EDITORIAL:
COLUMNAS
1) POLITICA: El reordenamiento de San Salvador y el comercio informal
2) DEMOCRACIA: El Estado Social de Derecho y su interpretación por la Sala de lo Constitucional
FELIZ AÑO 2011 LES DESEA PUBLICACIÓN ACCION
EDITORIAL
PUBLICACIÓN ACCION les desea a todos sus lectores un feliz año 2011, y agradece a todos, lectoras y lectores que de una u otra manera han colaborado con esta publicación: aconsejando sobre la diagramación, sugiriendo temas a tratar o que han instruido en enfoques específicos de varios temas. Siguiendo algunos de estos consejos, a partir del 2011 PUBLICACIÓN ACCION saldrá quincenalmente, los días 15 y último de mes, con la voluntad de Dios nuestro Señor.
El año 2011 no será un año fácil: tras los problemas cotidianos que se presentan a todas las sociedades, vislumbramos un clima económico un tanto sombrío, y recordamos las palabras del prestigioso analista Claudio de Rosa: “El Salvador se está endeudando a un ritmo de 1.6 millones de dólares diarios, incluyendo sábados y domingos”, lo cual permite anticipar una lucha del Gobierno por una alza impositiva, que es un compromiso adquirido con la Banca Internacional. Esto nos afectará a todos los salvadoreños sin distinción de credo, pensamiento político o posición social.
Sin embargo, pese a estas perspectivas, el salvadoreño siempre ha podido lidiar valerosamente en todas las adversidades: ya sean producto de la naturaleza, la política o del ámbito privado. Los que hemos vivido conscientes y activamente desde finales de los 70´s tenemos, en cuadros muy vívidos, la guerra y los problemas económicos y si fuimos capaces de sobrevivir y prosperar en esas adversidades, es un deber nuestro transmitir esas enseñanzas a las nuevas generaciones y sobre todo, fe en Dios y en el futuro pues, por sombrío que parezca la adversidad, siempre tendrá un fin y dependerá de nosotros cambiar nuestro destino. Los dichos populares “No hay mal que por bien no venga” y “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” han sido un credo constante en nuestra vida nacional.
Este año 2011 será un año de reacomodo de todas las fuerzas políticas nacionales. No me refiero a las partidarias, sino a aquellas que son llamadas las fuerzas vivas de la sociedad; las que la representan por medio de los distintos gremios por lo que, si queremos cambiar nuestro sombrío futuro, debemos integrarnos a las fuerzas vivas que conforman nuestra nación, pues sólo el actuar coordinado del ciudadano, puede forjar democráticamente nuestro destino. En los análisis de fin de año, se ha hecho un llamamiento a una concertación entre el Gobierno Central y la Empresa Privada, debido a la tensa relación en que se les ha visto en los últimos meses. Este enfrentamiento, lejos de disiparse en el próximo año, se verá incrementado por las visiones políticas contrapuestas: el Gobierno con una clara visión social demócrata y la empresa privada con una visión liberal. Ambas posturas son irreconciliables entre si, y lo único que se puede lograr, en el mejor de los casos, es un acomodo pacífico entre ambas; llegando cada una de ellas hasta el punto de la legitimidad, o sea de la aceptación general o mayoritaria de los actos de Gobierno por los gobernados. La idea de un enfrentamiento mayor del Gobierno con la Empresa Privada se ve confirmada con las palabras del Ministro de Economía Doctor Héctor Dada, quien al comentar ciertas medidas económicas de implementación reciente y, al consultarle sobre las repercusiones políticas de las mismas, respondió: “Es un tema que no nos preocupa mucho porque como funcionario, uno hace lo que debe hacer”. Y cuando a un político deja de importarle las repercusiones negativas de sus actos (que es la inconformidad con su forma de resolver los problemas sociales) es de preocuparse, pues su actuar está regido por una visión ideológica y no por la voluntad de sus verdaderos mandatarios: los ciudadanos. Un reclamo seria necesario, pero siendo nombrado por el Presidente de la República, es claro que el Sr. Ministro expresa la voluntad del Presidente, tal lo ha manifestado el Vicepresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes. Ya estamos viendo claras violaciones a la ley vigente por parte del Ejecutivo: en cuanto a la compra de medicinas sin registro, la incorporación de médicos graduados en Cuba o la pretensión de compra de equipo militar y endeudamiento sin consideración de la legislación aplicable a cada caso; con el sólo argumento de que “es una necesidad”. Esto nos lleva a considerar seriamente el perfilamiento de un autoritarismo.
