Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La
insurrección, es e movimiento espontáneo de protesta: reacción contra un hecho
que es contrario a los intereses de los afectados; los mecanismos de solución
de tales conflictos, son ineficaces o, ya se han cerrado los espacios políticos,
de expresión pacífica.
La
Constitución permite la insurrección: expresión de fuerza y movimiento de
hecho, para preservar su vigencia, en un extremado ejercicio de la soberanía,
que recae en el ciudadano, y que éste, hace valer por sí mismo. Así que cuando se
manifiesta contra las autoridades que han alterado el orden constitucional,
puede deponerlas y nombrar funcionarios transitorios, hasta que sean
substituidos legalmente, conforme a lo establecido por la Constitución.
En
el presente, se ha deteriorado el Orden Constitucional, iniciándose con la
pérdida de la independencia de los poderes del Estado y, la contraloría
pública. Luego viene la restricción a la libre expresión, iniciándose por el
espionaje ilegal, para llegar a la amenaza o expatriación de periodistas. Luego
viene la manipulación de los medios de comunicación y el control del
ciberespacio, por troles oficialistas (en su mayoría, extranjeros). Y la
creación en este país, de un gobierno paralelo de asesores venezolanos, movidos
por intereses extracontinentales y del crimen organizado. Al final, se pone en
riesgo el sistema financiero y se despliega a la Fuerza Armada, como ejecutora
de las medidas del Régimen de Excepción. A todo esto, deben sumarse las
reformas procesales penales, que permitiran juzgar y perseguir económicamente a
opositores, aunque estos, no se encuentren en el país.
Toda
esta represión social, es acompañada con 50,000 reos no procesados válidamente,
por la existencia del Régimen de Excepción, que impide el de Habeas Corpus
efectivo y, las mínimas garantías
procesales. Por esta razón, hemos visto el 15 de septiembre, manifestaciones,
hasta de 7 kilómetros, en las marchas antigubernamentales, pese a los bloqueos
policiales, a los que se suman los comunicados de la ANEP y CAMARASAL, en
contra de la reelección presidencial.
La
expresión política en la calle, es típica de la Izquierda, pues en esa forma,
se hace sentir socialmente en sus pretensiones de derechos, “a futuro”. Por el
contrario, las expresiones provenientes de ANEP y las gremiales empresariales,
se dan cuando ya existe un daño en el sistema económico y político, por lo que,
dado, los sectores que aglutina, un comunicado es tan significativo, como una
marcha multitudinaria.
Marchas,
no sólo de izquierda, sino de un descontento generalizado y del pronunciamiento
de los sectores empresariales, debería ser suficiente, para que el Gobierno diese
un giro, en su actuación, pero por el contrario, se aleja más del marco
constitucional: y prepara una mayor represión, desafiando a la comunidad
internacional, pretendiendo anteponer la soberanía nacional, cuando está ya le
dijo: basta.
El
Gobierno espera que el período electoral, permita dar un escape a la presión
social acumulada, sin dar a la sociedad, el cambio que espera y que, serviría
de medio, para legitimar la reelección presidencial de Bukele. Por eso, pensar
en elecciones, debe abandonarse, hasta que éstas puedan ser realizadas, en
igualdad de condiciones y conforme a la Constitución.
El
derecho de ser electo o de elegir libremente, debe ser la razón de la lucha
actual, pero no bajo un sistema que sólo garantiza el triunfo del oficialismo.
Por esta razón, es necesario un cambio de autoridades y, cumplir con la
Constitución. El objetivo inmediato, es volver al orden Constitucional y evitar
la reelección presidencial, luego, deducir responsabilidades hacia aquellos que
intencionalmente, han violado la Constitución.
La
oposición como tal, ha desaparecido, ahora sólo existen quienes defienden la
Constitución y quienes pretenden derogarla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario