PUBLICACIÓN ACCIÓN N° 16

PUBLICACION ACCIÓN N° 16 analiza la posibilidad que se de una reforma constitucional y el origen de  sus causas, el cual esta íntimamente ligado a la crisis partidaria en nuestro país.

Se comenta sobre la evolución del pensamiento político de los jóvenes en nuestro país y sus relaciones con otros movimientos similares en Europa y África.

Se hace una reflexión sobre la delincuencia en el área y las razones por la que los planes de seguridad actuales no dan el resultado esperado.

Por último se hace un comentario sobre los procesos contra miembros de la Fuerza Armada de El Salvador por acciones de guerra durante el pasado conflicto armado en defensa de la soberanía nacional.

EDITORIAL   

LA TIRANTEZ POLÍTICA ACTUAL ¿DESEMBOCARÁ  EN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?. Pág. 2

COLUMNAS                  

1) LA CRISIS INSTITUCIONAL QUE ESTA VIVIENDO ESTE PAÍS, TIENE SU ORIGEN EN LOS ACUERDOS DE PAZ.  La ultra actividad legislativa, la partidocracia y la tránsfuga partidaria.  

2) LOS JÓVENES TOMANDO LA INICIATIVA CIUDADANA 

3) ¿IMPUESTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA?

4) ENJUÍCIASE AL EJERCITO SALVADOREÑO

 “Solamente la disposición de las leyes y principalmente de las fundamentales, forma la libertad  en lo referente a la constitución”. De las ideas que forman la libertad política en su relación con el ciudadano. El Espíritu de las leyes. Montesquieu

EDITORIAL

LA TIRANTEZ POLITICA ACTUAL

¿DESEMBOCARÁ  EN UNA NUEVA CONSTITUCION?

La crisis actual es el resultado  de la falta de evolución  política  posterior a los acuerdos de paz de 1992.

Es fácil entenderlo así, por que en muchos aspectos, la guerra continuó por medio de las luchas de los partidos políticos entre sí, en su afán de preeminencia o sea, de mantener el poder. Esta continuidad de la guerra por otro medio, únicamente  fue planteada al ejército.  La cúpula guerrillera, tenía a su vez, una clara visión de este nuevo y único teatro de operaciones.

Sin embargo, la sociedad salvadoreña, continuó su evolución natural. La lucha ideológica entre izquierda y derecha, fue olvidada por el salvadoreño común y substituida por los problemas cotidianos, la economía y, la delincuencia.

En esta circunstancia,  las puntas de lanza del conflicto, desaparecieron: el FMLN armado fue desintegrado y sus cuadros depurados en estructuras políticas. La Fuerza Armada de El Salvador, cambia su filosofía y depuró sus cuadros, hasta un grado tal de crear un profundo abismo entre las jefaturas del período de la guerra y las actuales, un grato tal, de considerar hoy a los mandos anteriores, como una fuerza nociva e ilegitima para el Estado de El Salvador, hasta el grado de considerar necesario pedir perdón al pueblo por las acciones de defensa nacional de la época.

Para el salvadoreño común, la guerra concluyó y la vida sigue su curso normal, por lo que sus temores y aspiraciones  cambiaron y evolucionaron hacia intereses económicos y de seguridad pública, en el sentido más amplio posible. Sin embargo, las ideologías aún persisten, en la vida cotidiana de los ciudadanos, expresada en su visión de cómo tiene que ser la vida nacional. Esta visión es apreciable sólo en forma indirecta, pues tenemos en la práctica, de hecho, un sistema mixto o social - demócrata que permite hasta cierto punto, una comodidad de todos, en el mismo sistema.

Sin embargo, los partidos políticos tienen certeza de la necesidad de mantener el orden existente, o más bien, de continuar en su papel de defensores de las ideas políticas, que creó a las cúpulas partidarias una conciencia de “necesidad social”, es decir, “de defensores de intereses sociales específicos”, lo cual  les convirtió en pequeños señores feudales de sus institutos y, como es natural, defensores a toda costa de lo que creen ellos sus derechos y patrimonios.

Este estado de cosas se hubiese mantenido así por mucho tiempo, si no se hubiese dado el triunfo eleccionario presidencial del FMLN, el cual, desencadenó una serie de eventos que, en resumidas cuentas, han sido la liberación de tensiones políticas acumuladas por una recomposición de fuerzas y de la natural evolución social.

El triunfo del FMLN, logró en la práctica, lo que jurídicamente se consignó en los Acuerdos de Paz de 1992, el fin de la guerra. El ciudadano común  perdió el miedo al FMLN y, los simpatizantes de izquierda, fueron conscientes de la posibilidad de acceder al poder por la vía pacífica. Sin embargo, ha habido desencanto hacia el interior del FMLN, pues de hecho, aunque son el partido ganador de las elecciones presidenciales, se les ha excluidos en gran medida, del Ejecutivo y, las reformas esperadas por sus simpatizantes, se han quedado en simples ilusiones.

Esta situación, ha creado dos posiciones: la del FMLN favoreciendo la estructura de partido, para preservar su poder frente a militantes descontentos y, mostrar su distanciamiento del Presidente Funes, manteniendo así,  su votación constante para las próximas elecciones.

Así las cosas, todas las tendencias de izquierda, excluidas del Gobierno, pugnan en dos grandes grupos: los antiguos combatientes y miembros del FMLN excluidos y, la antigua tendencia del FDR. Ambos grupos, propugnan cambios radicales y revolucionarios; el primero, con una visión claramente chavista y con capacidad de acciones de calle y; los segundos, claramente ideólogos, que voltean la vista hacia Europa.

Por otra parte tenemos, que  la derecha aglutinada en ARENA, la cual se ha fraccionado en la partidaria y la no, partidaria. La ARENA partidaria, tiene que apoyar el sistema de partidos políticos, pues en él reside su cohesión; sin embargo, sus fuentes tradicionales de financiamiento se han distanciado, debido a que el partido ya no puede representar sus intereses cuando lucha por su existencia misma y, por lo mediático de sus acciones frente a los intereses nacionales.

Este estado de cosas, ha permitido unir a quienes no están conformes con el sistema partidario: a los excluidos del FMLN y a los no representados por ARENA, a los que se suma una tercera fuerza, la de los jóvenes descontentos e indignados.

Esta tercera fuerza de jóvenes, es producto de la oferta económica del sistema de mercado occidental y, que al no satisfacerse,  busca preeminencia política para realizar los cambios en su beneficio y, se rebela contra las estructuras o argollas personales en los institutos políticos. Esta fuerza no es exclusiva de nuestra nación porque es generacional.

El factor detonante de la crisis actual, ha sido la interpretación del Art. 85 de la Constitución, por parte de la Sala de lo Constitucional. Por una parte, fue la materialización de muchas aspiraciones: la primera de ellas, poder ser electo sin necesidad de pertenecer a un partido político. La resolución de la Sala no fue antojadiza, respondió a una demanda hecha anteriormente por excluidos del FMLN, que buscaban su elección y, como seria de esperarse, rompió con la estructura férrea del partido. Por otra parte, coincidió con la creación de GANA, escisión de ARENA, lo que implicó para muchos de los sectores de derecha, una alternativa para representaciones futuras y una grave pérdida para GANA, pues su papel nominal de derecha y sus acciones de izquierda, no le permitirán a un futuro muy largo, explotar su posición de partido.

La posición de las cúpulas partidarias, presenta una posición  clara: libertad económica y restricción política. La libertad económica llegaría hasta donde pudiese satisfacer las necesidades del Estado y, la restricción política hasta tanto no atente no atente a la visión de las cúpulas partidarias. Esta posición no es posible, pues la conciencia de libertad es plena, no puede ser aceptada parcialmente: lógica es la indignación general sobre este punto. La actividad económica no puede  considerarse en razón de las necesidades impositivas del Estado, sino en razón de las necesidades, posibilidades y aspiraciones de quienes la realizan. Es por esta razón que   convergen las tres fuerzas no partidarias y, se crea un escenario, en donde se perfilan dos contendores: los partidos políticos y la sociedad civil.

Sin embargo, no hay que perder de vista que los objetivos de las tres fuerzas, aunque coincidentes en su fin, son disímiles en su razón de ser e ideología. La izquierda pretende derribar el sistema partidocrático para instaurar cambios sociales y económicos acordes con su ideología. Los jóvenes quieren también derribar el sistema opresivo de los partidos políticos, para hacer congruente  su visión de un mundo democrático y renovado.

