REALIDAD NACIONAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Más de 71 homicidios indican el grado de descomposición que sufre, en la actualidad, el Estado de El Salvador. El irrestricto uso de la fuerza para su control, no soluciona el problema, pues hay 70,000 pandilleros con un promedio de 410,000 familiares que, por solidaridad filial o, interés económico, los apoyan y encubren:  no justifica un pacto o acuerdo entre el Gobierno y los pandilleros o que estos, vivan a costa del trabajo honrado del 78 % de la actividad económica nacional. Tampoco debe ser pretexto para atacar a la oposición política, cuando se debaten temas trascendentales o, para encubrir falta de controles, en el manejo de fondos públicos, y el incumplimiento de las funciones gubernamentales.

 

La presente ley, suspendiendo las garantías constitucionales, excede las atribuciones concedidas, en la aplicación del Artículo 29 de nuestra Constitución, pero los comunicados  a tal respecto, del Fiscal General y del presidente de la República, hacen una interpretación de efectos menores a lo permitido por la Constitución: es una interpretación sui generis de la Ley, lo cual aumenta la confusión y anarquía, en las órdenes manadas desde el Ejecutivo, pues se contraponen con las disposiciones aplicables al régimen penitenciario, que invaden y exceden las atribuciones de los Jueces penitenciarios. Con la advertencia de que cualquier Juez que no acate las disposiciones manadas del Ejecutivo, será perseguido.

 

Los señalamientos internacionales que inevitablemente, llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desbordarán los actos del Gobierno hacia el exterior y, sobre todo, que el uso actual de la fuerza, al generar caos nacional, se convertirá en un impulsor más, de la emigración hacia Estados Unidos, generando mayor presión migratoria sobre Guatemala y México. Favoreciendo las estructuras del crimen organizado que trafica con migrantes.

 

El uso generalizado de la fuerza, fuera del marco legal, pero publicitariamente, enfocado en los pandilleros como grupo social,  afecta también a toda persona que piense que El Salvador, es una República y que debe  vivir bajo un Estado de Derecho, con un ordenamiento coherente, con la actual Constitución, pues la bancada oficialista, pretende ahora decir que es la oposición, la que controla las pandillas y como a tales, también ellos, serán tratados.

 

Las capturas masivas que hoy se realizan, son insostenibles en el tiempo, si al final no se sustentan tales detenciones; tampoco el poder judicial tiene la capacidad de diligenciar procesos de tal magnitud, aunque sean nombrados más Jueces para tal fin. Y aunque sean mantenidos en la cárcel, durante el período de suspensión de garantías, será necesario prorrogar este, para mantener dichos arrestos, bajo una apariencia “de legalidad”, lo que conduciría a un estado de emergencia sin fin, con la consecuente baja en la economía.

 

Se han dado a conocer videos, con periodistas internacionales entrevistando a pandilleros, quienes aseguran que el alza de homicidios, envía el mensaje, de que son ellos quienes imponen las reglas. Esta situación, es resultado de pactos del Gobierno con dichas pandillas, como ha quedado demostrado, con los procesos judiciales contra funcionarios del Gobierno anterior y, la entrega de la ayuda durante la pandemia de $ 300.00 a pandilleros del centro histórico de San Salvador, también caso judicializado, pero sin el procesamiento de la intelectualidad de dicho ilícito.

 

El Estado por medio del Gobierno, está obligado a combatir a las pandillas como delincuentes o terroristas, pero dentro del marco de la Ley, no en su violación, ni utilizar dicho combate para atacar y acallar a la oposición o, a cualquier voz contradictoria del Gobierno, pues de hacerlo, generará mayor caos, afectando gravemente a la sociedad.