Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La
negligencia, impericia e imprudencia efectuadas por el Gobierno, en el manejo
de la cosa pública, podrían pasar inicialmente, por una forma de culpa, es
decir, sin intención de causar daño, pero sí, es responsabilidad del
funcionario: hoy vemos un dolo manifiesto, para acentuar el poder del Estado,
sobre el individuo, dentro de un esquema, de consolidación de poder.
La
rentabilidad negativa de las pensiones, era previsible, ante la alta
calificación de riesgo país, cuya única responsabilidad, la tiene el presente
Gobierno. Cualquier estudiante de economía, conoce la relación de riesgo país-
bonos del Estado. Por lo que no podemos alegar ignorancia del Gabinete de
Economía. Una situación que podría sostenerse por un tiempo más, si no hubiese
crisis económica mundial.
Los
efectos negativos en El Salvador, podrían haberse evitado, si el Gobierno hubiese
negociado con el FMI y, reorganizado sus finanzas públicas, disminuyendo sus
gastos. Por el contrario, los gastos aumentan en favor de los sueldos dentro
del Estado, el asistencialismo, publicidad y, el gasto militar; todo sostenido
por una economía de consumo, con una balanza de pagos tendiente a desplomarse o,
a no ser cubierta, por las remesas y exportaciones.
La
rentabilidad negativa, es ya señalada, como acción de las AFP, o sea, responsabilizándolas
de las inversiones que, por Ley, deben realizar (darle dinero prestado al
Gobierno, un 23% de los ahorros de los cotizantes, con intereses menores a la
inflación). Las inversiones en el extranjero, son lo único que sustenta la
rentabilidad y a los fondos de pensiones y, si el Gobierno, asume la
administración de éstos y, si pretende repatriar ese dinero, éste podría perder,
hasta el 20 % de su valor, dependiendo de la naturaleza de los títulos, por las
condiciones económicas mundiales, al momento de ser liquidadas.
Intencionalmente,
preténdese sancionar las comisiones por uso de tarjetas de crédito, cuando éste
es un negocio en sí mismo, que genera sus propios costos y utilidades, no
dependiendo de la banca nacional, sino de entidades extranjeras. Querer
limitarlas, sin acuerdos previos, con dichas entidades, podría generar, el
retiro de dichos sistemas: no podrían atribuirse exclusivamente al populismo,
tales medidas, sino también a la intencionalidad de crear una dependencia del
mismo ciudadano, al Gobierno, dándole inversión, al concepto de “razón de ser del
Estado”, es decir, en razón de la persona humana, para pasar, en razón del
Estado, representado por el Gobierno.
Un
penal, diseñado para un consumo diario por reo, de 1 litro de agua, cuando se
establecen entre 18 y 20, para consumo y otros usos, es condenar a muerte a los
internados en dicho penal, por lo que sería en sí, un campo de exterminio. Tal
situación, sólo tiene la explicación de querer realizar, una limpieza social y dar,
ejemplo colectivo, para una conducta reglada, conforme a los criterios del
Gobierno. Tal situación, no es conforme a los criterios modernos de Derecho
Penal, que indican que la razón del internamiento, es la reeducación, luego de
un proceso judicial, que determine la naturaleza de la conducta de manera
individual, la pena y la certeza del cometimiento de un delito.
La
concepción penal gubernamental, riñe con el Derecho occidental pero no, con el
aplicado dentro del mundo musulmán, cuya evolución se ha detenido, comparándolo
con el ejecutado en el mundo romano y, la edad media en Europa.
Por
estas razones, las acciones del presente Gobierno, no pueden ser atribuibles a
la negligencia, impericia o imprudencia de sus funcionarios, sino a la
intencionalidad, de causar un daño social, para aumentar su control sobre la
población, en beneficio del gobernante.
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