La derecha tradicional, pretende mantener su sistema de libertades políticas que amenazan las libertades económicas y que no permiten una conveniente fiscalización del uso de los fondos públicos y que crean una expectativa sombría para el desarrollo económico del país.

La izquierda radical, apoya la crisis del sistema, para el colapso del mismo y tener motivo entonces para el cambio hacia la democracia participativa y la dirección estatal de la economía.

Los objetivos de las fuerzas de derecha y de izquierda, son claros, pero las de los jóvenes, en realidad, aún no están definidos: defienden los valores de libertad que les han sido inculcados por la educación moderna, tanto como  los valores de responsabilidad social y de medio ambiente; todo producto de la formación académica recibida; sin embargo, la izquierda pretende inclinarla hacia su lado.

El filósofo y sociólogo español, Joaquim Sempere, profesor de la Universidad de Barcelona, es claro en la posición de los jóvenes, que poseen metas concretas en sus pretensiones actuales y, pretende inclinarlas hacia metas futuras. En un artículo titulado ¿Hacia adónde orientar la indignación? Dice: “La economía ha de estar al servicio de las personas y no al revés”; “Los derechos sociales deben preservarse porque son el patrimonio de la inmensa mayoría de la sociedad (frente a los derechos minoritarios asociados a la gran propiedad)”; etc. Son el fundamento filosófico de la movida, y deben ser proclamados con el mayor énfasis posible”.

Todo este discurso implica una intención clara de inclinar a los jóvenes hacia  los intereses de izquierda; sin embargo, por el momento, no están en esa línea y, no es conveniente todavía posicionarlos dentro de uno u otro espectro político. Pero para entenderles mejor, debemos considerar que su posición es la de defensa de los valores éticos y jurídicos tradicionales. Y  esta  posición  es  la  que  nos  permite  entender ideales y acciones futuras a corto plazo.

Este panorama sólo nos permite ver lo que está sucediendo en este momento. Pero  le agregamos dos elementos más: La radicalización de las posturas, que ya no se circunscriben únicamente a cuestiones electorales, sino además, se extienden a cualquier tipo de inconstitucionalidad posible, y a la internacionalización del conflicto interno.

Estos nuevos pasos, iniciados con el Decreto 743 y continuado con las pretensiones de cambiar la Ley de Procedimientos Constitucionales, por otra que no vale la pena comentar, porque las aberraciones jurídicas que presenta, son tan claras que riñen con cualquier principio jurídico moderno  y lo cual ha llevado a plantear  una demanda  ante las Naciones Unidas, la cual ya generó una respuesta, por parte de la Relatoría especial sobre la independencia de los jueces,  la cual  cito parcialmente de la página del Centro de Noticias ONU:

“Gabriela Knaul, explicó que se trata de una obligación impuesta por los poderes ejecutivo y legislativo al máximo órgano de justicia salvadoreño, lo que constituye “un atentado a los principios de separación de poderes e independencia del poder judicial”.
Subrayó que esos principios son elementos fundamentales de toda democracia y estado de derecho.
Knaul agregó que la Corte Suprema no puede estar obligada a adoptar fallos judiciales por unanimidad porque las materias que le competen suelen ser complejas y controvertidas por naturaleza.

La experta señaló que para consolidar su democracia, El Salvador debe prestar atención especial a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes, estipuladas en la Constitución.

Las consideraciones arriba expresadas por la Relatora Gabriela Knaul, debemos entenderlas con las moderaciones propias del lenguaje diplomático: pero implican una dura crítica hacia las pretensiones de cambiar y de limitar la independencia judicial y lo cual han sido ignorada con la propuesta  última, de reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales.

La demanda presentada ante la Relatoría especial de las Naciones Unidas, tiene dos aspectos importantes: primero, considerar que la pretensión de suprimir la independencia judicial equivale a un golpe de estado, y la segunda,  que el sustento probatorio de lo planteado, es lo publicado en los diferentes medios de comunicación.

Si se efectuasen más cambios en la contraloría constitucional, se justificaría lo planteado por las tendencias de izquierda: la necesidad de una nueva constitución. Es tal el caos jurídico creado por las cúpulas partidarias y, la búsqueda de funcionarios ad hoc a sus intereses, que justificaría un apoyo internacional que al rompimiento del orden constitucional existente, para restaurar el orden según los parámetros democráticos.

Sin embargo, abierta esta puerta, no es posible vislumbrar  los límites que tendrá la nueva Constitución. Los cambios constitucionales propuestos tienen que ser entendidos en dos dimensiones: en la dimensión ideológica y en la dimensión electoral.

Partamos de la premisa siguiente: hay consenso en las cúpulas partidarias de la necesidad de un cambio constitucional, basado en las necesidades ideológicas y electorales. Las motivaciones de la derecha y de la izquierda son distintas. Parece que en algunos sectores de la derecha, creen que debe  hacerse un cambio constitucional en relación al orden económico, influido por tendencias modernas que inducen a la responsabilidad social, que mueve hacia el centro del espectro político la posición tradicional de la derecha, con objeto de mantener la paz social necesaria para el conveniente desenvolvimiento del Estado y que a su vez permita una mayor volumen de la masa votante por la aceptación del bienestar ofrecido, haciendo a su vez, mas fácil y sencilla una campaña política.

Los análisis de quienes fueron militantes de la izquierda y que ahora no comparten las ideas del actual gobierno, abonan a estas ideas. Creando un gravísimo problema a la derecha, pues jamás la visión liberal puede ser compartida con la visión socialista. Y podríamos incurrir en los errores cometidos durante la presidencia de José Napoleón Duarte, quien destruyo el agro y la banca para detener el avance comunista, en la creencia de que la transformación social y  económica le restaría bandera al FMLN.

También creen los de derecha que los cambios constitucionales pueden darse conforme a lo establecido en el Art. 248 de la Constitución, de una manera suave, que implique dos legislaturas, pero sin alterar la estructura del Estado.

La izquierda tiene una visión diferente: transformar la estructura de poder del Estado, para después transformar el orden económico. Mediante un referéndum que implicaría un rompimiento del orden constitucional actual, pero que no sería discutido frente a la destrucción del orden constitucional que está promoviendo el ejecutivo.

Esta idea de la nueva constitución, ya planteada por la izquierda, es rechazada y mal vista por algunos sectores  derecha; sin embargo, una oposición abierta a tal pretensión, daría un apoyo a las intenciones  de las cúpulas partidarias y, en la situación política actual, pesa más un problema de poder que  desestabiliza al Estado, daña la inversión y la economía nacional, que una Constitución, cuyos parámetros son inciertos.

Un rompimiento constitucional previo a las elecciones del 2012, como un rechazo a las pretensiones de los partidos políticos, dejaría en manos del Ejecutivo el poder total. Planteo esta posibilidad, pues es congruente con la apreciación internacional que se tiene del Gobierno de Funes: un gobierno de concertación, que  se ha alejado de la izquierda radical y acepta en su gobierno, a la derecha, por medio de su relación política con GANA y, más aún cuando el ex Presidente Saca afirma que asumirá la dirección de dicho instituto político en los próximos días.  Esta apreciación internacional  es completamente distinta de la apreciación de  los salvadoreños comunes.

El llamado último de Medardo Gonzales y José Luis Merino como líderes máximos del FMLN, a los Sres. Magistrados de la Sala de lo Constitucional para negociar y dar una “salida política al conflicto”, aduciendo su cercanía a las propuestas de la ANEP y FUSADES, de las cuales deben alejarse los Sres. Magistrados, muestran la imposibilidad de evitar un desenlace diferente del previsto: un rompimiento del orden Constitucional.   

En el afán de mantener sus privilegios, sin atender a la evolución social, las cúpulas partidarias están llevando a la nación, a un caos gubernamental, proclive a la Democracia Participativa. La izquierda tiene claro el logro este objetivo, que a la derecha le plantea un conflicto ideológico y práctico: La derecha sustenta los principios de la Democracia representativa, sin deseo de cambio, pero no quiere apoyar a las cúpulas partidarias, que han desnaturalizado el sistema, no le conviene. Es necesario reflexionar sobre la posibilidad del cambio y cómo se enfrentaría este, ideológica y prácticamente.

