PUBLICACIÓN ACCIÓN N° 12

El editorial contiene comentarios sobre la lucha interna del FMLN por el control de la Cúpula Partidaria y sus repercusiones en la gobernabilidad. El artículo sobre la subsidariedad contiene conceptos doctrinarios y prácticos sobre la relación del Estado con los Cuerpos Intermedios. Por último hay un análisis de la evolución social y jurídica sobre la tenencia de la tierra en El Salvador, desde nuestra independencia hasta principios del siglo XX.

Editorial: Revolución para los revolucionarios.

Principio de subsidiaridad y los cuerpos intermedios.

Levantamiento comunista de 1932. II Evolución de la tenencia de la tierra en El Salvador.

EDITORIAL

REVOLUCIÓN PARA LOS REVOLUCIONARIOS.

Los acontecimientos de inestabilidad política de estos últimos días: huelgas, manifestaciones callejeras y,  la proclamación del Movimiento por la Democracia Participativa (MDP) que hemos visto, son sin duda, un reacomodo de la izquierda insatisfecha en sus pretensiones de cambios radicales verdaderamente revolucionarios.

Es claro que el gobierno de Mauricio Funes no ha colmado las expectativas de los militantes tradicionales del FMLN, que esperaban cambios políticos drásticos, destrucción de la propiedad y de la empresa privada y aumentos salariales substanciosos. No ha habido tales cambios, los cuales son de naturaleza política; sin embargo, los acontecimientos actuales tuvieron un inicio en las promesas de aumentos salariales incumplidos, o sea las expectativas personales que  podemos enmarcar dentro de pretensiones estrictamente laborales, pero era inevitable la politización de las mismas, para presentar un frente conjunto al gobierno, desconociendo la verticalidad de los cuadros del FMLN.

Ahora bien, el FMLN junto a Mauricio Funes, ganaron las elecciones y gobiernan en una distribución equilibrada del Poder Ejecutivo acordada previamente, conservando separadas sus bases y su fracción política.

El equilibrio antes mencionado es fundamentado en el grado de fuerza política de ambas partes; sin embargo, este equilibrio quedó roto cuando a finales del año recién pasado el Presidente Mauricio Funes hizo pública la intención de que ningún miembro de su gabinete tomara parte activa en la política partidista. Los miembros del FMLN que conforman su Gobierno, comenzando con el Vice-Presidente Salvador Sánchez Cerén, resintieron esta disposición, pues su posición política no depende de su nombramiento, sino de la fuerza del partido FMLN. La disposición no afecta en manera alguna a los otros miembros del Gobierno, pues los “Amigos de Mauricio” carecen de base y partido.

Este anuncio sube la popularidad del Presidente Mauricio Funes, marcando una conducta claramente contraria a la que siguió el ex – mandatario Antonio Saca. Pero produce un punto de quiebre con la cúpula del partido en el Gobierno. El mensaje de imparcialidad hacia la población en general, es interpretado por la cúpula del Partido FMLN y sus bases como clara demostración de su superioridad en el Gobierno, en detrimento de los méritos y fuerza del partido.

Pero es el caso que sus bases, muy adoctrinadas y, entrenadas para los movimientos de masas aunan siempre las pretensiones políticas y las estrictamente laborales. Y hoy se han lanzado para que se les cumpla lo que ellos reclaman como ofrecimiento de la “campaña del cambio”. Y este reclamo es una demostración de fuerza. La aprovechan los grupos excluidos de la cúpula del FMLN, pero que tradicionalmente han sido pilares del mismo, y cuya orto-praxis es incompatible con las reglas del juego del poder partidario, adoptado luego de los Acuerdos de Paz.

La capacidad de gobernabilidad de Mauricio Funes y el FMLN exigen una flexibilidad ideológica y práctica en sus políticas: En primer lugar, dar cierta continuidad al gobierno anterior para preservar el orden establecido, no destruir de golpe la propiedad y la empresa privada, pues la reacción de la oposición sería feroz y se convertiría en serio obstáculo para la conformación de un gobierno “puro” para el 2014. Y además se perdería el apoyo internacional tan necesario para la supervivencia del Estado en la actual crisis económica. Las elecciones del 2012 son cruciales para las metas del FMLN, sería la culminación de haber llegado al poder por la vía democrática según los Acuerdos de Paz. Su dirigencia política está cumpliéndolos, pero sus bases revolucionarias no entienden este juego político; se han lanzado contra el gobierno de su mismo partido porque los grupos excluidos del poder, ven en la manifestación de este descontento la posibilidad de retomar el mando del FMLN, para luego pretender tomar el poder por la vía revolucionaria. No podemos decir que un grupo es más radical que el otro, pues todos son de tendencia revolucionaria, la lucha es estrictamente de poder para el control del partido.

En un programa de entrevistas, a principio de diciembre recién pasado, Dagoberto Gutiérrez hizo un muy elocuente llamado al Presidente Mauricio Funes para que hiciera los cambios políticos que ellos esperan y que para efectuarlos se apoyara en “el pueblo”, no en el partido. La expresión “pueblo” es entendido por Gutiérrez como el conjunto de personas organizados en movimientos de izquierda revolucionaria. Para nosotros “pueblo” es el conjunto de ciudadanos considerados individualmente sin importar sus opiniones políticas y aglutinados dentro del Estado, y que son los poseedores de la soberanía.

Ahora bien, estos grupos revolucionarios han empezando por exigir aumentos salariales, respaldándose unos a los otros y se han lanzado en un movimiento para la democracia participativa. No debemos olvidar que “el movimiento” es más amplio que el Partido Político, por que sus acciones no están limitadas por el derecho sino por las fuerzas e intereses políticos, y su legitimidad depende de la fuerza política poseída y sus metas alcanzadas. En consecuencia, este movimiento rompe los Acuerdos de Paz de 1992, los cuales establecen que toda lucha por el poder se hará por medio del los Partidos Políticos.

En la coyuntura ¿Qué hará el FMLN? ¿Respetará su posición de partido en el Gobierno ganada legítimamente en elecciones democráticas o se doblegará a las exigencias de sus bases revolucionarias? Tales decisiones están por verse pues, entre las facciones de izquierda estas luchas son muy comunes como propias de su naturaleza revolucionaria, siempre en pugna: radicales y moderados, comunistas y socialistas. La naturaleza revolucionaria es propia del FMLN que ha preparado a sus bases para la acción, pero hoy ha aceptado la paz y la vía democrática para alcanzar el poder, después de no poder lograrlo por medio de las armas.  La llegada de Sigfrido Reyes a la Presidencia de la Asamblea Legislativa permite especular que el FMLN seguirá la vía democrática. Sus bases, sin embargo siempre están dispuestas y listas para la acción. Esto se comprobó cuando se movilizaron de inmediato para reclamar y exigir el triunfo de la Dra. Violeta Menjívar para la Alcaldía de San Salvador y, posiblemente lo hubiesen hecho en caso de que el Tribunal Supremo Electoral hubiesen reconocido como ganador a Rodrigo Ávila.

