Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Fue presentada, el 16 de febrero del presente año, ante
la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua, demanda
contra el Presidente Nayib Bukele, por sus diferentes hechos de autoritarismo, realizados
durante su gobierno, en violación a los principios consagrados en el Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSD), resolviéndose que,
dicha demanda, era improcedente. La demanda en sí, debe ser interpretada, como
pedido de auxilio de la sensatez y espíritu democrático salvadoreño, al resto
de Centroamérica.
El objetivo de dicho Tratado, es “Concretar un modelo de seguridad regional sustentado
en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la
superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la
protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción,
el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas”, según explicación que
promueve el Sistema de Integración Centroamericano y, en el párrafo 5° de los
considerandos, de dicho cuerpo legal, se lee: “Que aquellas situaciones que
quebranten la paz y afecten la seguridad de cualesquiera de los Estados
centroamericanos afectan también a todos los Estados de la región y sus
habitantes”.
De tal manera que, las acciones de
Nayib Bukele en El Salvador, son un peligro para la estabilidad de la región,
según se fundamenta en dicha demanda, que fue desestimada, en base al Derecho
de Acción, del querellante: un particular. En tal sentido, declarada la
improcedencia, por cuestión meramente procesal, no se entró a conocer el fondo
de la cuestión.
Un rechazo de esta naturaleza, es eminentemente
político: no de legitimidad del reclamo, dejando dos cuestiones claras: 1) la
sociedad salvadoreña, se encuentra sola, en su lucha por la preservación del
sistema democrático y 2) las acciones de protesta u oposición de los
salvadoreños, no serán ya, dentro del marco estricto del procedimiento jurídico
jurisdiccional, sino de la política, en su sentido amplio, al margen del
sistema electoral, con riesgo inminente, de perder los espacios de acción jurídica,
que dan los pesos y contrapesos, propios del sistema republicano.
En remembranza, la Gran Guerra Patria
Centroamericana se debió a que, la facción “demócratas” nicaragüenses, se
hicieron del poder, con la ayuda del filibustero William Walker, en contra de
la facción “legitimista”. A criterio de muchos nicaragüenses, las acciones del
filibustero, fueron legítimas y, bajo los estándares de la época, aceptables.
Pero un Gobierno así, en el área, desestabilizaría irremediablemente, a los
otros Estados, lo cual provocó una reacción en el resto de países, que enviaron
tropas. Hoy, nadie cuestiona las acciones de los países centroamericanos, en
aras de la estabilidad de aquella época.
Hoy, entrados en una era de paz,
luego de la Guerra Fría, se solicita la intervención diplomática, no militar:
está claro que el Gobierno de Nicaragua, también ve un peligro para su
autoritarismo, si la Corte, llegase a considerar, tal reclamo.
Está dando Bukele, ejemplo de
autoritarismo, legitimado en la voluntad popular, no en base a la fuerza
directa de las armas; éstas lo mantienen bajo la justificación de un mandato
popular, sin reflexionar que, la forma de conseguir dicho mandato, usando la
compra de voluntades, contamina o deslegitima el mandato en sí, por estarlo ya,
desde su origen.
Esto prueba que las acciones de denuncia,
contra la corrupción de este Gobierno y su protección sistemática al crimen
organizado, deben ser más fuertes, pues ningún país extranjero, hará presión
alguna por la estabilidad democrática del país, si sus habitantes tienen
actitud pasiva o, prefieren salir del país, buscando nuevos horizontes. La
lucha de los salvadoreños, debe ser en nuestro suelo y, por nuestra existencia.
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