Cambios constitucionales

Sánchez Cerén trajo a cuenta su papel como firmante de los acuerdos de paz y recordó que en esa fecha, 16 de enero de 1992, quedaron pendientes dos grandes temas: la reforma económica y  la reforma judicial, de allí que sugiere hacer cambios a la Constitución de la república, aprobada en diciembre de 1983, ya que a su juicio ésta respondía al momento de la guerra que vivía El Salvador.

"Esta Constitución y la forma en que se está actuando corresponde a una etapa ya superada, como es al autoritarismo ahora estamos tratando de convivir en una etapa más democrática y por lo tanto se tienen que cuidar ese proceso”, considera el vicepresidente del país.

Nota parcial tomada de la publicación electrónica de La Página, articulo de Iván Pérez 8/7/2011

LA CRISIS INSTITUCIONAL EN NUESTRO PAÍS,

TENE SU ORIGEN EN LOS ACUERDOS DE PAZ.

La Ultra Actividad Legislativa, La Partidocracia y la Tránsfuga Partidaria

El análisis de los acontecimientos actuales es muy complejo. Nos referiremos a ellos en este articulo, abordándolos desde varios ángulos y puntos de vista. De  modo, que podremos al final podremos exponer nuestras conclusiones.

El primer tema se refiere a la ultra – actividad legislativa; el segundo, a la visión de las cúpulas partidarias en cuanto a su autoridad o poder dentro del marco institucional y, por último, de los cambios de bandera partidaria por parte de los diferentes funcionarios públicos, después de su elección. Estos tres hechos tienen como consecuencia dos fenómenos que son destructivos para el sistema democrático: deforman la voluntad soberana y entablan una lucha desestabilizadora del sistema político constitucional.

La Ultra Actividad Legislativa

Si partimos del principio de que  nuestro sistema está basado en el libre juego de las  corrientes ideológicas, que se aglutinan o concretan en partidos políticos y que  su duración efectiva,  o más bien, su vigencia en la visión del bien común, es sólo para tres años, podemos afirmar que el electorado, fija  un rumbo ideológico por este sólo período, el cual puede variar de uno a otro, en el período siguiente, o mantener más o menos la misma correlación de fuerzas.

El la práctica y como es de esperar, esta correlación varía constantemente, pues el desgaste político de la persona que  ejerce el poder,  la hace perder votos en la legislación siguiente. Es que es muy difícil en la practica, mantener las promesas de campaña que por lo general son expresión extrema de las posiciones políticas y que exigen por lo general, una buena dosis de beneficios,  que solo el Estado puede dar.  Su difícil cumplimiento es lo que provoca el desgaste político del funcionario.

En efecto, es fácil advertir que cada asamblea posee una correlación de fuerzas políticas única en la historia de la institución.  Por muy parecida que sea su conformación a las anteriores, la nueva estará obligada a una recomposición particular, especialmente en lo que atañe a los partidos minoritarios.

Esta relación de fuerzas entre los diferentes partidos, según sea el número de diputados obtenidos, en relación con los otros poderes del Estado y fuerzas sociales,  se manifestará en dos sentidos: en la promulgación de las leyes y en el nombramiento de funcionarios de elección de segundo grado.

La ley promulgada, es de natural permanencia en el tiempo y, sólo será derogada cuando su adaptabilidad a la realidad nacional no se mantenga o sea de insuficiente satisfacción para la vida social; sin embargo, vamos a apreciar un cambio en este sentido desde el año 2000. Las reformas electorales se han ido incrementando, atendiendo  únicamente al propósito de favorecer a los partidos políticos, frente a la siguiente votación, o que dé,  alguna ventaja, dentro del  Tribunal Supremo Electoral, según sea la correlación de fuerzas del momento.

En esta tendencia de manipulación del derecho con acciones mediáticas, que favorecen al partido político, en  su conveniencia al momento electoral.   La estabilidad del de la norma jurídica en función del bien común  se ve quebrado por la conveniencia de favorecer a la estructura del partido político frente a las elecciones futuras. Cuando esta practica se vuelve común, se dan modificaciones de acuerdo al interés partidario, por lo que al haber nuevos intereses, entra en contradicción la ley con el nuevo interés. Siendo la norma antigua una extensión de la correlación o el interez de la legislatura anterior, por lo que la nueva, considera dicha norma como obsoleta o inconveniente a su interés actual, por lo cual es necesario cambiarla. El partido que considere que la ley anterior le es mas favorable, utilizará todos los medios a su alcance para hacerla valer frente a los nuevos intereses, por lo que desde un punto de vista político, tendremos una ultra – actividad de la ley.

La segunda forma de ultra actividad política, es cuando se inviste a los funcionarios de segundo grado. Cada legislatura debe  elegir a los funcionarios que conforman el Ministerio Público, la Corte de Cuentas de la República y realizar cambios parciales en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Nacional de la Judicatura. Las elecciones se hacen según la conveniencia o lealtad de los individuos a un partido político y no, atendiendo a los meritos y capacidades de los candidatos.

El funcionario público de elección de segundo grado,  normalmente cumple  con sus funciones constitucionales, pero cuando están  en juego los intereses de partido,  sigue siempre la tendencia de aquel partido a que debe su nombramiento. Esta lealtad o expresión política, es evidente cuando el partido, cuyos intereses defiende, ya ha perdido peso político, pero utiliza a dicho funcionario con la finalidad de retomar protagonismo o el peso político que ya no tiene. Este proceder refleja una ultra – actividad legislativa, que para fines prácticos, por el sistema de pesos y contrapesos, se convierte en una traba de dicho  sistema y no, una salvaguarda del mismo.

El fraccionamiento del poder, evita los dos grandes males o enfermedades que pueden asolar al sistema democrático: el autoritarismo y el totalitarismo. El fraccionamiento del poder, tiene fines de contrapeso, para evitar el abuso del poder, o sea del uso indebido de la “autoritas” con un fin deferente del bien común y el interés público. Sin embargo, en la práctica, en las luchas internas de poder y supervivencia partidaria, como es natural, emplearan los partidos políticos todos los medios posibles para sobrevivir, sin importar el colapso de las instituciones del Estado.

Este proceder es evidente  en las elecciones de los funcionarios cuyos períodos son superiores a los tres años, como en el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, cuyas actuaciones no son muy conocidas y debatidas públicamente, pero sí tienen un impacto notable en el funcionamiento del Órgano Judicial y, en el buen funcionamiento del Estado, pues únicamente de éste órgano, depende la satisfacción de la justicia. La Sala de lo Constitucional, es la que generalmente tiene un mayor protagonismo, por ser la contraloría del sistema constitucional y, la única que puede legalmente, dirimir conflictos entre órganos del Estado.

Veamos un poco más  acerca de la Sala de lo Constitucional actual: ésta obedece a una correlación de fuerzas nacidas del triunfo de la Presidencia de Mauricio Funes, con una marcada influencia de la UCA; sin embargo, su conformación no fue total, pues aún quedaba un Magistrado que sigue lineamientos ideológicos partidarios anteriores. En este caso concreto, no afirmo que el sistema el relevo de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia es malo o inconveniente, sino que, las influencias partidarias, tienen efectos más allá de sus mandatos soberanos, por medio de la distribución de cuotas de poder, acordadas en la Asamblea Legislativa, para asegurar un sistema de gobernabilidad por parte de las Cúpulas Partidarias.

Cuando las luchas partidarias se extienden  o generalizan por todos los medios posibles, y el funcionario público aplica su poder en la defensa del partido político que le eligió, aunque éste ya no tenga poder político real (el soberano ya no le da votos suficientes para que el sistema no le descarte). Esta situación crea posiciones de Gobierno de poder ficticio, lo cual al final, trasciende en la creación de dos posiciones antagónicas: la del ciudadano común (gobernado) y la del político en el Gobierno (gobernante).

La Partidocracia

El Art. 85 de La Constitución, fue el que obligó de hecho, a que el FMLN se desmovilizara y entregara sus armas, para ingresar por Decreto, a la vida partidaria nacional. Establece como principio pétreo (inamovible), la obligación de ser postulado por  un partido político y así, recibir los votos de una manera indirecta, pues la votación es por bandera, o sea por partido político. Y como es lógico, para un Estado en vida democrática, un partido político jamás puede estar sobre las armas.

