminales tal como ellos la pintan, pudiera ser creíble en cualquier otro país, menos aquí en donde se sufre a la mara. La pobreza y la marginación, como justificación de sus acciones criminales, jamás va amparar el asesinato de personas inocentes en un autobús, o la muerte a tiros de los motoristas, o el descuartizamiento de sus rivales. Pretender llamar a la mara “personas marginadas” y ampararlas bajo la doctrina cristiana sobre la pasión de Cristo, es una aberración en sí, y para nosotros los católicos, una verdadera herejía.

No se habrá hecho justicia mientras no veamos mientras no veamos acciones destinadas al procesamiento del Sacerdote Antonio Rodríguez López –Tercero, puesto que una destitución no es suficiente para reparar el grave daño a la sociedad caudado por este individuo. Es imperativo que en el combate contra la mara, no se repita una situación como la que creó este sacerdote. Es evidente que, habiendo afirmado el Gobierno que desconocía las relaciones de este sacerdote con la mara, le han fallado los servicios de inteligencia: Inteligencia policial, inteligencia militar y el organismo de inteligencia del Estado.

Con el propósito de llevar tranquilidad a la ciudadanía, algunos funcionarios públicos, minimizan las acciones de la mara. Pero todos los funcionarios públicos cuentan con un cuerpo de guardaespaldas, y vehículos del Estado para su movilidad: la población común no cuenta con nada de ello, y tiene que pagar renta para vender en la calle e ingresar a sus colonias. Hay pues justa causa, para que la población se aflija y llena de temor acate lo ordenado por la mara.

En consecuencia a toda persona que se identifique solidarizándose con las exigencias de las maras, debe sancionársele con todo el peso de la ley y dar a conocer a la ciudadanía, las acciones que para tal efecto le corresponde, por precepto constitucional, a la Fiscalía General de la República. Así la ciudadanía estaría plenamente segura de que las autoridades trabajan para su tranquilidad

La incomprensión de la situación actual se refleja en la opinión de algunos funcionarios públicos, cuando recomiendan mesura en el accionar de la policía y se preocupan por el buen trato de los mareros dentro de los penales. Las acciones en los penales son distractoras de la fuerza púbica, para evitar que se dedique mayor número de efectivos a la vigilancia en las calles, o que no se quiera imponer el régimen de excepción por que se violentaría el derecho a la libre circulación, sin darse cuenta de que ya la libertad está restringida por las maras, y el Estado, garantizaría su protección restringiendo a la mara.

La situación actual, ha rebasado el interés particular de los partidos políticos, porque lo que está en juego, es la institucionalidad del Estado Salvadoreño, pues se ha probado la existencia de un poder que ha podido paralizar la libre circulación dentro del Estado, por tres días.

En artículos pasados hemos mencionado la verdadera naturaleza de la mara y su peligro.





Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor





ANOTACIONES SOBRE El MARKETING POLÍTICO

En estos últimos años hemos visto contiendas electorales llevadas a cabo, principalmente por los medios de comunicación, a las que, por lo insidioso de su estrategia, podemos muy acertadamente, calificar de feroces: costosísimos cambios de la imagen de sus candidatos y de sus discursos, y el rumor, más o menos cierto, del alto costo de la campaña y del asesoramiento de expertos extranjeros quienes secretamente, visitan el país o a quienes consultan en el extranjero, los más cercanos asesores del candidato.

De estas campañas hemos sido testigos y participes, por lo cual conocemos muy bien la implementación del método empleado: el marketing político, el cual consiste en la aplicación de las técnicas de mercadeo a los fines políticos (Market= mercado. Marketing=compra o venta en el mercado). Instrumentalizar el arte, la cultura y las preferencias de la masa segmentándola en determinados nichos, según sean los objetivos a perseguir: promover a un candidato o desprestigiar a su oponente; lograr apoyo a diversas exigencias como la legalización del aborto, o lograr la aceptación de cuestionadas obras de interés público o privado, como fue la campaña de la minería verde.

El marketing político es un método que posee técnicas propias, cuando su aplicación es ampliamente generalizada dentro de la política, no sólo para obtener el voto del electorado, sino también para lograr niveles altos de aceptación durante el ejercicio del gobierno, por lo cual merece un análisis detallado. Es bueno advertir que dada su importancia dentro de la política, no escapa a los análisis doctrinarios, pues al estar íntimamente atado a la conciencia del ciudadano, y más aún al de la población entera se convierte en instrumento del sistema democrático y, de su correcta utilización, el buen desenvolvimiento de nuestro sistema. Por el contrario, romperá el sistema su mala utilización produciendo consecuencias adversas a quienes lo utilizaron mal.

Como la relación del marketing con la política es muy amplia, difícil es abordarla en un solo artículo, por lo que aquí trataremos solamente de llamar la atención del acucioso lector sobre tan interesante tema para que reflexionando sobre él, pueda obtener conclusiones propias.

La palabra “marketing”, cuyo significado en ingles ya dimos en el párrafo dos, se ha traducido en Latinoamérica así: mercadeo, mercadología o mercadotecnia, significando siempre funciones comerciales y la actividad empresarial. “El mercantilismo económico”, o derecho económico ha aceptado el método por su relación con el comercio, pues así como en éste se pretende la aceptación de un producto por el mayor numero posible de compradores, así en la política se busca la aceptación de un candidato por el mayor número posible de votantes. Para la izquierda, este método fue al principio sólo “propaganda”, pero en las últimas décadas las campañas políticas han hecho que el marketing político sea método aceptado por todos sin distinción, pues la izquierda, rival de la derecha, procura utilizar sus mismas armas, si posible es, con mayor sutileza, no obstante que los Tradicionalistas españoles y franceses, no tengan fe en que el marketing dé siempre los resultados deseados, y adversan su utilización como método de manipulación de la conciencia humana.

¿Qué es el marketing, cómo se realiza y cual su similitud con la campaña política?

Son cuestiones que debemos aclarar para entender el marketing político.

Pues bien, marketing es el conjunto de técnicas que permiten crear y lanzar un producto cuya naturaleza, características, descripción y promoción, corresponden a un mercado conocido. Ahora bien, su realización es posible por la gestión empresarial cuyo objetivo es la realización de las necesidades del mercado para satisfacerla mediante la comercialización rentable de unos productos o servicios adaptados que, a través de la utilización planificada de técnicas u acciones permitan resultados óptimos.

Para comprender la relación entre el “marketing” en su genuino significado comercial y el “marketing político” es conveniente hacer una relación sucinta de cómo funciona el marketing, su origen y fines, en resumen, entender su filosofía, las necesidades que lo crearon y sus propósitos.

Pues bien, cuando se da el fenómeno de que la “oferta supera a la demanda” el empresario se ve obligado a cambiar su objetivo, de producción a ventas, entonces se observa un cambio dentro de la empresa, en un cambio en la importancia de los roles: de la del ingeniero (inventor) a la del financiero, y al de éste, al comercializador, quien con gran tino da la supremacía al consumidor, expresándolo con el lema bastante elocuente de “el cliente tiene la razón”, procurando en consecuencia, crear en el consumidor, una necesidad del producto ofrecido. Finalmente, el cliente ya no puede prescindir de ese producto, lo hace “su marca”, con la cual satisface su necesidad y colma sus deseos.

Nos referimos con estos pormenores al marketing porque este conocimiento permite ver muy claro en el método y procedimiento del marketing político que es aplicación ingeniosa y bastante realista del marketing (su significado no necesita el adjetivo de comercial). Realiza tres funciones básicas: a) investigación de mercado; b) organización de ventas; c) planificación comercial. De estas tres funciones se originan las estrategias, los canales de distribución y otros pormenores. Como toda creación humana, el marketing evoluciona y se explica y aplica de maneras diferentes las que constituyen sus varias escuelas. Tal vez, lo explique muy claramente la concepción que lo basa en las cinco “P”: Product; Price; Place ; Promotion; People. Y que en español dicen: producto; precio; mercado; promoción de ventas y clientes.

