LA DESCENDIENTE ESPIRAL

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

El Salvador, va por una descendente espiral; impulsado por la justificación del autoritarismo: arrastra ya, un irreversible caos económico. Tal situación, generaría una explosión social, pero el mismo autoritario régimen, se encarga de reprimirla: tiene como única salida, esta situación, la emigración forzada, desestabilizante para el área. Hoy, esta descendente espiral, vuelve a los antiguos enemigos, sus aliados y a sus aliados, sus enemigos. La diferencia, será cualitativa y no, cuantitativa, o sea que, el conflicto no se dirimirá por el voto, sino por la capacidad de presión social o, de resistencia e influencia política.

 

Existe la industria transnacional, de los Derechos Humanos, la cual demanda sobre hechos pasados, no tratados por la Ley, pero ya resueltos por el Derecho y, cuyo único objetivo, es perseguir indemnizaciones de decenas de millones, que sólo podrán ser satisfechas con los recursos de un Estado y, cuyos montos, no van a las víctimas, sino a los querellantes y, su impacto en la vida diaria, es nulo, porque son situaciones ya resueltas. (Esta situación la he expuesto en numerosos programas de entrevistas y artículos).

 

Justificar la violación a los Derechos Humanos, para desvirtuar los señalamientos de los mismos, por la existencia de una Industria, que de ellos se lucra, sólo justifica, la aplicación de la Justicia Transicional. Los Derechos Humanos es la expresión más elevada, de la conducta humana y, el objetivo del Estado Moderno: es necesario, entender la diferencia entre la Industria y el concepto, como obligación de un Estado y los Derechos del individuo.

 

Las maras, declaradas terroristas en Sentencia de la Sala de lo Constitucional, no fueron tratadas como tales: se negoció con ellas, en un acto que sólo pudo realizar el Estado, beneficiándose electoralmente, con tal acto. Ahora, al comprobar sus efectos dañinos y en la búsqueda de recobrar la popularidad en mengua, se les combate: no por cumplimiento de la Ley o el Derecho, sino para evitar una caída electoral, por no poder cumplir ninguno de sus proyectos de Nación. La persecución, no es general, sino selectiva, a aquellos grupos que no dan ya, su apoyo al Gobierno, pero este, al no realizar capturas como consecuencia de una investigación, procede contra personas que no han formado parte de las pandillas, justificando el espionaje a periodistas y opositores.

 

Situación que sí, es violatoria de los Derechos Humanos y un exceso de la aplicación del Régimen de Excepción que, en ningún momento, suspende garantías judiciales o, de procedimiento, ni permite la tortura (privación de alimentos, uso excesivo de la fuerza, hacinamiento o incomunicación total), situaciones que son tipificadas como violatorias de los Derechos Humanos y justifican la futura aplicación de la Justicia Transicional, pues se dan en una dictadura.

 

Las Maras ya no apoyaran al Gobierno: ahora las víctimas de los mareros, apoyan al Gobierno, pero esta inversión de apoyos, se da en un momento en que la economía ya rebasó su punto de retorno, pues el asistencialismo gubernamental es cada vez mayor (subsidio a la gasolina y los paquetes de asistencia pos-pandemia), pero éstos en una economía muy debilitada, sólo aceleran, el proceso de deterioro económico.

 

Las leyes que facilitan la confiscación y la necesidad urgente de dinero, hacen más inestable el país para la inversión extranjera y, quienes hoy se sienten felices por la represión de las pandillas, verán en un futuro cercano, una amenaza en la voracidad del Estado sobre sus bienes.

 

Por estas razones, solo la correcta y oportuna aplicación del Derecho, en un entorno de equilibrio de poderes, puede asegurar la paz nacional y, detener su descendente espiral.