Por Sentencia de la
Sala de lo Constitucional y, en aplicación de la misma, por el Tribunal Supremo
Electoral y la Asamblea Legislativa, las elecciones internas de los partidos
políticos, han dejado de ser cuestión de Derecho Privado, volviéndose de
Derecho Público: deben regirse bajo los mismos principios de elección de la
representación directa, por lo que la
elección del funcionario público, comienza en cada partido político, en su
elección interna.
En la práctica actual,
se condiciona la participación electoral interna, al apoyo y lealtad hacia las
cúpulas partidarias, aunque el sistema esté orientado a que, de la aceptación popular interna, se defina,
para un período determinado, las candidaturas de los futuros funcionarios
públicos, que representarán al partido y a su electorado. Pero la nueva realidad jurídica, el alto
costo de las campañas electorales y, el rechazo a la clase política - por causa de la generalizada corrupción - obligan a un cambio
en la estrategia y, en las figuras tradicionales de mando en las cúpulas
partidarias.
La lucha interna por
las precandidaturas, denota un quiebre en el sistema democrático. Este
fenómeno, público en ARENA, pero oculto en el FMLN, tendrá repercusiones serias
para ambos partidos políticos y, puede modificar la política futura, creando
nuevas fuerzas y una radicalización de la política actual.
El desprestigio de la
clase política, debido al sistema de corrupción creado en torno a sus
estructuras de poder y, el ejercicio de éste, en relación a los fondos
públicos, ha divorciado los intereses de las fuerzas vivas del país, de las
estructuras de poder político, generando dos fenómenos: el abstencionismo
generalizado y, la división de intereses entre quienes ven en la política, su
fuente personal de ingresos y de quienes ven, en la misma, el medio para influir
en el bienestar general y en la prosperidad consecuente, dentro del sistema de libertades.
La sociedad percibe los
acuerdos de gobernabilidad, como traición a los intereses ideológicos y como
manifestación pública de los acuerdos de corrupción, que se hacen bajo la mesa.
Esta percepción, aleja al ciudadano común de las estructuras de poder
partidario local y, excluye de las grandes decisiones del partido, a quienes
participan de la vida partidaria, lo cual consolida el poder de pequeños feudos
que ofrecen los votos de sus allegados, a cambio de beneficios partidarios,
yendo dicho proceso, en escala hasta las
cúpulas.
Si los partidos
políticos no rompen el esquema actual, dando apertura a nuevas candidaturas, se
formarán nuevas fuerzas políticas, debilitando el sistema, pues habrá un nuevo radicalismo de izquierda y un
fraccionamiento de la derecha.
La corrupción y los
ataques mutuos, debilitan al sistema: la izquierda acuso de corrupción a ARENA
y dicha acusación, se ha revertido. Se dio la Ley de Partidos Políticos y no sólo no se cumple, sino que es invocada contra ellos, por
sus mismos partidarios – hay ocho demandas contra el FMLN en el TSE. El negar a alguien la candidatura interna y, más aún, si es violando
el debido proceso interno, se le vuelve un
mártir que capitaliza la simpatía de todos los descontentos con la dirigencia,
dándole una fuerza de coyuntura y no, de realidad política.
El Salvador necesita
estabilidad política y no, agitación innecesaria; es bastante con los desatinos
del FMLN, apoyando corruptos y narcoterroristas, con la inmunidad del
funcionario público y amenaza de un default ficticio, para incrementar la
corrupción. Y también con que ARENA
junto al FMLN, sumen más inestabilidad, mediante estériles luchas internas, que defienden
intereses particulares de los funcionarios actuales, que pretenden ser
reelectos.
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