Los conocedores del marketing y entusiastas de la política, figuraron aplicar a la elección de un Presidente de la República los métodos y procedimientos del marketing y naturalmente le aplicaron un adjetivo: marketing político. Es hábito o necesidad de la exactitud conservar algunos vocablos extranjeros, tal vez por mayor precisión del significado, mayor brevedad u otro motivo. En esto del marketing, tal vez por que con “mercadeo político” no se aviene con la pureza moral que se supone debería tener toda campaña política, se ha conservado en español la palabra marketing.

Joe McGinnis en su obra: The selling of the President (Vendiendo al Presidente) editada en 1968, afirma que la promoción de un candidato político es una ciencia por que se basa en el calculo y la observación y establece con sutil análisis la similitud entre la venta de un producto y la promoción de un candidato presidencial.

Veamos: los partidos equivalen a las empresas comerciales, los candidatos, son el producto que se vende; el electorado equivale a la masa de clientes que se desea conquistar. Ahora bien el candidato se solidariza con su empresa (el partido) y ésta estudia al cliente, es decir al elector. Y todas sus actividades son estrategias para convencer al cliente, es decir al pueblo que elige su producto es decir, que su candidato es el mejor. Total que, la estrategia electoral en conjunto, equivale a la promoción del producto. Si hay armonía entre candidato y partido en comprender los deseos intereses y aspiraciones del electorado, el triunfo del partido es afirmación de una venta exitosa del producto.

Es de notar que se señala al equipo del General Dwight Eisenhower (Presidente de los Estados Unidos, de 1953 a 1961) en la campaña de 1952 como el primero en practicar, en forma sistemática, los principios de marketing, y como ésta utilizó una imagen previa, del comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, y su papel como administrador en los momentos posteriores a la guerra.

En la complejidad del marketing político, la psicología juega un papel importante, como uno de sus elementos, pero no es el principal, como sí lo fue en Alemania, por el Partido Nazi y en Rusia, por el Partido Comunista Soviético.

La utilización del marketing político es evidente si se estudia la campaña política que llevó al poder a Richard Nixon, en contra de Hubert Humphrey. Ambos candidatos contrataron a agencias de publicidad para tratar sus candidaturas como producto comercial que se ofrecía al pueblo, utilizando sus preferencias comerciales de esa época.

Raymond Price asesor de la imagen de Nixon dice: (nota publicada mucho después de la campaña electoral, la cual llevaba la leyenda de “confidencial”) “la respuesta es a la imagen, no al hombre…. No es lo que está allí lo que cuenta, sino lo que se proyecta. La elección de un presidente tiene que ser un acto de fe…. Esta fe no se logra por la razón, es alcanzada por el carisma, por un sentimiento de confianza”.

Este cambio en la forma de llevar el mensaje político al ciudadano es coincidente con la revolución cultural de los años 60´s. Una descripción de este proceso, hace el escritor español Cesar Menéndez Roces en su obra “Marketing Electoral. En el laberinto de la experiencia española”, editado en 1993. Explica: Ya estaba perfilado un cambio en el pensamiento del individuo, el cual, ante varios productos ofrecidos se veía atraído por lo mas novedoso y atractivo, puesto que era ya insensible a propuestas simples, debido a la saturación de los medios de comunicación y, esta saturación obliga a una especialización en la promoción del candidato por lo cual se hace imperativo el uso del marketing político”.

Las estrategias del marketing político no han variado en su concepción, pero si en cuanto a la utilización de nuevos medios tecnológicos.

En la campaña recién pasada Obama – McCain, el primero, utilizó el internet para su promoción, considerando que era mayor el número de jóvenes a quienes podría llegar el mensaje del candidato. McCain usó comparativamente menos este recurso. Además quedó demostrado que no sólo era un medio eficaz para ganar el voto, sino para la recolección de donaciones para la campaña. Lo cual implicó un compromiso mayor del votante: No solo comprometer su voto, sino que su dinero, aunque no se tratase más que de un par de dólares, pero indicaba su activismo por la causa. El uso de las redes sociales implica un acercamiento de la población entre sí, y por consiguiente, con el candidato, si éste participa en sus foros, blog y chat.

En nuestra última campaña electoral presidencial, Funes – Ávila, el uso del márquetin político fue extensivo, y llevado a todos sus niveles, utilizando ambos candidatos, asesores de talla internacional. Ambos candidatos fueron propuestos por sus perfiles de aceptación popular, el primero como una victima de la intolerancia a la crítica periodística al gobierno de Saca, y el segundo, por su desempeño como protector de la sociedad como ex director de la Policía Nacional Civil.

Desde la campaña anterior, Saca – Handal, ya se percibían las candidaturas Funes – Ávila, para la siguiente contienda. Por una parte, Mauricio Funes se había convertido en el principal crítico de los gobiernos de ARENA, directamente favoreciendo las posiciones de la oposición desde su programa de opinión. Por el otro lado, Rodrigo Ávila con su participación directa en los operativos anti delincuenciales se granjeó el aprecio y la admiración de la empresa privada, lo cual fue evidente en la toma de posesión de Saca: cuando al hacer su ingreso como invitado a la toma de posesión, fue el único recibido con aplausos y vítores espontáneos, no protocolarios.

El márketing político emplea una serie de reglas técnicas basadas en la experiencia y el estudio científico del electorado. Una de ellas, es que el candidato siempre tiene que tener una aceptación superior a la del partido, o sea, que el candidato es impulsado por su partido, y luego éste, arrastra al partido, y esto, con la finalidad de arrastrar al voto indeciso.

En el caso de Mauricio Funes, su aceptación popular era superior a la del partido FMLN, la prueba está, en que al ser nombrado candidato, surgió el movimiento “Amigos de Mauricio”, quienes no eran miembros ni simpatizantes del FMLN.

Por el contrario, en encuestas de la Prensa Grafica, indicaban que la aceptación de Rodrigo Ávila era inferior a la del partido, con un 22%, y ARENA con un 27%.

La estrategia del FMLN, fue consolidar sus bases en derredor de su candidato, y para ello, nombrando como candidato a la Vice Presidencia de la República a Salvador Sánchez Cerén, miembro de la Comisión Política del Partido FMLN, y líder histórico guerrillero del FMLN.

La estrategia de marketing empleada por ARENA, de crear dos rondas de precandidatos, provocaron división dentro de esta entidad política. Quienes diseñaron su campaña, desatendieron los principios básicos del marketing político y emplearon el marketing comercial. La estrategia central, consistió en la promoción del partido, y no del candidato, entendiéndolo equivocadamente como una marca a la que se es fiel. En justificaciones posteriores a las elecciones se adujo que los colaboradores del partido habían entorpecido la campaña por no entender el mecanismo de la campaña basada en el marketing. Esta aseveración es un error, pues el fracaso de la contienda para ARENA se debió al mal diseño del marketing, y no de las reacciones naturales del elector.

Las rondas de los precandidatos de ARENA, dividieron a los militantes del partido y confundieron al votante, enviando señales de cambio, con las que el votante no simpatizó. Una de ellas fue el candidato a la Vice Presidencia, Arturo Zablah, quien pocos días antes de ser hecha pública su candidatura había dicho en una entrevista de prensa: “ARENA se alimenta del miedo al comunismo, y el FMLN del miedo a la derecha, es hora de romper esa polarización”. Y antes de estas declaraciones, había sido un duro crítico de las posiciones de ARENA, y había llegado a mencionar que ARENA tendría que ser destruida. Este candidato, a diferencia de su contraparte Sánchez Cerén, dividió a su partido; mas aún, porque un año antes se había hablado de la posibilidad de ser candidato del FMLN.

