Por
Lic. Fernán
Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 10 de diciembre de 2012
El Gobierno ha
negado insistentemente, estar negociando con las Maras y, el Ministro
de Justicia y Seguridad Pública, General David Munguía Payés, expresa: “nuestro
Gobierno no tiene como política sentarse con pandilleros, ni con criminales, ni
con terroristas a discutir los temas de violencia”. Pero a
continuación agrega: “Generamos los espacios para que la Iglesia
Católica y la sociedad civil pudieran desempeñar ese rol y ver si podían ellos
detener esa guerra entre las pandillas”. Lo cual constituye a Monseñor
Colindres, Mijango y Munguía Payes, como Embajadores o emisarios ante la Mara,
del Gobierno, no obstante que, públicamente, se insista en negar dicha
negociación y aceptar tal calidad.
El hecho de que el
Estado de El Salvador, ha recurrido primero, a la fuerza de Seguridad Pública, después a su Fuerza Armada y, por último, a
la negociación; es prueba de que ha fracasado en una de sus principales
misiones: mantener la paz pública y que prevalezca la ley en el territorio
nacional por sobre cualquiera otra voluntad y esto, sin importar la causa o
causas del fracaso: legales, judiciales, de presupuestos, cooperación
institucional, estratégicas, tácticas y operativas. La proliferación de las
Maras, primero en los Estados Unidos, luego en El Salvador, y después en otros
países latinoamericanos, ha obligado al Estado de El Salvador a iniciar
negociaciones bajo una concepción criminológica positivista y, solicitando la
cooperación de la OEA en ese sentido, buscando un ambiente político
internacional, que le sea ventajoso y, no un trato directo con los Estados
Unidos, en donde, su Gobierno, considera a las Maras, como un problema de
criminalidad internacional y por consecuencia, de Seguridad Nacional y
Hemisférica
La OEA, por medio de su Secretario de Seguridad Multidimensional,
Adam Blackwell – diplomático canadiense- afirma que la estrategia de “mano
dura”, no ha dado los resultados requeridos, por lo cual, es necesario, para
resolver el problema, que haya un “consenso nacional”, que logre la reinserción de los pandilleros a
la sociedad. Bajo este contexto, se ve que la OEA ve el problema de las Maras,
como un conflicto entre dos poderes y no,
del Estado contra el delincuente que viola la ley. Esto es por que el conflicto
de poderes, implica un acuerdo interno de paz entre las partes (Gobierno y
Maras), con el aval de la comunidad internacional, mientras que si lo viésemos
como un problema estrictamente delincuencial, tendría que tratarse por medio de
políticas criminológicas, aplicables al delincuente, sin que éste participe en
la planeación y discusión del problema, pues está sujeto a la soberanía del
Estado, y el delincuente carece de derechos políticos necesarios y, esto último,
es lo que verdaderamente ve y siente el ciudadano salvadoreño.
Los analistas
del problema de las maras (pandillas) en los Estados Unidos, reunidos en Washington,
vieron claro que, la solución al problema: es la “reinserción” del pandillero a
la sociedad del país donde habita, lo cual implica el pleno sometimiento del
individuo a la ley y a la autoridad que
la representa. Debe el pandillero reinserto, tener el convencimiento de que su
sometimiento a la ley, es la mejor condición de vida y la mejor manera de
relacionarse con los demás seres humanos. Pero los analistas están consientes, de que las Maras saben que poseen un poder (físico
y económico) y que éste, puede ser usado como factor de negociación, lo cual
significa un riesgo, pues no se puede reinsertar a las Maras, como grupos, sino
a individuos. Pues de lo contrario, existiría un peligro para la sociedad, pues
existirían dos poderes sujetos a un equilibrio: el de las Maras y el del
Gobierno, lo cual se plantea veladamente el la figura de los “Municipios
Santuarios”.
El la reinserción de las Maras, como grupo,
implicaría tres peligros: primero, la legitimación de grupos delincuenciales,
segundo, la existencia de un poder paralelo al del Estado, cuyo equilibrio
fácilmente podría romperse en detrimento del Estado y, tercero, que la economía
nacional, tendría una nueva carga, la cual tendría que ser forzada por el
Estado, y el ciudadano común, tendría que cumplir con la Mara y con el Estado,
lo cual derivaría en un conflicto de proporciones inimaginables, pues habría
una disociación cultural.
Esto nos obliga
a considerar algunos aspectos criminológicos de las Maras. Los inmigrantes
salvadoreños que no pudieron o quisieron adaptarse a las normas de vida
norteamericana, se agruparon con el propósito de resolver los problemas que el
ambiente les presentaba. Así aparecieron las pandillas de la calle 13 y la
calle 18, en la Ciudad de los Ángeles.
El conflicto
armado en El Salvador, de los años 80´s, que provocó tal migración, no es
responsable de los 8,000 pandilleros existentes en los Estados Unidos, pues
estos, son una ínfima parte de los casi
dos millones de salvadoreños (residentes
legales e ilegales, ciudadanos norteamericanos
por naturalización o nacimiento) que existen en los Estados Unidos. La
visión de los Homies Unidos (agrupación de pandilleros que pretende la
reinserción o socialización de los mismos mediante la explicación de su
condición) dice: “La violencia económica, social y política, todo ello contribuye a un
ciclo de violencia que ocurre con los individuos, las familias y las
comunidades. Homies Unidos reconoce que este ciclo de violencia no es la
enfermedad en sí, sino un síntoma de las grandes desigualdades sociales,
culturales y económicas que se producen a nivel local como global. Si
tratamos tanto el síntoma y la causa de la enfermedad, entonces es posible
crear una sociedad sana apacible.”
