CONSIDERACIONES OPORTUNAS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Los diferentes acontecimientos nacionales, generados por las acciones del Gobierno, merecen ciertas consideraciones no críticas, sino para presentar alternativas que favorezcan la vida nacional y que, desde la totalidad, deriven hacia el individuo, en sus intereses particulares.

 

La “recompra” de deuda externa, representa un intento de estafa a los acreedores internacionales, pues de $ 800 millones de deuda, se ofrecen sólo $ 350 millones, sin comisiones ni intereses: si fuese aceptado, provocaría una pérdida en su inversión. Si no se aceptase ésta negociación, quedaría a criterio del Gobierno, pagar o no, lo cual, nos llevaría a una controversia judicial internacional,  que pondría en riesgo el sistema bancario y, cuyo mínimo efecto, sería el alza en las tasas de interés y, el endurecimiento de los requisitos para la obtención de créditos. Por esta razón, la deuda debe de renegociarse en base a la realidad nacional, aceptando las recomendaciones de ajuste fiscal, recorte presupuestario, transparencia y contraloría eficaz.

 

El Gobierno trata de crear las condiciones políticas y de aceptación social, para la nacionalización de las AFP, para así, por medio de una confusión (forma de extinguir una obligación), no pagar lo adeudado a las previsionales, dinero de los trabajadores, para así, poder manejar los fondos que sí rinden y, que están colocados en el exterior. No se observa que la baja rentabilidad, se debe a lo no pagado por el Estado y que, los intereses devengados, apenas cubren la tasa de devaluación, a diferencia de lo colocado en el mercado internacional. Por lo que, si el gobierno pagase el interés comercial, o devolviese dichos fondos a las AFP, sería suficiente para elevar el pago de las pensiones y dar el justo crecimiento a las cuentas individuales. Todo está en manos de la Asamblea Legislativa, pero esta, no persigue  solución para los cotizantes, sino solventar un problema del Gobierno.

 

El régimen de excepción y la participación de la Fuerza Armada en tareas de Seguridad Pública, serían innecesarios, si se adecuaran el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la PNC en sus unidades de investigación, pero el interés del Gobernó, es mantener un sensacionalismo a base del ejercicio de la fuerza y no tocar, a las estructuras que les son afines. La colaboración internacional, para el mejoramiento de estas instituciones, está disponible, pero si se hace, el Gobierno no podría favorecerse del crimen organizado que contamina a varios de sus funcionarios y allegados políticos.

 

La tendencia a crear negocios estatales paralelos, atenta contra la empresa privada: la normal entre competidores, y la de doble calidad:  particular y soberano. Hoy por hoy, sólo se ha hecho público entre el transporte público de pasajeros, los importadores de fertilizantes agrícolas, y los importadores de granos, que al final, crearán monopolios, controladores del mercado. La solución sería que el Gobierno impusiese las reglas, pero sin participar en el mercado, pues lo distorsionaría, convirtiendo a cada empresa estatal, en medios de control social.

 

La obligación de las telefónicas de almacenar lo hablado y enviado por los usuarios, tendrá que elevar el precio de la telefonía, por los costos de almacenamiento y hará que los privados, sean los que paguen directamente el espionaje del Gobierno, contra los mismos usuarios, lo que atentará contra los principios que protege el habeas data, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia, consagrados en los artículos 2, 6, 19 y 24 de la Constitución.

 

Cada uno de los problemas nacionales, tiene una solución acorde a los intereses de todos, el Gobierno no debe primero pensar  en su conveniencia. En el siguiente articulo se abordara la inconstitucionalidad de la reelección Presidencial.