Las declaraciones del entonces Presidente Saca, de que recayendo en él las funciones de Presidente de la República, Presidente de ARENA, y líder indiscutible en el COENA, nadie había tenido tanto poder como él en este país. No sólo por su poder, sino por la imagen que proyectó, atrajo hacia sí todo el desgaste político de ARENA durante los tres períodos presidenciales anteriores, y al afirmar que se había dado una continuidad de gobierno, y que el próximo seria el quinto período de ARENA en el poder, dio pie a que algunos opositores políticos cuestionaran, desde antes de las elecciones, la alternabilidad en el ejercicio del poder. Esta fue una amenaza velada a la posible aplicación del Art. 88 de la Constitución, el cual permite la insurrección cuando no hay alternabilidad en el Ejecutivo. Aunque nuestra Constitución no especifica la palabra “Presidente”, se entiende que se trata de una persona que ejerce el cargo de Presidente de la República, pero con las declaraciones del ex presidente Saca, se podría interpretar este artículo extensivamente, como la presidencia de un partido político. Declaraciones que se hicieron con el propósito de fortalecer su imagen dentro del partido ARENA, hubiesen producido un efecto peligroso para la paz nacional, en el caso que las elecciones le hubiesen sido favorables a su partido.

Estos aciertos de parte de unos y desaciertos de parte del otro, dieron el triunfo al candidato Mauricio Funes. Pero la diferencia en número de votos no fue muy apreciable.

El error que persiste en ARENA es seguir considerando al partido como una marca comercial, la cual tiene sus seguidores fieles, y aunque cambien sus principios, sus seguidores le guardarán fidelidad. Un partido político es la sumatoria de las voluntades políticas de sus seguidores. Si se da una imagen “renovada”, menos controversial para con la izquierda, seguramente lograra captar nuevos seguidores, pero perderá a los actuales.

El lema “Patria sí, comunismo no” siempre tendrá validez mientras haya rechazo a la ideología comunista o socialista.

Si se llegase a organizar un marketing político en ARENA, basado en dos discursos diferentes: uno anticomunista para sus bases, y una posición “light”, para los simpatizantes, habría confrontación interna, y dada la estructura del partido, la confrontación seria mínima, pero la deserción seria grande.

El actual Presidente de la República, mantiene con mucha habilidad un equilibrio en sus apariciones en público, dejando que sus funcionarios sobrelleven la carga del desgaste político. Su imagen, lejos de sufrir desgaste, se ve beneficiada, lo que demuestra un buen manejo del marketing político, y que beneficia directamente a su partido, pues cuando muestran controversia, procuran guardar distancia, manteniendo siempre sus principios ideológicos a resguardo. Esta maniobra le da una imagen al Presidente de “distante de la izquierda”, lo que le favorece a la gobernabilidad del ejecutivo.

En conclusión, el FMLN y su candidato, han usado y siguen usando muy hábilmente el marketing político.

No podría terminar este artículo sin hablar de aquellos políticos que han destacado en la vida nacional por valía propia, entiéndase, por haberse formado una imagen propia, y dejado una honda huella en la estructura de la nación, sin la utilización de marketing político.

El marketing no tiene que verse como práctica negativa en la vida política democrática, pues permite a los dirigentes a ilustrar al elector sobre las cualidades de los candidatos y las disposiciones políticas para mejorar la vida nacional, cumpliendo siempre con las condiciones que favorezcan la vida de la nación de conformidad con el sistema democrático y representativo

No debemos olvidar a nuestros personajes históricos, que gracias a ellos han ido conformando en el transcurso del tiempo el país.

Por el orden de su aparecimiento en la vida nacional:

General Gerardo Barrios

Presidente 1856 – 1863

*1813-1865 +


Doctor Rafael Zaldívar

*1834 – 1903 +

Presidente 1880 – 1885


General Francisco Menéndez

Presidente 1885 – 1890

*1830 – 1890+


General Don Tomás Regalado

Presidente 1898 – 1903

*1861 – 1906+


Dr. Manuel Enrique Araujo

Presidente 1911-1913

*1865-1913+



Ingeniero Arturo Araujo

Presidente 1931

*1878-1966 +



General Maximiliano Hernández Martínez

Presidente 1931-1944

*1882 - 1966 +



Mayor Roberto D´Aubuisson

Presidente de la

Asamblea Constituyente 1982 – 1985

*1944 - 1992 +

“PROCESO DE JUDICIALIZACION DE LA POLÍTICA”

De la posición institucional de FUSADES, he tomado el título de este editorial. El tema responde a nuestros propósitos, siempre explicados, de comentar los sucesos importantes que agitan la vida nacional.

FUSADES representa a un amplio sector de ciudadanos y por ello tiene la autorización de su número.

Su comentario expone claramente dos puntos importantes, a saber: únicamente compete a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declarar la inconstitucionalidad de una ley y, es necesario acatar dicho fallo para preservar la institucionalidad del Estado y el Estado de Derecho.

Al respecto, las siguientes reflexiones me parecen oportunas: La evolución del Derecho Constitucional siempre ha sido para extender los derechos del ciudadano frente al poder del Estado, tanto los derechos políticos del individuo en relación con el gobierno, como la ampliación y protección de su esfera individual de derechos. Y también para limitar el poder del funcionario público, fragmentando el poder ejercido por el gobierno y fortaleciendo las contralorías del mismo. Tal ha sido la línea seguida por la actual Sala de lo Constitucional, al permitir al ciudadano, acceder a una candidatura política de manera independiente, es decir, sin estar obligado a militar dentro de un partido político.

Ahora bien, si nos preguntamos la razón de tal resolución de inconstitucionalidad, traemos a la memoria procederes políticos de los actuales partidos, y fácilmente comprobamos que éstos, repetidamente, se han excedido de las funciones para las cuales han sido creados: primero para nombrar a los candidatos de elección popular, y nombrar a los Magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, con excepción de los Magistrado por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Numerosos son los actos en los cuales han excedido sus funciones, como manteniéndose como partidos políticos cuando no han alcanzado los votos suficientes para ello, siempre amparados en su poder político, el cual es sin duda muy fuerte. Muchos son los casos en los cuales presidentes de partidos políticos han presentado a su bancada como una fuerza bajo su mando, tanto pública como discretamente en los pasillos de gobierno.

Ahora bien, la posible candidatura independiente, será un contrapeso a tal poder, y una mayor expresión de la democracia representativa. Los temores manifestados por quienes defienden el control partidario a la candidatura, expresan razones de orden práctico: ¿Quién subvencionará la candidatura?, ¿Quiénes serán los candidatos?, ¿No se estará cambiando la constitución hacia la democracia participativa? Al plantear estos posibles problemas, no se cuestiona la inconstitucionalidad en sí, sino problemas de orden práctico, y que serían consecuencia de la aplicación de la misma.

Es necesario confiar en el sistema, ya que ha probado que sí funciona. Si un candidato es subvencionado por el narcotráfico, que presente públicamente el opositor sus objeciones. Si un candidato tiene una agenda oculta, que su contraparte lo descubra públicamente. Si se teme que el candidato independiente pueda exigir al Estado fondos para su campaña, y desviarlos hacia intereses particulares; que la ley regule la compensación, favoreciendo al partido político por sobre el particular. Por naturaleza, el partido representa un mayor número de integrantes que un particular, y en razón de ello, es justo que el Estado lo privilegie, en este sentido, únicamente. Si se teme que los medios de comunicación lancen a sus candidatos, regulemos los espacios publicitarios, como hoy se hace.

