Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El
Fondo Monetario Internacional, recomendó en días recientes, la transparencia en
el uso del Bitcoin, advirtiendo que la Ley de Activos Digitales, con la cual,
el Gobierno pretende apalancar (financiar sus operaciones) pone en riesgo, la
estabilidad económica nacional, basada en el dólar.
Al
Gobierno de El Salvador, le es necesaria dicha Ley y el uso del bitcoin, para
sostener el régimen, que se sustenta en la corrupción desmedida, necesaria para
mantener la lealtad de funcionarios y, la propaganda alienante, en los medios
de comunicación (tradicionales y de redes sociales), creando un estado de miedo
y engaño. Sin embargo, al desafiar abiertamente al Fondo Monetario
Internacional, organismo dependiente de las Naciones Unidas y cuya función, es
promover la estabilidad macroeconómica y financiera mundial, en base a
asesoramiento y respaldo a países, para su desarrollo económico; nos exponemos
a quedar aislados del sistema económico mundial, lo cual constituye para
nuestra economía, un suicidio, que tendrá por fin, preservar el ejercicio del
poder del Gobierno.
La
reforma de pensiones, favorable para algunos y desfavorable para otros, ha
puesto a la seguridad social, en el camino de la insostenibilidad y, las
reformas futuras, auguran la utilización de los ahorros privados en el sistema
financiero, como el siguiente objetivo del Gobierno, para su financiación.
Parte
del sistema de alienación, empleado por el Gobierno, es la facilidad de negocios
para una parte de la gran empresa, utilizando para ello, la capacidad de
inversión del Estado, pero sin llegar a integrar la totalidad de la estructura
comercial nacional, sino en forma selectiva, que también será insostenible,
pues si la base económica disminuye, en igual medida lo hará la demanda de
bienes y servicios, por lo cual el Gobierno, perversamente, impulsa la
emigración: legal e ilegal, como mecanismo de disminución de presión social y,
sostenimiento del sector de servicios. Esto podrá ser mantenido, hasta que
dicho mecanismo, sea grabado con impuestos directos, al disminuir la capacidad
de apalancamiento (financiamiento del Gobierno) de entidades financieras
externas.
La
alienación social, no permite apreciar la derogación tácita de la Constitución,
hecha a fuerza de engaños y deconstrucción de la Institucionalidad pública
(cambio de sus funciones y fines), lo que no permite la aplicación del Artículo
87 de la Constitución (la remoción de los funcionarios causantes de un
rompimiento constitucional extremo) por una acción social o la Fuerza Armada.
Lo
que plantea una nueva realidad política nacional: la destrucción de la
alienación social, por medio de la imposición de la
realidad nacional, o sea anteponer el sistema democrático a la tiranía del
Gobierno, hasta que las acciones de éste, sean tan evidentes, que hagan
imposible mantener su imagen alienante, ya sea, por la imposibilidad del
sostenimiento económico (no pueda ser pagado por el Gobierno) o la realidad
económica, genere la presión social, que no pueda ser aliviada por la
emigración.
La
expulsión de opositores en Nicaragua, pero la negativa del Obispo de Matagalpa,
de aceptar el destierro por su disidencia al oficialismo, lo condena a 26 años
de cárcel. Igual destino aceptaron 39 presos más. Así que la dictadura Ortega
Murillo, ahora tienen tres frentes que sostener: emigrados en el extranjero,
presos que piden su libertad en ejercicio de sus derechos ciudadanos, y una naciente
resistencia armada, en las zonas más alejadas.
Esto
marca una nueva forma de enfrentar la tiranía en Centroamérica: con democracia.
Para nosotros implica, participar en las elecciones, pero exigiendo que estas
sean libres y, ante el fraude que se está preparando, combatirlo y denunciar
sus resultados, si no están acordes con los principios de la democracia
representativa.
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