Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



domingo, 29 de abril de 2012

VIOLACIÓN AL ESPIRITU CONSTITUCIONAL: PRECIPITADA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS




Por: Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor: PUBLICACIÓN ACCIÓN    


Para lograr la continuidad del poder político, ya extinto por el soberano, se ha nombrado a funcionarios, cuyo pensamiento político actuará por los futuros tres años, afectando de hecho la intencionalidad del votante, quien, en definitiva, es el ciudadano y no,  un número informe de personas  sometidas  a la autoridad del Estado, mediante la arbitrariedad de sus gobernantes.

El sistema democrático, republicano y representativo, genera, mediante cada período electoral, una onda política, la cual marca la pauta del ejercicio del Gobierno; en cuanto a la línea ideológica (la forma de ver y resolver los problemas nacionales) y las ofertas de campaña, que constituyen la idea de bienestar, expresada y querida en el bien común. Por tal razón, la elección de Segundo Grado, debe  estar acorde con dicha onda política.

Una alteración de tal mandato, genera  inmediatamente un descontento, pues  representa  un desprecio por el mandato ciudadano; además, tal actuación, ha sido motivada por la necesidad de preservar por un período más, lo que el mandato soberano le ha denegado en las elecciones recién pasadas: cuota de poder político transferida hoy su opositor.
Comúnmente hoy, en defensa de esta actuación, contraria al sistema establecido,  se arguye que la Asamblea Legislativa, no puede privarse de lo que la ley  expresamente no le prohíbe. Este  vulgar razonamiento, ignora la naturaleza propia del funcionario público, quien tiene como límite a su autoridad, el mandato soberano, expresado en la ley, pudiendo únicamente, realizar legítimamente, los actos que la ley le manda, pues de realizar actos no contemplados en el mandato, se configura el “Acto Arbitrario”, el cual, por su naturaleza contraria a la ley, concreta el derecho al Amparo o a la Inconstitucionalidad. El principio jurídico es que el ciudadano sujeto a la ley, esta restringido por la misma y se le permite la libertad de decidir si realiza  o no, un acto, siempre que no este obligado a realizarlo o a abstenerse de ejecutarlo. En el caso del mandato, el mandante no tiene libertad de criterio, pues sus actos están enmarcados dentro del mandato; a este razonamiento, natural y propio del derecho civil, se le ha dado rango constitucional:

“Art. 86.- El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.
            Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
            Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.”

Un  argumento expuesto en segundo lugar, es que en la descripción de las atribuciones de la Asamblea legislativa, se encuentra la potestad de nombrar funcionarios de elección de segundo grado, por lo cual, los diputados de la Asamblea Legislativa, tienen la potestad de elegir funcionarios, sin consideración de la época en que asumirán el cargo y en consecuencia pueden nombrar funcionarios sucesivos ejercicios y además, variar sus funciones, modificando el decreto de su nombramiento primitivo, por otro actual de acuerdo a nuevos intereses. Considérese al respecto, que todo  razonamiento jurídico debe  hacerse científicamente, pues de lo contrario la argumentación , es proclive al populismo legal, el cual abona sólo a quienes, bajo sofismas, pretenden legitimar sus acciones tendientes al ejercicio ilegitimo del poder, siempre en detrimento del verdadero soberano, el pueblo.

Al considerar el nombramiento de los cinco nuevos Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, para que asuman sus cargos, ya entrada en  funciones la nueva legislatura, se perpetúa la onda política generada el 2009 y no la recientemente creada, en marzo del 2012. Este acto arbitrario, afecta directamente la voluntad del votante del 2012, debilitando así, la intención de la oposición, y potenciando en igual medida, la del actual Gobierno.
Principio del sistema republicano es que el funcionario público, debe gozar de independencia en el ejercicio de su cargo, con el fin de lograr el equilibrio del ejercicio del poder, mediante la división del mismo. La elección pasada de Magistrados de la Sala de lo Constitucional, logró ese fin, pues a muchos no les agradaron sus resoluciones, pero sí se avanzó en cuanto al ejercicio de la soberanía, mediante el voto por rostro; además, se admitió un recurso de Inconstitucionalidad y Amparo contra el nombramiento de los funcionarios de la Corte de Cuentas, nombrados por la Asamblea Legislativa cuyo período finaliza el 30 de abril del presente año. Además, la Sala de lo Constitucional presentó un conjunto de resoluciones consideradas por muchos, como inconsultas y no, convenientes de acuerdo al interés logrado por la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa.