No obstante, no hay que ver hacia atrás, sino hacia el futuro: el pasado sólo debe servir de escuela para no cometer los mismos errores y, no para cobrar venganza ni descargar responsabilidades, pues la responsabilidad del ciudadano puede darse por acción y por omisión. Generalmente, la omisión es la que ha reinado en nuestro quehacer político y ha cedido ante la opinión constante y tozuda de aquellos que ven la política como su objetivo de vida y no como el medio que debe ser: para obtener el progreso social en libertad.
EDITOR
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
EI ORDENAMIENTO DE SAN SALVADOR Y EL COMERCIO INFORMAL
Es estas últimas semanas hemos visto con tristeza y preocupación los enfrentamientos callejeros entre la Policía Municipal y los vendedores informales de San Salvador.
Mucho se ha comentado sobre que estos sucesos son violación de los derechos humanos de los vendedores por los actos arbitrarios del Dr. Norman Quijano, pero al reflexionar con detenimiento sobre la causa y propósito de tales medidas, advertimos que se trata de un problema muy complejo, cuyos elementos no son ni la arbitrariedad ni los derechos humanos: son en realidad, el poder regulador de la Alcaldía Municipal frente al Derecho Social al Trabajo, el cual en sí mismo, no está siendo cuestionado sino regulado en el espacio físico en donde se realiza.
Puede que el enfoque de mi razonamiento parezca injusto si juzgamos a la ligera, pero no si lo juzgamos más detenidamente: toda ciudad tiene por objeto crear condiciones propicias a las diversas actividades humanas de convivencia: habitación, socialización y satisfacción de la satisfacción de bienes y servicios principalmente; y, es para hacer posible estos objetivos que desde épocas inmemoriales fue función del Alcalde o Edil la organización de los mercados, el aseo de las calles y la iluminación de las mismas. Y debe realizarse todo procurando un feliz equilibrio entre los intereses diversos de los habitantes y tal debe ser la gestión administrativa del Sr. Alcalde con a su Concejo Municipal.
Estudiemos nuestro caso: la imperiosa necesidad de un ordenamiento de la ciudad viene desde la época del Alcalde Ing. José Napoleón Duarte, quien habilitó ciertas calles para ventas y peatones exclusivamente. El incendio de los mercados Emporium y Central, dieron como resultado un esparcimiento de ventas por todo San Salvador. En épocas recientes la crisis económica ha obligado a los ciudadanos a buscar su sustento en las ventas callejeras; consecuencia de este fenómeno es que el hacinamiento humano de vendedores y compradores en las calles, ahoga el comercio del sector formal, lo que resulta, en peligro de la generación de empleo, inseguridad social con la obligación constante de los impuestos, todo lo cual redunda en detrimento de la economía de dicho sector; se produce así mismo una perdida de valor y utilidad de los inmuebles de la zona, lo cual es propicio a la emigración hacia zonas de la periferia del área metropolitana; zonas que tradicionalmente fueron zonas para vivienda, y de lo cual resulta un crecimiento urbano descontrolado. Si de la zona actual y tradicional de comercio desapareciese el sector formal, el sector informal tendría un auge pero muy pronto colapsaría por la superación de la oferta a la demanda, creando al mismo tiempo, un campo más fértil para la delincuencia en sus variadas formas y dificultando así mismo, la labor policial y judicial.
La proliferación de cualquier actividad desordenada, esta regida por la fuerza y no por el derecho. En consecuencia se desarrollará dentro del mismo la actividad ilícita. Para nuestro caso: el crecimiento desordenado del sector informal, sirve no sólo para satisfacer una necesidad de trabajo, sino como centro de distribución de objetos ilícitos; además, parte de las ganancias de quienes allí laboran alimentan las extorsiones de quienes controlan por la fuerza dichos sectores.
San Salvador:
72.25 kms2 con 316,090 habitantes
Densidad: 4,375 personas/km2
Área Metropolitana:
620,86 kms2 con 1,566,629 habitantes
Densidad: 2,523 personas/km2
La mayoría de las personas que habitan en el área Metropolitana transitan por el centro capitalino.
La inmensa mayoría de los vendedores informales tienen su domicilio en los Municipios de Mejicanos y Soyapango.
La Alcaldesa Dra. Violeta Menjivar tuvo como tema de campaña el ordenamiento del Centro Histórico de la Ciudad, pero fracasó en su empeño y hoy el problema se ha agudizado de tal manera que, sin importar el partido político que gobierne San Salvador este debía enfrentar el problema y efectuar la reorganización pues, de no hacerlo, el colapso del centro capitalino sería inevitable: un problema acumulado de cuarenta años habría rebasado la capacidad del Municipio. Es forzoso considerar que el centro capitalino no es de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad, es también del Gobierno Central y es también de los Municipios de Mejicanos y Soyapango, pues la mayoría de los vendedores informales pertenecen a esas municipalidades. Sus respectivos alcaldes tienen responsabilidad que les obliga a tomar parte en la solución del problema de la ciudad capital.
