Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 10 de
febrero de 2013.
La actual y muy viva
controversia entre la empresa privada (ANEP) y la empresa de los Alcaldes del
FMLN (ALBA PETROLEOS y sus subsidiarias) ha interesado y dividido la opinión de
la ciudadanía salvadoreña, atenta a cualquier conflicto en el cual, estén en
juego sus intereses económicos.
Esta lucha, dicen
algunos, bajará los precios y aumentará los empleos; otros, opinan que los
resultados, cualquiera sean, afectarán en alguna forma, negativamente, la vida
nacional.
Es el caso de que ANEP
(empresa privada) al advertir que la empresa ALBA tiene un crecimiento
arrebatado y una expansión ilimitada, con clara visión política, más no, económica,
ha pedido que el Gobierno investigue si dicha empresa ha cumplido y cumple, en
su expansión los requisitos legales a que toda empresa comercial, esta
obligada.
Es verdad que la
empresa comercial ALBA PETROLEOS, fundada por Alcaldes del FMLN, comienza con
la venta de hidrocarburos, pero hoy ha crecido y abarcado ya tantas empresas
comerciales que, su éxito inusitado, se debe a la diferencia del pago del petróleo
venezolano, comprado por los salvadoreños; lo cual significa que El Salvador
debe ese dinero a un plazo de veinticinco años, en una confusión de deudor: ¿es
el Gobierno y el Estado de El Salvador o es una empresa Municipal la que deberá
de pagar ese dinero o serán las empresas particulares que conforman el ALBA?.
Sin embargo, sin importar quien deba pagar, es dinero que debe el conjunto de salvadoreños, es decir la
Nación, pues su pago deberá de salir, vía de utilidades o vía de impuestos,
razón por la cual es de suma importancia el esclarecimiento de la estructura
financiera de ALBA, en El Salvador.
Esta realidad, inquieta
a la empresa privada, porque, al final, sólo hay un medio de pagar esta deuda:
con productividad económica, lo cual sólo es generado por la actividad económica
salvadoreña, ya que el Estado no genera dinero, pero sí lo consume en los
servicios públicos que presta.
La amenaza de esa
cuantiosa inversión, es en realidad, doble, pues no sólo se esta gastando
dinero supuestamente público, según los criterios político-económicos de ALBA
(lo cual implica beneficios de orden público), sino que, a su vez, está
desplazando la actividad privada, con clara intención política, lo cual, tiene forzosamente,
que llevar a largo plazo a una baja actividad económica nacional y en
consecuencia, una menor recaudación y una mayor crisis económica nacional.Por
todas estas razones, la ANEP pide al Gobierno que investigue las actividades de
esta empresa.
Los fundadores y dueños
de ALBA en El Salvador, han salido en su defensa y dicen: “Es una empresa
honorable; en su defensa, la guerra será sin cuartel”, es decir, sin compasión.
Estas han sido declaraciones fuera de lugar o inoportunas, pues la petición de
la ANEP es sólo que se investigue el crecimiento, expansión y actividades
político partidarias, que por la naturaleza de sus actividades, está sujeta a
leyes que regulan la actividad de libre competencia.
Varias preguntas nos
hacemos ante dichas declaraciones: ¿por qué tildar de “honorable” a una empresa
comercial, cuando el honor es atributo de la personalidad humana? Esta forma de
considerar a una empres, no es de acuerdo a nuestra legislación, pero sí según
las ideas jurídicas de izquierda, por lo cual, no sólo estamos dirimiendo una
cuestión económica, sino también ideológica. Y, en cuanto al concepto de “guerra
sin cuartel” ¿por qué? si como dice el refrán, el que nada debe, nada teme. Si
ALBA cumple con la ley, si no hay ardid
con sus negocios ¿porqué temer y amenazar? La razón es muy sencilla: mientras
la empresa privada y la mayoría de los salvadoreños pensamos en la economía,
democracia y el mejoramiento del país, ellos piensan en términos de guerra, o
sea de destrucción del enemigo, por lo
que consideran a la ANEP y, a todos los que se opongan al ALBA, como sus enemigos
a destruir, lo cual es, en esencia una
estrategia de guerra.
La ciudadanía no quiere
guerra, sino investigación legal, publicación de los resultados y , finalmente
saber cual es la verdadera composición de la estructura financiera del ALBA así
como sus propósitos verdaderos, pues si bien lo primero que ha dado esta
controversia, es que Luz Estrella Rodríguez al defender a ALBA una entrevista
en un canal de TV el viernes recién pasado, aclaró que ALBA ya no es una
empresa de economía mixta, sino que su capital es préstamo venezolano, lo cual, crea un contexto muy particular para
sus inversiones, las cuales ya no pueden tener la protección o privilegio de
una economía mixta.
No se trata de un
enfrentamiento entre dos grandes fuerzas económicas, lo cual en sí está dentro
del libre juego comercial, sino, por el contrario, la utilización de una fuerza
económica con un fin distinto a la libre empresa: crear desarrollo para
satisfacer las necesidades de la población, obteniendo una utilidad conforme a
las leyes de la oferta y la demanda; lo cual permite un desarrollo sostenible,
al promover el crecimiento económico para sí y para el Estado.
De
lo que se trata, es de la utilización del mismo dinero salvadoreño, para la
creación de empresas con finalidad política, dándole a las Alcaldías del FMLN,
un poder de inclusión o exclusión en las actividades económicas del ALBA, tal
como lo afirmó Luz Estrella Rodríguez. Esta situación, crea una competencia
desleal, si lo vemos desde el punto de vista económico y, si lo vemos desde el
punto de vista político, podemos afirmar que existe una compra de voluntad política hacia el FMLN, lo
cual, no sólo es contrario a los valores democráticos, sino que, al afirmar que
la ayuda del ALBA, dependerá de la continuidad del FMLN en el poder, al entrar
en el período electoral, implica una compra del voto, pues este no dependerá
del bienestar general esperado para el país, sino de un bienestar individual.
El siguiente peligro
que está presente, es que el Gobierno de El Salvador, emita decretos contrarios
a las políticas de libre comercio, que nuestro Gobierno ha seguido en los
últimos años, con la finalidad de favorecer un negocio del ALBA, como ha
sucedido con la compra de semillas para cultivo. Esto rebasa las
consideraciones propias de una lucha económica por el control de una porción del mercado y, entra dentro de
las consideraciones políticas de todos los salvadoreños.
La posición de la
empresa privada no es de guerra sin cuartel, sino de que se aplique la ley
salvadoreña, pero al parecer, para los miembros del FMLN que están en el ALBA,
sí es guerra, tienen la intención de utilizar al Estado como su instrumento
ejecutor de sus políticas y, si antes mataban a sus opositores, hoy, lo que
pretenden, es encarcelarlos, buscando su muerte civil. Esto explica la anterior crisis política para
tener en sus manos el control de todas las instituciones del Estado, especialmente
el Órgano Judicial, las distintas Superintendencias y sobre todo ahora,
necesitan la Corte de Cuentas de la República. Preciso es entonces, que se
debata y aclare todo lo relativo al ALBA, no sólo en El Salvador, sino sus
conceptos político-económico latinoamericano.
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