Con la segunda elección de Magistrados por parte de la actual Asamblea Legislativa, preténdese  corregir lo que ellos llaman “un error de nombramiento”,  es decir,  se pretende crear un pensamiento político unánime y conteste, entre el Ejecutivo, la correlación de fuerzas pactadas en la Asamblea Legislativa saliente y, el criterio de los Magistrados que tomarán posesión en Julio y, del Fiscal General de la República, quien tomará posesión hasta Septiembre del presente año.

Las protestas en contra de estos Actos Arbitrarios de la Asamblea Legislativa, son abanderadas por la agrupación ALIADOS POR LA DEMOCRACIA, que en este momento ha sido capaz de aglutinar a ciento veintiocho agrupaciones cívicas y gremiales, las cuales van desde los grupos ideólogos conservadores Cruzada Pro Paz y Trabajo y Águilas por la Libertad, hasta el movimiento sindicalista de izquierda ASTRAM, además, por todas las organizaciones gremiales de la empresa privada, las cuales aglutinan al pequeño, mediano y gran empresariado. Sumándoseles también jóvenes universitarios y distintas agrupaciones de profesionales de diferentes disciplinas.

Esta unanimidad del parecer de tan diversas asociaciones, ha superado sus diferencias ideológicas y los intereses gremiales, en clara conciencia de que ha habido rompimiento del orden Constitucional. La características de todas las asociaciones presentes en la plaza El Salvador del Mundo, el 25 de abril, es que ninguna  tiene más ambiciones que las propias de su gremio y, no existen intereses de poder partidario, sino sólo el cumplimiento de los principios democráticos, republicanos y representativos, de obediencia a la decisión del electorado.

El derecho a la protesta pública es de todo ciudadano u organización, inconforme con los actos del Gobierno,  sin embargo, al violentarse el mandato soberano, expresado mediante el voto a un partido o candidato político, obliga al partido político que logró mayoría electoral en la legislatura 2012-2014, a expresarse en contra y, a abanderar la protesta, pues es su voto el que en este momento, se ve afectado.

No todo individuo esta obligado o puede físicamente manifestarse en público, pues sus intereses particulares o sus posibilidades no se lo permiten, tal  es la razón de la representación.  En este momento, al aglutinar a tan diversas organizaciones, con el objetivo común de preservar el espíritu constitucional, debemos entender que, si un grupo o gremial manifiesta su posición de cualquier manera, ésta, es en representación de la totalidad de sus agremiados, y por tal razón, no  debemos verla como una persona, sino como la sumatoria de las voluntades soberanas de sus agremiados. Así,  la protesta de ALIADOS POR LA DEMOCRACIA, está representado a un sector mayoritario de la población,  la cual abarca todos los segmentos de la misma. La preocupación no es sólo por la idoneidad de los funcionarios recientemente electos, sino por la consecuencia que eso tendrá en los actos futuros de dichos funcionarios, los que son de previsible posición política.

La izquierda representada en el Ejecutivo, así como a la fracción de la misma y sus allegados en la Asamblea Legislativa, espera resoluciones favorables a las inconstitucionalidades y amparos presentados durante la presente administración del FMLN. La trayectoria, poco conocida de la mayoría de estos funcionarios, demuestra una sumisión a los lineamientos del partido de izquierda, a cuya propuesta, fueron electos. En cuanto al Fiscal General de la República, recientemente electo y quien asumirá funciones hasta dentro de cuatro meses, ya ha sido cuestionado como Fiscal Adjunto, por haber fungido putativamente en dicho cargo, además de defender en su momento, los intereses del gobierno anterior al actual.

La presentación de una Inconstitucionalidad contra la Asamblea Legislativa, por parte del constitucionalista Dr. Salvador Enrique Anaya, contra los Actos apresurados  de nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sustentando ampliamente la ilegitimidad de la elección, abre el debate dentro de la esfera jurídica. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, ante el anuncio público de la presentación de recursos de Inconstitucionalidad y la posibilidad de una Amparo por parte del Dr. Belarmino Jaime, anunció que no se publicaría el acuerdo en el Diario Oficial, sino hasta pocos días antes de la toma de posesión de los nuevos funcionarios electos, con la finalidad de evitar la eficacia de un recurso, ya que ley obliga a que el acto en virtud de su publicación, tenga efectos “erga omnes” (respecto de todos) y éste acto, pueda ser cuestionado válidamente. Ante esta argucia legal, el Dr. Anaya, expone en su razonamiento lo siguiente: “La ausencia de publicación en el Diario Oficial de los decretos legislativos impugnados, cuyo contenido habría de materializarse a partir del 1 de julio de 2012, no impide la impugnación de dichos decretos, en tanto que los decretos son válidos…", y agrega: “La demanda impugna específicamente el decreto legislativo 1070, del 24 de abril de 2012, por medio del cual se dispuso la elección de magistrados propietarios y suplentes de la Corte para el periodo que inicia el 1 de julio de 2012 y concluye el 30 de junio de 2021. También cuestiona los  decretos N° 1071, 1072,1073 y 1074. Razonando que las facultades constitucionales "no debe interpretarse como una disposición que permita el ejercicio de facultades irrestrictas de parte del Legislativo".

