Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La crisis en la que el Bitcoin ha entrado, debe
considerarse, en relación con las finanzas públicas y qué, como los pactos del
Gobierno con las pandillas, repercutirá, en la economía nacional.
En los últimos 6 meses, el Bitcoin ha sufrido una
tendencia muy irregular: subiendo de $ 35,517 a $ 48,514 hoy, pasando por un máximo
de $ 63,272. Lo cual indica, que luego de llegar a un máximo, su tendencia es a
la baja, hasta estabilizarse, posiblemente a futuro, en el rango de los $
20,000.
Si consideramos que los grandes tenedores de Bitcoin,
se encuentran vendiendo, porque ya llego a su posible máximo, su baja podría
aumentar, además, la tendencia de regular la criptomoneda, se ha hecho cada vez
mayor. Si China, una de las economías más grandes, la ha declarado ilegal;
Vietnam y Arabia Saudita, han seguido este mismo criterio. Mientras que Canadá
y Colombia, limitan a sus bancos en el uso de cualquier criptomoneda, es un
indicativo que la demanda se reducirá en el futuro y con ello, su valor y la posibilidad,
de materializarse los planes del Gobierno salvadoreño.
Los problemas que ha presentado la billetera
electrónica Chivo, ya sea por la poca fiabilidad de su plataforma o, como
consecuencia de la dependencia de servidores externos, sujetos a legislación
norteamericana, pone en riesgo la utilización del Bitcoin, como moneda de curso
legal, lo que alejará la posibilidad de que sea utilizado, como forma de pago
del Gobierno, ante una eventual escases de dinero físico.
Evidente es la relación de la política con la economía
y, en la medida que el Gobierno, recorra el camino del autoritarismo, en igual
medida, se le cerrarán las puertas en el exterior, para el financiamiento del país.
La publicidad gubernamental de inversiones millonarias,
son mayores cada vez, pero al crecer la inestabilidad política, generada por el
Gobierno: amenaza a periodistas y dueños de periódicos y control de los medios
de comunicación, es indicativo de la represión que hay en el país, alejando la
inversión extranjera.
Retenes en las carreteras, para que no se llegue a una
manifestación, es una forma de represión, amenazar con lanzar los troles
oficiales, para que ataquen a quienes protestan en las redes sociales, es
represión. Capturar a empleados legislativos opositores, es represión. Prohibir
toda la información pública, es represión. Todos estos factores, sólo presentan
un país, cuyo funcionamiento se mantiene por la fuerza, mientras la delincuencia,
siempre por delito, domina a los ciudadanos.
Un ambiente de represión, no es compatible con el
desarrollo sostenible, ni mucho menos con la inversión extranjera, cuando
existe la posibilidad de que el gobierno, utilice los fondos privados
(efectivo) para sufragar los gastos públicos, que no puede sostener con los
ingresos corrientes (presupuesto desfinanciado), ni puede pagar sus compromisos
internacionales.
La Ley de Dominio Eminente, es una amenaza de
confiscación a propiedades de nacionales o de extranjeros y, la Ley de
Ordenamiento Territorial, puede cambiar cualquier uso del suelo, acorde a los
designios de Casa Presidencial. Esta inseguridad, no permite el desarrollo y la
estabilidad que necesitamos.
La corrupción gubernamental, ha dejado de ser tema
nacional, es sumada hoy, a su relación con las pandillas y el crimen organizado
transnacional, que daña a otros Estados, y responsabilizan a quienes conforman hoy
el Gobierno. Esta situación no permite que El Salvador, se desarrolle y sea
sostenible.
La presión que el Gobierno está recibiendo desde el
exterior, se refleja en un mayor control hacia el interior, razón por lo que
deben esperarse acciones desesperadas, para mantener la publicidad alta, que es
la única que lo sostiene.
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