Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El término “diáspora” significa dispersión social, por
factores de supervivencia o por expulsión forzada, de su lugar de origen. La
diáspora salvadoreña, inicio con nuestro conflicto armado cuando, por los
efectos de la guerra, provocada desde el exterior, buscó la paz que aquí se le
negaba y, los gobiernos posteriores, no crearon las condiciones adecuadas de
desarrollo, pero sí, una red de corrupción y manipulación política.
La razón política del presente Gobierno, debería ser
resolver tal situación; contrariamente, la diáspora ha aumentado en los últimos
meses y, lo peor, es que se le asocia con el crimen organizado, estigmatizando
así, a nuestros ciudadanos, por su extrema pobreza. En el presente, adviértase
la lucha por señalar a corruptos: es distracción para ´preservar otra
corrupción, sin cambio alguno, en el país.
Desde el 2013, las estadísticas muestran una
emigración de 300 personas diarias, número que se ha mantenido constante. Cada
migrante es un salvadoreño a quien el Gobierno le ha fracasado en su función
básica: proveerle condiciones para que su vida se desarrolle en progreso
humano, armonizando la vida individual con el conjunto, siendo base, la
libertad.
Los efectos del conflicto armado, impidieron que
terminado éste, las pandillas pudiesen ser combatidas en su forma inicial: el
FMLN y Mauricio Funes, les dieron sentido político: por lo cual, podemos
observar en éstas, una evolución diferente a las que tienen las maras
hondureñas; aquí se han convertido en entes políticos, permeando la vida
electoral y, condicionándola en su control territorial.
Las pandillas impulsan la migración hondureña, como
una forma de “servicio” con el cual trasladan a las personas, y manipulan las condiciones
internas, por que habiendo más pobreza e inseguridad, poder justificar sus
“servicios”. Aquí, impulsan la migración para lograr control territorial y,
obligar al político a negociar con ellas, una cuota de poder, que garantice su
impunidad en las operaciones cotidianas.
El presente Gobierno busca servirse electoralmente de
la diáspora, pues su número hasta el 2017, según datos de la ONU, era de 1,559,924,
equivalente al 23.7% de la población en ese momento; cuando el 89.32% de la
población está en Estados Unidos, 3.36% en Canadá y 1.28 % en Guatemala. El
resto está disperso en el mundo. Esta dispersión permite al Gobierno, pretender
promover el voto electrónico, en el exterior, lo cual facilitaría un fraude
electoral, pues este método, facilita dicho fraude, así ha sido señalado en Alemania,
Argentina y España. Así, mientras no quede en firme la forma de votar en el
exterior, o circunscribir su ejercicio al territorio nacional, se estará
expuesto a dicha forma de fraude, la cual legitimaría las posiciones del
Gobierno, que manejaría esta votación.
Para los gobiernos presente y pasado de este país,
cada salvadoreño que emigra es un fracaso en su quehacer ciudadano. El envió de
remesas, favorece la economía, la cual por esto debería crecer, contrariamente,
se deprime debido a las mismas acciones que realiza el Gobierno:
asistencialismo, restricción a la actividad privada y fomento a la inseguridad.
Ningún país es responsable de nuestros desatinos
políticos, ni debe intervenir para corregirlos, sin embargo, se ha creado la
idea de que los extranjeros si, son responsables por “la explotación de los
países ricos a los pobres” o que “el problema es por la mala distribución de la
riqueza”. Aún la riqueza, producto de los recursos naturales: petróleo, oro,
plata, carbón y hoy litio, se crean por si solas, son producto de un trabajo e
inversión previa, lo que nos indica que mientras no se favorezca el trabajo y
la paz necesaria para realizarlo, el salvadoreño continuará emigrando y los políticos
corruptos seguirán favoreciéndose.
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