Esta explicación
de la razón de pertenencia a la pandilla, queda desvirtuada por dos razones: la
relación de salvadoreños que han adoptado la forma de vida norteamericana: en
Estados Unidos por cada 250 salvadoreños honrados existe un pandillero y, si
vemos esta relación en El Salvador,
encontramos que por cada 183.33
personas honradas existe un pandillero. Y si para terminar, contabilizamos que
en los últimos siete años, las Maras han dado muerte a 29,000 personas, un
número mayor que las ocasionadas durante el conflicto armado en igual tiempo,
podemos concluir que son una fuerza que ha rebasado el poder del Estado, pero
que por su naturaleza anti social, es imposible conciliar su visión, con la del
ciudadano común.
Otro
punto a destacar, es que con la idea de los Homies Unidos, surgen nuevas
estrategias delincuenciales: la primera es la del uso de la protección que da
la ley a grupos sociales, con la finalidad de evadir la aplicación de la misma
ley, porque tenemos la utilización de menores para sicariato y, de los mismos,
en acciones criminales de la pandilla, contra la sociedad (realización de
extorsiones, cobro de las mismas, ubicación de personas y acciones de
inteligencia) y en los casos de que los menores fuesen ineficaces, emplear a
personas de la tercera edad, para tales labores, obligándolas por medio de la
amenaza, a realizar actos contra su voluntad. Además, incursionan en el tráfico
de drogas, armas y personas, con la finalidad de obtener mayores utilidades y
dominio constante sobre los territorios donde se encuentran.
Este
nuevo proceder de las Maras, es contrario a lo establecido en el Protocolo de
las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la trata de personas), complementario
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convención de Palermo). Y últimamente tenemos Las
Consideraciones en Materia de Trata de Personas desde la perspectiva del
Derecho de los Refugiados y el Mandato del ACNUR (Segunda Reunión de
Autoridades Internacional Nacionales en materia de trata de personas (OEA) de
marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina). Esta normativa internacional pretende
evitar que personas vulnerables (menores, mujeres y ancianos) sean substraídos
de la protección que les debe la autoridad de cada país, y que queden en
desamparo, siendo aprovechada su vulnerabilidad, por personas que en ellos ven
una forma de lucrarse o evadir la ley.
También
hay que destacar que la práctica de exigir
“renta” (extorsión o protección), ocasiona que la persona que no tiene la
capacidad de pago, para preservar su vida,
migra internamente o, hacia otro país, por lo cual debe de considerarse,
tal migración, como forzada, la cual
junto al hecho de entrenar y proporcionar armas a menores para sicariato,
constituye actos contrarios al Derecho Internacional Humanitario y señalados
como delitos de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
La
actitud del marero o pandillero, constituye una filosofía de vida, la cual
se ve reforzada por su entorno dentro de
la mara, pues existe una dependencia de vida, en todos sus aspectos, hacia la
misma, lo que hace extremadamente difícil, que éste, el marero, la abandone,
pues a la salida de la mara, se le aplica la pena de muerte. Una negociación
con las cúpulas de las estructuras pandilleriles, refuerza la estructura y
cohesión de la misma.
La discusión no
es si el pandillero, como persona, puede o no,
ser reinsertado dentro de la sociedad, pues está claro que, si abandona
la pandilla, acepta la convivencia social normal, será aceptado por la sociedad
misma, pero la cuestión es que la propuesta de la pandilla, es que se les
acepte como grupo, y esto se ve claramente, cuando los delegados del Gobierno,
General David Munguía Payes, Monseñor Colindres y Raúl Mijango, se hacen eco de
la propuesta y proponen la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas,
con la cual se pretende combatir a las “maras” y grupos ilegales armados,
así como a quienes las financian. Esta ley, dentro de un contexto estrictamente
práctico, adolece para su aplicación,
del problema de que es necesario probar que se pertenece a las Maras, pero con
una negociación como la que se está dando, la ley tiene que aplicarse. Esta ley,
es para combatir la estructura delincuencial de la misma, pero aún así, permite
que el pandillero sea reinsertado en la sociedad, si es su voluntad y llena las
condiciones requeridas.
Este impedimento
legal para que el Gobierno continúe con su plan de negociación, iniciado desde
junio de 2009, involucrando a la OEA el 2010 y pretendiendo que es la nación en
conjunto, la que lo pide, el 2012, es decir, que es un clamor popular, obliga a
examinar todas las aristas de este problema, pues las Maras, ahora han visto
que pueden obtener un beneficio de la sociedad, por sus actos delictivos, lo
cual es inmoral y atentatorio contra los Derechos Humanos.
No puede
admitirse una negociación con quien ofrece como única carta, la capacidad de
cometer crímenes, cuando existe una
relación de 30,000 pandilleros contra 5,500,000 habitantes, privilegiando a los
primeros por sobre los segundos.
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