La Alcaldía tiene la obligación de reorganizar las ventas pues es rector del orden en el lugar en que dichas ventas se realizan, pero el problema es muy complejo y la Alcaldía carece de los recursos para resolver dicho problema y en consecuencia, el Gobierno Central tiene que intervenir, no solo instando a la suspensión del ordenamiento, sino tomando parte activa en dicho ordenamiento. El reordenamiento no sólo tiene que ver con la ubicación física de las ventas, sino también el acceso que tenga el público a ellas, lo cual ya no esta en manos de la Municipalidad: pues implica un reordenamiento del transporte, que es competencia del Ejecutivo. Aunque los espacios físicos que posee la municipalidad son limitados, los espacios a los que tiene acceso el Gobierno Central, son mucho mayores.
Es lamentable la politización del problema. La pugna de poder entre el Ejecutivo y la Alcaldía dan falsas esperanzas a los vendedores informales, quienes provocarán mayores acciones de calle y que por otra parte ahogan la esperanza de sobrevivir del sector formal. De no resolverse el problema los únicos gananciosos serán los grupos delincuenciales que viven de la extorsión y del crimen organizado que utiliza a los vendedores.
La Alcaldía de Santa Tecla, en menor escala que la de San Salvador, ya ha iniciado el reordenamiento, probando su necesidad y utilidad. Cito este ejemplo, por ser una Alcaldía gobernada por el FMLN, y ha dado solución a los mismos problemas presentados en escala mayor en San Salvador, por lo que la necesidad de un ordenamiento esta por sobre la ideología política de su Consejo Edilicio.
Alcaldes de San Salvador desde 1964 hasta la fecha
José Napoleón Duarte (1964-1970)
Carlos Antonio Herrera Rebollo (1970-1974)
José Antonio Morales Ehrlich (1974-1976)
Hugo Guerra (1977-1979)
Julio Adolfo Rey Prendes (1979-1980)
Alejandro Duarte (1982-1985)
José Antonio Morales Ehrlich (1985-1988)
Armando Calderón Sol (1988-1994)
Mario Valiente (1994-1997)
Héctor Silva Arguello (1997-2003)
Carlos Rivas Zamora (2003-2006)
Violeta Menjívar (2006-2009)
Norman Quijano (2009-2012).
EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU INTERPRETACION POR LA ACTUAL SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
En estos últimos días han dado mucho que hablar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y las cuales obedecen a su interpretación de la Constitución y a su visión de la realidad nacional, a la cual han aplicado dichos preceptos.
El caso es que en nuestra Constitución se han aunado principios liberales y sociales, de tal manera que su interpretación, permite un acondicionamiento, según decida la voluntad política de los votantes el día de la elección. Aclaramos que el funcionario interpreta la Constitución al realizar actos de gobierno y administración, según su propia visión política de la realidad salvadoreña y, siguiendo los lineamientos de su mandatario el pueblo salvadoreño, sin más límites que la voluntad del votante y lo expresado en la Constitución. Esto es válido tanto para el funcionario de elección de primer grado como por el de segundo grado.
En estas resoluciones que comentamos, la Sala de lo Constitucional ha interpretado el papel del Estado bajo la concepción Social de Derecho - la cual es considerada por muchos autores como la concepción más avanzada en el Derecho Constitucional- y que es producto de la evolución del Estado de Derecho Liberal. Este, el Estado Liberal, protege al individuo, pero no a la sociedad como tal. Pues en la concepción liberal, se protege al individuo en la labor de ayuda y aliento, pero no suficientemente porque el Estado no es benefactor por altruismo o liberalidad, sino, sólo por obligación pues la persona humana, es su razón de ser. Y es por esta razón que se hace necesaria una mayor protección. Pero no débese jamás perder de vista de que en la medida en que el Estado se vuelve más protector, en igual medida disminuye la libertad dentro del mismo, pues el individuo es tomado como un desvalido y el Estado asume su protección, en detrimento de su libertad. Esta idea de que el Estado debe de pasar de un mero regulador de la actividad humana, a un verdadero protector del individuo, dio origen a tres constituciones: la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución de Alemania de 1919 (llamada Constitución de Weimar) y la Constitución de Austria de 1920.
