POSICIÓN POLÍTICA DE ANEP

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra           

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 27 de abril  2016.

Los conceptos de libertad económica y de libertad política, son sólo meras especulaciones teóricas, si no se sabe aplicar sus principios a la realidad pues, uno de los resultados de dicha aplicación práctica, es el combate a la corrupción,  en dos de sus extremos: la conducta del empresario y la contraloría del Estado. Esta última, es la que permite evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que siempre se hacen, con dineros del Estado, utilizando amañados procedimientos riquezas fraudulentas. Por esta razón, debe ser combatida   la corrupción y empresa privada, es la que hoy ha alzado su voz, advirtiendo que, en el Estado, campea la corrupción.

El ENADE 2016,  ha puesto en práctica esta política,  pero  el Gobierno salvadoreño  ha dejado en claro, su desacuerdo con  la propuesta de la ANEP; al no asistir al congreso,  patrocinado por esta entidad gremial y en el cual, su orador principal,  fue el ex – Presidente del Gobierno Español,  Don José María Aznar.  El Gobierno considera que su política de gasto público, no induce a la corrupción, y que sus medidas son correctas e incuestionables, por parte de la sociedad salvadoreña, aunque tales medidas sean  real y visiblemente promotoras de corrupción y despilfarro de los fondos públicos. Por otra parte, muestra su apoyo incondicional  al Gobierno de Venezuela, el cual considera que las opiniones de Aznar, son una intromisión en los asuntos latinoamericanos, en los cuales no deben opinar, ni nacionales ni extranjeros,  generalizada opinión de quienes se consideran seguidores del Socialismo del Siglo XXI.

Otro factor a considerar en la lucha contra la corrupción, es la politización de la entidad contralora de los fondos públicos,  la cual ha sido muy cuestionada  por sus resoluciones tanto, a conveniencia política,  como por la falta de idoneidad de los actuales funcionarios, lo que ha obligado a cuestionar  por vía de la inconstitucionalidad y del amparo, sus nombramientos y acciones.

Puede  citarse como ejemplo, la entrega de un Finiquito,  sin existir un expediente que lo sustente, al ex Presidente Mauricio Funes,  lo cual crea nulidad de pleno derecho sobre dicho documento, pero que, al ser emitido por el funcionario pertinente, obliga a un proceso de lesividad,  el cual, según parece, no se dará: si bien el presidente de la Corte de Cuentas, se ha mostrado “indignado” por lo actuado por su predecesor, deja a Funes, los suficientes resquicios legales, para una eficaz defensa. Dicho proceder, es prueba del carácter político y populista de dicha institución contralora.

La corrupción generalizada, tolerada y encubierta por la Corte de Cuenta, en los negocios públicos, es una sangría de las arcas del Estado, tan lesiva, como el dominio que pretende el Gobierno,  sobre la empresa privada,  pues en ambos casos, no sólo se  inhiben los debidos controles fiscales y morales, sino también se provocan, la corrupción política y la degeneración del sistema democrático.

Activa  es la posición política de la ANEP en la defensa de los principios democráticos, concretados en el diario quehacer, pero siempre conservándose  apolítica partidarista, aunque  sus afiliados, en su carácter personal, tengan  afiliación política. No obstante, el actuar no partidario de la ANEP, lo ha tomado el Gobierno como si fuese un opositor  político más.

La ANEP pretende el desarrollo pleno del país, el cual no es posible, sin el goce de la libertad y el desaparecimiento de la corrupción Gubernamental, que son verdadero freno del desarrollo nacional. La corrupción es  causa del fracaso en las finanzas del Estado y nos conduce al endeudamiento irrestricto. Por esta razón,  los controles normales del Estado al ser ineficaces,   obligan a crear otros mecanismos que los suplan.