Este debate sobre si es conveniente o no, la existencia de las candidaturas independientes, es antiguo y a la vez actual en la lucha democrática. Para analizar nuestro problema podemos establecer analogía con México, con quien compartimos herencia democrática y por consiguiente problemas similares. De la Sentencia dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 037/2001, (Caso Michoacán, candidatura independiente para Gobernador del Estado) he tomado un extracto de un argumento histórico, presentado en dicha controversia, bueno para ilustrar el problema actual: Del discurso del Presidente Don Venustiano Carranza pronunciado el 1 de diciembre de 1916, el cual dice en lo pertinente “Al proyectar la reforma de los artículos 35 y 36 de la Constitución de 1857,se presentó la antigua y muy debatida cuestión de si debe concederse el voto activo a todos los ciudadanos sin excepción alguna, o si por el contrario, hay que otorgarlo solamente a los que estén en aptitud de darlo de una manera eficaz, ya por su ilustración o bien por su situación económica; que les dé un interés mayor en la gestión de la cosa pública. Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación dela soberanía nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo; porque faltando cualquiera de estas condiciones se convierte en una prerrogativa de clase, o es un mero artificio para simular usurpaciones de poder, o da por resultado imposiciones de gobernantes contra la voluntad clara y manifiesta del pueblo”. Al interpretar este discurso, entendemos que el espíritu democrático verdadero, está en no ser limitado o condicionado en el ejercicio del voto. Sea para otorgarlo o recibirlo.

Ahora bien, si la Asamblea Legislativa no legisla como es necesario para que las candidaturas independientes puedan realizarse, ésta, conscientemente, crearía a la nación un grave problema, pues que ya existe en la ciudadanía conciencia del ejercicio de este derecho, y el cual se vería imposibilitado por la falta de una ley reguladora de las candidaturas independientes, creando así la controversia jurídica. Con la solicitud de un presupuesto mayor, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Dr. Eugenio Chicas, está dando por acatada la resolución de la Sala de lo Constitucional en todas sus partes. Y al haber un vacío legal, el Tribunal Supremo Electoral, podrá por medio de decreto, darle efectividad a la candidatura independiente. Sin cometer inconstitucionalidad alguna; sin embargo, el órgano políticamente indicado para ello, sería la Honorable Asamblea Legislativa.

La candidatura independiente es congruente con nuestro sistema representativo y democrático.

En articulo publicado en una revista universitaria de derecho, se encuentran unas reflexiones del Dr. Luis Nelson Segovia, (quien fuera constituyente en 1983), publicado en junio de 2009, y que textualmente cito: “El barómetro LAPOP (Proyecto de opinión pública para Latinoamérica) ha venido evaluando y calificando año a año a los diferentes entes públicos y privados y resulta que los partidos políticos califican como la institución de mayor desconfianza para el pueblo salvadoreño. Lamentablemente para la institucionalidad del país, también se encuentra en esa posición de gran desconfianza, inmediatamente después, la Asamblea Legislativa…”

La situaciones tirante entre la sala de lo Constitucional, y la Asamblea Legislativa, no es una verdadera lucha de Poderes del Estado, sino mas bien una lucha de poder por parte de los partidos políticos, frente a la posibilidad de tener que ceder ese poder que representa la facultad de determinar quiénes serán candidatos. No olvidemos que en la candidatura presidencial pasada, fueron inscritos como candidatos del PCN a la presidencia y vicepresidencia de la república un Pastor Evangélico y el Sub director de la Policía Nacional Civil, personas que tuvieron que renunciar a sus respectivos cargos para poder ser inscritos como candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral, y luego de una negociación, el partido proponente, decidió retirar su candidatura, los dos destituidos pelearon su derecho ante el Tribunal Supremo Electoral, con resultados adversos: esto se hizo para favorecer al candidato de ARENA.

Luego de conformada la actual Asamblea Legislativa, diputados electos por partidarios del los partidos ARENA, PCN y PDC, se han declarado independientes, lo cual ha generado una recomposición de la estructura de la Asamblea Legislativa, creándose una conformación de fuerzas políticas distinta a la mandada por el electorado.

Hecho por el cual es posible que haya surgido la conveniencia de las candidaturas independientes.

Un diputado electo en la forma de voto por candidato y no por bandera, puede permitir un reclamo directo de su elector si cambia de ideología política. Ya existe un antecedente de demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental contra los doce diputados de ARENA quienes se proclamaron de hecho independientes, para conformar luego su propio partido político, y tan común es la práctica de declararse independiente, que el Tribunal declaró improcedente la demanda.

En consecuencia, las candidaturas independientes solo han legalizado lo que ya se ha hecho una práctica común en las acciones políticas.







UNA REFLEXION SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EJERCIDA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESTOS DIAS DE CRISIS

El propósito de la comunicación, es la información al público de los hechos, opiniones propias y de terceros, pero bajo el marco de la moral, el derecho y los convencionalismos sociales y sin mas limitaciones que las impuestas por la ley, que son: no dañar la imagen de la persona, ni alterar el orden público.

Expreso esta reflexión porque ante los acontecimientos acaecidos esta semana es muy necesario que se de a conocer al público todos los hechos que rodean la realidad nacional, pero sin hacer la apología de la delincuencia. Todos debemos respetar ese límite: como medio de comunicación está, en nuestra valoración ética el evitar convertirnos en instrumento de una guerra que se vive por parte de la mara contra la sociedad. Débense censurar algunas imágenes que si bien pueden aumentar el rating de audiencia, son perjudiciales para la paz social.

Las maras no poseen más medios que la amenaza verbal y el uso de papeles manuscritos. Es parte de su estrategia el usar el sistema de comunicacional en su favor. La existencia de los medios de comunicación está para el servicio de la sociedad y no para quienes la perjudican. La difusión irresponsable de imágenes innecesarias o sobre estimadas convierten al medio de comunicación en un arma en manos de la mara.

Expreso una felicitación a aquellos medios de comunicación que no han dado publicidad a los videos que han circulado en internet, pero que en ningún momento han minimizado la verdad de los hechos.

La censura a la que nos referimos debe ser concebida como “autocensura del medio” y no, limitación impuesta por el gobierno, en cuyo caso sería una limitación a la libertad de expresión, lo cual es sumamente peligroso para la vida democrática.

La responsabilidad del medio de comunicación también puede llegar al extremo opuesto: como por ejemplo, el de difundir fotografías de un menor en el acto de la perpetración de un delito, aunque la ley proteja la imagen del menor, pues es de interés nacional, conocer hechos de este tipo, que reflejan el grado de violencia cotidiana, por que de saberse, la ciudadanía no puede exigir que el gobierno tome las medidas pertinentes.

sábado, 14 de agosto de 2010

PÚBLICACIÓN ACCIÓN Nº 3

EDITORIAL Pág. 1


COLUMNAS

1) ACTUALIDAD: Sentencia de la Sala de lo Constitucional produce impacto en las cúpulas de los Partidos Políticos Pág. 2

2) CÁTEDRA: Claridad y firmeza en el pensamiento ideológico. Pág. 5

3) DE NUESTROS LECTORES: El reclamo ciudadano al funcionario público Pág.8

4) DEMOCRACIA: La reinserción penitenciaria ha fracasado. Pág.10



EDITORIAL

El número de lectores de esta publicación, no obstante de ser apenas el tercer número, ha aumentado, de manera bastante satisfactoria, y lo hacemos notar, con el propósito de probar que sí es posible en nuestra república, el ejercicio del derecho de expresar nuestra opinión libremente, sin censura, siempre que se esté dentro de los requisitos que la ley establece.

Ahora bien, el derecho de la libertad de expresión sólo es una parte de nuestros derechos políticos. La necesidad de expresar nuestro pensamiento sobre las cuestiones del quehacer nacional va más allá del mero comentario en una tertulia. El comentario en medios de difusión, cualesquiera que sean: prensa escrita, radial, televisada o por medios electrónicos, refleja en gran medida, cada uno de ellos, el pensar de audiencia mas o menos numerosa, y pretender, bajo cualquier concepto, penalizar directa o indirectamente el comentario, es un atentado contra los derechos políticos, tanto del que hace la critica, como del que la escucha, pues el objetivo es la información y el conocimiento derivado de la misma. Es responsabilidad del comunicador, difundir el conocimiento, en todos sus ámbitos, desde el hecho social, hasta el científico, pasando por el político, y sobre todo, dando su opinión, la cual puede ser favorable o desfavorable; y el único que puede determinar el valor de la misma es su audiencia, quien premia la buena crítica y castiga la mala. Si el Estado, de alguna manera coarta este ejercicio, está sembrando las bases para la intolerancia, la cual es fundamento de la tiranía.

