ACCIONES Y REACCIONES

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Las acciones del Gobierno, aunque transgrediendo la Constitución, han pasado sin ninguna protesta: no así, sus acciones a nivel internacional y su actuación, en sus funciones de protección, ordenamiento y, subsidiariedad, que son cada vez más descuidadas, generando creciente rechazo.

 

Al inicio de su Gobierno, Nayib Bukele planteo, por medio de sus allegados, la reelección presidencial. Este hecho, debió encender las alarmas institucionales, pues tal acción, trae como consecuencia, la pérdida de los derechos de ciudadanía, conforme al Artículo 75 inc. 4° Cn., y si la institucionalidad no lo aplica, procede el Artículo 88 Cn., da paso, al derecho de insurrección, para deponerlo.

 

Al no actuar la institucionalidad, han venido acumulándose las violaciones constitucionales: la remoción de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, quienes deberían primeramente, señalar, este tipo de violaciones a la Constitución: al no hacerlo, perdieron  fuerza política, para hacer cumplir la Ley y hoy, son instituciones que no cumplen su misión constitucional, en lo referente a la contraloría de poderes y, a lo que interese al Gobierno.       

 

La pérdida sin consecuencias, de la función política, de la Fuerza Armada: cumplir y hacer cumplir la Constitución, ha permitido que se pierda, el control territorial del país, siendo ejercido por las pandillas, hasta poder determinarse en mapas, con claridad, las zonas que usufructúa cada pandilla.

 

Admitir por un diputado oficialista, que cada salvadoreño debe cuidarse, para no ser “desaparecido”, es reconocimiento a dicha realidad. La captura de droga en España, Nicaragua y Costa Rica, en una semana, implica que el control territorial de las pandillas, ya está al servicio del narcotráfico y, que nuestro país, se ha convertido en centro logístico de la droga, prueba es de la ineficacia, de los mandos de la PNC.

 

Todos estos problemas que se presentan en nuestro Estado, vuelven invivible el país, por ello, se da la emigración a las ciudades: 120,000 al año, para luego, emigrar a Estados Unidos, por no tener este país, las condiciones necesarias, para la vida en sociedad. Nuestro Gobierno ve, en dicha emigración, una posibilidad de futuras remesas y, un instrumento de presión política. En ambos casos, son erradas sus visiones, con la finalidad del Estado: dar a sus ciudadanos lo necesario, para su desarrollo, en el país.

 

Esto se aprecia claramente en el exterior, por ello se le exige al gobierno, respeto al Estado de Derecho y, al ver que nuestra economía se deteriora, por las acciones del mismo Gobierno, se pierde la confianza en El Salvador y, se vuelve isla, que se hunde cada vez más.

 

Lo vemos palpablemente con el reciente pacto, entre Honduras y Nicaragua; nuestras acciones excluyen a El Salvador, con grave perjuicio de su soberanía: el Gobierno ya no puede defenderla. Mientras este sueña con la unión centroamericana y que Belice renunciase a la mancomunidad británica y Panamá, a su dominio del canal, en beneficio de Centroamérica y, que los Gobiernos del área, depositasen su soberanía en Bukele.

 

Hoy el Gobierno promueve la contratación en el sector privado, pero subsidiando el 50% de los salarios. Esta medida induce a la pregunta ¿de dónde lo pagará el Estado, si tiene que cubrir ya una brecha fiscal de 1,200 millones? ¿Será para crear una crisis de liquidez, en beneficio del Bitcoin u otra criptomoneda asociada al Gobierno y la familia Bukele?

 

El Gobierno, inicia nueva fase de crisis política, responsabilizando de todos los males políticos y económicos a Estados Unidos, para poder realizar una nueva purga interna y de sus opositores, en aras de un mayor poder dictatorial.