Pero hoy su movimiento es nada menos, que contra su propio Presidente Mauricio Funes, quien, consciente del peligro, no ha vacilado en afirmar que pudiera hacer gobierno con personas de otros partidos, como si se sintiese sin el respaldo de su partido que le llevo al poder. Por su parte, el FMLN debe encontrarse en la disyuntiva de si permanece conformando gobierno o se pliega a las pretensiones de sus bases (ser o no ser, tal es la cuestión). Las bases están gestando una revolución a los revolucionarios: clara, muy clara es la posición del MDP, comunismo a ultranza. Simbólica ha sido su fundación el 22 de enero, en el 79° aniversario del alzamiento comunista de 1932 (por segundo año consecutivo el FMLN no lo celebra). Dagoberto Gutiérrez su fundador, ha dicho: “Nuestro norte es el Sur” en clara alusión a su relación con  Venezuela. Esta expresión dogmática es constante en los discursos de Hugo Chávez. Claramente plantea Gutiérrez el lineamiento del MPD: “El socialismo latinoamericano del siglo XXI”.Y en su momento, defendiendo las acciones  del Presidente Zelaya, dijo en una entrevista, “La insurrección es la clave, la insurrección es legítima en Honduras, pero no, en El Salvador, la Constitución está atrasada en este punto”. De este modo, está defendiendo la insurrección como el camino a la legitimidad del Gobierno Popular.

Ahora bien en cuanto a la derecha, nada tiene que ver en este reacomodo de fuerzas. Sin embargo, para muchos izquierdistas los “Amigos de Mauricio” representan los intereses de la “oligarquía criolla” y la relación establecida con los Diputados de Gana, refuerzan esta posición y, este ha sido uno de los argumentos para la creación del  nuevo movimiento de izquierda. El apoyo que dieron unas Diputadas de ARENA a las pretensiones de los maestros, al visitar una escuela, fue un error político, el cual puede ser interpretado como  injerencia en la lucha interna del FMLN, favoreciendo la ingobernabilidad. Lo mismo se aplicaría al Ejército si éste se viese comprometido a proteger al Gobierno, y que se ha visto ya obligado a usar sedes policiales para la operación de los tribunales penales y posiblemente, utilizar en el futuro recintos militares para que se puedan realizar algunas actividades que garanticen el orden y la paz social.

Aunque repetimos, no tiene que ver la derecha en estos acontecimientos, ni están representados sus intereses políticos ni económicos en el Gobierno, no es conveniente su intervención.  Todos estamos sufriendo y sufriremos sus resultados, y más aún la clasificación de riesgo país.

La desvinculación del FMLN de los movimientos de base es parte de la lucha por el poder. La estructura partidaria del FMLN se basa en la estructura de cuadros, los cuales son cerrados y por zonas, con verticalidad absoluta. Al darse esta ruptura, el FMLN está tratando de preservar su estructura partidaria intacta.

La lucha que se está dando beneficia a la oposición, si lo vemos desde el punto de vista electoral, pues hay un descontento generalizado por las consecuencias de  las continuas huelgas y sus exigencias, que en algunos casos, son ofensivas para el ciudadano común. Sin embargo, sus efectos pueden ser negativos para la derecha, si las pretensiones electorales de la izquierda, no son cumplidas en el 2012, pues la  actual dirigencia del FMLN sería reemplazada. 

Editor

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

LAS OFERTAS EXAGERADAS DE CAMPAÑA FACILITAN EL TRIUNFO, PERO DIFICULTAN EL GOBIERNO. LA POBLACION EN GENERAL, SUFRE SUS CONSECUENCIAS.

DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD Y LOS CUERPOS INTERMEDIOS.

Partiendo del principio de que toda acción de la sociedad debe, por naturaleza, ir encaminada a prestar auxilio a los miembros de la sociedad  y, jamás absorberlos o coaccionarlos sino lo mínimo necesario para asegurar la convivencia humana y propiciar el desarrollo individual dentro del ser colectivo.

Este principio conceptualiza la “subsidiariedad”, cuya definición se encuentra en la Encíclica Quadragessimo Anno del Papa Pío XI y luego es retomado en la Encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII. Y la cual  se define así: la subsidiariedad, del latin subsidium consiste en la ayuda recíproca de las corporaciones sociales entre sí, debiendo las mayores y más elevadas ayudar a las más débiles y modestas y no servirse de su potencia y dignidad para disolverlas o destruirlas.

En la estructuración de la sociedad siempre es necesario atender a la naturaleza humana, encausándola dentro de sí misma pues es imposible que una estructura social pueda sustentarse solo en especulaciones  fuera de la realidad y la naturaleza humana, pues de lo contrario, sólo la fuerza podría mantenerla, causándole males mayores que los que se pretendiese evitar.

El liberalismo, acorde a la naturaleza humana en su forma pura, absoluta, potencia a los capaces, permitiéndoles llegar a niveles de creatividad insospechados, pero anula al incapaz, en una selección  propia de la implacable naturaleza, pero contraria a la naturaleza humana, poseedora única del alma que la impulsa a la solidaridad y la cual en sus múltiples formas, es bien hechora de la sociedad. La compasión, intención de ayuda para  el que sufre desgracia; la solidaridad, interés común, son factores que permiten la convivencia armónica basada en la justicia.

La Iglesia Católica en las encíclicas ya citadas,  establece el método que sin alterar la naturaleza humana, permite corregir y encausar sus efectos adversos en la sociedad, sin comprometer la libertad del individuo.

La subsidiariedad, ya definida anteriormente, es una ayuda recíproca entres las corporaciones sociales, sin la intervención consciente del hombre, atendiendo únicamente a su natural gregario.

Pío XII dice. “Toda actividad social es subsidiaria por su propia naturaleza; debe servir de sostén a los miembros del cuerpo social y nunca destruirlos ni absorberlos”. Las Palabras de PIO XII de cómo funciona la subsidiariedad son verdaderamente luminosas, valederas para la vida social en todas sus manifestaciones.

El tejido social  ha sido creado no solo por individuos aislados, relacionados entre sí, sino también por grupos sociales cuyo interés es común y en razón del cual, tienen vida propia. Estas estructuras atienden a la inteligencia colectiva creada por el interés común. Algunos científicos, al observar el comportamiento gregario de especies que aisladas serían incapaces de subsistir y sí sobreviven en forma colectiva, conservando sin embargo, sus peculiaridades individuales pero al servicio el grupo, han llamado a esta conducta inteligencia de enjambre porque la sumatoria de los individuos, crea una conciencia común que responde positivamente a las necesidades de los individuos que la conforman. Lo que los científicos han descubierto en la naturaleza, se manifiesta en las organizaciones sociales naturales, pero con la diferencia de que en ellas, priva el espíritu humano por sobre el instinto.