Los efectos bienhechores de esta disposición constitucional, fueron opacados por un efecto no previsto: el favorecimiento de la partidocracia.

Al haberse mantenido con relativa estabilidad, la aceptación política por las diferentes tendencias ideológicas, acentuado esto por los efectos de la ley (Código Electoral) , en la forma de contabilizar los votos con el sistema de cocientes y residuos,  el cual en definitiva,  potencia a los partidos medianos,  limita a los mayoritarios y, castiga severamente a los de ínfima votación o minoritarios.

Veamos más detenidamente la evolución de este proceso. El Principio del fin de la democracia partidaria llegó con los Acuerdos de Paz de 1992.

Cuando el país pactó un nuevo Estado, basado en el anterior, incorporando lo pactado, según las estructuras jurídicas y políticas de la época, para causar el menor trauma posible en la institucionalidad del país. Por una parte, la Asamblea Legislativa hizo suyos los acuerdos tomados en lo relativo a los cambios constitucionales y, por otra parte, la guerrilla del FMLN ordenó la entrega de su armamento a los representantes de la ONU en El Salvador (ONUSAL) y disolvió sus cuadros militares para convertirlos en estructuras políticas. Producto de este pacto constitucional, se crearon dos leyes fundamentales: El FMLN como partido político y la Ley de Amnistía.

El Decreto que da vida política electoral al FMLN es reconocimiento de su fuerza beligerante, convertida o reconocida en fuerza política. A partir de ese Decreto, el FMLN asume un rol propio de partido y, sus intereses, son de partido político, los cuales se antepondrán a los intereses ideológicos revolucionarios y esta calidad es la que le permitió el triunfo de su candidato y ascenso al Poder Ejecutivo.

Dagoberto Gutiérrez en una entrevista  realizada por Carlos Molina Medrano, y publicada en la página  web del MPD el 7/julio/2011, se encuentra la siguiente aseveración, en referencia a la problemática nacional actual y, la posición de dicho movimiento político, frente a la crisis producida por la interpretación extensiva del Art. 85 de la Constitución. "El FMLN entiende que se ha lucrado de este orden; ahora son defensores de un orden establecido por Roberto D'aubuisson", lo cual confirma que el FMLN cambio radicalmente en cuanto a su manera de llegar al poder y, ahora defiende el sistema partidocrático al igual que todos los demás partidos políticos.

La estructura política partidaria posterior a los acuerdos de Paz, presenta la imposibilidad de una mayoría absoluta y, obliga al partido mayoritario a realiza alianzas estratégicas con los partidos minoritarios no afines al FMLN y,  que no obstante, se puede decir que pertenecen a la derecha, ni por sus estatutos, ni por ideología ni por sus acciones, pero sí, poseedores de una estructura política mínima, con una fuerte conexión originada en la dependencia de trabajo de sus integrantes o familiares en diferentes instituciones del Estado, entregadas a estos partidos.

Y lo cual les permitió un número casi constante de diputados, que sumados a los de ARENA o al EMLN en ciertos casos, podrían lograr los acuerdos en la Asamblea Legislativa. Siguiendo esta lógica, los partidos minoritarios y medianos, continúan girando conforme a la gravedad política; antes, en torno de ARENA y hoy, en torno del FMLN.

Por otra parte, existe el sistema  de cocientes y residuos, que favorece a los partidos medianos y castigan a los grandes tanto como a los minoritarios. Dando a los resultados finales, una conformación de fuerzas distinta a la intención que tuvo el voto popular o directo,  deformación que tiene tres consecuencias nocivas a la democracia: La imposibilidad de cumplir o tratar de cumplir las ofertas de campaña y lo segundo, la necesidad de pactar cuotas de poder para mantener la gobernabilidad y, también, la visión del bien común a aplicar mediante el voto por la ideología que posee el votante, queda descartada, por la imposibilidad de llevarla  acabo, debido a la deformación parlamentaria. Todo esto sólo da por resultado la frustración del ciudadano votante en sus aspiraciones políticas.

Por otra parte, el sistema permite las representaciones minoritarias, pero no las mínimas como lo permitía en su oportunidad, una circunscripción nacional, denominada Plancha Nacional y, la cual fue en su oportunidad declarada inconstitucional. Al momento de discutir si se mantenía el número de diputados por departamento (60) o se mantenían los 84, se consideró que era más conveniente a los partidos políticos, mantener un mayor número de diputados, por lo que se sostuvo  el número de 84 diputados.

En un primer momento, el FMLN sostuvo que eran suficientes para el funcionamiento legislativo 70 diputados como máximo, según lo expreso Gerson Martínez en su momento; sin embargo, al sopesar los beneficios de obtener mayor numero de diputados, se pronunciaron por mantener el numero de 84, siempre pensando en el interés de partido.

La técnica de fomentar partidos minoritarios por parte de la izquierda, fue en la época de la guerra, para tener siempre dos frentes: el militar y el político y, aplicar la teoría del Frente Unido. Pero para la derecha, ha sido un medio cómodo de tener siempre una mayoría legislativa, con un menor esfuerzo electoral, pues una parte de la campaña recae sobre estos minoritarios y luego sólo se pacta con ellos, en la Asamblea Legislativa.

Además, existe un temor o más bien, un mito de que si las los partidos PCN y PDC, al desaparecer, sus bases y estructuras medias, podrían engrosar las filas del FMLN o del CD, y ahora también de GANA. Lo cual crea un interés tanto de GANA como de ARENA en mantener a dichos partidos en la legislatura y por tanto  en su existencia partidaria.

Esta situación ha permitido una desnaturalización de los partidos menores, pues mantienen cautivos a sus votantes, no con una oferta electoral, sino más bien con ofertas laborales, que obtienen por medio de las Alcaldías que poseen y de las entidades de gobierno que les son asignadas por medio de las elecciones de segundo grado y lo cual es en realidad, una desnaturalización de la función democrática partidaria, pues el funcionario debe de ser electo según sus capacidades y no, por su filiación política y la lealtad a la cúpula partidaria. Y esto se convierten en   feudos de Gobierno.

Es interesante hacer notar que, sea cual fuere el resultado de la votación, obliga a los partidos mayoritarios a negociar con la minoría y hacer a un lado, los principios ideológicos por las necesidades de gobernabilidad.

Veamos casos extremos: el partido que obtuvo mayor número de votos (783,230) en la elección para diputados del 2009, posee un 22.69% del poder legislativo, mientras que el que obtuvo 0 votos, obtiene el 20.24%. Lo que obliga al primero a realizar alianzas con todos los demás partidos minoritarios,  que se benefician  de tal situación, hasta llegar al grado de que el PDC, con un poder de partido de un 5.95% ( 2 Diputados) posea una participación en la Junta Directiva de la Asamblea, al igual que el PCN con un 11.90% (10 diputados) y éste último haya mantenido por muchos años la presidencia de la Asamblea.

El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, establece que la relación o representación en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, será de acuerdo al entendimiento político logrado, previo a la instalación de la Asamblea, tomando como base, la existencia de las fracciones políticas y, no por los principios de representación democrática como manda la Constitución.

ARTÍCULO 11.- Integración de la Junta Directiva y período de funciones

La Junta Directiva estará integrada por una Presidencia, Vicepresidencias y Secretarías, de conformidad con el protocolo de entendimientos que acordarán los grupos parlamentarios, al inicio del respectivo período legislativo. Se conformará procurando la participación de todos los grupos parlamentarios, con base en los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

En el protocolo, podrán regularse las precedencias de las Vicepresidencias y Secretarías. Los integrantes podrán durar en su cargo todo el período legislativo.

El artículo arriba expuesto, sienta como principio legal, el entendimiento entre las diferentes fracciones políticas al inicio de la respectiva legislatura, y le da poder legal a la fracción política por sobre la independencia que posee cada uno de los diputados electos.

Es interesante recordar, que frente a la actual estructura legislativa, se alegó que no se respetó el protocolo de entendimiento creado al inicio de la legislatura, y el cual tendría validez hasta el final de la misma. La conformación de la nueva bancada de legislativa del Partido GANA, altero dicha conformación originaria. Lo que nos hace pensar no sólo en la conveniencia o no de dicho protocolo, sino de la posible inconstitucionalidad del Art. 11del Reglamento Interno de la Asamblea.

