CAMBIO Y PODER

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Posee poder, la persona que puede forzar un cambio; en consecuencia, quien tiene poder puede forzar el cambio. No obstante, pretende afirmarse que un cambio constitucional, no significa poder y, que la constante violación, al orden jurídico y a la constitucionalidad, no tiene la intención de forzar un cambio. En igual lógica, actúa Vladimir Putin, cuando afirma que él no tiene intención de juzgar a los terroristas islámicos, sólo se los envía a Dios, para que él, los juzgue, mandando por ello, a lo selecto del ejército ruso.

 

El vicepresidente Félix Ulloa ha dicho que, un cambio de constitución, no afirma la posición de poder del Presidente actual, ni le favorece electoralmente; situación que se ha de analizar, pues la iniciativa del cambio constitucional, no ha nacido espontáneamente, de las instituciones cívicas, ni de las fuerzas vivas de la sociedad, y menos aún, de la Asamblea Legislativa, sino del personal criterio del Presidente, quien así establece su influencia o poder, lo cual debe tener una razón de ser.

 

Quienes habían solicitado una reforma constitucional -no cambio de la misma-, fue el FMLN, quien desde la candidatura de Shafik Handal, que compitió en elecciones contra Francisco Flores, buscaba reformar la economía del país, en base a los objetivos de la lucha armada, sin realizar cambio alguno, sino para llegar primero, a un lento acomodo político al sistema democrático, dándose las bases dentro del sistema para la transformación económica. Razón por la cual, los Gobiernos de Funes y Cerén, no forzaron un cambio, como el pretendido hoy, sino establecieron las bases, para la transformación lenta, que tenía como freno, el interés nacional y, el mismo sistema basado en la libertad, sin el cual,  la gobernabilidad sería imposible.

 

Se propone hoy, un cambio económico y de estructura política del país, que cambiaría la forma del Gobierno actual, por la democracia participativa (Chavismo). Este cambio de sistema económico y político, será para legitimar (poner en armonía la ley – deber ser – con los hechos – ser- ) y regularizar las actuaciones del presente Gobierno, que son claramente ilegales y que, han estimulado la corrupción y el engaño.

 

La retención del FODES o de la deuda política, el pago a proveedores, las detenciones ilegales en la pandemia, el ocultamiento de información financiera, son todos actos de fuerza:  contrarios a derecho; están basados en la presunción del Ejecutivo, de que todo empleo de fondos públicos, no autorizado por la Presidencia, es para corrupción y despilfarro. La violación de derechos, se justifica por la “necesidad pública”, así la Presidencia, asume las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas, de manera autocrática, mostrando su poder, el cual debe ser legitimado, para evitar sanciones futuras, siendo esto, la razón del cambio constitucional.

 

El derecho surgido para evitar el abuso de poder, luego de la Guerra Fría, fue la Justicia Transicional, la cual, en sus fines, fue cumplida, por todos los que participaron o sufrieron el pasado conflicto armado, pero el ocultar dichos horrores a las generaciones futuras, se las condena a repetir los errores del pasado, y no reconocen hoy, las acciones de un dictador.

 

Por esta razón, los Acuerdos de Paz, deben ser honrados sirviendo de base, para nuestra convivencia pacífica, sin cambiar la Constitución en ella pactada, pues nos exponemos a repetir los errores, cometiendo nuevos, aún mayores.

 

No pudo evitarse que Saca y Funes, desfalcaran al Estado, pero evitemos que nuevamente se le desfalque y en forma mayor y que, por ello, perdamos nuestras libertades y tengamos que tener a futuro, nuevas luchas, cuyo costo, es imposible estimar, no sólo en dinero, sino en sufrimiento para el pueblo salvadoreño.