La organización natural superior es el Estado pero desde un orden inferior, se encuentran las organizaciones menores que cumplen roles fundamentales en los anhelos de justicia y equidad, prestando auxilio a los que lo necesitan. El necesitado no es quien carece de recursos económicos, sino todo el que ha menester de la ayuda o colaboración de otro  para satisfacer sus propia indigencia. De hecho, todos necesitamos de todos: es imposible que un ser humano pueda por sí sólo, proveerse de todos los servicios necesarios para cubrir sus necesidades, aún de las más elementales, siempre necesita que otro le provea o intercambie sus servicios.

Desde los tiempos primitivos,  el hombre se organizó en pequeñas sociedades, por instinto de protección y de ayuda, incluso éstas son anteriores a la civilización y al Estado.

Vivimos inmersos en un sin número de organizaciones  sociales diferentes y separadas del Estado, que nos facilitan la vida y, nos son tan naturales que no nos percatamos de su existencia o interrelación y necesidad para la vida cotidiana.

Desde el punto de vista del Derecho,  en nuestra legislación se presentan dos grandes clasificaciones: Primero organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, y luego de Derecho Público y Derecho Privado. Por lo que encontramos muchísimas agrupaciones que deben su personería jurídica a diversas entidades pero cuya organización obedece a la defensa de intereses comunes.

Veamos algunos ejemplos: si el interés es puramente mercantil, el Registro de Comercio lo registrará. Si el interés es sin fines de lucro, el Ministerio de Gobernación dará su aval. Si el interés es laboral, será el Ministerio de Trabajo. Si el interés es en función de la propiedad en condominio, será el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca. Si el interés es de desarrollo comunal, será la Alcaldía Municipal, la que emita su personería jurídica. En el caso del interés político, será el Tribunal Supremo Electoral.

Sin importar que estas asociaciones tengan un registro publico o no, su existencia no se pone en duda; incluso la Revolución Francesa, en su afán de crear igualdad total, proscribió, por medio de la Ley Chapellier, la existencia de las agrupaciones profesionales, pero  todo intento para impedir la agrupación humana con fines de apoyo recíproco, siempre ha sido infructuoso.

Y por último, mencionaremos al  Municipio, que constituye una sociedad completa en miniatura, frente al Estado. Presenta  la misma  complejidad en menor escala y, debe su existencia a la autonomía que se le reconoce en la Constitución.

El trayecto recorrido por la sociedad desde el clan a la polis, de ésta a la comunidad y finalmente al Estado, ha devenido muy complejo y esta complejidad, de la vida social moderna ha creado la necesidad de la subsidiariedad que facilita al gobierno el cumplimiento de los fines del Estado y es que éste, es incapaz por sí solo de satisfacer todas las necesidades de los individuos. A este proceso se ha llamado la descentralización del Estado.

Y por dicha descentralización el Estado nunca pierde su poder soberano, siempre lo mantiene. Pero la implementación de algunas acciones administrativas tienden a recaer en entidades menores como las municipalidades. Tiene también como punto referencial, la opinión colectiva de las agrupaciones sociales, las cuales, mediante sus opiniones, son un referente de los logros alcanzados en función del bien común. La Municipalidad en nuestro sistema, es la única que posee la institución del Cabildo Abierto, mediante el cual puede mantener un dialogo directo con el ciudadano para tratar los asuntos propios de la vida municipal, sin caer en la democracia participativa. Esta institución de Cabildo Abierto, consagrada en el Código Municipal,  de tradición colonial y,  de trascendencia en la independencia, se utiliza modernamente con frecuencia con un fin político partidista y no, puramente cívico como es su objetivo. La autonomía municipal no es una autonomía “de gastos” con financiamiento estatal; es la posibilidad de satisfacción de las necesidades perentorias de la población dentro de una solución lógica salida del consenso general y de la viabilidad de la solución.

La conjugación de los Cuerpos Intermedios con el principio de subsidiariedad permite una convivencia armónica dentro de la sociedad y, evita por una parte, el autoritarismo estatal y, por la otra, la anarquía ante la falta de autoridad.

EL LEVANTAMIENTO COMUNISTA DE 1932. II.

EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SALVADOR.

Uno de los factores determinantes del levantamiento campesino de 1932, fue la tenencia de la tierra. Algunos analistas de dicho movimiento, sostienen que fue una insurrección estrictamente   indígena, y otros, que fue rebelión  de los cofrades, ante la pérdida de su autoridad colonial. Más, no  podemos atribuir el fenómeno a una causa solamente, sino más bien, a una multiplicidad de hechos, entre las que cuentan la crisis económica,  la difusión  de las ideas comunistas y la utilización de figuras religiosas que sugerían la identificación del cristianismo con el   con el comunismo revolucionario, en una muy temprana Teología de la Liberación.

Sin embargo, es necesario para esclarecer la verdad, analizar primero la influencia que tuvo la tenencia de la tierra en el modo de vida de los habitantes, y en las  transformaciones  sociales que, como su consecuencia natural, se dieron y que influyeron con gran efecto, de manera directa en los sucesos de 1932, especialmente en el occidente del país.

Debemos saber que La Nueva España, región que proveía de recursos y era administrada por funcionarios nombrados por la Corona Española, era un vasto territorio que se extendía desde el extremo norte de California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Texas y la Florida, hasta la Tierra del Fuego en la Patagonia, y hacia el este abarcaba casi la totalidad de las Antillas. Este inmenso territorio, era suficiente para costear su administración, sostener medios de defensa y más aún, generar  riqueza. Pero al  independizándose, cada una de sus regiones tuvo que asumir por sí sola su propio sostenimiento, en todos y cada uno de los órdenes de la vida: crear sus estructuras administrativas, sostener su medio de defensa y más aún, crear riqueza; en resumen,  hacerse cargo de sí misma y por si sola. Y para lo que tuvo cada una que crear estructuras administrativas forzosamente más complejas que en las Provincias y las Alcaldías  de la época colonial. Nuestro turno nos llegó en 1839,  cuando Centroamérica quedó plenamente conformada, en un proceso que se había iniciado  en 1829. Esta nueva conformación, nos planteó la necesidad de que El Salvador, país independiente, poseyera estructuras sociales, económicas y políticas propias; debiendo asumir y resolver sus propios problemas demográficos pues todos estos asuntos son propios de un Estado independiente. Pues bien, si el pueblo tuvo conciencia de su independencia, no la tuvo muy clara en cuanto al orden económico, ni en cuanto  a sus verdaderos límites territoriales, en los que se asentaba y la cual tendría que proveer los recursos para el sostenimiento del Estado (impuestos).

