PRISIÓN Y LIBERTAD

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

A pocas horas de celebrarse los 202 años de vida independiente, El Salvador se ufana de tener más de 100,000 presos, por el régimen de excepción y sin que haya habido, ni un solo condenado. Noticia que se destaca en El Observador de Uruguay, mientas que la Voz de los Estados Unidos (VOA) es más precisa: sólo son 96,000 reos, triplicando la población reclusa de Estados Unidos, en una razón de 3 a 1, o sea que tenemos 3 veces más presos por habitante. Esto es que 1 de cada 63 habitantes, está en prisión en El Salvador. Esta relación es insostenible en el tiempo más, si este número, se incrementa en el futuro cercano.

 

Si estimamos la población económicamente activa, que es la mayor de 18 años, entonces la relación es 1 prisionero, por cada 43.7 personas. O sea, que estas 43.7 personas deben de sostener a cada prisionero y, si el sostenimiento de cada uno le cuesta a su familia $ 210.00 mensuales, ingresan al Estado $ 21,000,000 mensuales. Si consideramos que los planes a futuro, son convertir las prisiones en centros de producción, en favor del Estado, puede apreciarse que el encarcelamiento, es beneficioso para el Estado, en términos de rentabilidad, aunque claramente, se viole la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Esta situación es insostenible, para un país con productividad negativa y una economía, basada en servicios para el consumo interno.

 

Hay que tomar en cuenta de que, en la cadena nacional del día 15 de septiembre, el Presidente dejó en claro, cuatro cosas: 1) la necesidad de la continuidad de su régimen, 2) el desaparecimiento de las condiciones para la vigencia del régimen de excepción, pero sí la continuidad del mismo, 3) la mayor eficiencia del Estado en la educación y el manejo de recursos, frente a la empresa privada y 4) la utilización de tecnología para la fiscalización y mayor control poblacional.

 

La continuidad del régimen, sólo puede lograrse, por medio de la reelección y la exclusión de la participación política de los municipios (lo cual es inconstitucional). Para obtener esos dos objetivos, se busca la continuidad en el ejercicio del poder, mediante las elecciones que, en esencia, serán fraudulentas, pues la libertad electoral, no es compatible con el régimen de excepción.

 

La baja de productividad nacional, tiene su origen en el régimen autoritario que se pretende perpetuar y, busca alivio en una economía de servicio, con tendencia a una economía dirigida. Asegurar que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, manejado hasta ahora, por la empresa privada, alcanzara una eficiencia de un 500% en manos del Estado, aumentando y mejorando sus servicios, a un menor costo, es un indicativo de lo que se dará a un mediano plazo: una mayor estatización para una economía dirigida, basada en servicios y ahondando, los problemas económicos que estamos padeciendo.

 

El acercamiento a países autoritarios, es cada vez mayor, llegando a acuerdos secretos, al margen de las instituciones de Gobierno y de la opinión pública. Una situación contraria a lo que nuestra independencia ha querido darnos, desde 1821.

 

Por esta razón, cada vez más países, piden el fin al régimen de excepción y la liberación de quienes están siendo presos sin un juicio justo, conforme a los estándares internacionales. Si no se retorna a la plena libertad económica, política y religiosa, será inevitable un colapso nacional.

 

Debe considerarse, a todo detenido por el régimen de excepción, sin juicio apegado a las garantías procesales, un preso político, al igual de quienes han sido detenidos, por intereses claramente políticos, como el caso de los primos Ernesto y Alejandro Muychondt. Y, los 136 asesinados en custodia, como un caso de genocidio de Estado.