Por Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
PUBLICACIÓN ACCIÓN
San Salvador, 23 / 03/2012
La idea de negociar con
las maras viene públicamente desde
septiembre de 2010 y, esta idea, ha sido propiciada por personas de pensamiento
de izquierda, quienes ven en las maras un subproducto del Capitalismo.
Estas personas, de izquierda, tienen la creencia y, así lo afirman, de que es
el Capitalismo el que ha excluido de la sociedad a quienes integran a las maras pues éstas, solo en sus propios
procederes encuentra la satisfacción de sus necesidades vitales negadas por la
sociedad.
Existe pues, de parte
de las personas de izquierda, un sentimiento de responsabilidad social para con
las maras, muy especialmente en
cuanto a procurar su reinserción a la vida normal de la sociedad y, basan esta
dicha responsabilidad, en el principio de que ha habido una mala distribución
de la riqueza, pues esta, para ellos, injusta distribución, es la causa de que
los delincuentes no puedan gozar de los beneficios de la vida normal de la
comunidad.
Los acuerdos
favorecidos por la Iglesia Católica, por medio de la gestión de Monseñor Fabio
Colindres, son perfectamente acordes con
los fines escatológicos de la Iglesia y, más aún, con los lineamientos generales
del catolicismo para enfrentar la violencia que se da hoy en México, ya que
esta, es producto de la lucha del narcotraficante y las maras
por el control del trafico y comercialización de drogas. El problema pues, tiene una dimensión regional. La Iglesia Católica,
pretende la transformación social por medio de la purificación moral del
individuo, basada en los principios cristianos; tendencia política iniciada
desde la promulgación de la Encíclica Rerun Novarum, en 1891, para resolver
problemas sociales; sin embargo, no siempre estos métodos son coincidentes con
los principios que rigen al Estado moderno.
La actual posición de
la Iglesia en cuanto a las maras, no
es única, pues la izquierda y el Gobierno, sostienen también en un primer
momento, una posición de apoyo público y oculto a la negociación con las maras
y, esto por el interés coyuntural de cada uno, aún de las mismas maras. Pero no significa este común interés,
una coincidencia en el fondo de la cuestión o en su solución, fines y
objetivos, mucho menos aún, en la
evolución que tendrá esta negociación.
Por una parte, la
izquierda ve logrado su fin: el reconocimiento de la mara como un producto de
la sociedad y no como el resultado de la decisión personal del marero, al desligarse voluntariamente
de la sociedad legítimamente organizada. Y más aún, ser uno de los medios de
dicha negociación; lo cual da a las maras oportunidad de transformar su
lenguaje de pandillas, a un lenguaje político – ideológico, como el que hemos
podido apreciar en el último comunicado, dirigido al periódico digital El FARO.
Sobre todo, cuando lo comparamos con sus declaraciones en los videos de maras, o en sus blogs.
El interés del
Gobierno, es de mantener la imagen de fiel sostenedor del ordenamiento jurídico
y protector del interés de todos los salvadoreños: la preservación de la vida
como el fin primario del Estado y, muy oportuno sobre todo, después de unas elecciones adversas, en las que se les
dio un voto de repudio por su deficiente
gestión en lo económico y en la seguridad pública.
Por otra parte, tenemos
que ver los intereses geopolíticos del área: Guatemala es el abanderado de la
legalización del tráfico de droga en Centroamérica. Ahora bien, las maras son el pilar fundamental de ese tráfico.
Nuestro Gobierno, se opone forzadamente a la propuesta guatemalteca, pues la presión
de los Estados Unidos en ese sentido, es muy fuertes; sin embargo, al favorecer
un trato entre las maras, se está reconociendo
de hecho la incapacidad de nuestro Estado de hacer imperar el Derecho, por lo
que es preferible ceder ante la fuerza, para dar la apariencia de paz. La mara
tiene un control territorial, el cual no puede recobrarlo el Estado y, por lo cual es preferible una
negociación que asegure la tranquilidad nacional, que es necesaria también para
un más fácil tráfico de droga. En apariencia, todos ganamos; más no es cierto:
pierde el genero humano, al facilitar el trafico y consumo de las drogas y, el sometiendo
a la esclavitud de quienes a despecho del Estado, viven en los territorios
controlados por las maras. Lo que en
resumidas cuentas nos pone en manos de los narcotraficantes.
Por otra parte, el sólo
pensar en que se tiene que negociar con
quienes desprecian los valores
humanistas, sostenidos por todos los cristianos, produce en nosotros un rechazo
total; lo que esperamos es el imperio
del Derecho y no la negociación con el criminal, sólo porque ser éste el mas fuerte, reconociendo la incapacidad para dominarlo. También
nos pone en pugna con la Iglesia Católica: pugna no presentada desde la época
de Monseñor Romero, que después de muchos años y la intervención de varios prelados, pudo ser reconciliada.
Los salvadoreños honrados,
fieles cumplidores del Estado de Derecho, nos sentimos desamparados ante la
fuerza de la mara y la incapacidad
del Estado para protegernos. La preservación de la vida y la integridad física
por vía de la negociación y sometimiento, es incompatible con los principios
republicanos, democráticos y representativos, así como del espíritu libertario
florecido en América.
En su comunicado, las maras piden la reinserción, pero según
las declaraciones del ex diputado del partido FMLN y antiguo miembro de la guerrilla FMLN, Raúl
Mijango (recientemente asesor del Ministro David Munguía Payes), de no aceptar
esta negociación, se verán incrementadas las muertes como una reacción de
rechazo por parte e las maras hacia
la sociedad, por la incomprensión de la misma, a quien harán responsables por la no
aceptación de sus condiciones. Esa
posición es un ultimátum a la sociedad salvadoreña, que por lo visto cuenta ya
con el beneplácito del Gobierno. El planteamiento que la sociedad salvadoreña,
honesta y cumplidora de la ley, no debe de ser no es si aceptamos o no una negociación, sino cual
será nuestra respuesta y como debe de ser el ejercicio de la legitima
defensa, en protección de nuestro derecho a la vida y a la convivencia armónica
dentro de un Estado de Derecho, cuando el mismo Gobierno ha hecho a un lado los
principios constitucionales bajo los cuales nos deberíamos sentir protegidos.
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