Un ejemplo de esta realidad es la de la familia Lagos, que al saber que en los nuevos límites de El Salvador, se encontraban en territorio Hondureño, prefirieron emigrar primero, hacia San Vicente, para después, ser una de las primeras familias en asentarse en la recién fundada Nueva San Salvador, mientras que otros miembros de la misma familia, emigraron hacia Ahuachapán. En la obra “Penetración Comunista en El Salvador”, de René Barón Ferrufino, se encuentran tres mapas de El Salvador, trazados por europeos  a mediados del siglo XIX, y los límites trazados difieren mucho en entre ellos; desde el que nos da salida hacia el océano Atlántico hasta el que nos señala límites menores a los actuales.

Por aquél entonces, la única riqueza con la que contaba El Salvador era la producción de añil. Este cultivo en Centroamérica  se extendía desde Escuintla en Guatemala, hasta León en Nicaragua. Conozcamos algunos datos de la “Cuenta General de la Dirección de Montepío de Cosecheros de Añil, 1793”, A. G. I.,  Audiencia de Guatemala.

Origen	Peso/libras
San Salvador	8,843,334
León	443,194
Guatemala	313,936
Total	9,721,800

Y en comentarios sobre la producción en derredor de San Salvador, Juarros, en “A Statistical an Commercial Historiy of the Kingdom of Guatemala”, dice que estaba tan generalizado el cultivo del añil que se descuidaba la siembra de los artículos de primera necesidad, por lo que las autoridades Españolas en 1814, encomendaron la diversificación de los productos, dando incentivos fiscales similares a los que se le daba al añil a la producción de cochinilla, cacao, azúcar, algodón y café.

 En los primeros años de nuestra independencia, no vario la estructura de la tenencia de la tierra, y así se mantuvo por pucho tiempo, como en la época colonial, en que había dos tipos de propiedad: de la Corona Española y privada. Ahora bien,  por el tipo de propietario,   se dividían en: "Títulos Reales", que se adjudicaban a personas particulares; "Títulos de Indios", que correspondían a los indígenas en colectividad, y "Títulos Comunales y Ejidales" que eran otorgados a las comunidades y municipios. Al proclamarse la independencia, la administración de las tierras de la Corona Española pasó inmediatamente a ser administrada por el Estado. Y  no habiendo un registro de las mismas, éstas se daban por exclusión de los títulos existentes. La demarcación de las propiedades no era nada precisa, en la práctica había confusión entre las tierras ejidales y las tierras amparadas por los Títulos de los Indios. Jurídicamente hablando, las tierras ejidales pertenecían al Municipio y eran tierras de uso público, pero cada usuario debía pagar un canon  anual, y así, lo sembrado y cosechado,  era forzosamente estacionario. El propósito de  de la tierra ejidal era producir los alimentos de los habitantes del municipio. Por lo genera,l la tierra ejidal se repartía en fragmentos de  3.75 mz, que era lo que podía cultivar una persona con ayuda de sus hijos.

La tierra de los indios, era para su asiento y cultivo, fuera del pueblo y en comunidades puramente indígenas y para que de ellas extrajeran su sustento. Sin embargo, el indio no tenía el sentido de propiedad sobre la tierra, pues que ésta en si misma, no constituía riqueza alguna para él y así  tomaban como propio lo plantado sobre ella, y aunque a simple vista se viera como una tierra inculta, cubierta de bosque, sin dueño aparente, el indio cosechaba los frutos de los árboles que consideraba propios y no los de otros, aprovechando sus frutos y la madera.

 El aumento de la población,  mínima en época colonial, en comparación de la actual, generó siempre conflictos sobre la tenencia de la tierra, pues nuestro territorio siempre ha sido vulnerable a los fenómenos naturales que han obligado al desplazamiento poblacional. Así  al entrar en conflicto la forma tradicional de vida de los indios, con las necesidades cada vez de mayor cantidad de tierra ejidal y con el pastaje del ganado (que sin tabulación necesita una manzana por cabeza) originó graves disputas por la tierra que tardaron mucho en resolverse. Al respecto y como ejemplo, es un caso muy interesante es el de Nejapa, cuya población fue desplazada por un aluvión  de lava del volcán de San Salvador, y ante su necesidad, exigió  tierras a la Corona Española (1659) la cual  se les negó por que sus cultivos serían dañados por el ganado de la Hacienda Mapilapa, en razón de lo cual, se entablo otro litigio y, entonces Quezaltepeque accedió a entregar tierras, de común acuerdo con otros hacendados. Una vez levantadas sus cabañas y cultivadas la tierras, los recién asentados alegaron “posesión” de dichas tierras y luego erigieron una cruz para señalar la “Posesión Jurídica, Real y Personal de la Comunidad”. Pero la disputa continúo en 1697 cuando Nejapa alegó tener más habitantes y solicito al Alcalde Mayor de San Salvador la ampliación de las tierras ejidales. En razón de este reclamo,  después de sopesar las compensaciones que tendrían que dar a los propietarios perjudicados, se convino de común acuerdo, entregar y recibir  una tierra forestal ubicada en San Antonio (hoy Sitio del Niño), pero los limites de la tierra otorgada no se demarcaron sino hasta 1736, y así quedaron definidas en que quedaron definidas 7 caballerías, o sea 868.68 mz. Sin embargo, desde mucho antes había habido invasión a dicho inmueble alegando tener necesidad de tierras de cultivo y la población presionando siempre, generó nuevos litigios en 1742, en 1750 y por último en 1806.

Este caso es ejemplo elocuente de la  vulnerabilidad de nuestro territorio y la creciente necesidad de tierra fértil para los cultivos tradicionales de subsistencia. Lamentablemente  es muy  poca la tierra laborable bajo las técnicas tradicionales  y es prueba también que la disputa por la tenencia de la tierra ha sido constante en nuestra historia, la cual esta íntimamente ligada a la creciente explosión demográfica.

En los albores de nuestra independencia, El salvador tenía una conformación poblacional minoritariamente española, un número  mayor de mestizos y mayoría  indígena. Según algunos estudiosos de la época, había unas 400 familias de ascendencia española, asentadas en nuestro territorio,  y que vivían distribuidas en las cinco ciudades principales, según la importancia de la época: San Salvador, San Miguel, Sonsonate, San Vicente y Santa Ana. También había asentamientos españoles en las rutas de transporte entre las ciudades principales antes mencionadas: Metapán, Chalatenango, Zacatecoluca, Usulután y Jocoro. Y eran ellos los que poseían la mayor parte de los Títulos Reales, y en cuyas tierras se cultivaba principalmente añil y, el cual era llevado en mayor proporción a  Guatemala, y en cantidad  menor  transportado hacia Honduras en su recorrido hacia el Atlántico. También cultivaban granos básicos, tabaco y caña de azúcar para el consumo local. La ganadería era para la producción de quesos y leche y se traía de Nicaragua  ganado para el sacrificio.

