Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN
San Salvador, 17 de agosto de 2012.-
En horas de la tarde, en Casa
Presidencial, mientras los partidos políticos aun discutían sobre un acuerdo,
para la integración de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, la
Asamblea Legislativa, aprobaba, por cincuenta votos, darse por notificada de la
Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia y, ordenaba su cumplimiento,
mediante la notificación a los otros Órganos del Estado.
Este Acto, de reconocimiento de
la Resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, rebasa la lógica
jurídica liberal y democrática, que gracias a la visión jurídica del Presbítero y
Dr. Isidro Menéndez, ha imperado hasta el día de hoy.
Pretender demostrar la
incompetencia de la Corte Centroamericana de Justicia y, analizar a la luz del Derecho, las
atrocidades jurídicas cometidas por las fracciones legislativas del FMLN, GANA, CN y PES; no abonaría en nada a la
comprensión del caso, después de las explicaciones detalladas y determinantes,
expresadas por nuestros connotados juristas, a quienes se han sumado los criterios de las Salas de lo
Constitucional y las Cortes Supremas de Justicia del área Centroamericana y del
Caribe. Sin embargo, destaco un punto
muy importante, aún no discutido: luego de escuchar el pensamiento jurídico,
del Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en uno de los más
prestigiosos programas de entrevista, en donde explicaba las razones y
consecuencias de la Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia y, con
mucha seguridad, expone su visión: irreconciliable con el pensamiento jurídico
liberal democrático, pero sí, coincidente con el Soviético y, más aún, con la
concepción jurídica dada por el Fascismo
en el ejercicio del Poder Público
Para comenzar, las palabras de Sigfrido
Reyes, acriminan el pensamiento jurídico clásico salvadoreño, lo cual se debe a que,
en su pensamiento, el ciudadano es el verdadero dueño de su país y es sujeto de los derechos fundamentales,
expresados en la Constitución; sin embargo, si analizamos como entienden los socialistas, los términos
“dueño” y “sujeto”, encontramos una abismal diferencia, del entendimiento que
de dichos términos hace o tiene un
jurista , bajo nuestra doctrina jurídica, pues para el socialista, el
ciudadano, no posee la “facultad de
participar”, sino la “obligación” de participar, siguiendo las órdenes
del Partido, pues la dirigencia del mismo, representa el “mejor saber y
entender” del Bien Común, creando la ficción de que la visión del ciudadano,
tiene que ser la del dirigente, pues de
lo contrario, el ciudadano está contra del interés colectivo y por consiguiente, del Estado. Por esta
razón, cuando se habla de “conflicto de Órganos”, es por que se niega el papel
de contralor inter órgano, pues la contraloría, para los socialistas, no es entre
entidades de Estado, sino del Estado hacia el ciudadano. Por lo que el
ciudadano, tiene que respetar y avalar lo dicho por el Partido, pues el
criterio del partido, expresado dentro de un Órgano Legislativo, es la voluntad
del pueblo, por lo cual, no es admisible un pluralismo político.
La exclusión de la oposición
política, no será exclusivamente mediante la autorización de un único partido
dentro del Estado, sino de la exclusión en la participación en la toma de
decisiones de nación, vale decir, de la elección de los funcionarios de segundo
grado, quienes conformarán, los otros órganos de Estado. Recomiendo la detenida
lectura de las obras: Derecho
Constitucional Soviético, de A.
Denisov y M. Kirichenko, de Ediciones en lenguas extranjeras. Moscú 1959. Así
como los comentarios que hace sobre este punto, la Dra. Monique Lions Sigmoret,
Investigadora Titular de la UNAM.
Por otra parte, el Fascismo, como
totalitarismo de Estado, se resume, en los siguientes principios: “El pueblo es
el cuerpo del Estado, y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina
fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo: Todo en el Estado,
nada contra el Estado, nada fuera del Estado.” Para el caso nuestro, el interés
del Estado, priva por sobre cualquier otro derecho, y la contraloría o sistema de pesos y contrapesos, es un
Derecho del Ciudadano, en cuanto a la organización del Estado, para evitar el
abuso de poder.
El bloque de los partidos FMLN,
GANA, CN y PES, al expresar, que a conveniencia, se aplicaría la Resolución de
la Corte Centroamericana de Justicia, siguen la doctrina fascista, pues, al
constituirse una coalición de partidos minoritarios, han revivido el
significado del “fascio”, la liga que ejerce la fuerza por medio de la
unidad. La debilidad, viene de la acción
unilateral y, la fuerza de la colectivización de la misma. Sin embargo, en
nuestro sistema, Liberal, Democrático y Republicano, la unidad viene de la voluntad del ciudadano reunida, representando, el poder del Estado. Los miembros del “bloque”, así como también el Presidente Funes, han entendido, que la fuerza
proviene de su número de diputados, pero muy convenientemente, no mencionan que,
la mayoría de los diputados que lo conforman, provienen de “residuos” y, no por
“cocientes”, es decir por una ficción legal, creada por el sistema electoral,
para favorecer la voz de los minoritarios y castigar a los mayoritarios, para
que éstos no puedan usar su fuerza legislativa, para dominar al Órgano, sino obligar
a alcanzar el consenso. Pero por el uso perverso del sistema, se ha dejado en el presente, de lado al
mayoritario, para que el minoritario, que ejerza, no sólo el control del
Legislativo, sino que controlen todas las instituciones del Estado, burlando
así, la voluntad popular, la cual es la voluntad del soberano.
Siempre que existe un conflicto,
en cuanto a la aplicación de las leyes del Estado, se dice que “debe cumplirse
la voluntad del soberano, que es el pueblo”; este argumento, base de nuestro sistema
Democrático y Republicano, ha dejado de ser real, resulta nada más, una ficción
que, permite a los funcionarios públicos, hacer su voluntad. No es la voluntad
del pueblo que, en teoría, es el soberano, porque en la práctica, en la
realidad, los funcionarios públicos, sobre todo Diputados y el Presidente de la
República, asumen esa soberanía y, gobiernan según sus propios intereses.
Esto ha quedado claramente demostrado,
al negarse la Asamblea Legislativa a cumplir las Sentencias de la Sala de lo
Constitucional y, el Presidente de la República, de tildar de “entrometidos e
inoficiosos” a aquellos a quienes representan gremialmente al pueblo
salvadoreño y, por consiguiente, están en el uso de la soberanía, real y
verdaderamente.
Hace casi treinta años, conocí al
Dr. Domingo Méndez, mientras éste visitaba a un preso político, y al saber que yo
estudiaba Derecho, con buen tino, me dijo: “cuando salgas, ya no tendremos
Códigos”. Esta frase se dio en el contexto de la guerra civil, pero la
institucionalidad del país, se rescató con los Acuerdos de Paz, más ahora, como
continuación de aquella lucha, el FMLN, ha logrado su anhelada aspiración:
gobernar por voluntad, no por Derecho, dejando a un lado, toda legislación y
doctrina jurídica aceptada por el Derecho Clásico. Ahora, el vaticinio del Dr.
Méndez se ha cumplido: el Derecho ha cedido ante la fuerza, no de las armas,
sino de la astucia y la intriga política.
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