OTRO GIRO MÁS HACIA EL AUTORITARISMO Y A LA IZQUIERDA

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 1 de septiembre de 2012

Al finalizar este mes de agosto, los personeros de la Empresa Privada, que representan a casi la totalidad de las fuerzas laborales y económicas de este país, dejarán de participar en las Juntas Directivas de las diferentes entidades autónomas.

La propaganda del Ejecutivo, plantea que las  instituciones  autónomas, son entidades, fuente de lucro para la empresa privada y, que ésta, favorece la corrupción. Bajo tal pretexto, se han aprobado diecinueve reformas a las leyes que rigen a cada una de las instituciones autónomas de nuestro país. Consideremos que, en nuestro ordenamiento administrativo, existen veintidós de tales instituciones.

Las reformas se han dado en un momento de extrema tensión política: cuando se estaba debatiendo la institucionalidad del país y, por ésta razón, y en comparación con la importancia del debate que se realizaba en tal momento, en Casa Presidencial, cualquiera reforma, a una ley, era de mínima importancia, en cuanto al orden Constitucional que se estaba debatiendo. Sin embargo, las reformas hechas a instancia del Ejecutivo, con la anuencia del FMLN, GANA, CN y PES, son tan trascendentales, como el cumplimiento de las Sentencias de la Sala de lo Constitucional.  Consideremos que, si bien en esta última, se debate la vigencia de la soberanía del Estado, con las reformas a las autónomas, se perfila que la visión del Bien Común, hoy es exclusiva del Ejecutivo; dando un giro total hacia la centralización y un incremento en el poder de decisión del Estado, por medio del Ejecutivo.

La  moderna tendencia administrativa, es la descentralización del Estado, para hacerlo más eficiente y para desligarlo, en lo posible, de aquellas funciones que son inalterables, y, que deben ser de una apoliticidad  total. Estos son  los sistemas de Registros Públicos, de Seguridad Social, las entidades de educación especializada no universitaria, las generadoras de energía y las portuarias, por ser, todas éstas,  de seguridad nacional y que se rigen,  sólo por la visión del bien común, supra político-partidista; con una visión de nación.  Así,  la participación  de varios sectores de la sociedad salvadoreña en estas instituciones, no es un  privilegio,  es salvaguarda del interés nacional; esto por su relación con determinadas actividades, en las que es imposible cortar un vinculo Estado-Empresa Privada, sin que por ello, no se pierda el fin de la institución, concebido originalmente, por el legislador.

En otro grupo numeroso de las autónomas, tenemos las varias superintendencias y el Banco Central de Reserva, las cuales son entes rectores  y supervisores, de la actividad económica del país. Su quehacer, eminentemente técnico y apolítico, sólo puede garantizarse, si sus Juntas Directivas cuentan con personas conocedoras o técnicas,  de las varias actividades propias de la entidad y, lo más importante, que estas personas,  no procedan, precisamente de sectores políticos afectos al Presidente de la República, quien es quien nombra las administraciones. Solamente así, se puede evitar, que el poder que poseen las instituciones, no sea utilizado con visión política partidaria, lo cual sería acto de corrupción.

Ahondemos un poco más en el tema: Las entidades, que en nuestro medio son llamadas “Autónomas”, son tratadas en el Derecho Administrativo, como entidades “Autárquicas”, y han sido concebidas, como una  forma de “descentralizar al Estado”, según las doctrinas modernas del Estado de Bienestar;  partiendo de las tres funciones primarias, que  cualquier modelo de Estado moderno posee y que, son: preservar la paz pública, ser fuente de derecho y propiciar el buen funcionamiento de la sociedad; así,  ningún Estado, puede ignorar las leyes naturales de la actividad económica y la de la lógica de la eficiencia administrativa, ni la natural gestión de toda autónoma, para buscar esa eficiencia, pues la entidad subsiste de sus propios recursos, aunque su utilidad sea de orden público.

Existe una serie de actividades, que no necesitan del   imperio  del Estado, encausadas mediante una visión política del bien común pormenorizado. Razón por la cual, el Estado crea ciertas instituciones, que no necesitan para funcionar,  del poder directo del Estado, sino, más bien, de un encausamiento eminentemente técnico, pero realista y detallado en su gestión; por lo cual, desde su creación, se incluyen, en su consejo de administración, a miembros de la sociedad, ajenos al Gobierno, pero que  poseen el conocimiento técnico o especializado para el mejor funcionamiento de la entidad y actuación dentro de la vida económica y social. Y es por esta  razón,  por lo que generalmente, se nombra a la entidad más representativa de la actividad económica, para nuestro caso, en concreto, de la ANEP, para que presente al Ejecutivo, la propuesta de los candidatos  más idóneos, para dichos cargos.

El giro político, que está dando el Gobierno central, con el apoyo de un grupo de partidos políticos, es proclive a un divorcio entre la sociedad y el Ejecutivo. Una separación que  permite al Ejecutivo, un mayor rango de acción en todas esas entidades autárquicas y,  esto, en tres sentidos: el primero es el de ejercer un control total de los fondos de las mismas, pues los representantes de la empresa privada, ejercían, en cierto modo, una fiscalización indirecta de los manejos de los mismos,  aunque su  función legal, no fuese esa; pero sí, por ley, tenían que estar informados de los manejos financieros de las instituciones. Segundo, da un poder absoluto al Ejecutivo, para poder disponer de las licitaciones necesarias, para el funcionamiento de las Autónomas;  esto  le permite decidir, si contrata  empresas nacionales u otras, relacionadas con sus intereses particulares (Brasil) o de sus allegados políticos (ALBA) o, de cualquier otro, a quien tenga que cancelarle favores y, tercero, poder ejercer una mayor presión a sus opositores políticos, pues tiene, en sus manos, los entes fiscalizadores de actividades privadas, como son todas las Superintendencias y el Banco Central de Reserva.

En consecuencia afirmar que la Empresa Privada, al proponer candidatos para las Juntad Directivas de las entidades Autónomas, es “un privilegio”, es no entender a cabalidad el funcionamiento del Estado democrático, y revela únicamente el autoritarismo del Presidente Funes y de los partidos políticos allegados a él.