Las ciudades eran centros de esparcimiento y punto de recolección de los productos, pues generalmente, el hacendado  vivía en su hacienda, en donde también habitaban sus trabajadores. Este sistema, permitía muy poco la movilidad  y crecimiento poblacional. En 1807 se calcula que la población era de 165,000 habitantes y había escases de mano de obra.

En 1825, al inicio de nuestra vida independiente, el 40% de lo recaudado por el Gobierno Federal de Centroamérica, era producto de la tributación indígena, que antes enviaba a la Corona Española, y  ahora entraba a las arcas del Estado. La recaudación de impuestos recaía sobre los Alcaldes, quienes en su mayoría eran indígenas. Es de hacer notar que fueron tales los abusos cometidos por estos Alcaldes sobre los indios, alrededor de Izalco que se  ordenó en 1726, al Alcalde Mayor de Sonsonate que interviniera con la finalidad de “lograr un buen gobierno”. Esta situación de abusos se repetía en muchas alcaldías gobernadas por los indios, en las cuales se fundía la autoridad civil de los Alcaldes con la del sacerdote en las Cofradías,  que tenían una dimensión política, que actualmente no tienen, porque su carácter es totalmente religioso. Por estos abusos  muchos indios preferían  vivir fuera de los poblados, y se refugiaban en las “Tierras de los Indios”, mientras que otros, buscaban refugio en las haciendas, en donde tenían asegurada su alimentación y no debían pagar de impuestos al Municipio.

Esta situación determino, el primer colapso del indigenismo, pues dispersó  los asentamientos tradicionales.

Este estado de cosas, no pasó inadvertido para las autoridades de la época y, con el fin de incrementar la producción se consideró tempranamente,  dar tierras en propiedad, con  el fin de enraizar al individuo y satisfacer fines con fines estrictamente económicos. Los trabajos de García Redondo (1799) y de Antonio Larrazábal  (1822) fueron encaminados en este sentido, reconociendo los derechos de los indios a poseer en propiedad las tierras comunales o ejidales. Pero ninguna de estas ideas  se llevó a la práctica en es época, sino hasta casi ochenta años después.

Con las guerras libradas en nuestro territorio, entre los años 1826 a 1831  y, nuevamente de 1839 a 1841 se provocó la destrucción de muchas grandes haciendas, ya fuera porque  eran un punto militarmente estratégico, o por que pertenecían a sus opositores políticos. Un ejemplo de tal destrucción, es el de  la Batalla de Gualcho, librada  el 6 de julio de 1828, en la cual el General José Francisco Morazán Quesada, al mando de tropas texiguat (Hondureñas) y leoneses (Nicaragüenses) derrotó a sus enemigos en un encarnizado combate que tuvo lugar en el casco de la hacienda, que fue destruida, por servir de cuarteles en la batalla. Aún a principios de los años 80´s,  podía observarse lo que había sido del casco de la hacienda, que  está ubicada  en el Municipio de Nueva Granada, Usulután, a pocos kilómetros del desvío al pueblo de Mercedes Amaña.

La destrucción de las haciendas productoras de añil, no fue lo determinante pero sí,  el cierre de la ruta añilera, que pasaba por Guatemala y que produjo una estrangulación económica con fines políticos. Esta situación forzó a buscar otras fuentes de financiamiento y, a crear la primera asociación gremial de El Salvador: “La Sociedad de Cosecheros de Añil”. El Salvador se vio obligado a apoyarse en sus propias fuentes de capital y a habilitar los puertos de Acajutla y de La Unión, los cuales eran simples puertos pesqueros. Para estimular el uso de esos puertos no hubo restricción a la nacionalidad de los buques, su anclaje y posterior desembarco no generaron impuestos. Estas dos medidas permitieron el uso creciente de los puertos y estimuló el comercio del añil de la zona oriental y de Nicaragua. El Puerto de la Unión produjo falta de mano de obra en las haciendas y pueblos de los alrededores de  la zona, por lo que para evitar una emigración perjudicial para la economía, se dieron tierras para siembra estacionaria, sin el pago del canon establecido. La conformación poblacional en derredor de San Miguel, era mestiza y la llegada de norteamericanos, ingleses y españoles etc. (que ya no tenían restricción de la Corona  para su ingreso a América) a La Unión, fue un factor determinante para el desaparecimiento del indígena por medio del mestizaje; lo que afectaría al final la estructura social y agraria de la zona. Lo mismo sucedió en los alrededores del puerto de Acajutla. Y el escritor Francisco Herrera Velado, contemporáneo de Francisco Gavia y Santiago I. Barberena,  en su maravillosa obra costumbrista “Agua de Coco” se lee una amena descripción de la celebración del Día de la Raza en Acajutla y dice “…. A su salud, ño Pascual. –Por uste Don Secretario. – ¡Ajá! Este guarito es arrecho. Solo cuatro vergazos me he echado, ya estoy bolo……he aquí al Secretario Municipal es indio autentico, de amplios ademanes con humos de abogado. Es un comodín – poeta, orador, periodista y leguleyo - . Naturalmente, sabe mucho; sobre todo “apachar el clavo” (gozar algo a costilla de otro). Señores en la luminosa trayectoria que ha trazado…. que…. ha seguido la civilización en la raza autóctona hay una sombra. Me refiero, como comprendéis bien a la trata de vírgenes naturales que se verifica en Sonsonate. Señores os lo diré sin metáforas, aunque sufra detrimento del estilo cincelado de la oratoria. Sí señores LAS INDITAS QUE MANDAIS A LA CIUDAD DE LOS AGUAS DE COCO (Sonsonate) YA COMO SIRVIENTAS DOMESTICAS, YA COMO HIJAS DE CASA O SIMPLEMENTE A VENDER PETATES SON MIGUELEADAS O SEDUCIDAS. TAL ES LA CAUSA DE LA DEGENERACIÓN DE NUESTRA RAZA, HE AQUÍ A MUCHAS: NO TIENEN NUESTRO NADA YA, ACASO TAN SOLO EL HUIPIL Y EL CUASHTE. FIJAOS EN SU FÍSICO: YA NO ES EL AUTOCTONO. FIJAOS EN SU COLOR, CASI ES CHELE. FIJAOS EN SU PELO: CASI ES CANCHE. FIJAOS EN SUS OJOS: CASI SON SARCOS.

