VIEJOS ANTAGONISTAS

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

Viejos antagonistas son la libertad y la tiranía y enfrentase hoy, en El Salvado: la pseudo legalidad del Gobierno, contra el Derecho humano de libertad y como Nación, de regir su propio destino: para esta lucha, la pandemia es sólo un pretexto. Oportuno recordar hoy, los primeros 5 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamados y sostenidos desde 1789,  base de todas las Constituciones en Occidente y cuyos principios, hoy aquí, están en lucha y rezan:

“1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común”.

“2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

“3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella”.

“4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley”.

“5. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena”.

Desde que se sometió la prórroga del Estado de Emergencia, a la Asamblea Legislativa y ésta, se negó a conocerla, por no estar acompañada de las debidas rendiciones de gastos, de los incumplimientos de las varias Sentencias de la Sala de lo Constitucional y, las denuncias públicas, de los excesos cometidos por las autoridades, que son violaciones a los Derechos Humanos, más el anuncio de carecer de fondos, para el pago de salarios de este mes,  enviaron un claro mensaje: basta ya de abusos de autoridad y anarquía jurídica. Decretándose desde el Ejecutivo, usurpando las funciones de la Asamblea Legislativa, un nuevo Estado de Emergencia, que contiene restricciones más extensas, de las que permite el artículo 29 de la Constitución.

Tal acto, marcó el punto de, no retorno a la legalidad del presente Gobierno, pues todas las restricciones a la libertad, desde este día son nulas, conforme al Art. 164 de la Constitución.

Ha sido tan grave el rompimiento del Estado de Derecho que, el propio Fiscal General de la República, ha solicitado, a la Sala de lo Constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad de este nuevo decreto de Emergencia, haciendo uso del Artículo 193 inc. 2, que dice: “Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley”.

Hoy sólo falta ver cuáles serán los mecanismos y la forma de destitución de Nayib Bukele y, el alcance de estas acciones, sobre su gabinete, por ser cómplices de tales actos pues, claro está, que no puede continuar en su cargo, quien haya colaborado para la destrucción de las instituciones que conforman nuestro sistema republicano y democrático.

La sociedad civil, dañada en sus Derechos Humanos, no debe de permitir que se le continúe dañando en sus Derechos y conforme los principios de la Justicia Transicional, deben de deducirse responsabilidades por tales actos, ya sea en el territorio nacional o, en el extranjero, en base a la Justicia Universal.