Esta incongruencia de la intención soberana con la organización en la Asamblea Legislativa, fomenta el intercambio de cargos o el establecimiento de feudos de entidades de gobierno, e incluso, la alteración de los acuerdos post electorales, por nuevas conformaciones de poder legislativo no electo, como es el caso de GANA.

Una reflexión al margen sobre este caso, es el alcance de la tránsfuga partidaria: un diputado puede declararse independiente, cambiar de bancada o fundar un nuevo partido político, pero no puede hacer prevalecer una fracción creada “ex – urna”, pues la Asamblea Legislativa es la expresión soberana “in- urna”, pues de hecho implica una manipulación de la voluntad soberana y crea una deformación política contraria al espíritu democrático.

Por lo anterior, podemos concluir que los partidos pequeños, son los mas interesados en mantener este estado de cosas, pues les da un poder que no han recibido del pueblo, sino de las condiciones, primero propias de la necesidad de gobernabilidad y  luego del acomodo a la realidad política sin atención a su ideología.

Tabla de votación y poderes partidarios, al inicio de la Asamblea Legislativa, en su recomposición, el poder soberano y el poder parlamentario. Nota: Se han usado los consolidados del TSE del año 2009

1.     Partidos	2.     Votos	3. % votos	4.  Diputados	5. Recomposición	6. Voto soberano	7.Poder partidario
FMLN	783,230	39.20%	35	35	46.67%	41.67%
ARENA	785,072	39.30%	32	19	46.79%	22.62%
PCN	228,196	11.40%	11	10	13.57%	11.90%
PDC	138538	6.9%	5	2	8.21%	5.95%
CD	61,022	3.10%	1	1	3.69	1.19%
GANA	0	0%	0	17	0%	20.24%

1- Partidos

2- Votos en elección 2009

3-Porcentaje de la votación

4-Número de Diputados en la conformación original de la Asamblea Legislativa

5-Número de Diputados luego de la recomposición

6-Poder legislativo Soberano

7-Poder legislativo partidario.            .

En  el cuadro anterior, podemos apreciar perfectamente que los grandes perdedores de las elecciones para Diputados de el trienio 2009 – 2012 fueron el partido ARENA, que obtuvo la votación más alta y, el CD, que obtuvo un solo diputado, con poco más de sesenta y un mil  votos, el doble de lo necesario para un diputado obtenido por cociente.

El gran ganador ha sido  el Partido GANA, quien sin haber ido a elecciones, cuenta con diecisiete Diputados.

La tendencia favorable a los partidos medianos, ha causado tres efectos graves en la población votante: la apatía por la cosa política y el fomento de la corrupción dentro del seno de la Asamblea Legislativa. Por último, ha creado una ultra actividad del poder legislativo, así como una extensión de las luchas electorales a períodos posteriores al mismo causando con estos efectos, el entrampamiento del sistema democrático, por el uso indebido de los poderes políticos.

La Tránsfuga  Partidaria

La tránsfuga partidaria es un efecto de la lucha partidocrática, pero que merece un apartado,  por su efecto de la deformación de la voluntad soberana y los efectos directos en el votante, como ya lo acotamos anteriormente.

Además, ya se está hablando de la  posible promulgación de la Ley de Partidos Políticos, con la finalidad de evitar el efecto de tránsfuga. Una reglamentación en este sentido, según opiniones escuchadas, tiene por objeto  ampliar la potestad del partido político para que sus  funcionarios electos, continúen sujetos a la disciplina partidaria, por lo que  haría en realidad, es encadenar a los Consejos Municipales y a los Diputados a los partidos políticos, lo cual de hecho, daría mayor poder a las Cúpulas Partidarias que por consecuencia poseerían mayor poder, pero justificado por el Derecho.

En la actualidad, el poder  partidario es “de hecho”, luego de las elecciones y, la sujeción al partido del funcionario es ideológica; sin embargo, la disciplina de partido obliga a la total sujeción  a la cúpula partidaria. Esta sujeción por ideología y disciplina, es normal en la vida democrática y permite la unidad de Gobierno; sin embargo, al transformarlo en Derecho, coarta la libertad de elección ideológica y, en nuestro medio, en que la ideología ha sido desechada para sustentar posiciones de conveniencia, sería muy grave para la vida democrática. No olvidemos que el eje de la democracia y el sistema de partido es la ideología, según nuestra constitución y la doctrina política que la sustenta.

Los partidos políticos pretenden tener un mayor control sobre los funcionarios propuestos por ellos, pues la tránsfuga partidaria les afecta, volviendo la lealtad ideológica un artículo de comercio.

Ahora bien, para lograr mantener el difícil equilibrio entre las libertades políticas y la lealtad partidaria, evitando la tránsfuga, tenemos dos medios: el fomento de las candidaturas independientes y la posibilidad de revocatoria del mandato legislativo. 

No hay que olvidar  que la Constitución es clara, en cuanto a los diputados: una vez electos, representan al pueblo todo, sin ninguna atadura,  por lo que cualquier limitación en este sentido, es claramente inconstitucional. Sin embargo, no es contraria a la Constitución, la revocatoria de mandato por parte del mandante, pues es un principio lógico de derecho y común, en el derecho político.

Este mecanismo de revocatoria del mandato político a los diputados, podría funcionar perfectamente, mediante la petición de los miembros de su partido (por medio de las cúpulas, o de las bases del partido, legalmente registradas dentro del mismo al momento de la elección), para que proceda a darse el referéndum para  este funcionario, dentro de su Departamento, a costa de la Deuda Política del Partido. Esto aseguraría en términos generales la lealtad del funcionario a su ideología, más que a su partido, sin que se afecte la legitimidad del mismo.

La legislación actual no permite un reclamo de este tipo, y los únicos recursos posibles son la denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental o mediante un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional por la constitución de fracción legislativa sin mandato soberano directo, sino sólo  por recomposición partidaria dentro de la Asamblea Legislativa.

Ya se planteó, en enero de dos mil diez, una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental, contra los diputados disidentes  en ese momento, del partido ARENA, con un resultado negativo, pues era de esperar tal resolución pues hubiese implicado una confrontación entre la ética y la política,  por lo que era de esperar una inadmisibilidad en la demanda por falta de pruebas en la intención del funcionario, además de ser considerada legal la actuación de los diputados disidentes.

No hay que dejar de considerar la tránsfuga de los Consejos Municipales, pues aunque no tiene mayor relevancia en cuanto al ejercicio de la voluntad soberana, si la tiene en el juego electoral, pues por lo general, son los candidatos a Consejos Municipales los que soportan la verdadera lucha partidaria, pues son los municipios los que arman el aparato electoral, y sobre sus hombros recae la conformación de las mesas electorales y los vigilantes de urnas.

No incluyo en esta idea de revocatoria, a los Consejos Municipales, pues éstos en realidad, son meros administradores de  la gestión municipal; la cual en sí es eminentemente práctica y no ideológica; o más bien el componente ideológico es mínimo, a diferencia del quehacer legislativo, cuyo componente ideológico es prioritario. Bastaría pues con que los Consejos Municipales fuesen pluralistas, para evitar ese inconveniente.

El pluralismo municipal ya ha sido aceptado por las cúpulas partidarias,  faltando sólo el momento oportuno para transformarlos en hechos. La aceptación de esta idea, es que el quehacer municipal, no trasciende más allá del municipio y, los intereses de partido, no  van más allá del sostenimiento de sus estructuras municipales y, su interés, es el de que el trabajo municipal electoral sea el sustento de la votación de sus diputados.

Un Consejo Municipal pluralista, disminuiría los costos electorales, pues con una campaña mínima, se podría acceder al Consejo y desde allí, ejercer una contraloría. Por último, el Código Municipal, permite la remoción de un Alcalde por parte del Consejo Municipal.

Veamos un caso: con la desaparición del PCN, el partido GANA ofrece a los consejos Municipales  de ese instituto político, la posibilidad de competir para las elecciones del 2012, que de otro modo, les seria imposible. Esto se hace con la clara mira de lograr para las diputaciones, los votos que apoyan a dicha municipalidad. Y aun en el caso de que les sea adversa la votación, siempre habrán conseguido los votos, los cuales en el peor de los casos les asegura por lo menos una diputación por residuo.