¡HA SEÑORES!.... HAY QUE EVITAR ESA FALSA DE PATRIOTISMO. OS LO DIGO CON EL CORAZÓN EN LA MANO Y CON EL CEREBRO ANTE LO PORVENIR.”

Esta descripción del discurso del Secretario Municipal es aleccionadora sobre lo sucedido a la raza: el mestizaje que dio  el segundo golpe al indigenismo,  en tal grado que, modifico hasta los gustos, aficiones y talentos dándonos una identidad distinta de la del coloniaje.

De esta forma, se dinamizó el comercio. En 1824, la mitad de los productos importados eran ingleses, y el añil había mudado su plaza de Madrid a Londres. El otro 50% de las importaciones, eran provenientes de China y Estados Unidos. Este intercambio comercial nos fue favorable, pues nuestros productos agrícolas, podían venderse a mejores precios y las importaciones ya no eran gravadas por la Corona Española.

En este período de independencia y crecimiento económico, la riqueza estuvo  en la producción agrícola, por lo que todo el que podía  se dedica a esa actividad.  La vida pública iba aparejada a la inversión en tierras, y es por ello que en su obra David Browning “El Salvador el Hombre y la Tierra”, menciona algunos apellidos que están relacionados con la política desde los albores de nuestra independencia y después, como grandes terratenientes: Alfaro, Orellana, Palomo, Escalón, Prado y Menéndez,  y en una segunda generación de políticos – agricultores podemos agregar a Quiñones, Dueñas, Avilés, Mora y el último de todos: Regalado. Para unírseles luego, a finales del siglo XIX, las inversiones en tierra, producto de actividades mercantiles: Hill, Parker, Sol, Schonenberg, Soundy, d´Abuisson, De Sola, Dalton, Deininger y Duke. Es de hacer notar que los capitales de los Próceres Aguilar, Lara, Rodríguez, Delgado, Arce y Faboaga  se vieron disminuidos notablemente por que lo invirtieron en la independencia, a tal extremo que, Manuel José Arce, murió en la indigencia, sólo asistido por el pueblo que lo socorrió en sus últimos momentos. Sus apellidos dejan de figurar en la galería política del resto del siglo XIX, y en la mayoría de sus descendientes, sus fortunas jamás fueron recuperadas con el esplendor de antaño. Lo que prueba que, en nuestros próceres, no imperó el ánimo de lucro, sino un genuino espíritu libertario fundamentado en los principios de la Revolución Francesa.

El cultivo del añil, presento un problema para la satisfacción de las necesidades nacionales, pues dependíamos de las exportaciones, por lo que se consideró nuevamente, la necesidad de una diversificación en nuestros productos, para allegar más recursos al Estado y satisfacer indigencias. En 1838, se ofreció una medalla de oro al agricultor que produjera la primera cosecha de seda y, exenciones fiscales a ese producto. También se dieron incentivos fiscales  a la producción de cacao, bálsamo, caucho, café, trigo, tabaco, vainilla y henequén.

Todo esto se desarrolló dentro de un marco territorial inseguro, pues los límites de El Salvador, aún no estaban completamente establecidos y, más aún, con un sistema jurídico basado en la legislación española de Las Siete Partidas o Fuero de las Leyes, dados por el Rey Alfonso X el Sabio, en 1283, y sin un registro de la propiedad raíz. Los registros existentes estaban en los Archivos Reales o del Consejo de Indias. De esta época, viene la costumbre de decir: “yo tengo mis escrituras o doy en garantía mis escrituras”, pues el derecho de propiedad se probaba por medio de la exhibición de los documentos respectivos o del endoso de los mismos, si hubiese sido un derecho conferido por la Corona Española.

Esta situación contribuyó a una inseguridad en la tenencia de la tierra y, que en algún momento, facilito el que se cometiesen abusos. Por esta razón, se determinó que un pueblo con quinientos habitantes, una iglesia y un cabildo, debían  tener tierras suficientes para sustentar a su población presente y futura, y se pidió a todos lo cabildos que delimitasen, mediante un plano, las tierras ejidales, planos que tenían que contener: tierra de labranza, pastos y bosque. Claramente, pueden identificarse tres necesidades básicas: cosecha de granos, ganadería para la producción de leche y carne y, además, frutas y  leña para la cocina.

En este estado de cosas, debe entenderse que, todo habitante tenía derecho al uso de una parte del ejido, previo pago del canon impuesto por la Municipalidad y que la posesión legal, fuese autorizada por el Alcalde. El pago del canon del arrendamiento de tierras, constituía  ingresos para el sostenimiento del Cabildo.

La primera modificación en la tenencia de la tierra ejidal, fue que a quien le hubiese sido entregada,  podía traspasar sus derechos de “dominio útil” (usufructo) y  que si no estaba cultivada toda la tierra ejidal, el Alcalde podía sacarla a subasta (solo  para su usufructo).

En cuanto a las tierras de los indios, cada comunidad tenía derecho jurisdiccional sobre sus tierras, pero en cualquier otro asunto tenia competencia, la Municipalidad.

La comunidad debía elegir anualmente, a un Administrador para que distribuyera las tierras entre los indios, pero además, poseía la facultad de arrendar tierras comunales a quienes no eran de la comunidad.

Entre 1851 y 1858 se publicaron anuncios de subasta de tierras públicas, pero el resultado no fue el esperado: no hubo interés en la adquisición de tierras, que implicaba una inversión a futuro, con un sistema de comunicación precario y sobre todo, con escasa mano de obra. Veamos ejemplos muy aleccionadores de esta época. La oferta de 1,573 acres (2,052.48 Mz) en Tecapán, hoy departamento de Usulután (antes perteneciente a San Miguel) y salió publicado por vez primera en el Diario Oficial del 24 de enero de 1851, luego el 22 de febrero de 1855. Lo cual prueba el poco  interés en la tierra. El otro ejemplo es el de la oferta de 880 acres (1,259 Mz) que habían pertenecido al pueblo de Huistitán (en La Paz), el que había perdido su categoría de pueblo y por consiguiente, su ejido pasaba a ser tierra pública; esto sucedió en 1858. Lo mismo había sucedido en Antiguo Cuzcatlan, en 1842, al perder  éste su categoría de pueblo, pero se suscitaron disputas, que fueron saldadas hasta 1847, cuando se acordó que los poseedores conservaban su tierra a condición de que la trabajasen y que el resto sería tierra pública.

