Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
De bonos basura (BB-), han sido clasificados los bonos
salvadoreños: resultado de las políticas fiscales incorrectas del Gobierno y,
de la inestabilidad que éste provoca, con sus acciones: existe relación
directamente proporcional, entre el riesgo-tasa de interés, con las medidas
políticas tomadas por el Gobierno. Es necesario, poder ver sus efectos, en la
vida común de los ciudadanos.
El bono basura o “high yield” en inglés, se
caracteriza porque presenta un elevado riesgo de impago, tanto del capital como
de los intereses, aunque para compensarlo, ofrecen una rentabilidad elevada,
superando la media internacional, para ese segmento crediticio. En un país que
necesita para sostener su economía, de financiamiento y, que pretende mantener
un asistencialismo, sin límites claros, presenta un panorama fiscal
insostenible.
Esto quiere decir, que el valor del asistencialismo
del Estado, será mucho mayor, que el que pudiera generar la estabilidad del
sistema democrático, sin que pueda ser pagado a futuro, salvo con confiscaciones.
Una nueva Constitución, podría facilitar tal situación.
La falta de claros lineamientos económicos y de una
política fiscal que permita salir de la crisis de iliquidez, ya existente,
agrava la situación crediticia y la inestabilidad política que el Gobierno genera
intencionalmente.
La exhibición pública e infamante de los reos acusados
de corrupción, contribuye al alza de riesgo, pues prueba que el sistema
jurídico, está al servicio de la propaganda del Estado y que, las resoluciones
a futuro, dependerán del interés político del Presidente y no, del imperio de
la Ley.
El señalamiento de que la justicia se está
politizando, no abona a la estabilidad nacional y viniendo esto, de diferentes
Gobiernos, debería indicar que la política salvadoreña, debe retornar al Estado
de Derecho; lejos de esto, la persecución política se agudiza, lo que agrava la
situación de riesgo, pues específicamente, se enfoca en grupos políticos y
sectores gremiales empresariales.
El anuncio del Sr. Fiscal de que procesará a más de 54
personas, por casos de corrupción sin investigar la existente ya denunciada, en
el presente Gobierno, no garantiza imparcialidad en la aplicación de la Ley, lo
cual aleja cualquier inversión nacional o extranjera.
La relación entre la calificación de riesgo y la
política, es directamente proporcional, pero sus efectos, no son inmediatos,
sino en el correr de los meses, por esa razón, no son sentidos en una relación
directa: por ejemplo, la inflación en los precios.
La Ley Bitcoin, entra en vigencia el 7 de septiembre y
aún, no se han desarrollado los reglamentos e instructivos para su aplicación,
lo cual genera incertidumbre sobre su uso, y al tener un impacto económico
negativo, se agrega un mayor riesgo.
El impago a proveedores, reconocido por el Ministro de
Hacienda, crea un apalancamiento (financiamiento de particulares al Estado) que,
de no pagarse, equivaldría a una forma de confiscación de hecho, lo que no
abona a la estabilidad nacional, sino a la mala calificación que recibe El
Salvador, limitando la oferta de financiamiento.
La inflación, causada por la inestabilidad generada
por el Gobierno, es agravada por las medidas que él mismo genera, para
“encubrirlas políticamente”: alza en el salario mínimo y juicios públicos,
desde la Asamblea Legislativa.
Sólo el retorno al Estado de Derecho y, la rendición
de cuentas, sobre los gastos públicos del presente Gobierno, pueden revertir
los efectos negativos, si se aplica la política de austeridad en la utilización
de fondos públicos.
En 1939, en el Salón Azul se pone una placa que dice; “Propongo
ante la faz de la Nación, la no contratación de nuevos empréstitos”.
Actualmente, debería el país actuar de conformidad con tal sabia propuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario