Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Las acciones ilegítimas del presente Gobierno, dan
legitimidad a todo el proceder de la sociedad civil, justificando la alarma
internacional. Esta situación debe analizarse, ante las inminentes protestas
públicas y, ante el cierre de espacios, jurídicamente legítimos, que se está
provocando en El Salvador.
La Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo, legítimamente
nominados, en un proceso electoral, han perdido la legitimidad por su acción: recurrir a la
distorsión del sistema político, apoyándose en la fuerza (PNC y Fuerza Armada),
para crear la fuente material de poder.
Inicia dicho quiebre de legitimidad, con la
destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y, del Fiscal
General de la República, llegando dicho proceso, a la cancelación de los
partidos de oposición y, a la represión fiscal sobre opositores, culminando con
la violencia en las calles, contra la oposición.
La separación de poderes, garantiza el debido proceso:
que existan medios de recurrir (oponerse) a decisiones emanadas de la autoridad
pública, llevándolas a una controversia judicial en igualdad de condiciones,
para obtener resolución apegada a Derecho. Tal lo garantiza el Artículo 11 de
la Constitución.
Sí se organizan el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía
General de la República, para la persecución de “evasores”, dando a los
Auditores de Hacienda, el cargo de Fiscales, con capacidad para dar dirección
funcional a la PNC, se rompe la independencia de poderes, substituida por un
criterio único, que no posibilita las acciones de recurrencia que el procedimiento
legal permite, con el fin de la correcta aplicación de la Ley, en igualdad de
condiciones.
Siendo propio de los jueces, el control difuso de la
constitucionalidad y, no aceptando los cambios que se están dando, fuera de la
ley y el Derecho, serán substituidos por otros, sujetos acomodaticios
designados por el régimen, desapareciendo el sistema de contraloría, y consolidándose
el autoritarismo de Estado.
Ya el Presidente Bukele afirmó que, la interpretación
correcta de la ley, es sólo la suya. Por lo tanto, las únicas opciones, son la manifestación
pública y las protestas, mediante escritos, memes y videos, en súplica de
auxilio a la comunidad internacional, dejando establecida la falta de
legitimidad, del presente Gobierno.
En su última cadena nacional, el Presidente dejó en
claro, al Cuerpo Diplomático, que la oposición, tendría plena libertad para
expresarse, pues la legitimidad de su
Gobierno, se basa en la aceptación popular, denominada por sus troles, “poder
popular”; sin embargo, planificar el acuartelamiento de unidades militares y,
reforzar el equipo anti disturbios, es
preparar la represión en las calles,
silenciando la oposición, por medio de la fuerza, lo cual, no es coherente, si
se tiene mayoría y por lo mismo, legitimidad.
En la medida que los espacios políticos y jurídicos se
cierren, crecerán las manifestaciones de descontento, pues difícil es
considerar que, los dos mayores partidos de oposición en la Asamblea
Legislativa, sean cancelados por acuerdo Legislativo o, del Tribunal Supremo
Electoral, sin base legal y sin el debido proceso, como lo han anunciado los
troles y, se rumora en los pasillos legislativos. La actual conformación de la
Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, viola el Art. 85 Cn, que exige el
pluralismo político.
Los despidos injustificados, iniciados en el Gobierno
y en las municipalidades adquiridas por Nuevas Ideas, causan la inestabilidad
nacional, y las protestas contra el Gobierno, sean estas, en las redes sociales
o en las calles, expresando el descontento, que no puede canalizarse de otro
modo.
Si el Gobierno reprime, de alguna manera como amenaza
hacerlo, cualquiera de estas manifestaciones, justificará los temores internacionales,
sobre el autoritarismo en El Salvador y legitimará, toda manifestación contra
el Gobierno.
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