La primera legislación totalmente nuestra sobre la propiedad de la tierra se dio en 1859, con la promulgación del Código Civil. En su clasificación de los bienes, encontramos el Art. 572.- que literalmente dice: “Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, no están poseídas por ninguna persona”. Esta disposición es clara: todo lo que sea poseído por un particular es no es propiedad del Estado, y el término “posesión” debe entenderse en un estricto sentido jurídico, como la posesión física con la intención de apropiación. Así el interés nacional y la Ley daban al Estado, la facultad de vender toda la tierra fuera que estuviese ociosa y, que no fuese reclamada por persona alguna, en una temprana “función social de la tierra”. Este concepto de lo que es tierra pública por exclusión de lo privado, jamás ha sido modificado hasta la fecha.

Siguiendo los principios de la economía de mercado, todo producto que no fuese rentable, dejaba de producirse, ya sea porque la tierra y el clima no eran los adecuados o porque no hubiese mercado. El merito de probar que el cultivo del café sí podía ser  rentable lo tuvo  al Sr. Antonio Coelho, brasileño y Maestro de profesión, quien en 1840 en una pequeña finca llamada “La Esperanza”, ubicada en las faldas del cerro de San Jacinto, sembró café exitosamente. No fue el primer experimento de este tipo, pues ya había sido cultivado en 1825 y vendido a ingleses.  Su comercialización en el país, era nula pues en aquel entonces, soló se consumía chocolate.

En 1848, se dio  la primera exención de impuestos a la producción de café: cualquier persona que sembrase más de cinco mil cafetos, estaba eximida de los impuestos municipales por diez años, y de prestar el servicio militar y de  no pagar impuestos de exportación por siete años. Esto tuvo su origen en que el café necesita un cuidado continuo. De acuerdo a los estándares de la época, se sembraban dos mil doscientos veintidós  cafetos por manzana, por lo que la extensión ocupada era de 2.25 mz, lo más que una persona podía atender durante el año, sin perjuicio de otras siembras estacionarias. Estas ventajas legales, modificaron los alrededores de las ciudades, por ejemplo en San Salvador, para la siembra del café, se usó el método de la quema (muy usado por los indios para la limpieza de la tierra) y, en los casos en que las tierras fuesen  privadas, se daba sin costo el uso de la misma, con la condición de que la desmontaran, para después de la cosecha, poder utilizar la tierra para la siembra del café.

Y por este cultivo, el del café,  se dio el tercer golpe a las estructuras indígenas. Para poder sostener una plantación de café, se necesitaba mucha mano de obra y por esto, el indio se desplazó hacia las fincas recién creadas, en busca de trabajo y subsistencia, desenraizándose de sus antiguas estructuras y favoreciendo más aún, el mestizaje. Este cambio daba al campesino un beneficio: podía adquirir productos que de otra manera le estaban vedados por su economía de subsistencia, que no le permitía la compra - venta y, en la finca sí podía adquirir los productos en la  Tienda de Raya (Recibió su nombre de la costumbre de que en la planilla se anotaba lo dado al campesino y, luego de llegado el día de pago o quincena, se le tachaba el valor de lo consumido). De hecho, la Tienda de Raya fue  la primera institución de crédito popular. Y además recibía una parcela de tierra, sin tener que dar “censo” (pago en especie). En aquel tiempo, el país no tenía sistema bancario y, el  propietario percibía ingresos hasta cuando se vendiese la cosecha, no antes, por lo cual la Tienda de Raya, significaba también un fondeo, pues podía adquirir bienes al crédito y, servirlos al campesino. Los bienes transados eran únicamente de alimentos, fierros, tabaco y alcohol.

Las primeras fincas de café fueron todas muy pequeñas, por la inversión necesaria. Como ejemplo citaremos los documentos del Dr. Manuel Gallardo, compilados y publicados en 1964, en donde  se conoce lo costoso que era la siembra del café.  El Dr. Gallardo, en Nueva San Salvador, que con mucho esfuerzo pudo sembrar 30,000 cafetos y tener una cosecha de 1000 quintales. Lo cual significaba una extensión superficial de siembra  de 13.5 mz y una producción de 250 qq oro, en esa época, se daban las cifras en uva, y no en oro como lo acostumbramos hoy en día. El promedio producido era de 18.5 quintales oro por manzana, lo cual  era alto para la época e implicaba también el uso de mucha mano de obra.

La necesidad de mano de obra desarraigó al indio y lo llevó a las fincas en donde se mezcló con los mestizos, cambiando la conformación de la sociedad y dejo en abandono, las tierras de los indios, que con el tiempo fueron paulatinamente, absorbidas por el Estado.

El proceso de la creación de las fincas de café, fue de pequeñas a grandes: primero se interesaron en el cultivo los profesionales y los comerciantes de las ciudades y, era un medio de hacer una inversión. Con posterioridad las haciendas de añil o de ganado sembraron café también.

En 1861, el Gobernador de Santa Ana informó de que en los alrededores de la ciudad de Santa Ana y de la población de Chalchuapa había 1, 578,000 plantas de café en vivero; 689,000 ya sembradas y 602,000 en producción. Para que la planta de café estuviese en plena producción, debían pasar cuatro años después de su siembra. En esa época, el café se cultivaba en bajío (por debajo del los 800 metros sobre el nivel del mar) y,  esto en razón de la cercanía de los poblados y porque los vientos no eran  fuertes. Aún no se había desarrollado  técnicas de cultivo en altura con barreras de viento.

El principio del fin del añil, se dio con la Guerra de Secesión de los Estados Unidos (1861- 1865) pues entorpeció el comercio de este producto con Inglaterra. Y ante la búsqueda de nuevos productos de exportación, se transformaron las haciendas en fincas de café. Veamos algunas cifras reveladoras del informe del Gobierno, recopilada por Santiago I. Barberena, expresadas en Dólares U.S.

Año	Añil	Café
1864	1,129,105	80,105
1870	2,619,749	663,347
1875	1,160,700	1,673,157
1881	1,470,300	2,909,195
1891	892,092	4,806,428

La resistencia a abandonar lo conocido es natural en el ser humano y así hubo resistencia, tanto para abandonar el cultivo del añil como para abandonar las tradiciones de subsistencia del indio, pero los factores económicos terminaron imponiéndose.

La producción de café se concentró en los departamentos de occidente del país, mientras que los otros, se aferraron a los cultivos tradicionales.  En San Vicente se planto café hasta 1880, y solo había 31.85 manzanas sembradas de café frente a 1,158.24 sembradas de añil y 1,592.58 manzanas de maíz. Las restantes 3,269 manzanas cultivables, se dedicaban a otros productos o a pastoreo, según la Estadística de la jurisdicción Municipal de San Vicente, publicado en el Diario Oficial del 22 de abril de 1880 y, recopilado por Esteban Castro.

Con el auge del café, hubo una explosión demográfica y, en 1879 El Salvador aumento su población a 554,000 habitantes.