Conclusión:

La tránsfuga de funcionarios electos popularmente, traiciona y distorsiona el sistema político representativo, haciendo más atractivo a primera vista, el sistema de democracia participativa, el cual, puesto en practica, deja en manos de la masa manipulable por el populismo, las grandes decisiones políticas, excluyendo a aquellos que siendo ciudadanos, ya sea por edad, desconocimiento, apatía o cualquiera otra causa, huyen de la discusión pública y se limitan a comentarios privados, pero que no se auto limitan al momento de emitir su voto.

LOS JÓVENES TOMANDO LA INICIATIVA CIUDADAN

Con sorpresa para algunos y desagrado para otros, hemos visto a jóvenes mostrar un repentino interés por las cuestiones políticas de nuestro país.  Lo notable es que estos  jóvenes hacen  un movimiento propio, sin filiación partidaria que los guíe;  son jóvenes que  no vieron la época del conflicto armado, o que eran tan pequeños que no podían entender todavía las causas del conflicto político. Sus reclamos no son para beneficios particulares, por el contrario, piden el pleno respeto de la Constitución.

Este hecho nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucede en nuestro país?.  Estamos advirtiendo un cambio de conciencia ante la insatisfacción de las necesidades o expectativas creadas por los gobiernos. Esta transformación juvenil,  es mundial y, está siendo promovida por los jóvenes en sus respectivos países utilizando las redes sociales, reclamando por las insatisfacciones en su medio; que se manifiestan  de muchas maneras, según sean las peculiaridades de sus entornos. Veamos el siguiente párrafo extraído de un comentario publicado por el “Colectivo Jóvenes Indignados”, el cual ha sido replicado en diferentes medios electrónicos:

“Las urnas, ese espacio de "libertad" y "democracia". Donde todos nuestros anhelos son depositados sin tapujos; donde nuestros sueños se explicitan y se hacen carne a través de nuestros representantes. Esa es la idílica realidad que se nos dibuja día tras día. Pero hete aquí que tras varias décadas de "expresión popular", nuestros sueños y esperanzas no sólo no se han cumplido, sino que hemos comprobado la llegada de nuevos temores y pesadillas. Así las cosas, muchos nos hemos ido dando cuenta de que quizás, sólo quizás, los intereses de los explotados no tengan demasiada cabida en las urnas, y por ende tampoco en su democrático parlamento. Un parlamento que, no podía ser de otra forma teniendo en cuenta las condiciones de partida, sólo puede ser suyo, y no nuestro. Y sólo puede ser así porque sólo quienes explotan el trabajo ajeno disponen de los medios suficientes para hacer valer sus intereses en el mismo. En una sociedad dividida en clases, los intereses e ideas dominantes son, y sólo pueden ser, la expresión de la clase dominante”

Esta nueva conciencia se está manifestando en España, Portugal, Egipto, Siria, Libia y la apreciamos ahora en El Salvador. No importa cómo sea su expresión, ésta  dependerá de la resistencia que les opongan quienes  detentan el poder y de la idiosincrasia propia de cada uno de los diferentes países.

La clase política acostumbrada a manejar con Marketing la política y la cosa pública, es decir, como se haría con un producto comercial, ha cansado a la juventud, pues este proceder es  lo único que conocen.

Hoy  se dejan guiar por el impulso de libertad humana y, la necesidad que sienten de adquirir todo aquello que la técnica del mundo moderno ofrece: bienestar económico y progreso individual, en un marco de estabilidad política.

Las estructuras tradicionales o más bien, los gobernantes tradicionales, en su afán de no perder su poder político, sacrifican, en última instancia, los intereses nacionales, en beneficio de los propios y, que  lo que ellos califican de  “interés público”. El  cual no es el mismo  que tiene la población, que constituye  el soberano. Ahora los jóvenes, en su ímpetu natural, hacen valer su condición de soberanos y reclaman sus derechos,  por ser ofrecimiento  que les hacen los políticos, y la educación recibida.

No hay diferencia en las aspiraciones entre un joven español,  un libio o un salvadoreño: todos  quieren que se cumpla lo que se les ha prometido. Y en caso de que no conseguirlo, tratan ellos mismos  de construir su realidad nacional.

Los políticos salvadoreños, lo mismo que los españoles y los libios etc. no han entendido esos cambios en el pensamiento  juvenil. Todo político que quiera ignorar  esta forma de pensar corre el riesgo de ser derribado por la marea creciente de reclamo de la juventud, pues al reclamo de las nuevas van sumándose las generaciones precedentes.

Lo interesante es que el movimiento de jóvenes esta por sobre las ideologías: sólo cuentan necesidades insatisfechas a la luz de lo que ellos consideran ético.

La falta de reflexión  sobre estas nuevas realidades mundiales, reflejadas en el contexto nacional, puede llevarnos a cambios bruscos y de consecuencias insospechadas.

¿IMPUESTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA?

Con horror se lee en las noticias de que en un fin de semana, se cometen treinta y dos homicidios y que el Presidente Mauricio Funes, anuncia la necesidad de imponer un nuevo impuesto para poder mantener la seguridad pública.

Ante estas noticias, la reacción inmediata del ciudadano común y bien intencionado, es pensar que ya es necesario imponer la pena de muerte en nuestro país, para poder contener con esta medida la ola de violencia que nos aflige. Esta idea, que comparto, tiene en verdad, grandes inconvenientes: políticos, legales y prácticos.

En primer lugar, ningún político querría proponerla o hacer la moción, pues implicaría para él una confrontación que no le traería votos directos y que sí, sería repudiada y mal vista por todas las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

La segunda, sería que aunque se cambiase la ley, sería inaplicable sino se modifican primeramente, algunos preceptos constitucionales y después, denunciar algunas partes de los Tratados Internacionales en los cuales nos hemos comprometido a excluir de nuestra legislación tal pena. Por último, tendríamos que para que pudiese ser aplicada, sería necesario que el sistema judicial e investigativo funcionasen a plenitud. Y todo sin contar con las presiones  internacionales para substituir tal pena, por una medida perpetua.

Sin embargo, es necesario, es imperativo, que esta situación de delincuencia se debata públicamente, pues ya se ha demostrado que el Estado ha agotado sus capacidades para combatirla, lo cual queda demostrado con 24,631 reos (que hay que alojar, alimentar y guardar a costa del Estado) y, hacinados en las bartolinas de la PNC 600 reos que no pueden ser trasladados por falta de recursos o que no pueden ser recibidos en las cárceles por falta de espacio y, 23,000 ordenes de captura sin cumplir, y 12,000 reos con penas distintas a las de privación de libertad, con la mayor parte del ejercito y la policía en la calle y, no obstante la delincuencia en general y los asesinatos en particular, van a la alza.

Y parecería que las personas particulares y los medios de comunicación tienen más conocimientos de la peligrosa situación, que las instituciones destinadas a mantener la paz y seguridad social.

Lo más relevante en que en ciertos momentos, se condicione a conveniencia de imagen pública revelar a la población los hechos delincuenciales de trascendencia como el intento de robo de 1,870 granadas. Cuando Inteligencia Militar, ya tenia conocimiento de la existencia de dicha banda, pero lo que no se dice es ¿ cuantos actos delincuenciales más fueron investigados o reportados para iniciar una investigación de ese tipo?

Pudiera parecer que existe una intención manifiesta de ocultamiento de hechos o de actuación por parte de nuestras autoridades. Y sobre todo, cuando hay contradicción entre el Presidente Funes y su Ministro de Defensa junto con el Director de la Policía Nacional Civil. Se advierte que se maneja la información a conveniencia política

El debate sobre la criminalidad sólo lo están realizando los activistas de izquierda, quienes justifican la delincuencia por la por la desigualdad social. Ellos piensan acordes con las declaraciones Mons. Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, Guatemala quien refiriéndose a la situación delincuencial en aquel país y, cuyas declaraciones fueron difundidas por un medio electrónico nacional. Refiriéndose a las causas de la delincuencia en su país, el cual tiene el mismo problema nuestro dijo: “la riqueza está en manos de unas pocas familias, las multinacionales mineras devastan el territorio sin aportar ningún beneficio, el latifundio produce para la exportación esclavizando la mano de obra local, especialmente indígena. En esta situación, muchos intentan emigrar a EEUU, corriendo el riesgo de secuestro, violencia, extorsión o deportación”

Ahora bien, FUSADES, también ha estudiado el caso, desde un punto de vista económico y del sector justicia. Concluyendo en la urgente necesidad de detener la delincuencia y dar mayor seguridad al inversor. El sector justicia debe de modernizarse y ser mas eficiente, tanto en materia penal como en otras jurisdicciones, pues la apreciación publica es que éstas han fracasado y tienen sólo tienen un nivel mínimo de confianza.