La exposición de la verdad puede no gustar a quienes no les es favorable, y una difusión de pensamiento fundamentada en alabanzas, es inútil, pues la crítica es la que evita los desvíos de aquellos que tienen actuaciones de trascendencia pública, y les ayuda a conocer el pensamiento de quienes sienten los efectos de sus acciones públicas, ya sea por medio de leyes, sentencias o actos administrativos de cualquiera índole.

Es de esperar que el criterio de la Sala de lo Constitucional, vaya en el camino de la libertad de expresión, no para favorecer a los medios de comunicación y a aquellos que laboran en ellos, sino al que se nutre de dicho trabajo, el ciudadano común. Esta visión proviene del principio fundamental de la democracia: el interés público priva sobre el interés privado.

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor

Sentencia de la Sala de lo Constitucional produce impacto en las cúpulas de los Partidos Políticos

La última resolución de la Sala de lo Constitucional, priva a los Partidos Políticos de un poder y control que no quieren perder ni compartir con quienes no pertenezcan a sus trincheras partidarias: La Sala de lo Constitucional declara, en el documento pertinente, que es inconstitucional la lista cerrada de las candidaturas a diputados, lo cual abre las puertas a las candidaturas independientes, es decir que, para alcanzar una diputación o consejería municipal ya no será forzoso pertenecer a un partido político. El acuerdo de los honorables miembros de la Sala de lo Constitucional afecta de tal manera nuestra vida política que creemos conveniente aclarar cuáles son sus posibles implicaciones, y no comentaremos los argumentos de la Sala, pues su fallo es definitivo y no admite recursos.

Necesario es a esta explicación citar el Art. 85 Cn., el cual dice así:

“El Gobierno es republicano, democrático y representativo.

El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa.

La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución.”

Ahora bien, para comprender claramente la razón de este artículo debemos recordar cual era la situación política del país y cual el problema que se buscaba resolver: un conflicto armado que haría posible la conquista del poder político. Por este artículo, se negoció la paz mediante la deposición de las armas del FMLN el 16 de enero de 1992 en Chapultepec. Por esta paz y en cumplimiento del Art. 85 Cn., la guerrilla se constituyó en el partido FMLN, y este mismo artículo, obligó a Joaquín Villalobos, al separarse del FMLN en 1995, a fundar con sus antiguas bases del ERP (Ejercito Revolucionario del Pueblo) el Partido Demócrata, el cual al no alcanzar los votos necesarios, desapareció en 1999.

Hasta hoy nuestras elecciones de funcionarios han sido de conformidad con el Art. 85 Cn., pero las circunstancias de la vida política han evolucionado y, es forzoso admitir que la actuación de los honorables diputados, no siempre ha sido satisfactoria para el electorado que siente que sus representantes no gobiernan de conformidad con sus aspiraciones y al reflexionar en sus causas, concluyen que eligieron a ciegas, que dieron su voto por el partido político, ignorando nombre, cualidades y saber de sus representantes quienes, en teoría, actuarían de conformidad con las aspiraciones de sus electores. Cuando la ciudadanía observa la actuación inconstante de los señores diputados que se cambian de partido o llegan al honorable cargo valiéndose de astutos subterfugios, es natural que en su conciencia lo desaprueben y deseen un cambio. La Honorable Sala de lo Constitucional ha interpretado, con mucho acierto, este sentir y, ha decretado lo que podría ser una solución que vigorice el sistema representativo. Primero declarar inconstitucionales algunos artículos del Código Electoral, haciendo posible, en virtud de esta resolución, las candidaturas independientes (civicas), es decir, que sea posible elegir a candidatos que no militan en partido político. El nombre de candidatura cívica se debe a su no afiliación a partido político y al ejercicio de su derecho ciudadano de ser electo.

Ahora bien, ¿cómo afectará tal resolución a la vida política de la nación? Creemos que es necesario que la ciudadanía, conozca como funciona, sus posibilidades y sus posibles consecuencias.

Una rápida referencia a la historia y la legalidad en otros países, tal vez permita comprenderlo mejor, pues nuestro sistema político no es original, lo hemos tomado de otras culturas más antiguas y de mayor experiencia.

Es natural, que cuando traemos a cuento el gobierno democrático, aparezca como primera imagen la democracia griega, la cual, para compararla con la nuestra, sólo podemos señalar que en Atenas, los gobernantes eran magistrados electos cada año por la asamblea de los eupatridas (ciudadanos). Y sólo eso podemos considerar: la elección, pues los eupatridas eran los nobles y ricos. Los otros, obreros, comerciantes y esclavos no tenían derecho alguno. Juzgaron que su democracia era un sistema político avanzado de gobierno pero para llegar a este sistema, tuvieron que sufrir antes a los reyes y tiranos. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Que no hay sistema de gobierno perfecto y en consecuencia debemos evolucionar. La búsqueda de nuevas formas que corrijan las situaciones cuando éstas se vuelven inoperantes para la libertad y el progreso material, son necesarios.

Hemos señalado que la resolución de la Sala de lo Constitucional carece de la anuencia de los partidos políticos, vale decir, de sus mas altos dirigentes, porque pierden su derecho exclusivo que era propicio a sus malabarismos políticos: astucia para lograr los escaños legislativos; cambio de partido sin consecuencia, leyes ad hoc para bien de su partido y no de la ciudadanía a la que demagógicamente arguyen representar. Pues bien, esta conducta no debe escandalizarnos: si evocamos la historia de las civilizaciones occidentales, comenzando por Roma, vemos actuar a las dos clases sociales una contra la otra, procurando cada una su bienestar. La plebe logró todos los derechos de los patricios pero finalmente, todos fueron sometidos a los gobiernos despóticos de los emperadores hasta desaparecer.

En los tiempos modernos, encontramos que en Inglaterra, la transformación del régimen electoral se logró sin revoluciones, sino por mejoras progresivas y metódicas: el sufragio universal se instituyó después de la primera guerra mundial en 1918; de un sistema aristocrático se pasó, sin violencia, a uno democrático. Los conservadores ingleses no se mostraron intransigentes a los cambios y con gran sentido político, evitaron los males de las revoluciones.

Como después de la Revolución Francesa, los pueblos occidentales han organizado su vida nacional con la forma republicana, democrática y representativa, es conveniente saber que en algunos países como en el Canadá, Estados Unidos, Australia, Chile y Argentina y en nuestra hermana Costarrica existen las candidaturas independientes con las limitaciones normales, principalmente la falta de recursos. E incluso, en nuestra vecina Honduras, Ricardo Álvarez como miembro del Partido Nacional declaró ante un rotativo hondureño: “Como presidente del Comité Central estaré remitiendo a la próxima convención reformas a los estatutos en el sentido de que si en las elecciones internas y primarias del Partido Nacional hay cuatro corrientes, pero existe un buen nacionalista que no tiene espacio en ninguno de los movimientos, entonces que se permitan las candidaturas independientes dentro del nacionalismo para que se inscriba sin “padrino”. Esta forma de pensar revela la evolución política del sistema, en Centroamérica. Habiéndose dado poco más de un año un conflicto político que aún no se ha resuelto internacionalmente del todo, es natural que Honduras busque mecanismos políticos que garanticen una mayor representatividad en las formas de pensamiento, para prevenir conflictos.

El sistema partidario, el cual nace en Inglaterra en 1679, con el aparecimiento de los torys y de los whigs, cuyos nombres literalmente significan: bandoleros irlandeses y salteadores escoceses, ha sido el medio práctico para la promoción en occidente de un candidato, sin embargo por la indebida utilización del sistema se ha creado una “clase política”, creando un valladar para el ejercicio de uno de los dos derechos políticos fundamentales: el ser electo. La resolución de la sala restaura ese derecho, sin violentar el derecho de asociación, el cual es una garantía fundamental.