Las tres constituciones anteriormente citadas, se convirtieron en el marco de referencia para las constituciones europeas de la post-guerra y para las de toda Latinoamérica. Nuestras constituciones desde 1950 hasta esta fecha, han seguido los mismos principios jurídicos, desarrollándose cada vez un poco más, en cada una de ellas. Sin embargo, siempre conservamos un concepto liberal fundamental: el centro de la actividad del Estado es el individuo como tal, por lo que el bien común tiene que alcanzarse por la satisfacción de las necesidades del individuo para después alcanzar el bien común de la sociedad. En el socialismo, es a la inversa: el bien común es alcanzado por medio de la satisfacción de la necesidad de la sociedad o del grupo social, para después llegar al bienestar individual. Ahora bien, dada la imposibilidad del legislador de poder prever todas las necesidades humanas, pues el derecho siempre va a la zaga de éstas, las cuales son el factor dinamizante del derecho. En muchos casos el gobernante interpretando la ley y llevándola a extremos no permitidos por la constitución o deseables por la sociedad se extralimita en sus funciones, y esto es lo que hoy esta haciendo la Sala de lo Constitucional
La visión del Estado Social de Derecho (para Herman Heller es la transición entre el liberalismo al socialismo) es propia de la Social Democracia, cuyas visiones pueden resumirse de la siguiente manera:
Visión Política:
“Al Estado se le asigna la función de defender y garantizar la democracia. Para esto debe promover la participación ciudadana: impulsar asociaciones civiles, juntas de acción comunal, gremios económicos e industriales, sindicatos, comités de asociaciones juveniles y similares.
La soberanía popular debe materializarse por medio de la organización del pueblo para su activa y efectiva participación, lo que implica un sistema educativo adecuado y la apertura de espacios políticos económicos, sociales y culturales. La democracia va mas allá de ser un mecanismo para designar los gobernantes y su principal función es la de desplegar relaciones de igualdad y justicia en la sociedad.”
Visión económica:
“Al Estado se le asigna la función de intervenir la economía, pero además es el encargado de dirigir integralmente el proceso de desarrollo. El Estado es el que debe de imponer las reglas del juego de las relaciones económicas para garantizar a todos la participación en el sistema y el ejercicio de la libertad económica. Por esto, tiene como prioridad la protección de los sectores más vulnerables controlando la economía privada para evitar abusos y exploración por medio de medidas como: la intervención de precios, prohibición del monopolio privado, control de salarios, etc. El Estado debe fomentar la iniciativa privada, generar condiciones para la inversión y desarrollo empresarial y financiero, generando programas y obras públicas que doten de elementos e infraestructura las iniciativas empresariales en condición de acceso equitativo.”
Los conceptos arriba vertidos fueron tomados de la página web de socialdemocracia.org
En conclusión, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional están basadas en su interpretación a la luz del beber ser Social Demócrata. Esta interpretación que si bien puede ser considerada de “avanzada” por estudiosos del constitucionalismo, no es aplicable a la realidad salvadoreña cuya características es liberal por naturaleza.
La protección que pretende garantizar la Sala de lo Constitucional no tiene más respaldo que el respeto que le debemos a la autoridad constituida; sin embargo, al no existir armonía con la realidad nacional queda sin efecto positivo, tal como ha sucedido con las candidaturas independientes.
La situación antes mencionada ha sido constante en sus últimas resoluciones, las cuales han creado más polémica que beneficio.
La interpretación de la Constitución bajo estos conceptos extralimita el mandato soberano, y tuerce peligrosamente nuestra Constitución.
La posición de la Sala de lo Constitucional es muy particular, pues esta es una entidad de instancia única, en materia de inconstitucionalidad y Habeas Corpus. La instancia única siempre ha tendido a evitarse dentro del procedimiento, pues sólo permite una visión única del problema, en vista de lo cual desde los albores del procedimiento formulario (primera etapa del Derecho Romano) se ha creado la instancia: otro juzgador que confirme o dé una resolución distinta. Esto no sucede con nuestra actual Sala de lo Constitucional. Nuestra Constitución le da la potestad de ser instancia única, pero en vista de sus polémicas resoluciones no apegadas a la realidad salvadoreña, plantea la necesidad de analizar las posibilidades de otras instancias para recurrir sus resoluciones.
Las capacidades jurídicas de todos los integrantes de la Sala de lo Constitucional son indiscutibles, sin embargo no se trata de ignorancia sino de que sus resoluciones tienen que responder a la situación real de la sociedad sometida a ellos en los casos en que han conocido. No se trata de elaborar compendios de derecho o de dar una cátedra por medio de sus resoluciones, sino de la resolución de conflictos reales que afectan a la conducta social y al mismo Estado Salvadoreño.
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