Por último, el actual Gobierno, al igual que  el anterior, sólo solicita recursos y más recursos, los cuales en resumidas cuentas, no dan resultado efectivo alguno, sólo causar alarma a quienes pagan impuestos, pues de hecho, un impuesto para  este fin, debe de tomarse como un costo mas, sin ningún beneficio alguno, y puede resultar tan lesivo como lo puede ser la “renta” que paga la mayoría de los ciudadanos para poder habitar en sus viviendas o poder laborar. Según informes internacionales, ahora se consume el 11% del PIB en seguridad y, ¿hasta cuanto tendrá que subir ese costo?

En verdad, el fondo del problema es ¿por que no puede todo el aparato estatal disminuir la delincuencia? La respuesta sencilla al parecer tiene grandes  implicaciones: una es la concepción  y relación jurídica política de persona y Estado. Y la estructura jurídica derivada de esta concepción  hace imposible en la práctica que el delincuente sea investigado, enjuiciado y castigado. Por otra parte, las estructuras delincuenciales han superado la capacidad del Estado, pues generan mas dinero que cualquier empresa legal y, además controlan el territorio para poder realizar sus operaciones.

Es el caso que esta concepción ya aludida, tiene como base tres premisas:

1)      La responsabilidad del Estado para el individuo, por la cual el hecho que si una persona no tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades, obliga al Estado a buscar la manera de satisfacérselas, sin consideración de si el Estado tiene o no capacidad para ello.

2)       En el presupuesto de que el Estado es omnipresente y es omnipoderoso frente al  particular, quien indefenso ante tal poder, debe ser dotado de los mecanismos de protección eficaz contra los abusos de el Estado o de cualquier individuo (natural o jurídica) que posea poder superior al de él.

3)      Por último, si la persona delinque, no es por su responsabilidad o mala índole, sino por que ha recibido de parte de parte de la sociedad alguna injusticia o el Estado ha incumplido sus obligaciones de asistencia y en consecuencia el Estado esta obligado a proporcionarle los medios necesarios de su reeducación, de su manutención y bienestar, y todo según los estándares de vida humana internacionalmente aceptados y a criterio de observadores internacionales.

4)      Toda organización delictiva esta en posición desventajosa frente al poder omnímodo del Estado, y puede ser desarticulada por los medios propios de la seguridad pública.

5)      Las organizaciones delincuenciales tienen una circunscripción estrictamente nacional.

6)      Todo ciudadano gustosamente colaborará sin temor alguno en la persecución del delito, denunciándolo o impidiéndolo por su responsabilidad ciudadana.

Mientras no aceptemos que tales premisas son inaplicables o irrealizables en nuestro país, por causa de nuestra realidad económica, social y cultura, será imposible poder presentar una solución viable para tan agobiante problema. Y esta vez no es la ideología la que puede mostrarnos  el camino, sino la cruda realidad.

Se extiende una inmensa área desde México hasta Colombia, pasando por las Islas del Caribe en la cual  deben coexistir personas honradas con delincuentes; empresarios legítimos con carteles de la droga, pequeños proveedores de bienes y servicios junto con rentistas o extorsionadores que les consumen su sustento diario a cambio de no asesinarlos.

Esta coexistencia, de estas dos sociedades, una honrada y otra delincuente, es tan real, que obligó a crear un plan de seguridad regional, el cual esta plasmado se en el Plan Mérida, ratificado por el Congreso de Estados Unidos en 2008, para el combate regional de al delincuencia. Y la última cumbre regional sobre Seguridad Pública, ha vuelto a hacer hincapié en este hecho, pero estableciéndose ya, líneas de acciones concretas, pero todas sin variar los dogmas ya establecidos y explicados.

En realidad  no se tocaron los puntos medulares:

-          El crimen organizado, es producto de de la demanda en los Estados Unidos y Europa. Y no hay intenciones de declarar ilegal el consumo de drogas en esos países.

-          Las armas utilizadas por la delincuencia son, en su gran mayoría proporcionados por las industrias de esos países.

-          No se reconoce el control territorial ejercido por los carteles de la droga y las pandillas en el área. Control que les asegura la libertad de tráfico de drogas, armas y personas.

Pero lo que si se trató, fue la necesidad que los países Centroamericanos y del Caribe si combatan a la delincuencia en su Estados, pero costeando dicho combate en sus estados y en una  proporción de uno a tres, o sea por paca dólar puesto por Estados Unidos, los países del área deben de poner tres.

Dada la magnitud del problema en términos económicos y de costos derivados, es imposible  poder cumplir,  a no ser que se agoten  las economías del área. Basta con observar los reportajes periodísticos transmitidos por CNN, la BBC o en los canales History, Nat Geo o el Discovery para poder apreciar que cada semi sumergible colombiano tiene una capacidad de transporte de hasta cuatro toneladas de cocaína, con un valor en Estados Unidos de $ 150, 000,000.00 por tonelada y son muchos los barcos de este tipo, que pasan por nuestras costas, sin contar además con las lanchas tiburoneras modificadas para travesías en alta mar u otros medios aéreos. Aparte la labor de hormigas que transporta por vía terrestre.

Solo para una mejor comprensión: todo lo que el Presidente Funes pretende recolectar en cinco años como impuesto de seguridad, equivale a dos toneladas de cocaína a precio de mercado en los Estados Unidos. El área centroamericana no puede sobrellevar esa carga con los parámetros actualmente vigentes.

  

Todas las encuestas realizadas por lo medios de comunicación, revelan una mayor preocupación por la delincuencia que por  los gravísimos problemas económicos. En el Foro Centroamericano de Periodismo 2011, realizado recientemente en nuestro país, el tema central fue la delincuencia e inseguridad en el área.

Esta realidad, muestra la desventaja en que se encuentran los Estados políticos: no son los soberanos omnipoderosos a que aduce la doctrina; la delincuencia los ha sometido por su poder supranacional y regional mientras que los Estados tienen un poder limitado a sus territorios y no disponen de los recursos financieros que posee el crimen organizado. Los escasos recursos que podrían ser invertidos  en el bienestar de sus ciudadanos, se ven obligados a emplearlos en sostener un excesivo aparato de justicia y seguridad pública y, en procurar el bienestar general y reeducación de los delincuentes. Por lo que concluimos que los Estados están sometidos a la delincuencia y que ninguna política empleada hasta ahora ha dado el resultado de bienestar apetecido

Esta realidad es insostenible para cualquier Estado y, digo Estado en el sentido muy amplio, el de todos los ciudadanos que lo conformamos.

Esta conclusión nos  induce a formularnos la pregunta: ¿Por qué no se hacen cargo de este problema los países que consumen la droga? Ningún Estado flagelado por el trafico y consumo de droga puede hacer más que lo que los otros Estados permitan, sin que haya un atropello de la soberanía,  pues cada Estado es soberano en si mismo. Pero la delincuencia afecta a todos por igual, pues si se utiliza una región como paso de drogas, armas y personas, ésta utilización del territorio produce contaminación delincuencial y emigración hacia otros países para escapar a su violencia. El país consumidor de droga tiene otros problemas generados por la droga, que nosotros, los países de tránsito tenemos minimizados.

Debemos  ver que los muertos no son personas comunes que se matan por gusto o para solucionan sus diferencias por esa vía, lo que vemos diariamente son dos cosas: el resultado de la solución de conflictos entre los miembros de esta sociedad de crimen organizado y la coercibilidad aplicada a los particulares que se niegan a obedecerles.

Empleo el termino “COERCIBILIDAD” en un sentido pleno, jurídico, en el que el poder que ejerce el Estado fallido delincuencial sobre el ciudadano común, que obedece al Estado legalmente constituido. Y por eso es que debemos cambar nuestra mentalidad, y así poder enfrentar esos problemas, desde una óptica realista y, atendiendo a que está en juego la existencia del Estado y por consecuencia la vida de los ciudadanos honrados.

En resumen, débese comenzar  por algo: un cambio de actitud en cuanto a la apreciación de  la realidad.

