DERECHO, SALUD, IMPUESTOS

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

En El Salvador, actualmente, tenemos dos creencias: 1) a menos Derechos o garantías constitucionales se gocen, mayor protección habrá contra la pandemia; 2) el bienestar individual, depende del asistencialismo y la dirección directa del Estado; todo en razón directa, con el mayor endeudamiento público.

Estas visiones de la realidad, sumamente equivocadas, son resultado del miedo que el Gobierno ha inoculado y que, finalmente, ha generado la lucha entre órganos del Estado, por la supervivencia del sistema, cuyo fundamentado son las libertades individuales; lucha que pone en riesgo, la estabilidad nacional.

Estimulados por el Gobierno y, a cambio de una pretendida popularidad, los Alcaldes y sus Concejos Municipales, han solicitado restricciones a las garantías constitucionales, creando conflictos con sus bancadas legislativas y, exigiendo fondos, para sostener sus planes de gastos, que no pueden sufragar con sus ingresos. Esta forma de lucha política, instigada por el Ejecutivo, le permite a éste, un “relevo” en sus acciones: ya no es él, quien exige a la Asamblea Legislativa, el cierre del país; lo exige hoy cada Alcalde, ignorando que, dentro de la Ley, hay formas que permiten legalmente, el combate a la pandemia.

Si no se hubiese suspendido el aparato productivo, por más de 85 días, hubiese bastado planificar un cierre de 15 días, para cortar la transmisión del virus, en una etapa madura del mismo, promoviendo la necesidad de la prevención personal, dando asistencia exclusiva a los más necesitados. La atención pública, debió hacerse en hospitales de campaña, sin agotar al personal médico, ni los recursos de salud.

Se piden hoy, cientos de millones, para la reactivación económica y la vida productiva, se ejerce aún, bajo las restricciones gubernamentales. Es hoy, delito trabajar y aspirar a vivir por sus propios medios, estimulándose el gasto gubernamental a base de endeudamiento, negándose a abordar el verdadero costo del mismo, por ser, por hoy, “políticamente incorrecto”, conforme la política gubernamental.

Como muestra pueden citarse, los últimos 1000 millones en bonos, colocados en el extranjero, a un costo formal de 9.5%, pero que, al ser colocados, han sido comprados a un 70% de su valor, debido al alto riesgo de impago, del país y el cual, inevitablemente, puede hacer subir la tasa real, a un 13.57% por treinta y dos años, equivalentes a una generación. Y sin que dichos fondos, colaboren en la generación directa, de la actividad económica.

Si alguien recibe un préstamo y paga el 3%, habrá que generar por impuestos, un 11%, sólo para cubrir la diferencia, con el préstamo internacional y, si vemos la tasa real, los impuestos deberán cubrir un 9.5 y de allí, tendrá que haber un alza mínima de 4 puntos, al IVA, a la renta, a la imposición del impuesto predial y a los carburantes. Por lo cual, el salvadoreño, no podrá gozar de reactivación económica y estemos endeudados, sólo con ese préstamo, por treinta y dos años. Si analizamos la estructura de la deuda actual, encontramos que aún no se han pagado los desaciertos económicos de la Reforma Agraria, ni los estragos de la guerra.

La pérdida de libertades, siempre conlleva destrucción de la economía, baja en las prestaciones laborales y la atención sanitaria pública, pero permite, a quien ejerza el poder desde el Ejecutivo, un mayor control del Estado. El bienestar social, tiene origen en la preservación de las libertades y la imposición de reglas claras, para el buen orden social, pero respetando las esferas individuales del ciudadano y, la independencia de los Órganos de Gobierno, señalados en la Constitución.