En la práctica, el candidato solamente puede serlo con la venia de los dirigentes del partido y si está muy seguro del voto popular en su favor, puede cambiarse de partido y ganar la elección sin que importe la ideología partidaria. Así hemos podido observar a funcionarios municipales que llevan varios periodos en su cargo, pero sin importar el partido en el cual militen. Fenómeno que se da también en las diputaciones.

Se ha observado también que los partidos minoritarios suelen aceptar a candidatos que han sido rechazados por las cúpulas de sus partidos, y al proponerlos y ganar con ellos, aseguran no soló la supervivencia de su partido sino también dar sofisticadamente una apariencia de que el electorado acepta su ideología.

Para superar esta situación, se ha propuesto el voto residencial debido al marcado abstencionismo, ante la desilusión del votante. Y la necesidad de hacer manifiesto el disgusto del votante contra sus representantes, que se ve obligado hasta presentar una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental por el procedimiento irregular de ellos. Son éstos los dos únicos recursos posibles para superar la falta de ética de los funcionarios electos.

La resolución de la Sala de lo Constitucional ha seguido la lógica de la Democracia Representativa, plasmada en el Art. 85 Cn. Y no, la tendencia de izquierda de Democracia Participativa.

Las candidaturas independientes dan un espacio más a las ideas políticas. El Partido, en principio, es una agrupación de individuos con un pensamiento político común, pero su alcance tiene que ser nacional. Las candidaturas independientes o cívicas tienen por lo general un alcance más limitado: los municipios o los departamentos. Esto es lo que nos ha enseñado la práctica en otros Estados. La única candidatura independiente relevante en la vida política reciente, ha sido la de Ross Perott en Estados Unidos, quien alcanzó el 19% de los votos, lo cual demuestra que no es fácil para los independientes el sostener una candidatura.

El Art 85 Cn. pertenece al número de disposiciones constitucionales que no pueden cambiarse, por lo cual se les califica de pétreos, de piedra. Sin embargo, a pesar de esta condición sí es posible su interpretación, si ésta se hace dentro del texto total de la constitución, pues es la única manera que lo permite la estructura integral de la misma. Por este método se le da a la constitución mayor vigencia en el tiempo, es decir, que se la considera conveniente para gobernar durante muchos años; si no fuese así, sería necesario en esta circunstancia, esperar muchos años, o reformar la constitución, dándole estructura diferente, con los consiguientes problemas sociales que acarrearía. En cuanto a la interpretación de una ley secundaria con respecto a la constitución, es un proceso muy lento y la resolución puede llevar varios años. Desde 2003 había ya sido planteada la inconstitucionalidad que hoy se ha resuelto. Ha sido tiempo suficiente para que la ciudadanía acepte dicho cambio en el proceso de elección y lo hace, consciente de su necesidad. Prueba de ello es que la única reacción adversa ha asido de las cúpulas partidarias y no de las bases de los mismos partidos y mucho menos de la población ciudadana.

Para probar lo correcto y conveniente de la resolución de la Sala de lo Constitucional, basta observar la recomposición partidaria de aquellos que en el último año se han escindido de su partido para fundar uno nuevo o declararse independiente; ahora plantean nuevas alianzas y sin nombrarlo, tienen como fundamento, la capacidad de ser candidatos independientes a diputados y alcaldes, fundamentados en un genuino apoyo popular, dejando fuera del juego político a aquel que tiene como único sustento de su cargo, la credencial que le entregó el Tribunal Supremo Electoral.

Esta nueva correlación de fuerzas políticas, entre el ciudadano con aceptación frente al partido político, fortalece nuestro sistema democrático representativo, porque permite una verdadera expresión representativa.







Claridad y firmeza en el pensamiento ideológico

¿Liberalismo, derecha o centro? La pregunta carece de sentido: Derecha, al referirse a un partido político, es como si lo nombrásemos con un “apodo alias o mote” que se le da por la circunstancia de que sus seguidores, se sentaban a la derecha del presidente de la Asamblea Nacional, durante la Revolución Francesa. Esto es preciso aclararlo para evitar confusión o ambigüedades al afirmarnos como militantes de “la derecha”. El liberalismo fue definido con toda precisión en los artículos de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por los diputados de la Revolución Francesa. En conclusión liberalismo y derecha es la misma doctrina.

En virtud de los principios del liberalismo las colonias españolas de América, proclamaron su independencia y declararon que su gobierno era republicano (de res: cosa; y publici: de todos), democrático (de demos: pueblo y cratos: poder) y representativo, es decir que su poder se ejerce por medio de representantes de su elección. Esta es la forma de gobierno de El Salvador. El liberalismo garantiza todas las libertades del hombre, no de manera absoluta, sino dentro de un marco legal, y hasta el presente, y a pesar de otras varias doctrinas políticas que han surgido desde entonces no han podido probar sus seguidores, que garantizan mejor la libertad individual y el bienestar de los individuos, como lo pretenden el socialismo y el comunismo.

Ahora bien, como las actividades humanas son múltiples, los principios de libertad han recibido distintos calificativos y así se dice liberalismo político, liberalismo económico, religioso etc.

Es natural, que si cada individuo hiciese en todo, lo que le viene en gana o como lo desee habría un desbarajuste, es decir, desorden, una confusión; pues para evitarlo, se crea el cuerpo jurídico: la ley pone limites a nuestra libertad.

Pues, a pesar de la bondad de la doctrina, hay ocasiones en que las personas por sí o en grupo no pueden subvenir a sus necesidades: por incapacidad natural como los menores, personas de la tercera edad, victimas de maltrato familiar o por efectos de la naturaleza. Entonces, el Estado acude a sus necesidades con el subsidio que es ayuda material y económica; es la aplicación del principio de subsidiariedad.

Ahora bien, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, y han transcurrido mas de dos siglos las naciones no han encontrado otra organización política que garantice la subsidiaridad sin menoscabo de la libertad individual, de la justicia y de la eficacia a lograr sus fines.

Como todo lo humano, el sistema no se vive en toda su pureza porque lo aplican los funcionarios públicos que como hombres actúan frecuentemente con la incapacidad de su ignorancia y falta de probidad por sus ambiciones de poder o de riqueza. Cuando un candidato asevera una determinada posición política y afirma que su partido es de derecha, es de esperar que actúe conforme a los principios expuestos del liberalismo.

Si se afirma con miras a una candidatura futura que hay que moverse al centro, es un renegar de sus convicciones o no conocerlas. En el espectro político y doctrinario, en la medida que se afirme ser de centro o centro derecha, está indicándose el grado de ingerencia que debe de tener el Estado en el quehacer diario. De tal manera que, al moverse hacia el centro está de hecho, dando mayor potestad al Estado para decidir sobre la vida del individuo. Afirmar que en la medida que se haga una ideología hacia el centro, se velara por los intereses del pueblo, es un error, pues es el socialismo en sentido amplio, el que ve a la sociedad dividida entre ricos y pobres, y los pobres son el pueblo. La doctrina de derecha divide a la sociedad entre gobernados y gobernantes, estableciendo una igualdad y el pueblo es la totalidad de los habitantes sin distinciones de riqueza o de otro tipo.

Afirmar que se ha ganado un cargo de elección popular por actuar como “de centro derecha” después de su campaña electoral de la “derecha”, marca una fuerte diferencia ideológica entre su partido y su principal opositor que era de izquierda y crea desconfianza sobre la firmeza de sus convicciones políticas.

Casi siempre en las acciones de los gobiernos municipales se ve muy poco el trasfondo ideológico, porque el gobierno local tiene funciones administrativas claras, las cuales están plasmadas en el Código Municipal y no pueden exceder el ámbito territorial del municipio. Eso se demuestra observando el funcionamiento municipal, y sobre todo en su quehacer colectivo, por medio del ISDEMU. Quizá la única acción política claramente definida ha sido la conformación de ALBAPETROLEOS, y aún ésta, si la hubiésemos desligado de la política venezolana, podría haber pasado inadvertida.