El inicio de este debate debe ser el análisis mismo de la pena de muerte, por sus consecuencias y dificultades, o por cualquier otro punto controversial sobre este tema, pues a la larga, todos temas en su solución terminaran por debatir los criterios que tiene el Estado sobre la persona humana y las obligaciones de éste para con ella.

Este debería ser tema de debate nacional, por que ha superado las capacidades del Gobierno para poder resolverlo, y este último lo único que ha propuesto, es un impuesto especial para el combate de la criminalidad, sobre el entendido de que lo que se esta haciendo ahora, es correcto y da excelentes resultados, cuando en realidad no ha habido solución alguna.

El Departamento de Estado por medio de sus representantes para la región afirman sobre la responsabilidad del empresariado en el aporte a la financiación de planes de seguridad. Es verdad que es obligación de todo ciudadano o persona jurídica colaborar con la seguridad dentro del Estado en que se encuentre, pero, todo costo, en este sentido tiene  que rendir un fruto directo, el cual tiene que ser positivo para el Estado, de lo contrario se estaría ante una expoliación del Estado para el particular, lo cual tendría consecuencias nefastas para la región, pues si se agudiza la crisis económica, hay un mayor número de personas que por subsistir, recibirían el dinero del crimen organizado para servirles.

Finalizo esta reflexión, pegando a continuación un comentario hecho en una red social:

“Les informo a todos mis amigos y clientes que el esta semana procederé a cerrar el restaurante ……………………………… por que no estoy dispuesto apagar las extorciones y no voy a poner en peligro de muerte a mis empleados, a mis clientes o a mi socio”.

Las muestras de apoyo fueron muchas y, ninguna denotaban nada bueno para los extorsionadores, pues se le ofrecía gasolina para quemarlos, fósforos para iniciar el fuego, y habían quienes añoraban la época del conflicto armado para poder ajusticiarlos sin riesgo de ir a la cárcel por el hecho de cometer un homicidio y no un acto de legitima defensa.

El crimen organizado tiene dos vertientes de un mismo cuerpo: el de las maras que cobran extorción por el uso del territorio, pues de hecho lo ven como tal y así lo reclaman y el narcotráfico, que utiliza a los primeros como medio de transporte o logística, armándolos, financiándolos y sobre todo actuando conjuntamente para la penetración  y destrucción de nuestro sistema democrático, mediante actos de corrupción.

El crimen organizado necesita el control de territorio nacional para el paso de la droga y para el control de la población. Estas acciones no son controlables ya por medio de la seguridad pública, sino que son atribuciones de la seguridad del Estado, pues se está tratando de controlar dos de sus elementos.

No va a ser sacando mas efectivos militares a la calle, con  que la situación delincuencial va a poder ser frenada. Y más impuestos en ese sentido serían completamente inútiles pues jamás se lograra igualar las cantidades de dinero que se invierten en el tráfico de ilícitos en nuestro país o del control que ejercen las maras sobre nuestro territorio nacional, pues su alcance es supranacional.

Ya que se ha iniciado del debate sobre un nuevo impuesto, también debe de darse el debate sobre los aspectos ideológicos y éticos sobre el combate a la criminalidad, pues de persistir en el modelo actual, ninguna de las instituciones podrá cumplir convenientemente su papel en la seguridad pública.

ENJUICIAMIENTO AL EJÉRCITO SALVADOREÑO

Procesos contra militares salvadoreños por acciones de guerra

en defensa de la soberanía nacional

En el Juzgado de Instrucción Número 6 de la Real Audiencia de Madrid, se encuentra el Auto 91/10 (DP 391/08) y, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso bajo el N° 10.720. Este último, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  la demanda al Estado de El Salvador  hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso por  las Masacres de El Mozote y lugares aledaños en  la República de El Salvador.

Se está llevando a cabo un juicio migratorio contra el ex ministro de Defensa General Eugenio Vides Casanova, en Orlando, Florida, Estados Unidos, para ser extraditado por no tener derecho a beneficios de residencia en dicho país, por causa de violación de derechos  humanos, habiendo sido condenado en el 2002 a pagar 54.6 millones de dólares de indemnización a las victimas por casos de tortura.

La  primera demanda discutida públicamente, la segunda con muy poca publicidad, y la tercera se toma como un caso de muy poca relevancia y de importancia netamente particular.

Sin embargo, estas tres demandas tienen elementos comunes y son los siguientes:

1)    Se refieren a hechos ya juzgados en los tribunales salvadoreños.

2)    Están Amparados por la Ley de Amnistía General Para La Consolidación de la Paz.

3)    Se les hacen valoraciones que van mucho más allá de la típica descripción del tipo penal. Realizan valoraciones sobre la legitimidad de las partes en conflicto, estableciendo la legitimidad de los insurrectos y, la ilegitimidad de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES)

4)    Rechazan la capacidad del Estado Salvadoreño para  juzgar de estos actos y, se señala al Estado Salvadoreño, directa o indirectamente, como responsable de la no condena de oficiales y personal de tropa por las acciones de guerra ejecutadas.

5)    Se pide indirectamente en la primera y, de forma directa en la segunda, la derogatoria de la Ley de Amnistía

6)    Deliberadamente se ignora la participación de otros estados en el conflicto bélico. Y esta ignorancia es más notable en el juicio contra el General Eugenio Vides Casanova.

7)    Se pide reparación de daños civiles. Compensación económica a las victimas, que tiene que ser cancelados por el Estado de El Salvador.

Estas demandas, convenientemente  acalladas por el Gobierno  y, ensombrecidas por los graves acontecimientos actuales de la ingobernabilidad del país, han relegado el tema a un segundo plano. En la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tendrá que intervenir el Estado Salvadoreño, porque es el demandado y, luego de haber pedido el Presidente Funes perdón en Cuba y el General David Munguía Payes, perdón por las violaciones a los Derechos Humanos, es de esperarse que no se dé una verdadera defensa de los intereses nacionales.

Una ley de amnistía, es considerada modernamente por los juristas, como una ley de impunidad y, por lo tanto, no debe de darse y, en el caso de existir, debe  derogarse. Ese es el criterio de aquellos que buscan el enjuiciamiento de miembros de la Fuerza Armada por el pasado conflicto.

Sin embargo, la Ley de Amnistía no fue un acto unilateral del Gobierno del entonces, como lo han sido otras leyes  dadas con un propósito semejante, sino que son producto de un pacto que creó un nuevo Estado, con un orden constitucional también modificado y aceptado por las partes. No debe verse  la Ley de Amnistía, desde un punto de vista formal, sino exegético (desde su espíritu). Pues además del aval de las partes, fue producto de una gestión internacional, en los tres niveles posibles: de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, con relación a la pasificación del área, favorecidas por Estados Unidos, La Unión Soviética y México como país sede.

Por lo cual  una proposición de tal tipo, carece de sentido alguno, debido a  las peculiaridades antes dichas. Y ninguna de las organizaciones antes mencionadas, avalaría la medida pues,  lo que quedaría en entredicho, es su propia gestión y, pondría igualmente en entre dicho gestiones de paz futuras. Para las Naciones Unidas, el proceso de paz en El Salvador, fue un experimento, que dio los resultados esperados, caso contrario fue el proceso de paz en Ruanda, el cual se llevo paralelamente con el de nuestro país, y cuyos resultados fueron nefastos.

La izquierda jamás perdona a quienes se le han opuesto y, como lo dicen los textos escritos por los guerrilleros veteranos del conflicto armado en nuestro país, el Ejercito fue el principal obstáculo para la obtención del poder en El Salvador.

La responsabilidad de los actos de guerra, también son de la antigua guerrilla, y si bien ya no existe como entidad armada, sus dirigentes ostentan altos cargos en el Gobierno actual, sin que nadie este pensando en someterlos a juicio por sus actos de guerra. Sin  embargo podría cuestionárseles no sólo por sus acciones o muertes atribuidas a cada uno de ellos, sino a la estrategia que emplearon durante la guerra misma: la utilización de toda persona que se encontraba en los territorios controlados por ellos, fue un combatiente, sin atención a su edad, sexo o condición física, exponiendo innecesariamente a su personal a las consecuencias de la guerra. Esto seria abrir el debate a la luz del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos de la estrategia de la Guerra Popular Prolongada.  Hago esta afirmación en base a la responsabilidad del mando, el cual hace plenamente responsable de todo acto de acción o de omisión al comandante o jefe de operaciones.