DICHO PARA LAS PENSIONES

 

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”, tal dijo el dramaturgo español, Don Francisco de Quevedo (1580-15459), aplicase perfectamente, al caso de las pensiones en El Salvador.

 

El eje del plan económico del Gobierno es aplicar, a partir de la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, la revalorización de las pensiones, castigando la “voracidad” de las AFP, con el retiro de la administración de los fondos de pensiones, para ponerla en manos del Estado. Tal afirman voceros del Gobierno y sus Troles, como parte de la manipulación social. Conviene analizar más a fondo, la cuestión de las pensiones.

 

Las pensiones, surgidas de las reformas constitucionales de 1950, llevaban una perfecta progresión y sostenibilidad, hasta principios de los años 80, cuando la economía se resintió por causa del conflicto armado; el crecimiento formal se ralentizó y fue disminuyendo, en los fondos de pensiones, la relación ingresos –egresos, hasta que el Gobierno consideró que, la única forma de librarse de dicha carga, era crear las AFP, según el modelo chileno en el cual, cada persona, usufructúa sus propios ahorros.

 

Implicó esto, el abandono de la solidaridad, pero debía, con los pensionados existentes, mantenerse la carga ya adquirida, para lo cual, usaría las reservas técnicas del IMPEP, ISSS e IPSFA. Pero los Gobiernos subsiguientes, utilizaron dichas reservas, como medio de enriquecimiento personal o, como caja chica del Gobierno, incluyendo a CEL. Hoy se necesitan partidas del Fondo General de la Nación, para equilibrar las pensiones de este sistema.

 

Disponiendo las AFP de fondos para inversiones, el Gobierno, ha ido incrementando sus “prestamos”, hasta acumular más de 5,000 millones de dólares, que no dan rendimiento alguno, salvo el factor de devaluación, implica esto, defraudación “legal”, para el cotizante. Existe por ello, Sentencia de la Sala de lo Constitucional, que obliga al Estado a pagar un porcentaje de intereses mayor, pero que no se equipara a las inversiones privadas, que generan mayor rendimiento para el trabajador. Argumenta el Gobierno, que ha servido para el “desarrollo del Bien Común”

 

Las bajas pensiones débense a los bajos rendimientos existentes y, a las disposiciones de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se dice hoy, que las responsables son las AFP y se promete que, cuando ellas no administren esos fondos, todo mejorara. La verdadera razón es que será medio de extinguir la obligación del Estado, por la confusión entre los derechos del deudor y el acreedor. Así disminuirá la deuda pública y, podrá haber nuevo endeudamiento del Gobierno.

 

Si el Estado es el deudor y las AFP el acreedor y el Estado asume sus Derechos, ya no habrá obligación de pagar esos 5,000 millones de dólares, aunque sí, la de pagar la pensión al cotizante; más, si por Ley se declarase que “existe solidaridad en las pensiones”, por su naturaleza de Derecho Social, el dinero que posee cada asegurado, pasará al Estado y éste, sólo tendrá la obligación de dar la pensión que por “Ley”, decrete la Asamblea Legislativa, justificando así, con tal fin, impuestos especiales.

 

Se ofrece que las pensiones serán incrementadas, no proporcionalmente, sino acorde al salario mínimo; consecuentemente, un alza en este, creará un alza en las pensiones. Pero ¿cómo quedarán aquellos pensionados cuya pensión es superior al salario mínimo…? Sólo queda la especulación: si se aplica la solidaridad antes dicha, lo lógico es que haya una rebaja en aquellas pensiones superiores al salario mínimo; en otros países lo han llamado “ajuste por solidaridad”. El Gobierno calcula que son más los que tendrán un aumento, que los perjudicados; pero en este caso, no existirá una verdadera justicia.