Las posturas ideológicas si son claramente percibidas por la ciudadanía en el quehacer del diputado y del Presidente de la República.

Todos debemos tener claridad en nuestras posturas políticas. Para que nos podamos situar en determinada ideología y así emitir conscientemente nuestro voto; tenemos que saber precisar cuál debe ser el papel que esperamos del Estado: Si queremos una intromisión mínima y una subsidiaridad justa y conveniente, seremos de derecha, si queremos una interferencia del Estado en todos los ámbitos de la vida, y que los medios de producción sean propiedad del Estado, entonces seremos socialistas. Si queremos algunas libertades, las cuales no irán más allá de nuestra esfera íntima, pero le entregamos al Estado los medios de producción, entonces seremos centro.

En términos prácticos: La democracia cristiana es una ideología de centro, pero ellos se definen como centro derecha, recordemos que ha sido la única ideología, fuera de la derecha, que ha gobernado luego del Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, y propició la reforma agraria en sus dos faces, además, de la reforma bancaria. Y poco faltó para que fuese llevada a cabo la reforma urbana, y no ha vuelto nunca más a recuperar el poder; y en varias ocasiones, ha estado a punto de desaparecer como partido político por no alcanzar los votos suficientes en las contiendas electorales. Viendo este parámetro, al afirmar que se es de centro derecha, se está afirmando una ideología similar a la democracia cristiana. Y en consecuencia, proponer que un instituto político, claramente de derecha, adopte oficialmente, esa posición, y pretender que sus seguidores adopten dicha postura política, es un error.

Al afirmar que se está con el pueblo en la medida en que un partido se hace más social es falso, pero ¿por qué es falso? No existe postura política que no busque el bienestar de la sociedad. Lo que cambia es la visión del procedimiento, es decir, cómo debe lograrse este bienestar: Es jerga común de la izquierda utilizar la expresión “interés social” para significar llevar colectivamente el bienestar a la sociedad y que luego de satisfacer el interés colectivo, se llegue al interés individual. La visión de la derecha, por el contrario, busca el bienestar individual de la colectividad y que como natural consecuencia, satisfará el interés colectivo. En conclusión, la izquierda determina cual es el interés colectivo, y la derecha deja que el individuo decida cuales deben ser sus intereses a satisfacer y coadyuvar a su realización. Estos dos puntos de vista son diametralmente opuestos.

Gracias a los Acuerdos de Paz de 1992, podemos decir sin temor, cual es nuestra ideología. Ya sea que seamos de derecha, de izquierda o de centro. Y sentirnos satisfechos y firmes de nuestras convicciones.



EL RECLAMO CIUDADANO AL FUNCIONARIO PÚBLICO



Una muy amable lectora formula esta pregunta ¿Cómo y en dónde puedo protestar cuando considero que el gobierno o un funcionario no está haciendo lo correcto?

Pues, aunque ya en forma explícita le envié la respuesta, me parece que tal pregunta amerita una más amplia explicación y es la que sigue:

En primer lugar, debe considerarse que nuestra forma de gobierno: “republicano, democrático y representativo” se sustenta en dos posiciones o “ficciones”, como se dice en derecho: La primera, que el Gobierno es la expresión directa y real de la voluntad de la ciudadanía (de toda la ciudadanía, en la práctica se cumple este requisito considerando la mitad mas uno de los votantes), la segunda ficción es que los actos de gobierno son legítimos en tanto cuanto los ciudadanos, los cumplen.

Estos supuestos tienen dos fundamentos: Primero, que la vida de la nación exige que haya un orden jurídico y segundo, que haya un procedimiento para juzgar si los actos del gobierno son conformes a ese ordenamiento. La función de ese procedimiento es lo que se llama “contraloría del poder”.

Ahora bien, esta contraloría la ejercen funcionarios electos o nombrados, según la ley pero ¿Qué puede hacer una persona particular que no está de acuerdo con la actuación de los gobernantes?

Nuestras leyes le indican los procedimientos: A) Exponer públicamente su desacuerdo u opinión, con unas limitaciones que es preciso conocer. B) Demandar al funcionario o funcionarios ante el Tribunal de Ética Gubernamental. C) Ejercer un voto de castigo, votando por su opositor o simplemente absteniéndose. Estas formas de reclamo son políticas, pues si existe un daño directo, tendremos otros recursos como son el reclamo en las instancias pertinentes, hasta llegar a lo Contencioso Administrativo o a lo Constitucional.

Expresarnos en los medios de comunicación: prensa escrita, radio, y televisión tienen el inconveniente de que todo campo solicitado al medio es pagado. Sin embargo debemos de recordar que ha habido hechos de tal gravedad para la vida de la nación que los medios de comunicación han acogido gratuitamente la expresión del sentir ciudadano, por medio de la noticia. También la radio y la televisión en sus programas de entrevistas permiten gratuitamente la libertad de expresión, pero en cuanto a los invitados son de su selección y en muchos casos, las preguntas del público son filtradas.

Ahora bien, es probable que éstos medios no sean adecuados ni suficientes para algunos descontentos y se sientan defraudados por el gobierno, por los políticos y hasta por las leyes.

Pues para evitar que el disgusto nos abata y para consuelo y esperanza, evoquemos algunos de los más sobresalientes sucesos por los cuales, los pueblos de todas las épocas y todos los continentes han resuelto su insatisfacción contra las leyes vigentes o los procederes de sus gobernantes. Recordarlo es lección prudente lo han afirmado así hombres sabios, por ejemplo: Neo Nevio (poeta latino del 272-202 a. d. C.) cuando en sus versos dijo:

“La Historia es para los Estados sextante y compás.

Si la ignoran azotados por los vientos y arrastrados por las corrientes, sin poder fijar su posición se perderán en terrible confusión”.

Pues bien, evoquémosla a muy grandes rasgos y lo primero que viene a nuestra memoria es Dracón, legislador de Atenas (siglo IX a. d. C) quien dio la pena de muerte hasta por el menor delito, lo cual disgustó tanto que lo destituyeron. Ahora bien, Grecia tuvo gobierno democrático pero éste, era solo para una parte privilegiada de la población: la gran mayoría comerciantes, obreros y esclavos, no tenían ningún derecho.

El pueblo romano, también en la antigüedad histórica, lucho durante siglos para que se les concedieran todos los derechos, incluso el de poder casarse con los patricios y ser augur (sacerdote interprete de los presagios).

Parecería que estos relatos ya son obsoletos, pero explican claramente los hechos modernos. América Latina ha vivido convulsionada por más de sesenta años, y la razón es la insatisfacción con sus gobernantes y el detonante para la insurrección armada es la falta de espacio político, la cual comienza con la intolerancia a la expresión pública del descontento.

El poder expresar un descontento hacia determinadas disposiciones gubernamentales tiene un doble propósito: permitir el desahogo social y poder medir la satisfacción popular de los actos de gobierno. Las encuestas aunque pretenden conocer la opinión pública y ser lo mas imparcial posible, jamás podrán tener el efecto que causa un ciudadano descontento dando a conocer públicamente su opinión, la cual de ser común a la mayoría de la población, puede provocar un cambio, ya sea en la forma de gobernar o en quienes conforman el gobierno.









La reinserción penitenciaria ha fracasado ¿Qué se puede hacer?



“En el 15º aniversario de la creación de los Juzgados de Ejecución de Medidas para Menores, jueces y funcionarios judiciales admiten que a los menores delincuentes no se les reeduca y que la reinserción, a veces se da sólo para volver a la pandilla”. Así reza el encabezado de un artículo de un prestigioso rotativo matutino.

Tal noticia expresa una gravísima realidad de nuestro país: las pandillas, que llamamos “maras”, se extienden por todo el territorio, son cada vez más numerosas y sus miembros de todas las edades.

