CAMBIO EN LA ESTRUCTURA POLÍTICA

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El anuncio de que el Ejecutivo está preparando, además del espectro cubierto por sus troles, un sistema comunicacional de televisión, radio y medio escrito, refleja un cambio en la estructura social, que afectará la política, no en su dimensión electoral, sino conceptual y, las recientes modificaciones al reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, junto a las declaraciones del Ministro de Hacienda, prueban que este cambio, será realmente estructural y terminará afectando los preceptos constitucionales que rigen al Estado salvadoreño.

 

La libertad de expresión, garantizada en el Art. 6 de la Constitución protege, en su dimensión política, la libertad de discusión y exposición, sobre todo tema atañendo a la colectividad o a un sector de la misma. El inicio de la “tendencia política”, nace del ejercicio de dicho derecho. Toda interferencia, en el conocimiento de los hechos, distorsiona la opinión política y por eso, todas las asociaciones de prensa o relacionadas, insisten en la imparcialidad y veracidad de las noticias, a fin que el ciudadano, en base a tales hechos, pueda formarse opinión política.

 

El Gobierno, al competir con los medios privados, se propone crear una realidad alterna, sobre hechos que la audiencia no ha experimentado directamente, aunque son de su interés. Para apreciar los efectos de esta manipulación, basta observar el acoso y las sanciones que sufrieron los medios en Venezuela, hasta que todos fueron adquiridos por el Estado o, aceptaron su línea de opinión. Otro ejemplo: la propaganda que Joseph Goebbels, mantuvo en la Alemania nazi, hasta que la realidad supero la propaganda (el triunfo de los Aliados).

 

El cambio que Bukele parece estar dando a la estructura y funcionamiento del Estado, se refleja también en el reglamento de la LACAP (decretado por el Ejecutivo) y que contradice la misma LACAP. Es situación que tendrá que ser dirimida en la Sala de lo Constitucional; pero mientras tanto, permite que se realicen compras estatales, sin la transparencia que exige el gasto público.

 

Otro rasgo de este cambio, es el anuncio del Ministro de Hacienda de no ir a la Asamblea Legislativa a explicar la razón de que no se ha pagado a los veteranos, habiendo una ley que lo manda y está dicho pago, contemplado en el presupuesto. Dicha negativa, rebaja a la Asamblea Legislativa a un Órgano de segundo orden, supeditado a las necesidades del Ejecutivo, que recurre a él, sólo cuando lo necesita (autorización de préstamos y supresión de garantías constitucionales) y no, como el Órgano que representa a la totalidad de los ciudadanos, autorizada constitucionalmente, para solicitar explicaciones sobre cualquier tema.

 

La pretensión del Ejecutivo, de dominar las comunicaciones, una competencia desleal hacia las no gubernamentales, pues el Estado ya domina e impone las reglas a los espectros radiales y pretende controlar la internet, mediante los proveedores locales; podría entonces, acallar cualquier disidencia de opinión o, evitar que se difunda la noticia que viene del exterior. Será un aparato más, que tendrá que ser sostenido con fondos públicos, hasta que haya acaparado los espacios publicitarios privados para luego, desaparecidos estos, ejercer un mayor control sobre la economía y la política: controlando la publicidad de lo comerciable y, manipulando los hechos.

 

La libertad de expresión en los medios, se mantiene en un balance natural, basado en la libre oferta y demanda. Se logra la imparcialidad, dando cobertura a todo aquello que genera algún interés a la sociedad, pero si el pensamiento es inducido por el Estado, mediante la saturación comunicacional, la realidad será deformada, hasta que la verdad sea inocultable para el país, dolorosamente muy tarde.