Al conocerse la presentación del recurso de Inconstitucionalidad de tales Decretos Legislativos, se ha cabildeado en la Asamblea Legislativa la posibilidad de una modificación a la Ley de Procedimientos Constitucionales, ya sea por medio de una ley o, de un Decreto Transitorio, que no permita que un recurso sea admitido en cuanto cuestione el nombramiento de un funcionario por elección de segundo grado.

Con el juego de argucias legales para evitar cuestionamientos a su potestad de elección, la Asamblea Legislativa, cambia la naturaleza del funcionario de segundo grado, elección que recibe su nombre, del concepto de transmisión de potestad, por un medio indirecto; adquiriendo el funcionario la potestad de forma directa de la Asamblea Legislativa, sin el aval directo del ciudadano, por lo cual se altera de manera manifiesta y ostensible la voluntad popular, alterando el orden constitucional.

Es de hacer notar que las organizaciones aglutinadas en ALIADOS POR LA DEMOCRACIA, normalmente se expresan mediante publicaciones periodísticas, conferencias de prensa, informes o en círculos de estudio sobre temas sociales, pero cuando se manifiestan por medio de concentraciones públicas, es porque los espacios para la razón y el entendimiento se están cerrando; además, la solidaridad del pensamiento de derecha con el de izquierda, que ha sido demostrada, es por el temor de que una fracción política de izquierda junto con fuerzas partidarias afines, por conveniencia de poder, se perpetúen por un período mas.

En este momento, el resultado de las elecciones del mes de marzo pasado, fue un claro mandato soberano de favorecer a la derecha partidaria y, resultado que fue, ya por descontento con el gobierno de izquierda o por apoyo a un cambio hacia la derecha. Por otra parte, el alto grado de abstención, que sufrieron todos los partidos políticos, afectó más aún, al FMLN y menos a ARENA, lo cual significa un descontento del elector hacia los partidos políticos, enviando un mensaje de la necesidad de cumplir sus ofertas de campaña y de realizar menos alianzas en la Asamblea Legislativa; pues si bien estas dos actitudes, tienden siempre a la gobernabilidad, se alejan notoriamente de la voluntad popular, provocando un mayor abstencionismo.

De no revertirse los acuerdos de la Asamblea Legislativa, ya cuestionados constitucionalmente, daríasele  mayor poder a la Izquierda partidaria, generando así mayor descontento en la población. Este poder de la Izquierda, sobre la Sala de lo Constitucional, la cual resuelve jurídicamente  las controversias de interés nacional, permite prever la imposibilidad de detener la voluntad política de la Izquierda  ejercida por el Ejecutivo, el que, aliado a la falsa derecha, hace caso omiso de la voluntad  ciudadana, para lograr que prevalezcan sus intereses  partidarios.

Por ahora, la iniciativa de rescatar la voluntad soberana manifestada en las elecciones, creando un nuevo equilibrio legislativo, ha sido asumida por la sociedad civil, aglutinada por ALIADOS POR LA DEMOCRACIA; sin embargo, sus esfuerzos sólo pueden llegar a manifestarse como la voz del descontento, la voz de una conciencia colectiva. Hasta el momento, la actuación del partido ganador en las elecciones legislativas pasadas, ARENA, ha sido tímida y al parecer, prudente: declaraciones en programas de entrevista, del jefe, sub-jefe de la fracción de ARENA de la legislatura anterior y la vice-presidenta de la Asamblea entrante, no es suficiente. La defensa del voto, como uno de los lemas de campaña de ARENA en las pasadas elecciones, no se cumple sólo en el momento del recuento de votos; en ese momento la estructura partidaria lo defiende para el candidato y el soberano (el votante), ahora es necesario que los candidatos recientemente electos, defiendan la intención del voto popular en su favor, pues es claro que el electorado espera un nuevo orden político para el período 2012-2015.

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