Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Un Golpe de Estado, es manifestación de fuerza: rompe
con el orden constitucional establecido. Las acciones ordenadas por la Asamblea
Legislativa, a despecho del Estado de Derecho y, sostenidas por la fuerza
policial, a complacencia de la Fuerza Armada, constituyen por sí mismas, un
Golpe de Estado; consecuentemente, conviene establecer sus consecuencias económicas
y diplomáticas, así como su justificación, hacia el ordenamiento interno.
Crece el rechazo a tal evento, de la comunidad internacional,
pese a lo cual, sigue en desarrollo: constituye separación de la comunidad
democrática internacional y con ello, de las relaciones tradicionales, que
implican ser parte, de dicha comunidad.
La masa de salvadoreños, manipulada por el Gobierno,
ve en tales hechos, venganza o castigo, a las personas que integran el sistema
democrático, debido a la falsa imagen de ellos, proyectada por el Gobierno, sin
comprender sus implicaciones prácticas, aprovechadas para el cambio de la
naturaleza del Estado republicano.
Nuestra economía, gira en derredor del sistema de
libertad democrática, pero si éste es afectado, sus resultados negativos, se
sentirán en toda actividad económica. Quienes viven de su trabajo diario, pueden
no verlo de esta manera, pero los primeros afectados, serán ellos.
La posibilidad de un cese de remesas, crearía un
impacto negativo de más de $ 5.000 millones de dólares, reduciéndose la
actividad comercial, en más de un 20%. Han
caído los bonos soberanos, por un potencial impago, poniéndose en riesgo, los depósitos
de los cuentacorrentistas. Esta inestabilidad, ahuyenta cualquier inversión y,
crece la posibilidad de repatriación de capital extranjero.
El Salvador necesita de inversión extranjera para su
desarrollo y, si se espera que China y Rusia llenen el vacío, dejado por la
inversión proveniente del mundo libre, se creará un problema geopolítico,
aumentando la inestabilidad interna, por falta de actividad económica y la
lucha geopolítica misma.
La expectativa de que venga la inversión China, puede
alentar a muchos, pero, por las experiencias de dichas inversiones, en otros
países, las perspectivas son negativas: la forma de llevar dicha inversión,
estimula la corrupción y deprime el desarrollo local. La situación de este
tipo, podría cambiar los tratos preferenciales de nuestras exportaciones, pues su
situación, favorece al país, en un concierto democrático, sin afectar a otros, buscando,
por el contrario, un beneficio de las compañías inversoras, y promoviendo
desarrollo local.
Las acciones del presente Gobierno, exigirán forzosamente,
un aumento de la fuerza militar, para asegurarse mayor control interno, por lo
que tenderá a aumentarse el gasto público, sin crecimiento económico,
acelerando de éste, su colapso. Como primera medida, tendrá la nacionalización
de las previsionales, para disminuir deuda pública y, enfrentar su gasto, por vía
de una reducción de pensiones, estableciendo para todos, pensión única.
Un cambio constitucional, estabilizará lo que hoy,
está haciendo el Gobierno: creando un sistema piramidal, en el cual, el Ejecutivo
controle los poderes Judicial y Legislativo, supeditando con ello, el
Ministerio Público. Esta estructura de poder, que se está formando, es coincidente,
con las formas políticas de China o de Venezuela, en las cuales, al no asegurar
un marco jurídico autónomo, todas sus inversiones provienen del mismo Estado o,
del partido político gobernante, impidiendo el desarrollo interno.
Se pretende la legitimación a dichos cambios, por
medio de la aceptación popular, ya viciada por el engaño; encausado por el odio
a los partidos políticos y, buscando la destrucción del sistema republicano. Como
segunda instancia, vendrá la persecución de los opositores políticos y, la
exclusión del empresariado disconforme. Sólo la expresión pública, de la no
conformidad con estos cambios y, el respeto a los símbolos tradicionales,
podrán evitar que este Gobierno, consolide su poder dictatorial.
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