Los funcionarios públicos explican el fracaso con las siguientes razones: a) falta de presupuesto, b) legislación inapropiada, c) excesivo celo institucional y deseo de protagonismo público de algunos funcionarios. Razones que, en conjunto nos parecen válidas; sin embargo, el análisis de algunas de ellas nos produce angustia: por ejemplo, el de las finanzas públicas $ 14,500,000.00 de dólares anuales para la custodia, mantenimiento y reeducación de 1,500.00 menores, es decir que, cada uno de estos delincuentes cuesta al Estado $ 855.55 dólares mensuales y al recibir el refuerzo presupuestario solicitado este costo llegaría a $ 1,121.20 por individuo mensual.

Pues no obstante estos cálculos, es muy difícil precisar lo que cada pandillero cuesta al erario público, pues hay que añadir el costo de su arresto, proceso judicial y la ejecución de las medidas penitenciarias, juntamente con los daños ocasionados al particular y a la sociedad.

Tómese también en cuenta que se refieren únicamente a los pandilleros menores, pero las cifras, no han de ser muy diferentes cuando se calcula lo que cuestan los de mayor edad.

Es imposible no afligirse si comparamos estos costos con el salario de un ciudadano común, que apenas llega a la cuarta parte de lo que el Estado invierte en estas personas delincuentes. Por estas consideraciones, concluimos que el problema es grave, gravísimo y sin solución favorable si para resolverlo, aplicamos la legislación vigente, porque las leyes son para juzgar a delincuentes que tienen conciencia de su pertenencia a la sociedad contra la cual han delinquido. Es por eso que planean su delito, lo ejecutan con la máxima discreción y se ocultan; pero el marero actúa de otra manera: hace pública ostentación (apología) de su delito, con el cual gana “status”, tanto mas alto, cuanto más cruel y feroz se muestra.

Aunque el marero, por conveniencia conserve lazos familiares, éstos no le atan: él pertenece a la mara: su cultura, leyes, dogmas, gobierno, religión y entelequia (fin general de la asociación) es la única fe de su existencia, de la existencia de la mara. Y decir esto no es porque sus crímenes nos hayan producido un trauma, sino porque ya otros han expresado el mismo juicio. En publicaciones extranjeras, leemos que los mareros han justificado su actuación diciendo: “formamos una nación fuerte que se hace respetar” “ayudamos a nuestros hermanos latinos contra la opresión”. Sus macabros asesinatos como el del 20 de junio y muchos otros cuya memoria quisiéramos borrar, son para las maras hechos heroicos en defensa de su territorio. No es posible pues resolver este problema con las leyes vigentes por que a los mareros no los mueven los valores: el bien, la verdad y la belleza. Ellos han creado una sociedad cuyos valores son el mal, la mentira y la fealdad. Nuestra Constitución en su exposición de motivos señala claramente nuestros valores humanistas, y los de la mara son completamente su antítesis (antivalores), lo que es indicativo de una separación total de la visión que posee nuestro Estado sobre la persona humana.

En una cinta confiscada por la policía madrileña se oye lo siguiente: “La nación Latin Brothers se creó en las Rosas (Madrid) por la discriminación y el abruso de la raza blanca y el abuso policial hacia la raza latina. Por ello lucharemos, por nuestra gente y contra la discriminación que sufrimos los latinos”. Según las mismas fuentes policiales, “los Vatos Locos o Mara Salvatrucha están consiguiendo captar cada día mas adeptos que cualquier otro grupo pandillero”. Todo esto en Madrid y ya se esta replicando en otras ciudades. Otras publicaciones españolas describen a los mareros como “entes” muy particulares, incapaces de integrarse a la sociedad española, y poseen una identidad propia que la ostentan, con trajes flojos, prendas colgantes y tatuajes alusivos a su pandilla, y su comunicación es por medio de signos realizados con sus manos y su mayor distintivo es un signo en forma de corona.

En la página web de la Mara Salvatrucha, se explica cómo la sociedad les ha marginado y son perseguidos en Estados Unidos, México y España.

El problema finalmente, está planteado: con la legislación vigente, no resolveremos el gravísimo problema de las maras, porque ellas son un peligro para el Estado, cuyo territorio aspiran a conquistar para que la población de éste, honesta y trabajadora, sea la productora de su subsistencia, como si dijéramos “su ganado”.

En los últimos días, en los medios de comunicación, han externado opinión altos funcionarios públicos refiriéndose a la posible nueva legislación a aplicarse a los pandilleros, y hay un acuerdo de que son las mismas disposiciones ya vigentes en varios cuerpos legales, las que se estarían agrupando en una ley especial. Por lo cual crear esta nueva legislación es inútil. Es completamente inoperante solicitar a los Jueces que tomen una posición distinta a la que la ley les manda. Igualmente podemos decir de los otros funcionarios al hacer su trabajo. La mara usa nuestra legislación en su favor, y no sólo es un endurecimiento de la ley lo que va a detener su actuación, tiene que vérseles como entes fuera y enemigos del Estado. El Estado por dogma jurídico no puede declarar la proscripción de un grupo de personas, pero sí reconocer el acto de voluntad de proscribirse y de actuar contra los principios que el Estado pretende defender y para lo cual que ha sido creado, según los Artículos 1 y 2 de la Constitución.

El Art. 4. Cn. dice “Toda persona es libre en la República.

No será esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad”

La mara limita la libertad del ciudadano en su movilidad, en su patrimonio, en su derecho a la vida en su integridad física.

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental define al esclavo por extensión “el que trabaja a perpetuidad para otro a quien sirve sin derecho a abandonarle”.

El cobro de la renta convierte al que la paga en un siervo de la mara, y ella se disputa el territorio o más bien dicho, a quienes habitan en el territorio a usufructuar.

Una de las características de la esclavitud es que la persona es tomada como un objeto (cosa o res), despojada de sus atributos humanos. Esta perversión sólo lo hemos visto en el siglo XX en el Holocausto Armenio ( 1915), el Holodomor (Exterminio por hambre en Ucrania 1932-33), el Holocausto Judío (1940-45) y el Genocidio Camboyano (1975-79) El asesinato colectivo del 20 de junio, así como otras muertes de empleados del servicio colectivo de transporte, no están motivados por acciones de las personas asesinadas, sino, que son por el simple propósito de enviar mensajes de terror. Esta deshumanización en las muertes, revela la forma de pensar del marero: todo aquel que no forma parte de su pandilla es una cosa. Y solo respeta a sus iguales, otros pandilleros, con los que puede llegar a tener tratos y pactar alianzas.

Es imposible que nuestro sistema jurídico pueda competir con el de la mara, pues nosotros pensamos en reeducar, proteger y detener al individuo en su actuar delincuencial, lo que obligaría al marero a renunciar a su organización y delatar a su estructura, pero la mara lo sancionaría con la muerte. Y nosotros, sólo ponemos poner como máxima pena, la prisión, que jamás podrá ser perpetua.

El máximo aislamiento que puede ejercer nuestro sistema penitenciario es el que impone el Penal de Zacatecoluca, y es allí donde según un prestigioso rotativo se ha descubierto que los altos jefes de la organización criminal Los Perrones, están siendo extorsionados por la mara. Lo cual, en términos de justicia, no desagrada leer, pero sí causa pánico el poder de la mara, y más aún, el saber que parte de su pago tiene que ser en especie: trafico sexual, demostrando así, así quién es el mas fuerte.

El Art. 4 Cn. Tiene que verse como un punto de referencia o de partida para el tratamiento del problema de la mara. Pues bien, la supresión de los derechos de ciudadano únicamente afecta los derechos políticos, y no la protección que el Estado le debe, así como la sujeción que le debemos al mismo. Todas estas consideraciones nos obligan a ver de manera diferente y novedosa el problema. El Art 4 Cn. expone el principio sagrado y dogmatico del respeto hacia los demás seres humanos. Parece, que en pleno siglo XXI, este artículo es innecesario, pero por el contrario, nos ilustra sobre los principios sagrados en los que descansa nuestra sociedad y cómo debe de defenderse ella, para cumplir sus fines en beneficio nuestro.



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