Un caso interesante es el de la fundación de Nueva San Salvador,  en 1854 y, es un caso muy particular, pues siendo fundada en virtud del  Decreto del Presidente José María de San Martín, como capital del país, se la dotó de tierras ejidales, las cuales con posterioridad, fueron  ocupadas y cercadas, sin ningún orden e intervención del Gobierno de Nueva San Salvador. Es un caso en que la fuerza, privó por sobre el ordenamiento y procedimientos de la época.

En ese mismo año de 1854, se había debatido en la Cámara de Diputados la supresión del Municipio de Santa Lucía (Santa Ana) “..por no tener el número de almas que señala la lei de 4 de septiembre de 1832 como porque a más de carecer las personas que desempeñen los cargos concejiles, no tiene los elementos necesarios para constituirse en pueblo como consta en el expediente creado al efecto;…….. y agregado como barrio a la ciudad de Santa Ana.” Firman las autoridades de la Cámara de Senadores, El Ministro General: José Á. Jiménez y el Presidente José María San Martín. Dentro de los firmantes se  encuentra  Teodoro Moreno, Diputado por Santa Ana. Las tierras ejidales así pasaron a ser tierras públicas y posteriormente puestas en venta. Este Decreto se encuentra recopilado en la obra Hombres y Cosas de Santa Ana de Juan Galdámez Armas.

Entre los años 1859 y 1865 el Presidente Capitán General Gerardo Barrios ordenó la transferencia de tierras públicas a los cafetaleros, con la condición de que en su mayor parte, fueran sembradas de café, o de lo contrario, deberían ser devueltas al Estado. La siembra de café impulso a  algunos terratenientes a ampliar sus propiedades para la siembra del café, o que recurriesen a ardides como los de alquilar la tierras ejidales para pastoreo primero y luego reclamarlas como propias y sembrar café. De este tipo de situaciones hay registros en Texistepeque, Coatepeque y Tamanique, e incluso en Izalco, se uso tierra ejidal para darla en garantía como si hubiese sido de su propiedad. La falta de un registro público, facilitó estos subterfugios, y el abandono de las tierras ejidales por sus antiguos trabajadores, facilito que pudiesen hacerse sin mayores conflictos por la tenencia de la tierra.

La necesidad de los particulares para obtener recursos, fue cada vez mayor y, la producción de subsistencia de los ejidos era ya insuficiente para las necesidades de la época, por lo cual, la Alcaldía de Mejicanos, aprobó la compra de plantas de café, caucho, y henequén para que cada uno de sus ejidatarios los sembrara gratuitamente en su parcela. Estos cultivos dieron fin  al ejido, pues el que sembraba se sentía propietario de la parcela por poseer ya cultivos perennes. Posteriormente, se reconoció la propiedad privada de la tierra por las siembras realizadas. Este experimento que tuvo éxito, liquido las tierras ejidales. El Gobierno del Presidente Rafael Zaldívar aprobó esta experiencia y la respaldó en leyes que dieron fin a la abolición práctica y jurídica de los ejidos.

La existencia de los ejidos fue proyectada económicamente, para una vida sencilla y dentro del contexto territorial de de la Nueva España y, aún es viable con ciertas modificaciones cuando se disponen de tierras en abundancia, en relación con la población, pero nuestro territorio pequeño y sobre poblado, sin recursos naturales, que permitiesen el sostenimiento del Estado, hacían de la agricultura el único medio de obtener ingresos. Así, fue de toda necesidad, la transformación agraria que se dio en forma natural, siguiendo los principios de la economía. Sin embargo, hubo algunas resistencias a estos cambios. Por ejemplo  en 1870 se dio la Rebelión de los Volcaneños en Santa Ana, quienes llegaron hasta el centro de la ciudad de Santa Ana y quemaron la Alcaldía Municipal – que databa de tiempos coloniales – esta rebelión fue reprimida por la Policía Montada que había sido creada para mantener la paz y el orden en las zonas rurales, porque entonces sólo existía la policía Municipal.  También hubo descontento en las zonas de la Cordillera del Bálsamo, Izalco, Ataco y Juayúa, porque ya estábase sembrando café en altura.

Con la finalidad de probar la evolución de la tenencia de la tierra en el sentido de su utilidad, presento tres Decretos de distintas fechas. El primero en una clara delegación de funciones que llega hasta los criterios Municipales, el segundo reordenando los Municipios en el sentido de lograr la paz social y, el tercero, extinguiendo la tierra ociosa en manos de la Iglesia y en poder de entidades coloniales.

Febrero 4, 1867. Decreto Legislativo facultando al poder ejecutivo para que pueda conceder a los municipios que necesitan la administración de los fondos de los terrenos comuneros dados en arriendo.

Decreto Legislativo dividiendo el distrito de Chinameca en lo Gubernativo y económico en dos: el primero comprenderá Jucuapa, el triunfo, Tecapa, Tecapán y Estansuelas; el segundo Chinameca, Guadalupe, San Buenaventura y Lolotique, sin que ésta división altere en manera alguna, lo establecido en el orden electoral. Este Decreto se dio para evitar las rivalidades de las poblaciones de Jucuapa y Chinameca, que ponían obstáculo al pronto cumplimiento de las providencias gubernamentales.

Marzo 18, 1864. Para cortar los abusos y molestias que se ocasionan a los propietarios territoriales, el supremo poder Ejecutivo, Decreto declarando prescritos los capitales de capellanías y demás fundaciones piadosas y los correspondientes al extinguido Montepío de Añileros que no se hubiesen denunciado hasta la fecha

El cambio en la forma de producción agrícola, fue un proceso lento y necesario para la vida del Estado salvadoreño y, llegó  a su punto culminante, cuando se publico un memorándum que a la letra dice: “Se ha decidido que es imperioso convertir los ejidos en propiedad privada”, publicado en el Diario Oficial del 24 de Marzo de 1880. Firmado por el entonces Presidente Dr. Rafael Zaldívar.

El cambio en la producción y la tenencia de la tierra, también cambió la estructura social: en una relación simbiótica, en poco menos de un siglo la población ya fue  94% mestiza, y minoritariamente indígena. Esto explica en parte,  la razón de que el levantamiento de 1932 fuese más violento en los pueblos en los que aún había población indígena, la cual pensaba todavía en los privilegios que había gozado en la época colonial pero que eran ya incompatibles con la vida de un Estado moderno. Los predicadores comunistas ofrecían a los indígenas, la posesión de la tierra, en una falsa comparación entre las ideas comunistas y las tierras ejidales que nunca habían poseído en propiedad.

Los cambios estructurales sociales son irreversibles, y es imposible pensar en volver a las formas primitivas y contrarias al natural progreso y evolución social de las instituciones.

Todo retroceso artificioso genera violencia y caos en la sociedad y además, que sólo se mantendrían